El apadrinamiento del Estatut, en el que no faltaron las gestiones por debajo de la mesa (recuérdese el clandestino viaje de Artur Mas a Moncloa en el verano de 2005), fue una de las dos obras predilectas de Zapatero. La otra fue el intento de acabar con ETA por la vía del diálogo. Pinchó en la segunda y va camino de pinchar en la primera.
Desde que Maragall alzó la bandera de la reforma estatutaria (2003) jaleado por Zapatero (en el Gobierno central a partir de abril de 2004), hasta que el presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo ayer mismo en el Senado que “está en riesgo la relación de Cataluña con España”, los acontecimientos han ido conspirando para que el desenlace sea el segundo gran pinchazo del zapaterismo. Con sentencia del Tribunal Constitucional antes de las elecciones o sin ella, con Tribunal renovado o sin renovar, la chapuza está garantizada.
El último despropósito es la inesperada prisa del Gobierno por sustituir a los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, con la descarada intención de desactivar la ofensiva de Montilla -en nombre del frente catalanista- contra el Tribunal Constitucional en su actual composición. De paso, que los trámites para renovarlo frenen el séptimo intento de conseguir un fallo que de todos modos sería parcialmente hostil. Última derivada: impedir, como sea, que haya sentencia antes de las elecciones catalanas del otoño.
El último despropósito es la inesperada prisa del Gobierno por sustituir a los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, con la descarada intención de desactivar la ofensiva de Montilla -en nombre del frente catalanista- contra el Tribunal Constitucional en su actual composición. De paso, que los trámites para renovarlo frenen el séptimo intento de conseguir un fallo que de todos modos sería parcialmente hostil. Última derivada: impedir, como sea, que haya sentencia antes de las elecciones catalanas del otoño.
El imperio de la ley
El PP no puede oponerse a la renovación pero pedirá que se amplíe a cinco magistrados. Es decir, los cuatro que debe nombrar el Senado más la plaza vacante por fallecimiento de Roberto García Calvo, que corresponde al Congreso. El detalle no es menor porque, según las cuotas de reparto entre PSOE y PP, la renovación de sólo los cuatro caducados generaría una mayoría progresista. Si se amplía a la sustitución por fallecimiento las cosas volverían a dejar las cosas como ahora, con ligera ventaja conservadora. Esa es la clave, habida cuenta de que el PP se malicia, con razón, que los socialistas tratan de forzar en favor de sus intereses una nueva relación de fuerzas.
Por eso los dirigentes del PP te cuentan que, naturalmente, no se oponen a la renovación propuesta ayer por el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, en el Senado, pero que no están dispuestos a consentir que el PSOE quiera fabricarse una mayoría a su medida para lograr una sentencia ad hoc. O sea, que no va a ser fácil conseguir un nuevo Tribunal Constitucional antes de las elecciones catalanas, pero el intento puede convertirse en una nueva excusa para seguir retrasando la sentencia sobre la encaje del Estatut en la Constitución.
Entretanto, sigue activada esa bomba de relojería que consiste en contraponer la voluntad popular al imperio de la ley que animó nuestro foro de ayer. Personalmente entiendo las razones políticas del catalanismo ofendido porque una ley aprobada por las Cortes Generales y ratificada en referéndum popular pueda ser parcialmente abolida por el Tribunal Constitucional. Pero creo por encima de todo en el imperio de la ley, que es el antídoto de la arbitrariedad. También entiendo que el Tribunal actúa en nombre de la ley de leyes como único órgano legitimado para ejercer el control de constitucionalidad. Asunto distinto es que los dos grandes partidos políticos hayan contribuido a su desprestigio con su irresponsable incapacidad para haber renovado el Tribunal cuando tocaba. Hace nada menos que dos años y cinco meses.
El PP no puede oponerse a la renovación pero pedirá que se amplíe a cinco magistrados. Es decir, los cuatro que debe nombrar el Senado más la plaza vacante por fallecimiento de Roberto García Calvo, que corresponde al Congreso. El detalle no es menor porque, según las cuotas de reparto entre PSOE y PP, la renovación de sólo los cuatro caducados generaría una mayoría progresista. Si se amplía a la sustitución por fallecimiento las cosas volverían a dejar las cosas como ahora, con ligera ventaja conservadora. Esa es la clave, habida cuenta de que el PP se malicia, con razón, que los socialistas tratan de forzar en favor de sus intereses una nueva relación de fuerzas.
Por eso los dirigentes del PP te cuentan que, naturalmente, no se oponen a la renovación propuesta ayer por el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, en el Senado, pero que no están dispuestos a consentir que el PSOE quiera fabricarse una mayoría a su medida para lograr una sentencia ad hoc. O sea, que no va a ser fácil conseguir un nuevo Tribunal Constitucional antes de las elecciones catalanas, pero el intento puede convertirse en una nueva excusa para seguir retrasando la sentencia sobre la encaje del Estatut en la Constitución.
Entretanto, sigue activada esa bomba de relojería que consiste en contraponer la voluntad popular al imperio de la ley que animó nuestro foro de ayer. Personalmente entiendo las razones políticas del catalanismo ofendido porque una ley aprobada por las Cortes Generales y ratificada en referéndum popular pueda ser parcialmente abolida por el Tribunal Constitucional. Pero creo por encima de todo en el imperio de la ley, que es el antídoto de la arbitrariedad. También entiendo que el Tribunal actúa en nombre de la ley de leyes como único órgano legitimado para ejercer el control de constitucionalidad. Asunto distinto es que los dos grandes partidos políticos hayan contribuido a su desprestigio con su irresponsable incapacidad para haber renovado el Tribunal cuando tocaba. Hace nada menos que dos años y cinco meses.
El Confidencial - Opinión
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