"...no hay sentencia de tribunal alguno capaz de borrar la inmoralidad que supuso el hecho de que los dirigentes del PSE reconocieran como interlocutores políticos, como iguales, a los dirigentes de una organización criminal. Ni hay tribunal que pueda cambiar el juicio político que me merecen quienes, traicionando todas sus promesas, se sentaron a hablar de política con nuestro verdugos. Se puede ganar una causa judicial sin ganar ni una pizca de respeto. Este es justamente el caso."
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaba ayer un auto por el que inadmitía a trámite un recurso del sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno y dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, por las reuniones mantenidas con Batasuna. Hasta ahqu, nada que objetar. Pero convine que no confundamos la legalidad con la legitimidad de los hechos. Porque no es lo mismo. Y conviene no olvidarlo. Hay actos legales que nos pueden merecer --y nos merecen-- la calificación de ilegítimos. Y ninguna sentencia de ningún alto tribunal cambia la consideración política, ética o moral que tengamos sobre ellos.
La reunión del Partido Socialista de Euskadi con los dirigentes de la organización terrorista Batasuna sigue mereciendo toda mi reprobación política. Los dirigentes socialistas vascos, con el aval del presidente del Gobierno, reconocieron como interlocutores políticos "legítimos" a aquellos que los tribunales españoles y las más altas instancias europeas han señalado como integrantes de la organización terrorista ETA. Pero lo que es más grave: los dirigentes del PSE, con el aval del presidente del Gobierno, reconocieron como interlocutores políticos, como iguales, a una organización que ha sido --y es-- cómplice necesario de los crímenes, persecuciones, acosos y amenazas perpetrados contra centenares de ciudadanos. Muchos de ellos, nuestros propios compañeros de militancia política.
Ninguna sentencia va a cambiar esa realidad. Ninguna sentencia puede cambiar mi opinión sobre lo que esa reunión supuso. Ninguna sentencia me va a convencer del alto grado de inmoralidad que representó que los dirigentes de un partido democrátic, --de centenaria tradición en la defensa de los valores democráticos y de la libertad--, se sentaran en la mesa, de igual a igual, con los cómplices necesarios de los crímenes terroristas. Con los soplones. Con los chivatos, Con los encubridores. Y que les llamaran "interlocutores políticos imprescindibles". No hay sentencia que pueda borrar esa afrenta democrática. Ese hecho bochornoso en términos democráticos no lo cambia ninguna sentencia del Supremo.
La decisión política de reconocer como interlocutores "imprescindibles" a unos terroristas es una bajeza y una barbaridad democrática. Además de constituir, en sí misma, un flagrante engaño a los ciudadanos a los que, tanto los dirigentes del PSE como los del PSOE y el propio Gobierno, habían prometido que nunca se iban a reunir con Batasuna para discutir cuestiones políticas en tanto ésta siguiera siendo una organización ilegal. Lo hicieron. Perpetraron el engaño.
Los actos legales no siempre son legítimos en términos políticos e incluso democráticos. Muchas decisiones políticas legales son, al mismo tiempo, condenables desde la perspectiva política, ética o moral. O desde las tres perspectivas a la vez. Incluso hay general de la ciudadanía. O para el propio sistema democrático. La historia está llena de ejemplos. Por eso conviene que tengamos claro que la crítica a los actos y a las decisiones políticas no se agota en la legalidad. No es suficiente con que se actúe desde el Gobierno u otras instancias políticas dentro del marco de la ley; actuar ajustando a derecho las decisiones que se toman es una obligacioón. Y recurrir a los tribunales cuando hay dudas de la legalidad de determinadas accciones, un derecho. Pero la cosa no puede acabar ahí; si toda crítica política estuviera limitada a la comprobación de su legalidad, sobrarían los parlamentos. Y la oposición. Y la prensa. E incluso las elecciones.
