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Como estaba previsto y como el propio Rajoy adelantó hace meses, el Partido Popular hizo pública la candidatura de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, así como las de los demás aspirantes a la reelección, entre ellos Ramón Luis Valcárcel, y la de los cabezas de lista en Cantabria, Aragón y Canarias. Se acabó la falsa incertidumbre que desde distintos círculos se alentó para desestabilizar al principal partido de la oposición. No hubo dudas ni cábalas en torno a la figura del presidente de la Generalitat Valenciana, sino que la dirección popular tomó las decisiones oportunas sin alterar los tiempos políticos. Haber caído en la excepcionalidad con Camps por «Gürtel» habría sido un error. La normalidad ha sido el mejor antídoto contra aquellos que sembraron desconfianza y enredo. La designación de Francisco Camps ha sido una decisión acertada de la dirección nacional del PP. No existían argumentos para retirarle la confianza, sino todo lo contrario. Camps ha sido víctima en los últimos años de una campaña indigna e infame de acoso y derribo orquestada por el Gobierno y el PSOE. El propósito era desalojarle del poder y lograr el cambio político que se les resistía en las urnas. Para ello, sobrepasaron no pocas líneas rojas del juego limpio e incluso del Estado de Derecho, con toda clase de filtraciones interesadas, violación del secreto de los sumarios, maledicencias y mentiras, así como la contribución imprescindible de la Fiscalía, que ha exhibido un extraordinario celo que para sí ya quisiéramos en escándalos como el de los ERE de Andalucía. Un auténtico proceso inquisitorial que ha buscado una condena pública y el descrédito de Camps entre los ciudadanos, lo que obviamente no ha conseguido. Después de una montaña de titulares e intoxicaciones varias, las pruebas han desmontado el proceso hasta tal punto que, si no se tratara de un procedimiento con una intencionalidad política, el Ministerio Público habría retirado con seguridad la acusación. Se han acumulado en estos meses los testimonios que confirman que Camps se pagó sus trajes: el administrador de ocho de las empresas de la trama «Gürtel», Pablo Crespo, se lo aseguró a su abogado en una conversación privada, y Eduardo Hinojosa, dueño de las tiendas Forever Young y Milano, lo declaró en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Hinojosa tiene presentada también una querella contra el sastre José Tomás –cuyo testimonio es la base de la acusación contra el presidente valenciano– por redactar facturas falsas. Pero además un informe de la Agencia Tributaria, a petición del fiscal cursado por el juez, concluyó que no existía constancia de que se le regalaran trajes a Camps. De la fragilidad de las pruebas habla que el fiscal se haya limitado a pedir una multa para Camps. Ni siquiera la inhabilitación. Y que se trata de un juicio político lo demuestra que la acusación particular del PSOE haya solicitado, en cambio, tres años de cárcel. Camps es el mejor candidato posible. Su gestión le avala de forma sobrada. La Comunidad Valenciana es hoy, junto a la de Madrid, una de las más activas de España. Y tiene a su favor el refrendo más relevante, el de los ciudadanos.
La Razón - Editorial
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