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El acuerdo del Gobierno y el PP de reformar la Constitución para incluir en ella el tope de déficit de las cuentas públicas ha desatado una fuerte contestación que va más allá de los partidos minoritarios de izquierdas y de los nacionalistas. La oposición frontal de los comunistas, radicales de izquierda y de los sindicatos CC OO y UGT se daba por descontado, pues la reforma va en contra de su modelo de Estado basado en el intervencionismo, el gasto público elevado y los fuertes impuestos. Dado que no tienen posibilidad alguna de frenarla, exigen un referéndum para ratificarla. También estaban previstas las suspicacias de CiU y PNV, que temen perder capacidad de presión sobre el Gobierno central. Pero lo que no figuraba en el guión es la revuelta, más o menos soterrada, que se ha declarado en las propias filas socialistas. Además de las críticas a Zapatero procedentes del sector Izquierda Socialista, han tenido especial impacto las del veterano Josep Borrell y del diputado Antonio Gutiérrez. El primero no se recató en declarar que si fuera diputado no votaría la reforma; y el segundo no ha dudado en llamar a la rebelión de las filas socialistas. Lo cierto es que tras la primera sorpresa, el desconcierto parece haberse adueñado de los dirigentes del PSOE, que han pasado de rechazar rotundamente el cambio constitucional a aceptarlo sin mediar debate o reflexión. Si ya se percibían síntomas inquietantes de desafección con la fuga electoral de destacados nombres, este episodio saca a la luz la descomposición interna del partido y la fragilidad del nuevo liderazgo que encarna Rubalcaba. El candidato socialista se enfrenta a un importante desafío doméstico, pues se ha puesto a prueba su autoridad y credibilidad. Del mismo modo que Zapatero le convenció en poco tiempo para que cambiara de opinión y apoyara la reforma de la Carta Magna, ahora le toca a él desplegar sus dotes de persuasión entre sus compañeros para sacarla adelante e impedir la rebelión. Ayer trató de calmar los ánimos diciendo que la clave estará en la «letra pequeña». No nos parece una buena táctica echar mano de triquiñuelas como ésa para diluir el alcance de la reforma. De lo que se trata es de ganar la confianza de Europa y de los inversores, y eso no se consigue con trucos. Después de casi ocho años gobernando, los dirigentes socialistas están obligados a actuar con responsabilidad para deshacer los entuertos que ellos mismos han causado, bien por acciones equivocadas, bien por omisiones clamorosas. Primero, erraron al eliminar el techo de gasto establecido por Aznar, del que se burlaban por defender el déficit cero. Después volvieron a extraviarse al rechazar, con chanzas y más burlas, la propuesta de Rajoy de incluir el déficit en la Constitución. De haberle hecho caso, España habría ganado credibilidad y se habría ahorrado muchos millones de euros a la hora de colocar su deuda soberana. A España no le queda más remedio que ofrecer a sus socios garantías adicionales de que es un país serio, que cumple sus compromisos, que no falsea sus cuentas y que no evade su responsabilidad con la «letra pequeña». Eso o la intervención abierta.
La Razón - Editorial
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