miércoles, 30 de marzo de 2011

El País maquilla la infamia

El País trata de encubrir con la "tensión" lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo perpetrar, a favor de ETA, numerosos delitos. Todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar.

Es lamentable que diversos diarios nacionales hayan ocultado este martes en sus portadas la enorme trascendencia que tienen las actas incautadas a ETA. Peor aún es, sin embargo, que El País haya hecho referencias a ellas, pero no para denunciar sino para maquillar el repugnante grado de degradación moral que alcanzaron los representantes del Gobierno con tal de mantener una falsa pero electoralista paz sobre la base de un mero alto el fuego que había sido previamente pactado con los terroristas a cambio de infames compromisos adquiridos.

Rayando en la complicidad con el Gobierno, la "información" del periódico progubernamental destaca en titulares que "los documentos incautados prueban la tensión de los contactos y que muchas supuestas cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo". Reconoce en letra más pequeña que "las actas prueban algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA (supuestas órdenes a la Policia y Guardia Civil para que no hubiera detenciones, dejar en libertad a presos de ETA enfermos, prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda), aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas". Así, pone de surrealista ejemplo de ello que "mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido".


Para empezar, que el Gobierno no cumpliera con todos y cada uno de los infames compromisos con ETA a cambio de su tregua no prueba, en modo alguno, que el Ejecutivo no los hubiera adquirido. Y que el Gobierno, a cambio de una tregua, estaba dispuesto a ofrecer a ETA "una salida a los presos", así como un "cambio del marco juridico-político" del País Vasco, para el que se contaría con la entonces "ilegalizada izquierda abertzale", es algo que las actas de dichas reuniones no vienen más que a confirmar. Si no es cierto ese compromiso, ¿por qué el Gobierno de Zapatero no lo negó tajantemente cuando así lo publicó, precisamente El País el 25 de mayo de 2005, meses antes de que ETA anunciara oficialmente el "alto el fuego" y citando a "fuentes socialistas"? ¿Por qué no negaron los emisarios del Gobierno que éste hubiera adquirido esos y muchos otros infames compromisos en el momento, una vez llegada la tregua, en el que los etarras les reprochaban sus incumplimientos?

Por lo demás, el vergonzoso nivel de detenciones a etarras durante el alto el fuego, al contrario de lo afirma El País, es un hecho que queda demostrado por las propias estadísticas, tal y como denunciaron los sindicatos policiales. Las actas sólo vienen a demostrar que era otro compromiso que el Gobierno intentaba cumplir, pero que no siempre lograba gracias a lo que quedaba de Estado de Derecho en nuestro país.

Lo más vergonzoso, sin embargo, es que El País diga, respecto a la decisiva cuestión de la derogación de la doctrina Parot que "la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido". Miente El País. La realidad es que el Gobierno, a traves de su servil Fiscalía, se alineó con la defensa de los etarras enjuiciados en contra de esa doctrina desde meses antes del inicio oficial del "proceso de paz". Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo lo impidió.

El periodista de El País comete también el inusitado ejercicio de comparar los acercamientos de presos que hizo Aznar (como también se hizo antes, después y ahora mismo) con los compromisos de impunidad ofrecidos por Zapatero a la banda terrorista. Se silencia así que los compromisos que llevaron a ETA a declarar la tregua del 98 no los adquirió el Gobierno de Aznar, sino los partidos separatistas de Estella a los que luego se sumaría Zapatero invocando la expresión batasuna del "derecho de los pueblos a decidir por sí mismos". Pero lo más grave, al tiempo que inútil, es que se trate de encubrir con la "tensión" de esas reuniones, lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo cometer, a favor de una organización terrorista, numerosos delitos tales como colaboración con banda armada,prevaricación, revelación de secretos o incumplimiento del deber de perseguir a delincuentes. Y todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar. Como para no estar "tensos".


Libertad Digital - Editorial

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