EL Consejo de Ministros aprobó ayer la presentación de una serie de reformas que cerrarán las últimas grietas que aún permiten a las formaciones y candidaturas proetarras conservar poder municipal, aun después de ser ilegalizadas.
ABC se congratula de esta iniciativa del Gobierno, porque coincide con la que editorialmente ha venido defendiendo desde 2008, cuando en estas páginas -por ejemplo, «ANV, ilegalización justa y tardía» (17-9-2008)- quedó escrito que «sería oportuno estudiar una reforma que contemplara la inhabilitación de los concejales de la formación ilegalizada que se negaran a realizar una declaración pública y expresa de repudio de la violencia, porque quien es elegido con las siglas de un testaferro de ETA no se rehabilita democráticamente sólo por quedarse sin partido o sin una parte de los fondos de su grupo municipal». La lucha contra ETA no debe dejar cabos sueltos, como ha sucedido con las ilegalizaciones decididas al amparo de la ley de Partidos Políticos -una norma que ha sido y será un ejemplo de determinación política y rigor constitucional-, que no alcanzaba a la privación del acta de concejal o parlamentario a quienes estaban incluidos en una lista anulada. La medida que ahora propone el Gobierno es coherente con la gravedad del terrorismo, se encuentra legitimada por la defensa que todo Estado debe realizar del orden constitucional y está basada en los valores superiores de la democracia y la convivencia.
Ahora bien, no basta con cambiar las leyes para que éstas surtan efecto. Es necesario, además, el compromiso político del Gobierno de llevar ante los tribunales de Justicia a todo colaborador de ETA, aunque aparezca en una lista electoral. Durante la negociación con la banda terrorista, la Fiscalía promovió una aplicación «selectiva» de la Ley de Partidos, mutilando sus efectos y dejando que buena parte de las listas de Acción Nacionalista Vasca accedieran a los ayuntamientos vascos y navarros. Nunca hubo falta de pruebas o insuficiencia de la ley. Se prefirió negociar con los terroristas. Las cosas han cambiado sustancialmente -al menos, no hay indicios de lo contrario- y la unidad política del PP y el Gobierno para acabar con ETA debe continuar asentada en la cooperación y la lealtad recíproca. La definitiva expulsión de ETA de los ayuntamientos vascos cerrará el ciclo de regeneración política de las instituciones regionales y facilitará la deslegitimación de los terroristas, complemento imprescindible de la lucha policial. Otra negociación clandestina con ETA sería traicionar la memoria de las víctimas.
ABC - Editorial
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