lunes, 5 de julio de 2010

Estatut. La bravata del fanfarrón. Por Emilio Campmany

Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera la sustitución de Zapatero, su primer salvavidas sería CiU.

Los políticos de Cataluña que son nacionalistas, que lo son casi todos los que allí pacen, se han tomado muy mal la sentencia del estatuto. Habrían denostado cualquier sentencia, incluso una que hubiera dicho que el estatuto es constitucional, porque lo que niegan es la legitimidad de nadie para constreñir lo que el soberano pueblo de Cataluña haya refrendado. Sin embargo, el pueblo catalán no existe como titular de ninguna soberanía. Como tampoco existe el murciano o el gallego. Por eso, la Constitución entra en contradicción cuando, después de decir que la soberanía nacional reside en el pueblo español, regula la modificación de los estatutos de autonomía exigiendo un referéndum entre los electores "inscritos en los censos correspondientes". Los electores inscritos en los censos correspondientes no deberían tener nada que refrendar en una nación donde el único soberano es el pueblo español. En cualquier caso, de este resbalón del artículo 152.2 no puede deducirse que el pueblo catalán tenga constitucionalmente reconocida ninguna soberanía en conflicto con la del pueblo español.

Partiendo de estas premisas, no puede extrañar que los políticos nacionalistas se hayan vestido con la túnica de la cofradía de la santa indignación y hayan salido en procesión por todas las televisiones llevando con irritación la pesada cruz de ser español. El más divertido de ver ha sido Montilla, con ese mohín de niño contrariado que tan bien sabe poner cuando se le disgusta. Da risa verlo andar por el claustro del palacio de la plaza de San Jaime con paso corto y algo apresurado, el ceño y los labios fruncidos, negando con la cabeza y aparentando resolución a tomar la más grave de las decisiones.

Artur Mas, como no es tan teatral, se ha limitado a hacer lo que llevan treinta años haciendo los nacionalistas, amenazar al presidente del Gobierno con dejarle caer si se le ocurre volver a alabar la sentencia.

Pues bien, la amenaza no es más que una bravata. Ningún nacionalista, y menos aun Mas, va a dejar caer a Zapatero por la sencilla razón de que con ningún otro presidente podría el nacionalismo catalán estar mejor. No ya es que teman la llegada a la Moncloa de un PP que, después de todo, está más aguado que el vino que tiene Asunción. Es que en todo el PSOE no es posible encontrar un sustituto más dispuesto a inclinarse ante los nacionalismos como lo está Zapatero por naturaleza. Si encima se cae en que esa natural tendencia a satisfacer cualquier cosa que salga del Parlamento de Cataluña se ha convertido hoy en una necesidad de supervivencia, se concluye que es imposible que Mas vaya a abandonarlo a su suerte. Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera su sustitución, el primer salvavidas de Zapatero sería CiU.

El oxígeno que el catalán administró al moribundo absteniéndose en la convalidación del decretazo contra pensionistas y funcionarios no estuvo motivado por ningún interés general, sino por la conveniencia de conservar con vida al presidente para extraerle tantas concesiones como su necesidad de apoyos permitan a partir del momento en que CiU vuelva a pisar moqueta después de las catalanas de este otoño. Sus amenazas contra Zapatero no se las cree nadie. Bueno, a lo mejor, se las creen en el PP, donde se fantasea con entrar en el gobierno de CiU. Algún día escarmentarán.


Libertad Digital - Opinión

La tercera vía de ZP. Por César Alonso de los Ríos

Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico.

«Objetivo cumplido» dijo Zapatero, y añadió que nunca en la historia de España se habían atendido tanto las exigencias de autogobierno de Cataluña como en el Estatut . Pero ¿por qué utilizó unos términos tan grandilocuentes cuando lo relevante del fallo del TC eran los recortes? Porque se darán nuevas leyes que vendrán a reparar las lesiones infligidas a éste. En definitiva, se entrará en las cuestiones más graves por la puerta de atrás. Como en la unidad de jurisdicciones. Lo que no tendrá arreglo es el problema de las lenguas. La negación del carácter «preferente» al catalán no devolverá al castellano la condición «vehicular» en la enseñanza. Que es lo que importa. Así que una nueva legislación vendrá a anular los «desmanes» producidos por el TC, y así se sigue en la línea del tratamiento que viene mereciendo nuestra Constitución desde el primer día. La introducción del término «nacionalidades» y la indefinición del Estado permitieron pensar a los nacionalistas que aquella respondía a un «pacto» implícito en relación con una fórmula a largo plazo confederal. De hecho han actuado siempre en esa línea.

