Pide tres veces más a los policías acusados de hablar con EL MUNDO que al abertzale Xabier Alegría El juez también pidió la misma cuantía, 50.000 euros, para Antonio Toro, procesado por el 11-M
Para el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo es tres veces más peligroso un presunto delito de revelación de secretos a un medio de comunicación que un delito de colaboración con la organización terrorista ETA.
Así se desprende al comparar las incitativas judiciales que él mismo ha aplicado durante los últimos meses contra destacados dirigentes de Batasuna, contra acusados en el sumario del 11-M y contra los dos policías encarcelados por, presuntamente, haber mantenido contactos con un periodista.
El juez Del Olmo cifró en 150.000 euros la fianza para los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, detenidos durante las investigaciones encaminadas, al parecer, al desentrañar la trama delictiva que giraba alrededor de los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados el pasado mes de agosto en Madrid. El juez aún no ha podido resolver ni quién robó el explosivo, ni de dónde ni, lo más importante, cuál era su objetivo final.
Fue el propio Del Olmo el que impuso una fianza de 50.000 euros, tres veces menos que la que ha impuesto a los dos agentes, para el considerado como responsable del complejo ETA-KAS, Xabier Alegría. El juez le acusaba de colaboración con ETA en el denominado caso Egunkaria. Alegría no pudo abandonar en ese momento la prisión porque estaba acusado también por el juez Garzón en el caso Udalbiltza, pero este magistrado también le dejó en libertad tras pagar 30.000 euros. La acusación de este último juez era también de colaboración con banda armada, que puede ser condenada con entre 5 y 10 años de prisión. La revelación de secretos, en el caso más grave, podría llevar aparejada una condena de entre uno y tres años.
Garzón rebaja la fianza
La fianza impuesta contra los dos policías acusados de hablar con EL MUNDO también contrasta con la que le impuso a finales del pasado mes de octubre el también magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al líder de Batasuna Arnaldo Otegi: 50.000 euros, tres veces menos que a los policías. Garzón rectificó en aquella fecha la primera decisión adoptada por el entonces magistrado instructor de la Audiencia Fernando Grande Marlaska, quien había impuesto una fianza de 650.000 euros para el dirigente abertzale, al que vinculaba a los actos de kale borroka que se produjeron en el País Vasco y Navarra durante la huelga del pasado 9 de marzo. Está acusado de colaboración con banda armada.
No es éste el único dirigente de la izquierda abertzale que se encuentra en la misma situación que Otegi: en libertad bajo fianza por su relación con ETA. El también dirigente de Batasuna Pernando Barrena está en libertad bajo fianza de 200.000 euros, por la misma acusación.
El líder del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, tiene impuesta otra fianza de 100.000 euros acusado de colaborar con ETA. En estos dos últimos casos, la iniciativa judicial partió del juez Grande Marlaska.
Pero este magistrado también ha fijado fianzas para algunos de los presuntos implicados en la trama del 11-M. Así, por ejemplo, Del Olmo impuso una fianza de 50.000 euros a Mahmoud Slimane Aoun al que el juez acusa de colaboración con organización terrorista. Quizá el caso más llamativo fue el del procesado Antonio Toro acusado por el juez de tráfico, transporte o suministro de explosivos. El ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras está bajo fianza de 50.000 euros. El juez también dejó bajo fianza a otros dos acusados de la trama asturiana: Emilio Llano, que pagó 25.000 euros, y Raúl González, al que Del Olmo le impuso una fianza de 35.000 euros.
En la operación desarrollada el pasado día 1, el juez Del Olmo, además de autorizar la captura de otros cinco presuntos implicados en tráfico de explosivos y tráfico de drogas, actuó simultáneamente contra estos dos agentes, a los que sólo acusa de facilitar información sobre esta trama criminal a EL MUNDO. Los agentes actuaron, según se desprende de los autos del juez, con el convencimiento de que los investigadores no iba a desmantelar la trama criminal que giraba alrededor de este tráfico de explosivos, aún no resuelto por el juez.
Como recordaba ayer la Confederación Española de Policía (CEP), el magistrado aún no ha informado del secreto que presuntamente desvelaron los dos agentes a EL MUNDO. En cualquier caso, ninguno de los dos agentes pudo tener acceso directo a datos o informes relacionados con la investigación. Fuentes policiales recuerdan que ambos están destinados en la comisaría de Villa de Vallecas que las investigaciones las llevaba la Brigada Provincial de Información de Madrid, y que era esta brigada la que investigaba el caso de la Goma 2 ECO, aún no resuelto, y no la comisaría vallecana.
