Las medidas de recorte social aprobadas por el Gobierno siguen acompañadas de nuevas decisiones de gasto público incompatibles con los compromisos de austeridad y esfuerzo que pide y aplica Rodríguez Zapatero a los españoles
Las medidas de recorte social aprobadas por el Gobierno siguen acompañadas de nuevas decisiones de gasto público incompatibles con los compromisos de austeridad y esfuerzo que pide y aplica Rodríguez Zapatero a los españoles. El último episodio de esta contradicción han sido los 1.400.000 euros que la Tesorería de la Seguridad Social va a destinar, por acuerdo del último Consejo de Ministros, a unos planes de formación de «agentes sociales» en Iberoamérica, en el marco de un proyecto del Ministerio de Trabajo. No tiene sentido alguno que, en las actuales circunstancias, con recorte de pensiones, de salarios públicos, de ayudas a la maternidad y de atención a dependientes, el Gobierno desvíe recursos de la Seguridad Social para proyectos que pueden ser muy estimables en tiempos de bonanza, pero hoy absolutamente prescindibles. Si Fomento va a rescindir contratos de obra pública que ya se están ejecutando, con más motivo Trabajo podría cancelar convenios de esta naturaleza. Incluso, podría cuestionarse la legalidad de utilizar dinero de este organismo para fines distintos de los asignados por la ley, los únicos a los que puede destinar sus fondos. El dinero de la Tesorería de la Seguridad Social es finalista y no precisamente para sufragar gastos ajenos.
En todo caso, el problema sigue siendo la responsabilidad política en la que incurre el Gobierno con la administración de los fondos públicos en una coyuntura que el Banco Mundial ha calificado como «muy grave». Y el hecho de que el Eurogrupo apoyara ayer las medidas anticrisis del Gobierno —nada especial después de haber impuesto a Zapatero el cambio de su política económica— no significa que pueda relajarse en la forzosa restricción de gastos innecesarios. El Gobierno socialista ha estado derrochando dinero público mucho antes de que la crisis de la actividad económica y el aumento del paro provocara la explosión del déficit público hasta los niveles actuales. Gastó mucho y mal, creyendo que nunca vendrían mal dadas. Todavía en mayo de 2008, el Gobierno decía que «hablar de crisis es enormemente exagerado». Mientras se recorte una sola nómina o una sola pensión, el Gobierno no puede autorizar gastos que no sean imprescindibles para la recuperación económica, el sostenimiento esencial de la actividad administrativa y el cumplimiento de los compromisos básicos del Estado. Todo lo demás, como estas aportaciones de la Tesorería de la Seguridad Social a unos proyectos de formación de agentes sociales iberoamericanos, debe quedar en las arcas públicas, a disposición de las prioridades nacionales.
ABC - Editorial
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