En la realidad se pisotea la Constitución y se critica a quienes lo denuncian. Es un comportamiento hipócrita especialmente repugnante por cuanto se trata de un hecho colectivo. Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico. Pero ¿acaso no fue el propio ZP el que defendió la revisión de los Estatutos como paso obligado hacia un sistema confederal? A pesar de ello tanto para los socialistas como para los populares la Constitución ha salido reforzada con el fallo del TC, y el ministro de Justicia proclama que se afirma «la unidad en la diversidad». ¿No habrá querido decir «unidad en la desigualdad»?

ABC - Opinión

Estatut. Fouché Montilla. Por José García Domínguez

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España.

Al modo de cualquier piquetero bolivariano de los arrabales de Caracas, la máxima autoridad del Estado en Cataluña acaba de llamar a la réplica callejera contra una sentencia firme emitida por el supremo tribunal de la nación. Atrabiliario desafío al orden legal que comienza a ser tradición en la plaza. Y es que ni siquiera hay que remontarse a Macià y Companys para dar con antecedentes de un proceder parejo. Repárese en que otro presidente de los nacionalistas ya invocó a la masa con tal de eludir determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Financiera en las calzadas de Barcelona. Y con gran éxito de crítica y público, por cierto. Al punto de que alguno de esos españoles profesionales que pululan por la Villa y Corte le procuraría el título de ídem del año.

Así, por mor de un interés mercantil estrictamente privado, Jordi Pujol alzaría la señera contra las acongojadas puñetas de los jueces. Un afán comercial no muy distinto al que ahora impulsa a su igual a tomar de nuevo las aceras en nombre de la patria y el patrimonio, conceptos siempre inextricables a esta orilla del Ebro. Mas nadie se llame a engaño: el airado catalanismo de don José es tan sincero y profundo como el sentimiento republicano de aquel Fouché que votó la guillotina para Luis XVI antes de traicionar a Robespierre, venderse más tarde a Napoleón, y terminar como jefe de la policía de los Borbones, una vez aposentados de nuevo en el trono de Francia.

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España. Esquizoides objeciones del PSC en Madrid al proyecto remitido por el PSC desde Barcelona, como cierto alegato firmado por el actual Muy Honorableque, lacónico, rezaba: "Creemos que el término nación aplicado en el articulado no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución". U otros donde el mismo maulet proponía anular el carácter "preferente" del catalán, amén de la bilateralidad y la secesión del poder judicial. Ya sabe, pues, don José contra quien debe gritar sus consignas en la manifestación: contra Montilla.


Libertad Digital - Opinión

El cabreo de la izquierda. Por José María Carrascal

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas.

SI ustedes creen que los madrileños están cabreados, no saben cómo está el resto de los españoles. Me he tragado mil y pico de kilómetros hasta uno de los extremos de la Península y por todas partes no he encontrado más que indisimulada indignación, solo suspendida durante los partidos del Mundial. Lo más curioso es que se trata de una cólera que no distingue de sexos, de edades, de estatus económico, de niveles culturales, de regiones ni, esto es lo más gordo, de filiaciones políticas. No he visto ni oído a nadie alabar al gobierno, e incluso los socialistas de toda la vida, aquellos amigos que ya en la adolescencia eran de izquierda, no se atreven a defenderle, notándose en ellos una furia sorda, una rabia contenida, una desazón personal, que nada tiene que envidiar a la de los conservadores declarados, mucho menos imaginativos, que se limitan a llamar a Zapatero «marxista-leninista» y algún otro adjetivo personal impublicable.

Esto es nuevo. El presidente del Gobierno ha conseguido no ya desilusionar, sino irritar a la izquierda más genuina, que nunca votaría derecha e incluso es posible vuelva a votarle, pero será tapándose las narices y no mirándose al espejo en unos cuantos días. He tenido ocasión de charlar con algunos de ellos, aunque prefieren obviar el tema y si bien manejan los argumentos más simples como escudo —la nula colaboración del PP en una emergencia nacional, las culpas del neoliberalismo desbordado en la crisis—, en cuanto uno escarba, se da cuenta de que al fondo hay un cabreo enorme por haber sido estafados. Zapatero les ha traicionado, les ha embaucado, les ha hecho hacer el ridículo, que es lo que menos aguanta un español de izquierdas, derechas o de centro, si hay alguno de centro.

