Los principios se rinden a los intereses. Sin perjuicio de que finalmente España logre que Marruecos le devuelva el pasaporte a Aminatou Haidar, y ésta lo acepte, estamos ante un síntoma más del cinismo que preside el funcionamiento de las relaciones internacionales. Incluida la política exterior española. Nuestro país es un actor más de un mapa de intereses. Qué remedio. Si ahora mismo Zapatero y Moratinos decidiesen aparcar los intereses en nombre de los grandes valores teóricamente vigentes en el llamado mundo civilizado, España se convertiría en un verso suelto de la política internacional.
Apuntarse a la causa de Haidar (legalidad, moralidad, derechos humanos) es enfrentarse a Marruecos. Denunciar la dictadura cubana es poner en riesgo las inversiones españolas. Dar un paso atrás en el negocio de la exportación de armas sería renunciar a muchos puestos de trabajo ¿Cómo entender que España impugnase la independencia de Kosovo mientras dejaba sus tropas para la consolidación del Estado kosovar? ¿Cómo seguir mirando hacia otro lado ante la reiterada insumisión de Marruecos respecto a las resoluciones de la ONU sobre el derecho de de autodeterminación en el Sahara?
Por eso digo que una política exterior inspirada en los principios (libertad de pensamiento, derechos humanos, democracia, pluralismo, igualdad, legalidad, etc.) sería descolgarse del concierto internacional. También sirve para España. Empezando por su actitud en el caso de Aminatou Haidar, la activista saharaui en huelga de hambre por un retorno no vergonzante a El Aaiun. España le ofrece un pasaporte español para que pueda moverse en libertad, pero no hace nada que pueda incomodar a Marruecos en el contencioso del Sáhara. Zapatero no molesta a Mohamed VI en el asunto más sensible de su política interior y, a cambio, éste se olvida de Ceuta y Melilla, permite el desembarco de empresas españoles, nos permite pescar en sus aguas territoriales y no nos manda pateras.
En esa actitud se proyectan los condicionamientos de nuestra política de buena vecindad, sintonizada a su vez con la actitud de las potencias occidentales (EEUU y Francia, básicamente), que han decidido seguir esperando hasta que los saharauis se rindan por agotamiento a las tesis marroquíes. Les basta dejar que el dossier siga durmiendo en la capeta de “conflictos de baja intensidad”. Pero lo de España es otra cosa, por su especial vinculación con este territorio “pendiente de descolonización”, según el dictamen de las Naciones Unidas, nunca aceptado por Marruecos.
Son precisamente nuestros lazos históricos con el Sáhara Occidental, que llegó a ser una provincia española, los que nos imponen una mayor implicación en un conflicto que ya dura 34 años. Es el tiempo transcurrido desde que la presión de la famosa “marcha verde” marroquí sobre el territorio provocó el mal menor del resignado abandono del Ejército español.
Episodios como el de esta activista que, como la gran mayoría de saharauis, quieren seguir siendo saharauis y no marroquíes, nos recuerdan la mayor. La mayor no puede negarse: la posición española es pro-marroquí sin que lo parezca en el discurso oficial. Por eso éste suena tibio, equívoco, escurridizo. Pragmático, según diría un diplomático. Es decir, dictado por nuestra política de buena vecindad con Marruecos, que además responde al patrón vigente: llevarse bien con el fuerte y dejar tirado al débil. El débil es el Frente Polisario, la organización que mantiene viva la aspiración independentista del Sáhara Occidental y aporta la cohesión necesaria para que 200.000 saharauis sigan soportando las durísimas condiciones de vida en los campamentos del desierto, donde España ejerce la caridad, menos mal, hoy llamada “cooperación”.
Por eso digo que una política exterior inspirada en los principios (libertad de pensamiento, derechos humanos, democracia, pluralismo, igualdad, legalidad, etc.) sería descolgarse del concierto internacional. También sirve para España. Empezando por su actitud en el caso de Aminatou Haidar, la activista saharaui en huelga de hambre por un retorno no vergonzante a El Aaiun. España le ofrece un pasaporte español para que pueda moverse en libertad, pero no hace nada que pueda incomodar a Marruecos en el contencioso del Sáhara. Zapatero no molesta a Mohamed VI en el asunto más sensible de su política interior y, a cambio, éste se olvida de Ceuta y Melilla, permite el desembarco de empresas españoles, nos permite pescar en sus aguas territoriales y no nos manda pateras.
En esa actitud se proyectan los condicionamientos de nuestra política de buena vecindad, sintonizada a su vez con la actitud de las potencias occidentales (EEUU y Francia, básicamente), que han decidido seguir esperando hasta que los saharauis se rindan por agotamiento a las tesis marroquíes. Les basta dejar que el dossier siga durmiendo en la capeta de “conflictos de baja intensidad”. Pero lo de España es otra cosa, por su especial vinculación con este territorio “pendiente de descolonización”, según el dictamen de las Naciones Unidas, nunca aceptado por Marruecos.
Son precisamente nuestros lazos históricos con el Sáhara Occidental, que llegó a ser una provincia española, los que nos imponen una mayor implicación en un conflicto que ya dura 34 años. Es el tiempo transcurrido desde que la presión de la famosa “marcha verde” marroquí sobre el territorio provocó el mal menor del resignado abandono del Ejército español.
Episodios como el de esta activista que, como la gran mayoría de saharauis, quieren seguir siendo saharauis y no marroquíes, nos recuerdan la mayor. La mayor no puede negarse: la posición española es pro-marroquí sin que lo parezca en el discurso oficial. Por eso éste suena tibio, equívoco, escurridizo. Pragmático, según diría un diplomático. Es decir, dictado por nuestra política de buena vecindad con Marruecos, que además responde al patrón vigente: llevarse bien con el fuerte y dejar tirado al débil. El débil es el Frente Polisario, la organización que mantiene viva la aspiración independentista del Sáhara Occidental y aporta la cohesión necesaria para que 200.000 saharauis sigan soportando las durísimas condiciones de vida en los campamentos del desierto, donde España ejerce la caridad, menos mal, hoy llamada “cooperación”.
El confidencial
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