«EN consecuencia, todas las infracciones penales que se denuncian se incluyen sin excepción bajo la cobertura de la Ley de Amnistía». Esta afirmación, referida a los hechos que pretendió investigar el juez Garzón en la causa «contra el franquismo», no es de ningún querellante de ultraderecha ni de un fantasma resucitado del anterior régimen. Es la rotunda declaración que incluyó el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el recurso de 20 de octubre de 2008 contra el auto por el que Garzón se atribuyó la investigación de los desaparecidos del franquismo.
Ahora el fiscal no acusa a Garzón de prevaricar, pero otras afirmaciones contenidas en ese recurso podían haber sustentado perfectamente tal acusación. En todo caso, sirven para poner de manifiesto que Garzón ha pasado a una reacción desesperada con su recurso contra el auto de imputación dictado por el juez Luciano Varela. Junto a argumentos de notoria calidad jurídica, el recurso incluye manifestaciones que deslizan la estrategia de Garzón hacia una convergencia con el movimiento partidista de apoyo a su persona. Sólo así se entiende que reclame el archivo de su causa por las «espurias motivaciones» de los querellantes, como si para Garzón la acción popular fuera un privilegio que debe reconocerse sólo a los querellantes con «buenas intenciones». Lo mismo sucede cuando defiende la peregrina idea de que se puede investigar un hecho aunque esté amnistiado, olvidando que las amnistías, como la de 1977, se dictan, precisamente, para no abrir causas penales por esos hechos o archivar las que estén tramitándose. Pero el colmo de la soberbia lo alcanza cuando se atreve a relacionar su futuro procesal con la desprotección «a las víctimas de los crímenes franquistas, condenándolos a no saber nunca qué pasó de sus padres y hermanos». No cabe mayor falsedad, porque fue Garzón el que se apartó de este sumario antes de que se lo ordenara la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y porque, en este momento, hay causas abiertas en diversos juzgados de instrucción por las desapariciones del franquismo. Es vergonzoso este nivel de victimismo y mesianismo con el que se presenta Garzón al apropiarse de la justicia que legítimamente reclaman las víctimas. Bien decía el fiscal en el citado recurso de 20 de octubre de 2008 que «es intrínsecamente injusto sostener que la protección de los derechos de las víctimas depende exclusivamente de que el órgano judicial «a quo» -es decir, Garzón- «pueda seguir adelante con la investigación penal».
ABC - Opinión
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