LA reunión entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy parece haber desbloqueado la reestructuración de las cajas de ahorros.
Esperemos que sea así, porque los problemas de esa parte del sistema financiero y la aparente incapacidad política para resolverlos han contribuido mucho estos días a aumentar la percepción de riesgo España. El acuerdo promete agilizar las fusiones y acabar con el veto autonómico. Lo que supone considerar que los problemas de liquidez y eventual solvencia de una parte de las cajas de ahorros nacen de su pequeño tamaño y de la injerencia política. Lo primero no es del todo cierto, porque una caja grande no es necesariamente más solvente que dos medianas y algunas de las fusiones intrarregionales que se están planteando apuntan en esa dirección. Lo que invita al escepticismo sobre la voluntad de resolver el segundo problema, la injerencia política. Todo se complica porque una vez ratificado en Cataluña el principio de que los trapos sucios se lavan en casa, no hay argumentos para negar su aplicación en otras Comunidades. Lo peor de ese apaño no es sólo que no garantiza la solvencia de las entidades resultantes, sino que hace aún más difícil su despolitización.
Los problemas de liquidez de las entidades financieras van a continuar. La situación de incertidumbre en el área euro sólo los empeora. Todo acuerdo que aspire a funcionar ha de contemplar la necesidad de recapitalizar un buen número de cajas de ahorros y de aumentar el capital de todas ellas, por prudencia y por exigencia regulatoria como consecuencia de la aplicación de Basilea III. Las cuentas de resultados de las cajas no van a generar un flujo de beneficios suficiente y pueden lastrar aun más la recuperación del crédito al sector privado. Es pues necesario atraer capital externo y ese sólo puede venir de particulares o del Gobierno mediante las cuotas participativas. Cambiar la ley de órganos rectores, algo sin duda deseable, puede esperar. Es más urgente, y más eficaz, utilizar ya las cuotas participativas con derechos políticos tal y como prevé el FROB. Forzar la emisión de estas cuotas; testar primero si hay capital privado interesado y si no que sean adquiridas temporalmente por el Banco de España; utilizar luego los poderes políticos que confieren para proceder a la reestructuración, fusión, venta, o liquidación de las entidades. Ese y no créditos para que los actuales propietarios y gestores sigan mareando la perdiz ha de ser el destino del FROB. No se quiso o no se pudo reformar las cajas en tiempos de bonanza. El ajuste habrá de ser ahora, en plena crisis de confianza, más duro y radical.
ABC - Editorial
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