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Cinco años después de los hechos, y tras no pocos obstáculos, un juez de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto de procesamiento por el caso del chivatazo a ETA en pleno proceso de negociación del Gobierno con la banda, probablemente uno de los episodios más oscuros y graves de la historia de la democracia en España. Pablo Ruz actuó contra los tres imputados en la causa del bar Faisán: el ex director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo –en la actualidad dirigente de los socialistas vascos–, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. A los tres los procesó por colaboración con organización terrorista, además de por un delito de revelación de secretos, si bien admite la posibilidad de que la presunta colaboración pueda considerarse un delito de encubrimiento.
El juez Ruz ha reunido hasta una docena de indicios contra los altos cargos policiales del Ministerio del Interior, que dirigía entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, y los considera responsables del chivatazo a ETA, que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, para impedir el desarrollo de una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda terrorista. En su auto, el juez cita las declaraciones de Elosua, el dueño del bar, supuesto jefe de la trama etarra y hombre que recibió el aviso, y el concluyente tráfico de llamadas de los teléfonos móviles en aquellas horas, así como la «clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando» que se produjo el día de los hechos.
El juez Ruz ha reunido hasta una docena de indicios contra los altos cargos policiales del Ministerio del Interior, que dirigía entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, y los considera responsables del chivatazo a ETA, que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, para impedir el desarrollo de una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda terrorista. En su auto, el juez cita las declaraciones de Elosua, el dueño del bar, supuesto jefe de la trama etarra y hombre que recibió el aviso, y el concluyente tráfico de llamadas de los teléfonos móviles en aquellas horas, así como la «clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando» que se produjo el día de los hechos.
Hay que ponderar el trabajo de un juez profesional que ha dirigido con pulso firme una instrucción de enorme complejidad y repercusión pese al legado de Baltasar Garzón, que frenó la causa todo lo que pudo, y con el criterio siempre discrepante de la Fiscalía y, por consiguiente, del propio Gobierno. El auto de procesamiento es el fruto de meses de investigaciones, horas y horas de testimonios, informes periciales y otros procedimientos, lo que le confiere una solidez significativa.
El juez se mueve en el plano jurídico y bajo esos parámetros no va más allá porque así lo entiende. Pero el chivatazo tiene una evidente dimensión política, pues se procesa a tres altos mandos policiales relacionados estrechamente con el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y con el que fuera su número dos y actual ministro, Antonio Camacho. Algún sindicato policial apuntó ayer que el chivatazo sería imposible sin una orden política y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el auto «inhabilita» a Pérez Rubalcaba «para pedir la confianza a los ciudadanos» en las próximas elecciones generales. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno lleva meses eludiendo la explicación que debe a la sociedad sobre un caso de máxima gravedad. Su actitud ha sido esquiva. Y ya no se puede esperar más. Hablamos de una supuesta colaboración con ETA desde el Ministerio que dirigía en un contexto político como la negociación. El Estado de Derecho tiene el deber de perseguir conductas penales, pero también de depurar responsabilidades políticas.
El juez se mueve en el plano jurídico y bajo esos parámetros no va más allá porque así lo entiende. Pero el chivatazo tiene una evidente dimensión política, pues se procesa a tres altos mandos policiales relacionados estrechamente con el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y con el que fuera su número dos y actual ministro, Antonio Camacho. Algún sindicato policial apuntó ayer que el chivatazo sería imposible sin una orden política y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el auto «inhabilita» a Pérez Rubalcaba «para pedir la confianza a los ciudadanos» en las próximas elecciones generales. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno lleva meses eludiendo la explicación que debe a la sociedad sobre un caso de máxima gravedad. Su actitud ha sido esquiva. Y ya no se puede esperar más. Hablamos de una supuesta colaboración con ETA desde el Ministerio que dirigía en un contexto político como la negociación. El Estado de Derecho tiene el deber de perseguir conductas penales, pero también de depurar responsabilidades políticas.
La Razón - Editorial
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