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que lo del socialismo-social es un cuento, que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas, que lo único que sabe hacer es derrochar el dinero acumulado por la derecha, hacer nuevos ricos al amparo del gobierno, convertir la cultura en un pesebre, crear una generación de ignorantes y despreocuparse de los trabajadores que verdaderamente lo necesitan: aquellos con empleo temporal o en paro. Esas son las vergüenzas de Zapatero que la crisis ha dejado al descubierto, eso es lo que pone roja de ira a la izquierda, que aprieta los dientes y arroja venablos envenenados contra todo y contra todos en tertulias de café y de la radio, en periódicos de la capital y de provincias, conteniéndose, eso sí, en el último segundo para no pedir su dimisión. Y es que la izquierda de hoy es todavía más hipócrita que la derecha de ayer.


ABC - Opinión

Sócrates envenena el mercado

La semana que comiezan se presenta como decisiva para que se desbloquee la accidentada venta a Telefónica de Vivo, una de las principales empresas de telefonía móvil de Brasil, con más de 50 millones de clientes. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse este jueves sobre el insólito veto impuesto a la operación por el Gobierno de Portugal, que preside el socialista José Sócrates, al utilizar la obsoleta e ilegal «acción de oro» en contra de la decisión que adoptó el 73,9% del accionariado. La operación de compraventa fue planteada hace varias semanas por la compañía española a Portugal Telecom (PT), copropietaria al 50% de Vivo. Desde entonces, ambas empresas han mantenido un tira y afloja por la valoración y Telefónica fue subiendo su oferta desde los 5.700 millones iniciales hasta los 7.150 que puso encima de la mesa horas antes de que la junta general de accionistas de PT se reuniera para votar la operación. Todo se desarrollaba dentro de los habituales cauces legales y mercantiles, como corresponde a dos grandes compañías, y se habría culminado una compraventa muy beneficiosa para ambas partes si no se hubiera entrometido inesperadamente el Gobierno portugués. Por motivos que todavía no ha explicado de modo convincente, pues se ha escudado en la manoseada excusa de «los intereses nacionales», el primer ministro Sócrates decidió oponerse a la voluntad mayoritaria de los accionistas de PT y emplear la llamada «acción de oro», un mecanismo de veto que la UE ha declarado ilegal, pero que subsiste de manera residual aunque ya nadie la utilice. El revuelo causado por esta invasión gubernamental llegó hasta el corazón de Bruselas e incluso los medios de comunicación lusos la calificaron de «extorsión» y de «indecencia propia de un país subdesarrollado». Si los mecanismos comunitarios responden como es debido y estiman los recursos interpuestos por Telefónica, la compraventa de Vivo llegará a buen puerto, por más que el Gobierno intervencionista de Sócrates se empeñe en ponerle puertas al campo o en romper la baraja con la que se juega en Europa. Pero este lamentable episodio ha puesto de relieve que la unidad de mercado en la UE tropieza demasiado a menudo con la arbitrariedad y prepotencia de ciertos gobernantes, que suelen utilizar a compañías connacionales para sus estrategias políticas, casi siempre contrarias al libre mercado. Además, el veto de Sócrates envenena las relaciones con España al establecer un precedente del que nada bueno se puede derivar para ambas naciones. Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha mantenido una prudente distancia, sintetizada en una declaración del ministro de Industria de que se trataba de «una decisión soberana» de Portugal. Sería deseable que, aun contando con que el Tribunal de Luxemburgo dé la razón a Telefónica, Sócrates recondujera la situación creada y devolviera las aguas del libre comercio a su cauce antes de que los daños sean irreversibles. En la Europa comunitaria no hay impunidad para quienes rompen las reglas del juego y Portugal no está, precisamente, en la mejor de las posiciones para tales audacias irresponsables.

La Razón - Editorial

Los silencios cómplices de Rajoy y Zapatero

La oposición a la marcha nacionalista resulta imprescindible, porque la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han tratado, cada uno a su manera, de pasar página una vez hecho público el fallo del Estatut. Ambos abogan por "mirar al futuro" y tratan de aparentar que con la sentencia del Constitucional el estado de las autonomías queda plenamente normalizado y estabilizado. A Zapatero le interesa desviar la atención de un texto que él mismo promovió a sabiendas de que era claramente inconstitucional en la gran mayoría de su articulado. Rajoy, más interesado en llegar al poder a lomos de los nacionalistas que en preservar la democracia, trata de hacernos olvidar las cinco millones de firmas contra el Estatut que recogió por todos los rincones de España.

Y, sin embargo, si algo no ha logrado el fallo del Constitucional ha sido calmar los ánimos de aquellos a quienes se quiso contentar con el Estatut primero y con una absurda sentencia después. Los nacionalistas de todos los partidos, incluyendo esa sucursal catalana del PSOE que es el PSC de Montilla y Chacón, han convocado una manifestación para el próximo sábado no ya contra el Constitucional, sino contra la legitimidad misma que tiene el soberano pueblo español para retocar cualquier texto aprobado por el parlamento catalán. Es decir, el objeto de la marcha del 10 de julio no es el de exhibir las discrepancias de tipo jurídico sobre la sentencia, como muchos ingenuos quieren pensar, sino socavar la mismísima soberanía del pueblo español. De ahí que Montilla llame a los catalanes a "envolverse en la señera", transformando los símbolos regionales de Cataluña en todo un ariete contra las instituciones políticas de España.


