La decisión del Tribunal Supremo contra Sortu ha sido una victoria del Estado de Derecho y una derrota significativa de ETA. La Sala 61 asumió la contundencia de las pruebas aportadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional para concluir que la nueva marca no era más que un intento de Batasuna para colarse en las elecciones. Las demandas de la Fiscalía y del Abogado del Estado establecían conexiones directas entre Batasuna y Sortu y ponían de manifiesto que su rechazo a la violencia no había sido otra cosa que una argucia para burlar la Ley, aunque no existió condena a ETA ni de su historia ni de sus asesinatos. Sortu siempre fue un instrumento al servicio de la estrategia de la banda. La primera intentona ha sido frenada, y lo celebramos porque cada trampa de ETA frustrada nos acerca más a su derrota definitiva. Sin embargo, y por desgracia, estamos lejos del escenario final. Ni siquiera está garantizado que un sucedáneo de Batasuna no concurra a las elecciones forales y locales. El veredicto del Supremo es positivo, pero contiene elementos inquietantes. El hecho de que el fallo no fuera aprobado por unanimidad –a diferencia de las anteriores ocasiones, en que se ha pronunciado sobre la ilegalización de formaciones proetarras– no es baladí. Que saliera adelante por nueve votos contra siete, con tres votos particulares, o lo que es lo mismo, que la Sala se partiera casi en dos, introduce confusión y provoca perplejidad en un asunto con una carga probatoria concluyente. La fractura de la Sala es además un aviso con vistas a la suerte del recurso de Sortu ante un Tribunal Constitucional con una nítida mayoría progubernamental, el perfil de buena parte de los magistrados del Supremo que se opusieron a las tesis del Gobierno. En principio, la resolución sobre Sortu del Alto Tribunal no se conocerá antes de las elecciones del 22-M si la tramitación es «normal». En caso contrario, habría que pensar en un proceso excepcional fuera de la razón jurídica, que alimentaría conjeturas escandalosas. En el plano político, ciertas interpretaciones del socialismo vasco invitan a la desconfianza. A los Eguiguren y Elorza, claramente alineados con Sortu, se suma una corriente, incluso en el Gobierno vasco, que edulcora el discurso de la exigencia y lo sustituye por el de la mano tendida, y que debería ser reprendida por el PSOE. El Gobierno y el PP tienen que mantener la firmeza de este primer envite hasta el final, y ambos están obligados a no equivocarse ante el seguro plan B de ETA que, como adelantó LA RAZÓN, contempla que Batasuna alcance las instituciones a través de las listas de EA. La reciente reforma de la Ley Electoral otorga herramientas para anular una candidatura «contaminada», por lo que no debería haber problema si existe voluntad. Que ETA se mantenga fuera de las instituciones es una cuestión de justicia que fortalece a la democracia. Quienes cuestionan este principio no sólo dan la espalda a las víctimas, sino que favorecen la estrategia de los terroristas, que pretenden destruir la democracia desde su interior. El Estado de Derecho sólo debe esperar la derrota y disolución de la banda. Es la única garantía de una nueva época.
La Razón - Editorial
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