Rafael Puertas, Fundador de la ong Intervida España«La Generalitat quiere hacernos pagar el precio de no ser de su color político»
La ONG Intervida está en el disparadero. Sus fundadores están apartados de la dirección mientras el asunto se dirime en los tribunales. El juez Garzón será el encargado de determinar qué hay de cierto sobre el supuesto desvío de dinero procedente de los socios de la organización. Rafael Puertas, uno de los fundadores de la asociación, rompe su silencio para denunciar lo que considera una persecución perfectamente calculada. Además, el próximo lanzamiento de un libro sobre el caso apunta a un auténtico complot para cambiar el rumbo de la ONG más grande de España.
-¿Cómo se desencadenó todo?
-Hace cuatro años, cuando detectamos a un directivo español en Perú que nos había estafado. Se recuperó casi todo a base de mucha pelea y lucha. Este facineroso nos amenazó, nos dijo que si no retirábamos la denuncia tenía contactos para hacernos daño. Hubo una denuncia en España y otra en Perú. Allí se comprobó que no había nada de todo aquello y está condenado por estafa y por presentar una denuncia falsa. Aquí, sin embargo, hay una señora fiscal que se pasa cuatro años investigando y pide cuatro prórrogas. Todo un récord. No encontraba nada y pedía una nueva prórroga. Viajó a Perú y en todo el tiempo que estuvo allí no hizo nada. Ni siquiera visitó las escuelas cuestionadas.
-Se ha hablado de facturas a detectives...
-Nos llegan voces de que esto está montado y decidimos contratar a un detective para hacer averiguaciones sobre el autor de las denuncias, sobre otra organización que pensábamos podría estar detrás de todo esto y para ver si había micrófonos dentro de las oficinas para sacarnos información. Están destruyendo Intervida cuando en toda la querella no hay elemento probatorio alguno. Para nosotros es una manipulación política de la peor clase.
-¿A qué se refiere con «manipulación política»
-La Generalitat ha nombrado a tres administradores. Deberían continuar con la gestión tal y como iba porque no se ha demostrado que haya delito. Estos señores lo están haciendo al revés. Hacen lo que desde hace tiempo buscaba la Generalitat, hacernos pagar el precio de no ser de su color político, de su ideología, de su fundamentalismo catalán. Habíamos recibido a través de unos abogados sugerencias de que teníamos que catalanizar la organización, que la comunicación tenía que ser en catalán. Nunca nos plegamos a eso. Lo primero que hicieron los administradores fue quitar todos los carteles en castellano y ponerlos en catalán. Dijeron a la plantilla que las comunicaciones en el interior iban a ser en ese idioma. De hecho, el que está a la cabeza ha tenido varias salidas de tono con castellano hablantes. Nos han colocado a un fundamentalista al frente de una organización de ámbito estatal. Un político profesional nacionalista catalán para una organización apolítica... Tiene el perfil necesario para catalanizar la organización. Es lo que hay detrás. Es lo único que les importa.
-Los gestores han asegurado que moralmente podría ser reprochable el criterio empresarial por el que se ha regido la organización.
-En cinco años nos convertimos en la primera ONG de España. Es un modelo que ha demostrado su eficiencia. Podemos discutir el modelo de gestión, la ética es la de los resultados. ¿Hemos ayudado a más gente? Sí. ¿Hemos robado dinero? No. Estamos de acuerdo con la mayoría de las campañas que se hacen, pero no tenemos una postura antiglobalización. Ha surgido un cierto fundamentalismo por el que una ONG tiene que ser de izquierdas y defender determinados postulados. Otras ONG piensan que Intervida se va a partir y les gustaría repartirse los trozos. Eso es lo que piensan aunque no lo digan públicamente. Nos sentimos muy orgullosos de haber aplicado criterios empresariales, de haber llegado a cinco millones de beneficiarios y de haber hecho la mayor obra social de los últimos años.
-Se habla de estafa, de apropiación indebida...
-Se nos acusó de haber desviado más de 200 millones de euros y no sólo es falso, si no que es imposible en el mundo actual con los controles que hay. Han mirado hasta las facturillas y si hubieran encontrado algo lo hubieran llevado al juzgado, pero sólo han podido transmitir un anónimo. Los propios interventores han reconocido que el dinero está ahí. ¿Por qué no lo dicen más alto y más claro? La Generalitat ha puesto sus grapas y no quiere sacarlas.
La Razón Digital
0 comentarios:
Publicar un comentario