Uno. El PP denuncia el uso ilegal o abusivo que, según su portavoz nacional, González Pons, estaría haciendo el Gobierno Zapatero de los medios técnicos disponibles en el control de las comunicaciones. Ha precisado más. Señala sin disimulo al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, como el instigador de un modelo de “sociedad vigilada”. Algún otro dirigente y medios próximos al PP prefieren hablar de “Estado policial”, como consecuencia del mal uso de la tecnología S.I.T.E.L (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones), contratada con una empresa nórdica de telecomunicaciones por el Gobierno Aznar en su segunda Legislatura, pero sin tiempo de aplicarla por la derrota electoral de 2004.Dos. Rubalcaba responde que nada de Estado policial. Judicial, en todo caso, si se trata de investigar, perseguir, detener y juzgar a los delincuentes. Terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, básicamente. Generales de la ley. El ministro asegura que la intervención de las comunicaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado sólo se practica con autorización judicial. Precisa que el material intervenido no interesado por el objeto de la investigación policial, tal y como viene descrito en la autorización del juez, se destruye.
Y tres. En medios judiciales, casi de forma unívoca, y como no podía ser de otro modo, se emplaza a denunciar ante los tribunales cualquier supuesto de intervención ilegal de las comunicaciones. Incluso ante el Tribunal Constitucional, si se presume la inconstitucionalidad de SITEL. Por si la propia herramienta, al margen del uso policial que se haga de la misma, estuviese reñida con derechos fundamentales. En este caso, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, están especialmente protegidos en la Constitución y leyes orgánicas que los desarrollan.
"Nuestro espacio es la política"
Hasta aquí, los términos objetivos de la polémica desencadenada por el PP. El subsiguiente comentario descansa sobre la duda: ¿Hay razones para temer que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, esté interviniendo la navegación por internet o las conversaciones telefónicas de determinados ciudadanos sin la correspondiente autorización de un juez? Cuando se trata del poder, se agranda la tentación y escasea la virtud. Así que, a estas alturas de la película, mejor no arriesgar en la apuesta. Pero sí conviene apuntar algunas consideraciones.
Si el partido de Rajoy tiene sospechas fundadas sobre el uso indebido de esta herramienta policial debería ser más explícito. Incluso sin acudir a los tribunales porque, como ayer nos decía González Pons en la tele, “nuestro espacio es la política”. En ese terreno, pocas batallas merecen tanto la pena como la defensa de los derechos fundamentales. De modo que es oportuna y perfectamente legítima su reclamación de que se garantice el respeto a esos derechos en una ley orgánica específica, amén de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Control Judicial Previo, que se limitan a regular el mecanismo de la autorización judicial previa.
Si además el PP dispone de pruebas para demostrar que se ha violado el secreto de las comunicaciones o la intimidad de un ciudadano, tiene la obligación de denunciarlo ante los tribunales. Si no, se arriesga a que los ciudadanos tomen la ambigüedad de sus acusaciones como una ligereza impropia de un partido que ha gobernado y que, antes o después, volverá a gobernar, como le recordaron ayer los representantes de las asociaciones judiciales. También ha topado con la acusación de “malsana frivolidad”, que ayer le asignó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled.
El confidencial
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