miércoles, 18 de junio de 2008

Exclusiva: Pepiño Blanco, vecino de un complejo residencial ilegal

Con el caso de corrupción protagonizado por el alcalde socialista de Estepona de fondo, el equipo de investigación de Intereconomía ha destapado otro escándalo. La noticia lleva hasta la isla de Arosa, en la provincia de Pontevedra, donde se construye a menos de los 100 metros del mar que exige la ley de Costas un complejo residencial al que los vecinos llaman ya “Villa PSOE”.Uno de los propietarios es el secretario de organización del partido, Pepiño Blanco, que disfrutará allí de sus vacaciones, cuando concluyan las obras.

El alcalde socialista del municipio defiende la tesis de que las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. Lo que no se sostiene es que pesen varias órdenes de derribo sobre algunos edificios de los alrededores de Villa PSOE ubicados a más distancia de la orilla…

¿No debería dar explicaciones de inmediato José Blanco?



La Nación

«Aquí no hay colegios en castellano»

Una asociación denuncia la imposibilidad de encontrar en Baleares escuelas públicas en español. Los niños son educados en catalán desde educación infantil.

La Ley de normalización lingüística establece el derecho a que la primera educación que se reciba sea en la lengua materna.

Escolarizar en castellano a un niño de educación infantil es imposible por culpa de la realidad lingüística existente en las islas. Así los reflejaba ayer en rueda de prensa el Círculo Balear, una entidad dedicada a defender los derechos del castellano en Baleares. Para corroborar esta situación, se presentó un documento de audio que reproducía la conversación telefónica entre una madre y el personal de la oficina de escolarización de Palma.

Durante la charla, la madre solicitaba un colegio público donde pudiera escolarizar a su hija en castellano, a lo que le respondían que, según la ley de normalización lingüística, no es posible, dado que en los centros escolares la lengua vehicular es el catalán.
Estos aspectos contradicen lo establecido en el artículo 18 de esta ley, que afirma que se debe tener el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua materna, sea catalán o castellano y, además, detalla que los padres pueden instar a las autoridades competentes para hacerlo efectivo.
Al respecto, la oficina de escolarización respondía a la madre que en la mayoría de centros se lleva a cabo un programa de inmersión en catalán. Según Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, lo acontecido se debe una situación de catalanización totalitaria que inició el PP al aprobar en el año 1997 el decreto de mínimos en relación al uso del catalán.
Este decreto establece un mínimo del 50 por ciento de catalán en las aulas, pero no detalla el porcentaje máximo, por lo que puede ser del cien por cien, dependiendo de la junta rectora de cada centro. Por último, Campos calificó de «cobarde» el decreto de trilingüismo, afirmando que este se aplicó de forma voluntaria para no tener que derogar la medida de 1997.
Se prevé que de cara al próximo curso escolar el Círculo Balear solicite una entrevista con el Presidente Francesc Antich para solicitarle que derogue la normativa que vulnera los derechos lingüísticos de las islas. En caso de que esto no sea posible, la entidad se movilizará a través de una acción cívica con el apoyo de otras comunidades sometidas a situaciones similares.

La Razón

Transversalidades. Por Horacio Vázquez-Rial

LAS GUERRAS DE TODA LA VIDA

La noción de transversalidad es, en política, un poderoso factor de consolidación de regímenes en países que empiezan teniendo un cierto número de partidos y terminan en una forma solapada de partido único. Es lo que ha sucedido en la Argentina de Néstor Kirchner, donde es imposible, se vote la sigla que se vote, no votar alguna forma del peronismo oficialista. Y lo que corremos el riesgo de que suceda en España.

La transversalidad nace en el momento en que líderes de diverso nivel en los partidos mayoritarios empiezan a cabrearse con su propia organización política por uno u otro motivo. Alfonso Guerra, por la política de género del Gobierno, por ejemplo, después de haber defraudado la esperanza de todos de que votara en el Congreso en contra del estatuto catalán (recuerdo haber oído expresar esa esperanza a Alejo Vidal-Quadras en una conferencia en Barcelona, y recuerdo haberme encontrado en un restaurante de Madrid una semana antes de la correspondiente reunión parlamentaria a Salvador Clotas, que me aseguró que "ellos", es decir los guerristas, iban a votar en contra o a abstenerse). En sus críticas a la política de género, Guerra viene a coincidir con más gente del PP que del PSOE.

Repasemos algunos casos más: Rosa Díez, que acaba por separarse del PSOE por razones varias; pero la primera de las cuales, indiscutiblemente, es su posición ante el problema de la unidad de la nación española. Por el otro lado, y por el mismo motivo, se van del PP María San Gil y José Antonio Ortega Lara. Estas tres personas están más próximas entre sí de lo que correspondería atendiendo a sus diferencias en otros órdenes de lo ideológico. Si los pusiéramos a debatir sobre los límites de la ley del aborto acabarían a palos, pero a todos ellos les gustaría poder llevar a cabo ese debate después de haberse quitado de encima a Ibarreche, Carod y compañía, y los fantasmas del separatismo y del Estado federal asimétrico con que sueña Pascual Maragall.

Podríamos extendernos sobre más personalidades descontentas en los dos grandes partidos nacionales, desde Gustavo de Arístegui o Esperanza Aguirre, en el PP, hasta Joaquín Leguina, en el PSOE (que habla poco pero cuando habla, habla, y que prefirió el infarto a la sesión de aprobación del Estatut). Por ese lado tendríamos una extensa lista de cabreados, que son los que establecen la primera pauta de transversalidad y no se bastan para organizar un tercer partido (aunque esté claro que una convocatoria electoral a día de hoy haría perder votos a PP y PSOE y, más allá de la abstención, tendría como principal beneficiario a UPD). Ni el mejor diplomático del PSOE haría cambiar la línea de Gustavo de Arístegui ni lo atraparía en las redes de la alianza de civilizaciones, y yo diría que nadie del PP podría coincidir con un moratinista en su política sobre Oriente Medio. Y no hablemos de reunir a un economista cabreado del PSOE con otro del PP, porque cada uno lo está por razones opuestas.

