Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.
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Igual que las camisas a cuadros, las recurrentes proclamas sobre el "definitivo cierre" del estado autonómico constituyen otro clásico de la moda que también vuelve, más o menos, cada cuatro años, en su caso coincidiendo con los periodos de celo electoral. Así, como ordena la costumbre, asistimos estos días al preceptivo revival. Un déjà vu que tratándose del Partido Popular remite a un par de propósitos programáticos, a cual más vago. Por un lado, y tal como acaba de enunciar Cospedal, se postula una muy imprecisa reforma del Senado. Más brumosa aún, la incierta "reestructuración" de las competencias regionales sazona los desahogos mitineros de los principales dirigentes conservadores.
Algo que, en el fondo, responde a la necesidad de dar satisfacción retórica a una fantasía ingenua. A saber, la quimera según la cual un Estado recentralizado hubiese logrado evitar la efervescencia secesionista en Cataluña y el País Vasco. Como si fuera factible viajar en el tiempo hasta las vísperas de 1898 y reescribir la historia sentimental de España, extirpando el influjo disolvente de los micronacionalismos decimonónicos. Y es que, se acepte o no, con esa lacra apenas cabe la conllevancia, el orteguiano paliar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica para la que no existe terapia conocida. Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.
A fin de cuentas, desde Almirall y Prat de la Riba hasta Artur Mas, si alguna constante los ha retratado es el repudio del federalismo. Y con poderosas razones, conviene conceder. Al cabo, nada hay más ajeno a su afán particularista que el irrenunciable propósito igualitario que inspira las estructuras federales. Cierre efectivo del modelo, ese broche federal, para el que habría resultar determinante la cacareada reforma del Senado. Una reforma que ambicionara convertirlo en verdadero órgano de representación territorial. A imagen y semejanza del Bundesrat, transformándolo en un foro integrado de modo exclusivo por presidentes y consejeros autonómicos. Mutación que socavaría el siempre alicorto particularismo de la provincia, haciendo corresponsables de los intereses comunes de la nación a los poderes territoriales. ¿Algo que ver acaso con el proyecto de Génova?
Algo que, en el fondo, responde a la necesidad de dar satisfacción retórica a una fantasía ingenua. A saber, la quimera según la cual un Estado recentralizado hubiese logrado evitar la efervescencia secesionista en Cataluña y el País Vasco. Como si fuera factible viajar en el tiempo hasta las vísperas de 1898 y reescribir la historia sentimental de España, extirpando el influjo disolvente de los micronacionalismos decimonónicos. Y es que, se acepte o no, con esa lacra apenas cabe la conllevancia, el orteguiano paliar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica para la que no existe terapia conocida. Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.
A fin de cuentas, desde Almirall y Prat de la Riba hasta Artur Mas, si alguna constante los ha retratado es el repudio del federalismo. Y con poderosas razones, conviene conceder. Al cabo, nada hay más ajeno a su afán particularista que el irrenunciable propósito igualitario que inspira las estructuras federales. Cierre efectivo del modelo, ese broche federal, para el que habría resultar determinante la cacareada reforma del Senado. Una reforma que ambicionara convertirlo en verdadero órgano de representación territorial. A imagen y semejanza del Bundesrat, transformándolo en un foro integrado de modo exclusivo por presidentes y consejeros autonómicos. Mutación que socavaría el siempre alicorto particularismo de la provincia, haciendo corresponsables de los intereses comunes de la nación a los poderes territoriales. ¿Algo que ver acaso con el proyecto de Génova?
Libertad Digital – Opinión
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