El fiscal general del Estado y el juez Del Olmo convirtieron ayer a la Monarquía española en noticia mundial al propiciar el secuestro de la revista El Jueves, que aparecía en su portada con un irreverente dibujo de los Príncipes Felipe y Letizia.
El dibujo, que había sido visto hasta ese momento por algunos miles de personas, pasó a ser portada de numerosas web fuera y dentro de España, con lo que a buen seguro, a estas horas, habrá sido contemplado por decenas de millones de ciudadanos. Ni el mayor enemigo de la Corona habría provocado el mismo efecto. El fiscal pidió la retirada de la página web de El Jueves, pero, ¿qué pasa con las páginas de medios de todo el mundo que han reproducido la caricatura?EL MUNDO, que tuvo acceso a esa portada de la revista coincidiendo con su salida al mercado, había decidido no reproducirla para no divulgar su patente grosería. La decisión del juez de iniciar un procedimiento penal por un delito contra la Corona, a instancias de la Fiscalía, nos obliga ahora a hacerlo para que los lectores dispongan de un indispensable elemento de juicio.
Lo primero que hay que subrayar es que esta resolución supone un grave error porque consideramos que no hay tal delito contra la Corona. El juez argumenta que el dibujo es «claramente denigrante y objetivamente infamante», lo cual es un juicio estético o moral pero no legal. A nuestro entender, no existe injuria ni, por supuesto, calumnia porque se trata de un dibujo satírico en una revista de humor. La imagen es de mal gusto, zafia y puede molestar a muchos ciudadanos. Pero no es delito. Entra dentro de lo permisible en una sociedad donde la libertad de expresión es un valor fundamental.
Da la impresión de que el juez se ampara en el artículo 491.2 del Código Penal, que castiga con multa a quien «de cualquier forma pueda dañar el prestigio de la Corona». La redacción es tan ambigua como desafortunada y su aplicación literal obligaría a los jueces a actuar todos los días contra quienes critican a la Monarquía. Desde el punto de vista jurídico, puede haber en la intención del dibujante un animus iocandi o propósito de burlarse, pero no hay ningún insulto y, menos aún, ninguna imputación delictiva a los Príncipes, porque cualquier lector entiende que esa imagen es una caricatura, producto de la imaginación del autor.
Hace más de 30 años, en plena Transición, un juez decidió secuestrar el semanario Cambio 16 porque consideraba una falta grave de respeto una ilustración en la que Don Juan Carlos aparecía, evocando a Fred Astaire, sobre los rascacielos de Nueva York. Aquel fallo fue también un grave error que en nada favoreció la imagen de la Monarquía.
La Fiscalía reconoció ayer que la iniciativa de proceder contra El jueves había sido suya y que su único ánimo era hacer cumplir la ley. El juez que ha tomado la decisión de secuestrar y el propio fiscal -que podría haber preguntado antes a la Casa del Rey, pero no lo hizo- se han equivocado porque, aun aceptando el razonamiento de que no se puede dejar de exigir el cumplimiento de la ley por las repercusiones que pueda tener un fallo judicial, el daño a la imagen de la Monarquía ha sido tan elevado que habrían hecho mucho mejor en abstenerse. Los Príncipes Felipe y Letizia han sido las verdaderas víctimas de este episodio y por partida doble: primero, del mal gusto del dibujante y luego, del exceso de celo de un poder judicial, que ha convertido una publicación que había pasado desapercibida en centro de atención mundial.
Editorial de El Mundo, 21-07-2007
El dibujo, que había sido visto hasta ese momento por algunos miles de personas, pasó a ser portada de numerosas web fuera y dentro de España, con lo que a buen seguro, a estas horas, habrá sido contemplado por decenas de millones de ciudadanos. Ni el mayor enemigo de la Corona habría provocado el mismo efecto. El fiscal pidió la retirada de la página web de El Jueves, pero, ¿qué pasa con las páginas de medios de todo el mundo que han reproducido la caricatura?EL MUNDO, que tuvo acceso a esa portada de la revista coincidiendo con su salida al mercado, había decidido no reproducirla para no divulgar su patente grosería. La decisión del juez de iniciar un procedimiento penal por un delito contra la Corona, a instancias de la Fiscalía, nos obliga ahora a hacerlo para que los lectores dispongan de un indispensable elemento de juicio.
Lo primero que hay que subrayar es que esta resolución supone un grave error porque consideramos que no hay tal delito contra la Corona. El juez argumenta que el dibujo es «claramente denigrante y objetivamente infamante», lo cual es un juicio estético o moral pero no legal. A nuestro entender, no existe injuria ni, por supuesto, calumnia porque se trata de un dibujo satírico en una revista de humor. La imagen es de mal gusto, zafia y puede molestar a muchos ciudadanos. Pero no es delito. Entra dentro de lo permisible en una sociedad donde la libertad de expresión es un valor fundamental.
Da la impresión de que el juez se ampara en el artículo 491.2 del Código Penal, que castiga con multa a quien «de cualquier forma pueda dañar el prestigio de la Corona». La redacción es tan ambigua como desafortunada y su aplicación literal obligaría a los jueces a actuar todos los días contra quienes critican a la Monarquía. Desde el punto de vista jurídico, puede haber en la intención del dibujante un animus iocandi o propósito de burlarse, pero no hay ningún insulto y, menos aún, ninguna imputación delictiva a los Príncipes, porque cualquier lector entiende que esa imagen es una caricatura, producto de la imaginación del autor.
Hace más de 30 años, en plena Transición, un juez decidió secuestrar el semanario Cambio 16 porque consideraba una falta grave de respeto una ilustración en la que Don Juan Carlos aparecía, evocando a Fred Astaire, sobre los rascacielos de Nueva York. Aquel fallo fue también un grave error que en nada favoreció la imagen de la Monarquía.
La Fiscalía reconoció ayer que la iniciativa de proceder contra El jueves había sido suya y que su único ánimo era hacer cumplir la ley. El juez que ha tomado la decisión de secuestrar y el propio fiscal -que podría haber preguntado antes a la Casa del Rey, pero no lo hizo- se han equivocado porque, aun aceptando el razonamiento de que no se puede dejar de exigir el cumplimiento de la ley por las repercusiones que pueda tener un fallo judicial, el daño a la imagen de la Monarquía ha sido tan elevado que habrían hecho mucho mejor en abstenerse. Los Príncipes Felipe y Letizia han sido las verdaderas víctimas de este episodio y por partida doble: primero, del mal gusto del dibujante y luego, del exceso de celo de un poder judicial, que ha convertido una publicación que había pasado desapercibida en centro de atención mundial.
Editorial de El Mundo, 21-07-2007
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