Esta supuesta "solución" pasa por dar apariencia de legalidad a lo que no la tiene y, para colmo, consiste en expulsar ahora a unos piratas que están en España porque la Fiscalía, el abogado del Estado y el juez Garzón se empeñaron en ello.El desconcierto y la inoperancia que está mostrando el Gobierno ante el secuestro del pesquero Alakrana está alcanzando cotas difícilmente superables. Para empezar, la vicepresidenta Fernández de la Vega ha reconocido este martes que el Ejecutivo todavía busca la "formula más adecuada" para liberar a los marineros, horas después de que el presidente del Gobierno asegurara que la situación ya estaba "encauzada". Así mismo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido que nuestro ordenamiento jurídico no permite pagar rescates en un secuestro, al tiempo que constataba "excepciones según las circunstancias". A este respecto, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos se ha limitado a decir que el nuevo embajador británico en Madrid "acaba de llegar" como único y displicente comentario a las declaraciones en las que este afirmaba que la política británica ante los secuestros de sus ciudadanos es "no ceder" a las exigencias de los raptores porque hacer concesiones puede animarles a cometer nuevos secuestros.
Por otra parte, Francisco Javier Díaz Aparicio, el letrado que ha sustituido al abogado de oficio de uno de los piratas encarcelados en España, ha insinuado la posibilidad de que pudiera estar cobrando de los Fondos Reservados. Aunque este extremo ha sido desmentido posteriormente por el ministro Moratinos, lo cierto es que Díaz Aparicio no ha querido decir ni quien lo ha contratado ni desmentir que le estuviera pagando el Gobierno.
La "solución jurídica" del caso a la que sí ha apuntado este abogado, al parecer con el visto bueno de la Fiscalía, no dejaría de ser también absolutamente desconcertante. Se trataría de que abogado y fiscal acordasen que los detenidos se declarasen culpables de un delito que esté castigado con menos de seis años de cárcel y, tras un juicio rápido, fuesen expulsados de España en aplicación de la Ley de Extranjería.
Aunque el artículo 57.7 de esta ley abre, efectivamente, esa posibilidad para las penas menores de seis años, es harto dudoso que los detenidos, aun declarándose "cómplices" y no "autores" del secuestro, pudiesen ser castigados a una pena tan baja afectando el secuestro a tantas personas. En cualquier caso, no deja de ser vergonzoso que la supuesta "solución" pase por dar apariencia de legalidad a algo que no la tiene y que, sobre todo, consista en expulsar ahora a unos piratas que están en España porque la Fiscalía, el abogado del Estado y el juez Garzón se empeñaron en trasladarlos a nuestro país.
Si desde el primer momento el secuestro del pesquero español hubiera sido tratado como acción bélica y los detenidos como prisioneros de guerra, nada hubiera impedido ni la respuesta militar que desincentive los nuevos secuestros ni la salida negociada que, maquillen como la maquillen, no admite la escrupulosa y fiel aplicación del Estado de Derecho. Y es que, salvo que la expulsión a Somalia de los piratas encarcelados en España (por cuya labor no están las propias autoridades somalíes) sea en realidad la devolución de los piratas a sus compinches con dinero bajo el brazo, está por ver además que esta "solución" de tan dudosa legalidad vaya a satisfacer a los secuestradores.
Por otra parte, también hay que reconocer que lo que empieza mal difícilmente puede terminar de otra manera. La inoperancia del Gobierno ha sido de tal calibre que ahora la "solución" en términos jurídicos no va a poder ser más que una monumental chapuza. Esperemos que al menos cumpla su objetivo de traer sanos y salvos a nuestros compatriotas, sin olvidarnos –una vez logrado esto– de empezar a parecernos un poco más a los ingleses.
Libertad Digital - Editorial
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