Casi una década después de su entrada en vigor, la Ley del Menor ha provocado mucho más daño a los menores que la legislación anterior a la que sustituyó. Nunca antes un menor víctima de otro menor había quedado tan desamparado ante la Justicia.
Un nuevo y escalofriante caso de delincuencia infantil ha vuelto a sacudir España y a poner sobre el tapete de lo urgente la reforma de la Ley del Menor, un asunto pendiente al que nadie –ni a derechas, ni a izquierdas, ni en el centro reformista que dice abanderar el PP–, quiere hincar el diente. Unos porque realmente creen que, a pesar de ciertos sobresaltos que produce en la opinión pública de vez en cuando, es una Ley adecuada, la mejor posible para los menores. Otros porque siguen pidiendo perdón por ser quien son y tienen miedo a ser señalados por el sanedrín progresista.
El hecho es que, casi una década después de su entrada en vigor, la Ley del Menor ha provocado mucho más daño a los menores que la legislación anterior a la que sustituyó. Nunca antes un menor víctima de otro menor había quedado tan desamparado ante la Justicia que cuando se está mirando hacia otro lado, imponiendo levísimos castigos a los criminales con la coartada de que, de este modo, podrán reinsertarse mejor. El tiempo ha demostrado que no es así. La lenidad de las penas no ha servido para prevenir el delito entre adolescentes ni, en multitud de casos, para reinsertar a los delincuentes.
Esa del criminal de buen fondo, estropeado por la sociedad y que, por lo tanto, le debe una nueva oportunidad, es una fantasía que sólo cabe en las rousseaunianas mentes de la izquierda, pero que rara vez se verifica en el mundo real. Así, con leyes como la del menor, la víctima lo es por duplicado. Sufre en carne propia la agresión y luego padece el escarnio al que le somete la administración de Justicia otorgando todo tipo de privilegios al agresor, tal y como se ha visto a lo largo de los últimos años en los diferentes procesos acogidos a esta injusta, inmoral y contraproducente Ley.
Si, como se desprende de la investigación en curso, la chica detenida en Seseña es finalmente declarada responsable del asesinato de Cristina Martín, todo el aparato legal estará dirigido a protegerla de sus propios y deleznables actos. Porque, y esto es lo más indignante de esta Ley, la presunta homicida, que, plenamente consciente asesinó a Cristina y abandonó su cadáver en un descampado, es una irresponsable legal absoluta. A efectos jurídicos no ha cometido delito alguno y, con el más severo de los veredictos, sería internada en un reformatorio hasta que alcance la edad adulta. Entonces, la Ley del Menor le tendrá reservada una nueva y agradable sorpresa. Sus antecedentes serán borrados y podrá, si así lo desea, solicitar protección de las autoridades o pasear delante de la casa de la víctima. Esto, efectivamente, es una Ley, pero no de protección sino de indefensión del menor.
Pero el crimen de Seseña no debe ser motivo per se para reformar una Ley. No se debe bajo ningún concepto legislar en caliente mirando hacia donde indica la veleta de la opinión pública, que es lo que los políticos suelen hacer para salvar la cara. Sobran los motivos para una reforma integral de la Ley del Menor, el primero y más importante es que supone un insulto a la idea de Justicia, un armatoste ideológico que ha conseguido lo contrario de lo que se proponían sus autores, y de ahí se derivan sus funestas consecuencias.
Esa del criminal de buen fondo, estropeado por la sociedad y que, por lo tanto, le debe una nueva oportunidad, es una fantasía que sólo cabe en las rousseaunianas mentes de la izquierda, pero que rara vez se verifica en el mundo real. Así, con leyes como la del menor, la víctima lo es por duplicado. Sufre en carne propia la agresión y luego padece el escarnio al que le somete la administración de Justicia otorgando todo tipo de privilegios al agresor, tal y como se ha visto a lo largo de los últimos años en los diferentes procesos acogidos a esta injusta, inmoral y contraproducente Ley.
Si, como se desprende de la investigación en curso, la chica detenida en Seseña es finalmente declarada responsable del asesinato de Cristina Martín, todo el aparato legal estará dirigido a protegerla de sus propios y deleznables actos. Porque, y esto es lo más indignante de esta Ley, la presunta homicida, que, plenamente consciente asesinó a Cristina y abandonó su cadáver en un descampado, es una irresponsable legal absoluta. A efectos jurídicos no ha cometido delito alguno y, con el más severo de los veredictos, sería internada en un reformatorio hasta que alcance la edad adulta. Entonces, la Ley del Menor le tendrá reservada una nueva y agradable sorpresa. Sus antecedentes serán borrados y podrá, si así lo desea, solicitar protección de las autoridades o pasear delante de la casa de la víctima. Esto, efectivamente, es una Ley, pero no de protección sino de indefensión del menor.
Pero el crimen de Seseña no debe ser motivo per se para reformar una Ley. No se debe bajo ningún concepto legislar en caliente mirando hacia donde indica la veleta de la opinión pública, que es lo que los políticos suelen hacer para salvar la cara. Sobran los motivos para una reforma integral de la Ley del Menor, el primero y más importante es que supone un insulto a la idea de Justicia, un armatoste ideológico que ha conseguido lo contrario de lo que se proponían sus autores, y de ahí se derivan sus funestas consecuencias.
ABC - Editorial
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