Agresión al castellano en Cataluña

CUANDO un presidente del Gobierno jura o promete guardar y hacer guardar la Constitución no se trata de una fórmula ritual sino de un compromiso político y jurídico que está por encima del oportunismo y las conveniencias coyunturales. De ahí que sea inaceptable la actitud de Rodríguez Zapatero ante la Ley de Educación aprobada por el Parlamento catalán con el voto favorable de socialistas y nacionalistas. La vulneración de los derechos de los ciudadanos y el desconocimiento del castellano como lengua común a todos los españoles no puede ser analizada desde una perspectiva partidista. El presidente incumple sus obligaciones cuando mira para otro lado en un asunto tan grave porque prefiere mantener una supuesta «paz social» y criticar el «empeño» en hacer batalla política del bilingüismo. Es notorio que el PSOE tiene serias dificultades para sacar adelante la financiación autonómica y que no puede arriesgarse ahora a una rebelión de los diputados del PSC, al tiempo que le interesa mantener abiertos los cauces para un acuerdo con CiU en el Congreso. Sin embargo, el interés particular de un partido político en apuros para completar mayorías parlamentarias nunca puede justificar la pasividad del Ejecutivo y la permisividad del presidente, puesto que la propia Constitución exige que el Gobierno garantice la igualdad de derechos y deberes de los españoles en todas las partes del territorio nacional.

Mientras el TC se eterniza en las deliberaciones sobre el estatuto catalán, la realidad de los hechos desborda ya los posibles efectos de la sentencia. En este contexto, el PSOE prefiere no echar leña al fuego y deja hacer a los partidos catalanes porque necesita votos para una supervivencia política cada vez más complicada. Lo peor de todo es la insistencia en negar la realidad, haciendo creer que en Cataluña existe una «convivencia pacífica» de las dos lenguas y dando por buenas las garantías verbales del consejero de Educación Ernest Maragall. La ley recién aprobada establece, en efecto, que los estudiantes deberán dominar ambas lenguas al llegar a los doce años, pero las buenas palabras no se corresponden con los hechos ya que se elimina sin más la obligatoriedad de la tercera hora de castellano. Ello supone una discriminación para sectores muy amplios de la población y una invasión de las competencias del Estado, profundizando así en la fórmula confederal que altera el modelo territorial sin modificar la letra de la Constitución. Por eso los promotores de la norma hablan de «la ley más importante de la legislatura», hasta el punto de que la búsqueda de acuerdos con CiU ha sido prioritaria sobre las desavenencias internas del tripartito.

Desde la pasada legislatura, la falta de criterio en materia de organización territorial del Estado pasa factura a todos los españoles. No es aceptable que un gobernante ponga en primer plano sus intereses oportunistas cuando están en juego competencias estatales y principios básicos para vertebrar la convivencia en todo el territorio nacional. El castellano es una lengua de dimensión universal, en plena expansión internacional cuya convivencia natural con el catalán responde a la realidad histórica y sociológica. Es muy grave que en una materia tan relevante el Gobierno de España haga dejación de su responsabilidad por razones oportunistas.

ABC - Editorial