Insisto. No conviene confundir la legalidad con la legitimidad. Y ninguna sentencia convierte en politicamente asumible aquello que politicamente ha merecido nuestro rechazo de fondo y de forma. Y la reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi fue un escándalo en términos democráticos. Una vergüenza. Y la constatación de un engaño y una burla a los ciudadanos. Además de el pago de un precio político a los terroristas. Un precio político que se pagó --conviene recordarlo--, porque Batasuna había amenazado con no comparecer ante la Audiencia Nacional y declararse en rebeldía si el PSOE no hacía un "gesto". Y el PSOE lo hizo. Por eso se apresuró a reconocer explícitamente a los terroristas como interlocutores políticos "imprescindibles". Para lavarles la cara. Y legalizarles de facto, como inmediatamente interpretó Batasuna.
Ninguna sentencia puede cambiar esa realidad. Pero diré más: de la misma manera que el Supremo afirma que no se puede utilizar los tribunales para corregir la dirección de la política , conviene recordar que tampoco se pueden utilizar las sentencias de los tribunales para justificar las decisiones políticas que se toman o se vayan a tomar. El Supremo ni avala ni condena las decisiones políticas. Opina y sentencia sobre la legalidad de las mismas. Digo esto porque no vaya a ser que alguien considere, incurriendo en el error del que se acusa a otros, que el Supremo ha avalad determinadas decisiones políticas. Por ejemplo, la constitución de una mesa de partidos extraparlamentaria.
Aviso para navegantes. ¿Qué quiso decir la Vicepresidenta cuando expresó que la sentencia "abre un camino"? Quiero creer que quiso decir que abría un camino para el resto de los recursos sobre la cuestión que están pendientes en los Tribunales de Justicia. Se supone que no pensó que abría un camino "político" para avalar determinadas posiciones del Gobierno. Pero, visto lo visto, quizá sea mucho suponer. Y no es que yo sera desconfiada; es que la política y la democracia son un juego de desconfianzas. Por eso existen los controles democráticos y jurisdiccionales. Así que, por si acaso, lo dicho: al loro.
Y termino como empecé: no hay sentencia de tribunal alguno capaz de borrar la inmoralidad que supuso el hecho de que los dirigentes del PSE reconocieran como interlocutores políticos, como iguales, a los dirigentes de una organización criminal. Ni hay tribunal que pueda cambiar el juicio político que me merecen quienes, traicionando todas sus promesas, se sentaron a hablar de política con nuestro verdugos. Se puede ganar una causa judicial sin ganar ni una pizca de respeto. Este es justamente el caso.
Rosa Díez
Basta Ya, 09-12-2006
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaba ayer un auto por el que inadmitía a trámite un recurso del sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno y dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, por las reuniones mantenidas con Batasuna. Hasta ahqu, nada que objetar. Pero convine que no confundamos la legalidad con la legitimidad de los hechos. Porque no es lo mismo. Y conviene no olvidarlo. Hay actos legales que nos pueden merecer --y nos merecen-- la calificación de ilegítimos. Y ninguna sentencia de ningún alto tribunal cambia la consideración política, ética o moral que tengamos sobre ellos.
La reunión del Partido Socialista de Euskadi con los dirigentes de la organización terrorista Batasuna sigue mereciendo toda mi reprobación política. Los dirigentes socialistas vascos, con el aval del presidente del Gobierno, reconocieron como interlocutores políticos "legítimos" a aquellos que los tribunales españoles y las más altas instancias europeas han señalado como integrantes de la organización terrorista ETA. Pero lo que es más grave: los dirigentes del PSE, con el aval del presidente del Gobierno, reconocieron como interlocutores políticos, como iguales, a una organización que ha sido --y es-- cómplice necesario de los crímenes, persecuciones, acosos y amenazas perpetrados contra centenares de ciudadanos. Muchos de ellos, nuestros propios compañeros de militancia política.
Ninguna sentencia va a cambiar esa realidad. Ninguna sentencia puede cambiar mi opinión sobre lo que esa reunión supuso. Ninguna sentencia me va a convencer del alto grado de inmoralidad que representó que los dirigentes de un partido democrátic, --de centenaria tradición en la defensa de los valores democráticos y de la libertad--, se sentaran en la mesa, de igual a igual, con los cómplices necesarios de los crímenes terroristas. Con los soplones. Con los chivatos, Con los encubridores. Y que les llamaran "interlocutores políticos imprescindibles". No hay sentencia que pueda borrar esa afrenta democrática. Ese hecho bochornoso en términos democráticos no lo cambia ninguna sentencia del Supremo.
