La Audiencia aparta el 'caso Faisán' de la pugna electoral: no hay pruebas contra los acusados.
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El pleno de la Audiencia Nacional consideró ayer que no existen indicios suficientes para procesar por el caso Faisán a tres mandos policiales de la lucha antiterrorista y, al mismo tiempo, remitió el sumario al juez instructor para que siga investigando unos hechos que, según los magistrados, revisten caracteres de delito, o archive el caso. El fallo rehúsa pronunciarse sobre el tipo penal en que podrían haber incurrido los implicados en el caso, fueran quienes fuesen, y que hasta ahora había oscilado entre la revelación de secretos y la colaboración con banda armada.
La Audiencia Nacional ha sido rotunda: la decisión se tomó por unanimidad de los 14 jueces que componían la sala. Frente a las interpretaciones más extremistas de los hechos acaecidos en el bar Faisán, los jueces conceden que hubo delito, aunque sin especificar cuál, pero respetando las garantías debidas a todo procesado concluyen que con lo actuado no se puede inculpar a los acusados. Con esta decisión, la Audiencia devuelve la instrucción al punto de partida, puesto que obliga a buscar indicios más sólidos que los aceptados por el juez Ruz para determinar la autoría del chivatazo. No admitiendo la responsabilidad penal de los mandos policiales, la Audiencia concluye que cinco años de investigaciones no han dado fruto alguno.
La Audiencia Nacional ha sido rotunda: la decisión se tomó por unanimidad de los 14 jueces que componían la sala. Frente a las interpretaciones más extremistas de los hechos acaecidos en el bar Faisán, los jueces conceden que hubo delito, aunque sin especificar cuál, pero respetando las garantías debidas a todo procesado concluyen que con lo actuado no se puede inculpar a los acusados. Con esta decisión, la Audiencia devuelve la instrucción al punto de partida, puesto que obliga a buscar indicios más sólidos que los aceptados por el juez Ruz para determinar la autoría del chivatazo. No admitiendo la responsabilidad penal de los mandos policiales, la Audiencia concluye que cinco años de investigaciones no han dado fruto alguno.
El fallo de la Audiencia suspende de momento una polémica que a lo sumo reportaría al Partido Popular unos réditos electorales que no necesita, pero que, en contrapartida, contribuye gravemente a enrarecer el clima que debería prevalecer en la lucha antiterrorista. Nunca se ha estado tan cerca del fin de ETA, lo que exige de las fuerzas democráticas minimizar las zonas de fricción en las que se pueden cometer errores. Sobre todo cuando no se refieren a la política que conviene adoptar de ahora en adelante, sino a hechos que nunca tuvieron consecuencias: todos los que evitaron ser detenidos supuestamente por el chivatazo acabaron en manos de la policía poco después.
Con el fallo de la Audiencia en la mano, y a punto de ganar las elecciones de noviembre si se cumplen los pronósticos, el PP tiene ante sí la elección de preparar el camino para un consenso antiterrorista que deberá liderar desde el Gobierno o, por el contrario, reclamar el monopolio de una eventual victoria sobre los terroristas. Además de intolerablemente injusta con quienes los han combatido durante más de tres décadas, esta última opción podría resultar ilustrativa de una actitud prepotente y revanchista con la que el PP se dispondría a ejercer el Gobierno.
La Audiencia ha establecido que en el caso Faisán se cometieron delitos, y ha instado al instructor a que determine quiénes fueron los autores y las responsabilidades en las que pudieron incurrir. Los ritmos de la justicia impedirán, seguramente, que ambas cuestiones se sustancien antes de las elecciones y, por eso, llevar el caso a la campaña pondría de manifiesto que la lucha antiterrorista sigue sin ser un asunto de Estado.
Con el fallo de la Audiencia en la mano, y a punto de ganar las elecciones de noviembre si se cumplen los pronósticos, el PP tiene ante sí la elección de preparar el camino para un consenso antiterrorista que deberá liderar desde el Gobierno o, por el contrario, reclamar el monopolio de una eventual victoria sobre los terroristas. Además de intolerablemente injusta con quienes los han combatido durante más de tres décadas, esta última opción podría resultar ilustrativa de una actitud prepotente y revanchista con la que el PP se dispondría a ejercer el Gobierno.
La Audiencia ha establecido que en el caso Faisán se cometieron delitos, y ha instado al instructor a que determine quiénes fueron los autores y las responsabilidades en las que pudieron incurrir. Los ritmos de la justicia impedirán, seguramente, que ambas cuestiones se sustancien antes de las elecciones y, por eso, llevar el caso a la campaña pondría de manifiesto que la lucha antiterrorista sigue sin ser un asunto de Estado.
El País – Editorial
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