Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGGUf0csvN5LRUdpswRQr06htFRkcZ2SLqRcjx0gzi_OUhra-HRQZMQDL-xAyKjLTos4dQd33jcLxkwxz42-GEq4Qyg17s15lObvL7pJuyHw5qBT0qQHqv5DogGiQLmnBCiWaDD28nxkah/s400/elperiodico_20110219.jpg)
El Gobierno, que ha hecho de la improvisación el eje de su acción política, no iba a actuar de modo distinto en lo que respecta a la reforma de las cajas de ahorro, una de las principales rémoras del sector financiero español y causante principal de la incertidumbre que nuestro sistema económico proyecta hacia el exterior.
Tras varias semanas en las que hemos podido escuchar opiniones para todos los gustos, con los políticos de los distintos partidos batiéndose el cobre para defender sus cuotas actuales de poder, finalmente el Gobierno ha decidido prorrogar hasta marzo de 2012 la obligatoriedad de que las cajas de ahorro españolas comiencen a cotizar en los mercados bursátiles. Mientras llega ese momento, deberán realizar una importante tarea de capitalización con la dificultad añadida de que todas deberán hacerlo de forma simultánea, lo que reducirá de forma importante la posibilidad de que se inyecte nuevo capital privado en sus respectivos balances. La alternativa es acudir al FROB, permitiendo al Gobierno entrar en su accionariado y acelerando el proceso de su conversión en bancos, que es precisamente lo que los políticos autonómicos de todo color pretenden evitar.
Tras varias semanas en las que hemos podido escuchar opiniones para todos los gustos, con los políticos de los distintos partidos batiéndose el cobre para defender sus cuotas actuales de poder, finalmente el Gobierno ha decidido prorrogar hasta marzo de 2012 la obligatoriedad de que las cajas de ahorro españolas comiencen a cotizar en los mercados bursátiles. Mientras llega ese momento, deberán realizar una importante tarea de capitalización con la dificultad añadida de que todas deberán hacerlo de forma simultánea, lo que reducirá de forma importante la posibilidad de que se inyecte nuevo capital privado en sus respectivos balances. La alternativa es acudir al FROB, permitiendo al Gobierno entrar en su accionariado y acelerando el proceso de su conversión en bancos, que es precisamente lo que los políticos autonómicos de todo color pretenden evitar.
El Gobierno es muy dueño de ofrecer todo tipo de excusas para dilatar en el tiempo la privatización de las entidades populares de ahorro, pero la evidencia palmaria es que la decisión de este pasado viernes obedece a las presiones de todo el arco político y sindical, cuyos representantes se niegan a dejar las riendas de unas corporaciones que les permiten manejar ingentes cantidades de dinero sin tener que rendir cuentas más que a la camarilla encaramada a sus respectivos consejos de administración.
Si alguna vez tuvo sentido su existencia, es obvio que, en la realidad financiera actual, las cajas de ahorro son un anacronismo cuya principal función es la de fungir como financiadoras de los delirios de los políticos que las manejan. Lejos de limitarse a operar con prudencia y financiar obras sociales como establecen sus estatutos, todas las cajas de ahorro españolas, sin excepción, han puesto sus recursos a disposición de las castas políticas que las dirigen para alimentar una dinámica urbanística en la que cualquier disparate ha encontrado el oportuno acomodo. Mucha culpa de la devastación actual del sector inmobiliario trae causa precisamente en los dispendios crediticios protagonizados por las entidades provinciales de ahorro, dirigidas no con criterios empresariales, sino exclusivamente políticos.
Es hora de poner fin a un sistema que perjudica notablemente a todos los ciudadanos. Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.
Si alguna vez tuvo sentido su existencia, es obvio que, en la realidad financiera actual, las cajas de ahorro son un anacronismo cuya principal función es la de fungir como financiadoras de los delirios de los políticos que las manejan. Lejos de limitarse a operar con prudencia y financiar obras sociales como establecen sus estatutos, todas las cajas de ahorro españolas, sin excepción, han puesto sus recursos a disposición de las castas políticas que las dirigen para alimentar una dinámica urbanística en la que cualquier disparate ha encontrado el oportuno acomodo. Mucha culpa de la devastación actual del sector inmobiliario trae causa precisamente en los dispendios crediticios protagonizados por las entidades provinciales de ahorro, dirigidas no con criterios empresariales, sino exclusivamente políticos.
Es hora de poner fin a un sistema que perjudica notablemente a todos los ciudadanos. Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.
Libertad Digital - Editorial
0 comentarios:
Publicar un comentario