EN el marco del Día de la Constitución, Rodríguez Zapatero declaró ayer que descarta a corto plazo una reforma de la Norma Fundamental. Una vez más, el presidente del Gobierno mezcla sin pudor alguno la política institucional con el partidismo. No hace falta acudir a la memoria «histórica» para recordar que fue él mismo quien abrió de forma innecesaria e irresponsable durante la pasada legislatura un debate que, a causa del Estatuto catalán y la sentencia pendiente del TC, continúa pasando factura a la España constitucional. Sabiendo que era imposible alcanzar la mayoría cualificada para una reforma formal, Rodríguez Zapatero se lanzó por la pendiente de impulsar estatutos manifiestamente incompatibles con la forma de organización territorial del Estado. El resultado ha sido un intento de degradar la Constitución como norma jurídica y como expresión política de la concordia que inspiró la Transición democrática. Bajo la cobertura de ciertas reformas puntuales, pretendía ocultar el verdadero propósito: una mutación del modelo autonómico hacia fórmulas federalizantes o incluso confederales, reconociendo un poder originario a determinadas comunidades autónomas que resulta incompatible con la soberanía nacional única que reside en el pueblo español.
En sintonía con la gran mayoría social, Su Majestad el Rey reclama una y otra vez respeto y aplicación efectiva de los valores que inspiran ese texto que los españoles aprobamos en referéndum hace ahora 31 años. Sin embargo, algunos políticos oportunistas juegan la carta de la reforma a su propia conveniencia y en función de intereses coyunturales. Es evidente que no hay un consenso suficiente para modificar la Norma Fundamental. También lo es que una vez abierta la puerta a un soberanismo más o menos explícito, los únicos beneficiarios son los nacionalistas y aquellos que están dispuestos a conseguir votos «como sea» al margen del interés general de España. La Constitución sigue viva y activa, y lo que procede es cumplirla y hacerla cumplir sin ambigüedades ni maniobras de partido. Mientras en el País Vasco funciona razonablemente bien el pacto entre socialistas y populares, los objetivos de Rodríguez Zapatero en Cataluña y otras zonas de España le llevan a permitir, por cálculos puramente electoralistas, que la Constitución sea cuestionada por normas de rango inferior y por comportamientos inaceptables. Ninguna hipotética reforma de la Carta Magna debería estar enfocada a satisfacer las exigencias y veleidades de minoritarios partidos nacionalistas e independentistas.
ABC - Editorial
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