La segunda pauta de la transversalidad se establece por oposición en los niveles dirigentes de los dos partidos: Rajoy y su más que probable sucesor, el señor alcalde de la Villa y Corte, están tan lejos de preocuparse por la unidad de la nación española, como el propio presidente de la sonrisa, y hasta es muy posible que el PP derive hacia la forma federal de organización, a fuerza de baronías. La transversalidad en las posturas de los cuadros medio-altos de las respectivas organizaciones da lugar a una asociación de hecho entre las dos direcciones. Y lo que sigue es puro régimen, puro PRI, puro Borbón entusiasmado, puros Albertos en la calle. Y una inmensa e incontrolable corrupción, protegida por la alternancia entre las dos mitades del partido único: de Zapatero a Gallardón y, el día menos pensado, por qué no, la materialización en Moncloa del espectro de Godoy, encarnado en un De la Rosa, un Colón de Carvajal o un Mario Conde cualesquiera.

Y si tienen una oposición, modesta y resuelta, con Rosa Díez y cuatro o cinco diputados más en un grupo de izquierdas, y con María San Gil y otros cuatro o cinco en un grupo de derechas, mejor que mejor, porque así nadie podrá negar que esto es una democracia. Y Fraga, eterno y magnífico, seguirá diciendo que él se parece a Obama, o a Casius Clay, o a quien se le ocurra.

Claro, esto lo escribo yo tres meses después de las elecciones, cuyos resultados dieron lugar a una derrota y a un inmenso regocijo en el alma de Mariano Rajoy, sonriente en el balcón de Génova 13. Era el paso que faltaba para componer este escenario de poder repartible, en multipropiedad, con una oposición ruidosa pero enclenque, y todas las garantías de continuidad. El próximo cordón sanitario se extenderá alrededor de UPD y de lo que surja a su derecha. Estoy convencido de que ha habido pactos previos al 9-M, le doy toda la razón a Jesús Cacho.

¿Y los nacionalistas? También han hablado con ellos, unos y otros, con el PNV y con CiU, con ETA y con ERC. Pero no olviden, caballeros, lo que Azaña aprendió tan duramente: los nacionalistas son insaciables. Y cuando el ejército se encuentre ideológicamente cautivo y de hecho desarmado (que es lo que todo el mundo parece desear, puesto que ni una sola voz oficial se ha alzado para discutir su papel de ONG con cooperantes extranjeros), nadie les parará los pies, de modo que el PRI tendrá que arreglárselas con lo que le quede de España.

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Francia también nos da lecciones en materia lingüística

La Academia de la lengua francesa pide que se retire el texto aprobado el pasado 22 de mayo por la Asamblea francesa sobre la reforma del artículo 1 de la Constitución, que enuncia que “Francia es una república indivisible, laica, democrática y social”. En dicha modificación se añade que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés”.

A continuación, en el artículo 2 de la carta magna donde se afirma que “la lengua de la República es la francesa”

Ante este hecho, la institución encargada de velar por el francés, ha subrayado en un comunicado que “nos parece que colocar la lenguas regionales antes que el francés en la Constitución es un desafío a la lógica y una negación a la república, una confusión del principio de nación y objeto de política”.

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar …

Y es que a la vista de las consecuencias que ha tenido en España el art. 3 de la constitución de 1978, que pese a decir que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, ha sido reinterpretado por un Tribunal Constitucional, siempre dispuesto a servir los designios políticos de turno, para dar por buena la inmersión lingüística y convertir lo que era un derecho para los hablantes de una lengua minoritaria, en una obligación y gravamen para los castellano-parlantes residentes en territorios con gobiernos nacionalistas, no es de extrañar que los académicos franceses alerten de las posibles consecuencias que puede traer la modificación constitucional.

No dudan que las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés y son muestra de “la riqueza de la nación francesa”, pero “las excelentes intenciones pueden expresar y derivar en otras, que no tiene lugar dentro de la constitución francesa”.

En Francia son lenguas regionales el vascuence, catalán, corso y bretón. Desde 1951, la enseñanza facultativa en estos idiomas está autorizada. Además, desde 1970 las lenguas regionales pueden ser utilizadas como opción en la selectividad francesa, pero lo que evidentemente no sucede es que se imponga a nadie en contra de su voluntad la enseñanza en estas lenguas en vez de en francés, tal y como sucede en España.

Pero es que en ningún territorio Europeo que haya suscrito de la Carta Europea de Lenguas Regionales –Francia no lo ha hecho- se da la circunstancia de España. La Carta Europea de Lenguas Regionales sirve para garantizar el derecho de los hablantes de una lengua regional minoritaria a recibir enseñanza en su lengua materna, pero lo que de ninguna manera contempla es impedir a los hablantes de la lengua mayoritaria recibir la enseñanza en su idioma nacional, ni siquiera obligándoles a aprender la lengua regional propia del territorio donde residen.

En España paradójicamente el Instituto Cervantes gasta dinero público en promocionar el español en el extranjero, cuando dentro de nuestras fronteras hay regiones en el que se le persigue y se le quiere hacer desaparecer, también a iniciativa pública.

minutodigital