EL etarra Pedro María Olano sólo era conocido por haber amenazado de muerte a la brava alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, delito por el que fue condenado. Olano era, hasta ahora, otro matón más de la red social proetarra, integrada por esas cuadrillas de chivatos, colaboradores, correos y palmeros que tan eficazmente han contribuido con la estrategia de ETA de «socializar el miedo». Desde luego lo consiguieron. El descubrimiento de que Olano fue pieza clave de los tres atentados frustrados con misil contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha confirmado que ETA siempre está detrás de cualquier forma e intensidad de violencia en el País Vasco contra los no nacionalistas y que todo batasuno encierra, en potencia, a un terrorista dispuesto a pasar de la algarada callejera al misil SAM-7, como hizo Olano. Afortunadamente, ETA falló en su triple intento de asesinar a Aznar y a sus acompañantes durante la campaña electoral de 2001. Cuatro intentos, en total, sumando el de 1995, de acabar con la vida de quien ETA siempre ha considerado su bestia negra, aun antes de que fuera presidente de Gobierno. Por eso no fue oportuno ayer Felipe González al afirmar -en relación con la causa contra Ibarretxe y López por sus conversaciones con Batasuna, cerrada ya por Supremo- que él, Aznar y Zapatero ordenaron hablar con ETA. Tampoco dijo toda la verdad, porque tanto él como Zapatero hicieron con ETA mucho más que «hablar» y porque Aznar creó los instrumentos legales que ahora están derrotando a ETA.
Mejor que reescribir la propia historia es asegurarse de que en el futuro no se cometan los errores del pasado. Las andanzas de Olano, bajo apariencia de «borroka» bravucón, son fruto en buena medida de no haber aplicado la ley siempre con rigor, y aunque ahora los resultados policiales de la lucha contra ETA son excelentes, el Gobierno sigue instalado en la pasividad legislativa. Y hay cosas que mejorar en la lucha contra ETA, como los flecos de las ilegalizaciones de partidos y candidaturas. La trama etarra de ANV aún tiene ayuntamientos bajo su control: o se disuelven estos consistorios o se expulsa a los electos de la lista ilegalizada, pero no se pueden dejar las cosas como están. No habrá reforma como esta que cuente con mayor respaldo social y parlamentario, con suficiente base constitucional -la defensa de la sociedad democrática- y con mejores credenciales de eficacia para acabar con ETA.
ABC - Editorial
0 comentarios:
Publicar un comentario