LA campaña falsamente «progresista» en favor del juez Garzón alcanza ya límites inaceptables porque pone en cuestión las reglas básicas del Estado de Derecho.
Es intolerable que se descalifique a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo sin tener en cuenta que la independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales para la convivencia democrática. No es cierto que la extrema derecha «persiga» al magistrado en venganza por su pretensión de investigar la época franquista. Lo único que ocurre es que Garzón, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a las leyes y el Alto Tribunal le imputa la eventual comisión de un delito de prevaricación. Por ello, los encierros, los manifiestos e incluso las concentraciones -ciertamente poco concurridas- a favor del juez tergiversan la realidad de los hechos al servicio de un radicalismo político que descalifica a sus promotores. Es la consecuencia natural de la desafortunada ley de la Memoria Histórica promovida por Rodríguez Zapatero, siempre dispuesto a buscar ventajas partidistas aunque sea a costa del éxito colectivo que supuso la Transición democrática. Una sociedad que mira al futuro no puede dedicar su tiempo y su esfuerzo a la apertura de fosas o a la revisión de acontecimientos pretéritos que deben quedar en manos de los historiadores.
Ahora resulta que los sindicatos afines al Gobierno se apuntan a esta operación de propaganda y anuncian movilizaciones para apoyar a Garzón. Es difícil aceptar que la función de los sindicatos en una sociedad desarrollada se extienda a un ámbito tan alejado de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, sobre todo en plena crisis económica y con una cifra de parados que sigue creciendo de forma imparable. UGT y CC.OO. no se han movilizado contra la política económica del Ejecutivo, salvo algunas manifestaciones recientes convocadas para cubrir las apariencias. Sin embargo, ahora se ocupan de las peripecias procesales del «juez estrella» y se apuntan a una operación partidista que en nada beneficia a sus afiliados, pero que causa un grave daño a las instituciones del Estado de Derecho.
ABC - Editorial
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