Teniendo en cuenta que no sólo las Cortes y el Gobierno de España o el parlamento y el gobierno catalán, sino también todo el régimen jurídico que supuestamente garantiza los derechos y libertades de los españoles, dependen de la Constitución del 78 que, a su vez, se funda sobre la soberanía nacional, sería deseable y exigible que Zapatero y Rajoy defendieran con más ahínco la legalidad vigente frente a la deriva insurreccional en la que ha caído la mayor parte de la casta política catalana. Hasta la fecha, PP y PSOE evitan hacer cualquier referencia a la marcha nacionalista, como si lo que pasara en Cataluña formara parte del folclore regional.

Sin embargo, la condena y oposición a la misma resultan imprescindibles porque, como decimos, la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades. Los liberales de Cádiz lo tenían bien claro ya en 1812 y así lo plasmaron en el artículo 3 de nuestra primera constitución: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

Permitir que un grupo de presión organizado, como son los nacionalistas, trocee y rehaga a su gusto esa Nación es permitirles que nos impongan las leyes que les plazcan; es, en contra de lo que establecía el artículo 2 de la Pepa, convertir la Nación y nuestras libertades en el patrimonio de una casta.

PSOE y PP están obligados a defender a la soberanía nacional de cualquier banda que pretenda subyugarla. El problema es que muy probablemente Zapatero y Rajoy son, junto a los nacionalistas, los primeros interesados en subvertir y patrimonializar el orden constitucional. La limitación del poder les incomoda. Es mucho más fácil negociar y entenderse con los señores feudales de las regiones de España que rendir cuentas ante el pueblo soberano. Zapatero así lo viene demostrando desde 2004 y Rajoy parece que comprendió la lección cuatro años después.


Libertad Digital - Editorial

El efecto dominó del Estatut

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico.

CUANDO se conozca el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, podrá valorarse su incidencia en la cadena de reformas estatutarias que puso en marcha el PSOE y en la que participó el Partido Popular de manera decisiva allí donde los socialistas no antepusieron sus pactos con los nacionalistas. Aquella oleada de reformas de estatutos fue forzada por la necesidad del PSOE de dar cobertura a la del catalán, lo que puso al Estado autonómico en una carrera de agravios, como se ha visto, por ejemplo, en relación con el agua. La participación del PP en esas reformas, criticada por algunos sectores, fue un ejercicio de pragmatismo que evitó su marginación de unos procesos legislativos que, en todo caso, iban a producirse. En la encuesta que ha realizado ABC entre diversos presidentes autonómicos, es unánime la opinión de que el Estado de las Autonomías se ha reforzado en el sentido previsto por la Constitución, es decir, como organización territorial del Estado español y sobre la base de la unidad de la nación española. Y, en general, la encuesta denota alivio político por el reequilibrio impuesto por el TC al recortar el Estatuto catalán. La falta de conocimiento de la sentencia del TC impide mayores concreciones a los presidentes encuestados, pero entre los del PP hay un claro respaldo al recurso presentado por su partido, que lo consideran justificado por el hecho de que haya más de cuarenta artículos del Estatuto catalán afectados por la resolución. Incluso, como destaca el presidente valenciano, Francisco Camps, quedan aún pendientes otros recursos que pueden aportar más precisiones a la sentencia del Estatuto. La Comunidad Valenciana ha impugnado este Estatuto por sus previsiones sobre el agua y el régimen de financiación autonómica, asuntos que, para muchos españoles, fueron despachados en el Estatuto catalán con criterios privilegiados y discriminatorios.

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico. Uno de los Estatutos que no pudo ser reformado en la anterior legislatura fue el gallego, por el empeño del gobierno social-nacionalista de Pérez Touriño de dar a Galicia el tratamiento de nación, cuestión que ya queda zanjada con la sentencia del TC al negar cualquier relevancia jurídica a la inclusión de este término para definir a una comunidad autónoma. Sin embargo, la reforma estatutaria no parece ser una prioridad inmediata del actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, quien, con buen criterio, prefiere centrarse en la superación de la crisis. Es evidente que la sentencia del TC ha reforzado el discurso nacional y homogéneo del PP, por más que la versión oficial del Gobierno hable puerilmente de «derrota» de los populares.

ABC - Editorial