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La fallida operación de salida a Bolsa de Loterías ha sido el penúltimo episodio de una gestión socialista marcada por la improvisación que ha frustrado el presente del país y ha hipotecado su futuro. La inesperada decisión del Gobierno de suspender la privatización del 30% de la compañía, tan sólo una semana después de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros, encaja en lo que ha sido la trayectoria de un Ejecutivo precipitado y equivocado en la mayoría de sus decisiones de calado. La malograda iniciativa no es un asunto menor ni se le puede dar carpetazo con una fugaz comparecencia y una explicación poco verosímil. Los argumentos de que «en este momento la situación de los mercados de capitales es muy distinta a la que existía» al emprender el proceso privatizador y de que «no se dan las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen» el valor de la sociedad no convencen, pues hay que insistir no sólo en que el panorama depresivo de los parqués viene de lejos, y que incluso ha mejorado en los últimos días, sino en que el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación, y por tanto otorgó su impulso político a la misma, hace tan sólo una semana. Y hace siete días la Bolsa estaba peor que ayer. Por tanto, Salgado debe explicaciones que aporten luz a un asunto opaco y no exento de sospechas para la oposición. El PP defendió que las «prisas» por los procesos de privatización en los estertores de la legislatura no se entienden y «generan dudas y sospechas de toda naturaleza» sobre los beneficiarios. El Ejecutivo tendrá que rendir cuentas por haber lanzado una campaña de publicidad por valor de entre 10 y 14 millones de euros para anunciar una inminente salida a Bolsa que no se producirá, y también tendrá que detallar los estudios financieros y de mercado realizados que sustentaron una apuesta más tarde abortada. La impresión es que el Gobierno tomó primero la decisión y luego analizó su conveniencia, algo habitual en su proceder estos años. Creemos fundamental que se aclare de dónde piensan obtener de 7.000 a 9.000 millones que estimaban recaudar y que, según algunos expertos, eran imprescindibles para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno para 2011. Que Economía no haya mostrado interés en clarificar estos detalles no es admisible en un caso con miles de millones en juego. Entre tanto aspecto cuestionable y censurable, el fondo de la operación tampoco resulta convincente. La privatización de Loterías, un negocio que no ha decaído con la crisis y que genera ingresos fijos valorados en 2.700 millones de euros cada año, carece de sentido económico y político, más allá de las urgencias y la asfixia financiera de una Administración agonizante y con compromisos ineludibles en disciplina fiscal. Afrontarla, además, sin el consenso del principal partido de la oposición –y muy probablemente de Gobierno tras el 20-N– abocaba a un escenario de litigio y convertía el proceso en un despropósito. El lema de la campaña publicitaria de la salida a Bolsa era «Si hay algo seguro, es que la gente nunca va a dejar de soñar», pero con este Gobierno, más que sueños serán pesadillas.
La Razón – Editorial
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