Acoso oficial a los comerciantes de Sants por no rotular en catalán

La persecución lingüística en Cataluña continúa. En especial en el barrio de Sants de Barcelona, donde comercios históricos resisten los vaivenes de la crisis en un entorno cada vez más degradado. Las nuevas oleadas de inmigrantes buscan también su sitio y el clima de convivencia se enrarece por iniciativas como la de fomentar el control sobre el cumplimiento de la normativa lingüística que propone el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para la presente legislatura.

Según informa El Mundo, la ofensiva lingüística del Consistorio empieza a dar sus frutos: los comercios de Sants sufren estas últimas semanas un auténtico asedio y son denunciados si vulneran la normativa que establece que la señalización y los documentos con las características de los productos que se ofrecen estén redactados, «como mínimo», en catalán.

Los avisos de multa que preceden a la sanción indican en su encabezamiento que su origen es la denuncia de un ciudadano, pero los perjudicados se muestran escépticos y atribuyen lo sucedido a una campaña del Consistorio en toda regla. De hecho, en el pleno extraordinario del distrito de Sants-Montjuïc del pasado 22 de enero, el grupo municipal del PP denunciaba que se hubieran multado hasta esa fecha a 62 tiendas en Barcelona.

Asimismo, el líder popular, Alberto Fernández Díaz, criticaba entonces que el Ayuntamiento barcelonés se erigiera en «comisario lingüístico» de los comercios tras aprobarse la propuesta de incrementar el control en la aplicación de la normativa lingüística sobre locales de negocio.

Libertad Digital: La Generalidad inicia una nueva ofensiva contra los negocios que aún rotulan en castellano

La ofensiva nacionalista ha intensificado su acoso a los que aún se resisten a rotular sus negocios en castellano. Según informa El Mundo, la Generalidad ha mandado cartas a los comerciantes en les exigen que utilicen "al menos" el catalán. Por ello, tras advertirles de futuras sanciones les recordaron que "la lengua propia de Cataluña es el catalán".

La política de inmersión lingüística de la Generalidad ha intensificado su acoso contra los comerciantes barceloneses que aún se atreven a rotular en castellano. De hecho, los que regentan negocios en el barrio de Sants han recibido cartas del Agència Catalana de Consum, en las que se exige que los productos y los rótulos estén "al menos" en catalán. En un tono amenazante, este organismo del Ejecutivo que preside José Montilla, dice en la misiva que "le recordamos la necesidad de cumplir todos aquellos requisitos legales que afectan a su actividad comercial".

Esta amonestación pública se justifica en que "el incumplimiento de esta normativa constituye una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios" ya que "la lengua propia de Cataluña es el catalán". En esta carta se dice además que el origen es la denuncia de un ciudadano. Sin embargo, según asegura El Mundo, los afectados se muestran escépticos y creen que es una nueva ofensiva de la Generalidad. Por su parte, entre los comerciantes de Sant comienza a crecer el miedo y se han dividido entre los que se resisten a llevar a cabo esta normativa y los que no quieren ser sancionados, por lo que ya se están informando de cuánto les podría costar cambiar la rotulación de sus negocios.

Uno de los pocos que se resiste a plegarse a los dictados nacionalistas es Germán Giménez, titular de un negocio de esta calle barcelonesa desde la década de los 50. Él ha sido de los últimos en recibir esta carta y se le ha dado un plazo de dos meses para que obedezca la normativa o sino iniciarán "las actuaciones necesarias para corregir la infracción en materia de consumo y disciplina de mercado".

Sin embargo, Giménez aseguró que no piensa mover un dedo y que está dispuesto a recurrir e ir a los tribunales "me cueste lo que me cueste". En este sentido, ha manifestado que le parece "inaudito" que se le pueda considerar delincuente por rotular su negocio en una lengua oficial en esta comunidad. "Estoy dispuesto a irme fuera de Cataluña antes de cumplir con esa normativa", ha sentenciado.

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Periodista Digital