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Menos mal que el Gobierno y los socialistas no comentan las sentencias judiciales y se limitan a acatarlas, que si fuera de otro modo volvían a enterrar a Montesquieu como ya hiciera años atrás Alfonso Guerra. En los últimos días hemos asistido a una espléndida ceremonia de la confusión con el ministro portavoz no queriendo hablar de la decisión de la Audiencia Nacional de empapelar a Otegui y a Usabiaga, pero alentando la insumisión del Gobierno nacionalista catalán contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de cargarse, o al menos atemperar, la inmersión lingüística que Artur Mas y los suyos han cogido como bandera para apretar las tuercas al próximo Gobierno en el caso de que necesite de sus votos en el Congreso de los Diputados. Y el candidato, en Barcelona el pasado lunes, decidió ser en realidad el «candidat», y habló de lo intolerable que resulta que el Tribunal Constitucional tenga la osadía de cambiar la voluntad popular expresada en referéndum sobre el Estatut. Si todavía hay algún mentecato que hace risas con la afirmación de Aznar en el 96 de que hablaba catalán en la intimidad, que se lo haga mirar. Aquello fue una chorrada, esto que plantean ahora los socialistas es algo mucho más inquietante. No hay más que recordar cuando Felipe González, poco después de abandonar el Gobierno, le dijo al entonces presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, aquello de «es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer». Toda una revelación. Desde que llegaron al poder en el año 82 una de las obsesiones de los dirigentes socialistas ha sido siempre el de domesticar a la judicatura. Por eso se cargaron, entre otras cosas, el recurso previo de inconstitucionalidad que hubiese evitado, por ejemplo, que se celebrara el referéndum del Estatut antes de que el Tribunal se pronunciara. Pero los casos de manipulación judicial no se circunscriben al Constitucional que, al final, no es otra cosa que el reflejo de las mayorías parlamentarias de cada momento. Su politización es tan descarada que nadie cree en sus dictámenes. Lo mismo que en el caso de la fiscalía, tan diligente en la persecución de los presuntos implicados en el «caso Gürtel» que le ha costado al PP un presidente autonómico, y tan negligente en la investigación de lo ocurrido en «el caso Faisán» donde no ha hecho otra cosa que poner chinitas en el camino de los jueces. Es posible que el empeño de Rubalcaba de llevar a Camacho, hoy ministro del Interior y antes número dos del propio don Alfredo, como cabeza de lista por Zamora, pasándose por el forro la opinión de su partido, tenga algo que ver con esta historia. No es lo mismo estar aforado que no estarlo. No sería el primer caso. Barrionuevo ya fue en las listas cuando estaba imputado en el caso del secuestro de Segundo Marey. Ya se sabe que ante la intemperie no hay nada mejor que una buena manta zamorana. Estas son las cosas que generan frustración en la sociedad española, y no que Usabiaga vuelva a la cárcel y Otegui no salga de ella como llegó a decir el lendakari López el pasado fin de semana.
La Razón – Opinión
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