La buenista idea zapateril de que basta con desarmar nuestros ejércitos y nuestras convicciones para convivir pacíficamente con los delincuentes –incluso con aquellos que pretenden exterminarnos– resulta a todas luces absurda y alejada de la realidad.
Gobernar va más allá de tratar de solucionar todo problema a golpe de chequera, especialmente si esa chequera la integra el dinero público que, pese a los rumores ministeriales, sí es de alguien y si semejante solución da origen a nuevos y mayores problemas.
Ha sucedido con el desempleo y la crisis y, salvando las distancias, vuelve a suceder con los conflictos exteriores a los que se enfrenta el Ejecutivo. Ya advertimos en su momento que la manera de hacer frente a los criminales de todo pelaje –guerrillas, terroristas o piratas– no puede pasar por ceder ante sus pretensiones, sino por hacerles frente. El pago del rescate puede ser un instrumento dentro de una política más amplia para combatir el crimen, pero nunca el final del trayecto.
Ha sucedido con el desempleo y la crisis y, salvando las distancias, vuelve a suceder con los conflictos exteriores a los que se enfrenta el Ejecutivo. Ya advertimos en su momento que la manera de hacer frente a los criminales de todo pelaje –guerrillas, terroristas o piratas– no puede pasar por ceder ante sus pretensiones, sino por hacerles frente. El pago del rescate puede ser un instrumento dentro de una política más amplia para combatir el crimen, pero nunca el final del trayecto.
No se trata sólo de una cuestión moral por la que no se deba premiar a los criminales, sino de un simple problema de incentivos. Si premiamos a cualquier delincuente que en el extranjero secuestre a un ciudadano español, el resultado que obtendremos serán más secuestros.
Primero vino el Playa de Bakio, posteriormente el Alakrana y un poco más tarde los tres cooperantes en Mauritania. En todos los casos, los secuestradores –piratas en un caso, terroristas de Al Qaeda en otro– han obtenido varios millones de euros sin apenas resistencia por parte de las autoridades españolas. Con independencia de que nos felicitemos de que el cautiverio de todos estos ciudadanos españoles haya concluido de una u otra forma, lo cierto es que la buenista idea zapateril de que basta con desarmar nuestros ejércitos y nuestras convicciones para convivir pacíficamente con los delincuentes –incluso con aquellos cuyo primer objetivo no es vivir a costa nuestra, sino directamente exterminarnos– resulta a todas luces absurda y alejada de la naturaleza de los seres humanos.
Por algo y para algo existen ejércitos y cuerpos policiales: porque hay que tratar de proteger al ciudadano honrado y castigar a quien viola los derechos ajenos. En nuestro caso, sin embargo, la protección que brinda el Gobierno a los ciudadanos pasa por pedir perdón y por sobornar a los criminales.
Pero por esta vía sólo se está resolviendo un problema muy inmediato –el secuestro de unos ciudadanos– para generar un problema futuro mucho mayor: convertir a todo español en un blanco muy jugoso dentro de aquellos territorios en los que el Estado de derecho se halle debilitado.
La experiencia parece estar del lado de los secuestradores: en tres casos de tres el Gobierno de Zapatero ha terminado pagando. Pero parece evidente que en algún momento el Ejecutivo tendrá que poner fin a esta política de cesión permanente, pues en otro caso convertirá al secuestro de españoles en una de las profesiones más rentables del planeta.
Convendría, sin embargo, que ese replanteamiento de la estrategia de Defensa no se demorara mucho, pues mientras tanto la Hacienda española está contribuyendo a financiar las actividades de grupos terroristas como Al Qaeda y a colocar a todos los españoles en una situación de riesgo. Mucho nos habríamos ahorrado si desde un principio no hubiésemos pensado que ceder, sonreír y pagar es la solución a todos los problemas.
Primero vino el Playa de Bakio, posteriormente el Alakrana y un poco más tarde los tres cooperantes en Mauritania. En todos los casos, los secuestradores –piratas en un caso, terroristas de Al Qaeda en otro– han obtenido varios millones de euros sin apenas resistencia por parte de las autoridades españolas. Con independencia de que nos felicitemos de que el cautiverio de todos estos ciudadanos españoles haya concluido de una u otra forma, lo cierto es que la buenista idea zapateril de que basta con desarmar nuestros ejércitos y nuestras convicciones para convivir pacíficamente con los delincuentes –incluso con aquellos cuyo primer objetivo no es vivir a costa nuestra, sino directamente exterminarnos– resulta a todas luces absurda y alejada de la naturaleza de los seres humanos.
Por algo y para algo existen ejércitos y cuerpos policiales: porque hay que tratar de proteger al ciudadano honrado y castigar a quien viola los derechos ajenos. En nuestro caso, sin embargo, la protección que brinda el Gobierno a los ciudadanos pasa por pedir perdón y por sobornar a los criminales.
Pero por esta vía sólo se está resolviendo un problema muy inmediato –el secuestro de unos ciudadanos– para generar un problema futuro mucho mayor: convertir a todo español en un blanco muy jugoso dentro de aquellos territorios en los que el Estado de derecho se halle debilitado.
La experiencia parece estar del lado de los secuestradores: en tres casos de tres el Gobierno de Zapatero ha terminado pagando. Pero parece evidente que en algún momento el Ejecutivo tendrá que poner fin a esta política de cesión permanente, pues en otro caso convertirá al secuestro de españoles en una de las profesiones más rentables del planeta.
Convendría, sin embargo, que ese replanteamiento de la estrategia de Defensa no se demorara mucho, pues mientras tanto la Hacienda española está contribuyendo a financiar las actividades de grupos terroristas como Al Qaeda y a colocar a todos los españoles en una situación de riesgo. Mucho nos habríamos ahorrado si desde un principio no hubiésemos pensado que ceder, sonreír y pagar es la solución a todos los problemas.
Libertad Digital - Editorial
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