La decisión política de reconocer como interlocutores "imprescindibles" a unos terroristas es una bajeza y una barbaridad democrática. Además de constituir, en sí misma, un flagrante engaño a los ciudadanos a los que, tanto los dirigentes del PSE como los del PSOE y el propio Gobierno, habían prometido que nunca se iban a reunir con Batasuna para discutir cuestiones políticas en tanto ésta siguiera siendo una organización ilegal. Lo hicieron. Perpetraron el engaño.
Los actos legales no siempre son legítimos en términos políticos e incluso democráticos. Muchas decisiones políticas legales son, al mismo tiempo, condenables desde la perspectiva política, ética o moral. O desde las tres perspectivas a la vez. Incluso hay general de la ciudadanía. O para el propio sistema democrático. La historia está llena de ejemplos. Por eso conviene que tengamos claro que la crítica a los actos y a las decisiones políticas no se agota en la legalidad. No es suficiente con que se actúe desde el Gobierno u otras instancias políticas dentro del marco de la ley; actuar ajustando a derecho las decisiones que se toman es una obligacioón. Y recurrir a los tribunales cuando hay dudas de la legalidad de determinadas accciones, un derecho. Pero la cosa no puede acabar ahí; si toda crítica política estuviera limitada a la comprobación de su legalidad, sobrarían los parlamentos. Y la oposición. Y la prensa. E incluso las elecciones.
Insisto. No conviene confundir la legalidad con la legitimidad. Y ninguna sentencia convierte en politicamente asumible aquello que politicamente ha merecido nuestro rechazo de fondo y de forma. Y la reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi fue un escándalo en términos democráticos. Una vergüenza. Y la constatación de un engaño y una burla a los ciudadanos. Además de el pago de un precio político a los terroristas. Un precio político que se pagó --conviene recordarlo--, porque Batasuna había amenazado con no comparecer ante la Audiencia Nacional y declararse en rebeldía si el PSOE no hacía un "gesto". Y el PSOE lo hizo. Por eso se apresuró a reconocer explícitamente a los terroristas como interlocutores políticos "imprescindibles". Para lavarles la cara. Y legalizarles de facto, como inmediatamente interpretó Batasuna.
Ninguna sentencia puede cambiar esa realidad. Pero diré más: de la misma manera que el Supremo afirma que no se puede utilizar los tribunales para corregir la dirección de la política , conviene recordar que tampoco se pueden utilizar las sentencias de los tribunales para justificar las decisiones políticas que se toman o se vayan a tomar. El Supremo ni avala ni condena las decisiones políticas. Opina y sentencia sobre la legalidad de las mismas. Digo esto porque no vaya a ser que alguien considere, incurriendo en el error del que se acusa a otros, que el Supremo ha avalad determinadas decisiones políticas. Por ejemplo, la constitución de una mesa de partidos extraparlamentaria.
Aviso para navegantes. ¿Qué quiso decir la Vicepresidenta cuando expresó que la sentencia "abre un camino"? Quiero creer que quiso decir que abría un camino para el resto de los recursos sobre la cuestión que están pendientes en los Tribunales de Justicia. Se supone que no pensó que abría un camino "político" para avalar determinadas posiciones del Gobierno. Pero, visto lo visto, quizá sea mucho suponer. Y no es que yo sera desconfiada; es que la política y la democracia son un juego de desconfianzas. Por eso existen los controles democráticos y jurisdiccionales. Así que, por si acaso, lo dicho: al loro.
Y termino como empecé: no hay sentencia de tribunal alguno capaz de borrar la inmoralidad que supuso el hecho de que los dirigentes del PSE reconocieran como interlocutores políticos, como iguales, a los dirigentes de una organización criminal. Ni hay tribunal que pueda cambiar el juicio político que me merecen quienes, traicionando todas sus promesas, se sentaron a hablar de política con nuestro verdugos. Se puede ganar una causa judicial sin ganar ni una pizca de respeto. Este es justamente el caso.
Rosa Díez
Basta Ya, 09-12-2006
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