En el mismo sumario, el juez autorizó la detención de otro agente al que, tras tomarle declaración, le dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Le considera sospechoso de un delito de tráfico de drogas, entre otros.
El Mundo, 17-12-2006
Para el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo es tres veces más peligroso un presunto delito de revelación de secretos a un medio de comunicación que un delito de colaboración con la organización terrorista ETA.
Así se desprende al comparar las incitativas judiciales que él mismo ha aplicado durante los últimos meses contra destacados dirigentes de Batasuna, contra acusados en el sumario del 11-M y contra los dos policías encarcelados por, presuntamente, haber mantenido contactos con un periodista.
El juez Del Olmo cifró en 150.000 euros la fianza para los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, detenidos durante las investigaciones encaminadas, al parecer, al desentrañar la trama delictiva que giraba alrededor de los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados el pasado mes de agosto en Madrid. El juez aún no ha podido resolver ni quién robó el explosivo, ni de dónde ni, lo más importante, cuál era su objetivo final.
Fue el propio Del Olmo el que impuso una fianza de 50.000 euros, tres veces menos que la que ha impuesto a los dos agentes, para el considerado como responsable del complejo ETA-KAS, Xabier Alegría. El juez le acusaba de colaboración con ETA en el denominado caso Egunkaria. Alegría no pudo abandonar en ese momento la prisión porque estaba acusado también por el juez Garzón en el caso Udalbiltza, pero este magistrado también le dejó en libertad tras pagar 30.000 euros. La acusación de este último juez era también de colaboración con banda armada, que puede ser condenada con entre 5 y 10 años de prisión. La revelación de secretos, en el caso más grave, podría llevar aparejada una condena de entre uno y tres años.
Garzón rebaja la fianza
La fianza impuesta contra los dos policías acusados de hablar con EL MUNDO también contrasta con la que le impuso a finales del pasado mes de octubre el también magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al líder de Batasuna Arnaldo Otegi: 50.000 euros, tres veces menos que a los policías. Garzón rectificó en aquella fecha la primera decisión adoptada por el entonces magistrado instructor de la Audiencia Fernando Grande Marlaska, quien había impuesto una fianza de 650.000 euros para el dirigente abertzale, al que vinculaba a los actos de kale borroka que se produjeron en el País Vasco y Navarra durante la huelga del pasado 9 de marzo. Está acusado de colaboración con banda armada.
No es éste el único dirigente de la izquierda abertzale que se encuentra en la misma situación que Otegi: en libertad bajo fianza por su relación con ETA. El también dirigente de Batasuna Pernando Barrena está en libertad bajo fianza de 200.000 euros, por la misma acusación.
El líder del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, tiene impuesta otra fianza de 100.000 euros acusado de colaborar con ETA. En estos dos últimos casos, la iniciativa judicial partió del juez Grande Marlaska.
Pero este magistrado también ha fijado fianzas para algunos de los presuntos implicados en la trama del 11-M. Así, por ejemplo, Del Olmo impuso una fianza de 50.000 euros a Mahmoud Slimane Aoun al que el juez acusa de colaboración con organización terrorista. Quizá el caso más llamativo fue el del procesado Antonio Toro acusado por el juez de tráfico, transporte o suministro de explosivos. El ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras está bajo fianza de 50.000 euros. El juez también dejó bajo fianza a otros dos acusados de la trama asturiana: Emilio Llano, que pagó 25.000 euros, y Raúl González, al que Del Olmo le impuso una fianza de 35.000 euros.
En la operación desarrollada el pasado día 1, el juez Del Olmo, además de autorizar la captura de otros cinco presuntos implicados en tráfico de explosivos y tráfico de drogas, actuó simultáneamente contra estos dos agentes, a los que sólo acusa de facilitar información sobre esta trama criminal a EL MUNDO. Los agentes actuaron, según se desprende de los autos del juez, con el convencimiento de que los investigadores no iba a desmantelar la trama criminal que giraba alrededor de este tráfico de explosivos, aún no resuelto por el juez.
Como recordaba ayer la Confederación Española de Policía (CEP), el magistrado aún no ha informado del secreto que presuntamente desvelaron los dos agentes a EL MUNDO. En cualquier caso, ninguno de los dos agentes pudo tener acceso directo a datos o informes relacionados con la investigación. Fuentes policiales recuerdan que ambos están destinados en la comisaría de Villa de Vallecas que las investigaciones las llevaba la Brigada Provincial de Información de Madrid, y que era esta brigada la que investigaba el caso de la Goma 2 ECO, aún no resuelto, y no la comisaría vallecana.
En el mismo sumario, el juez autorizó la detención de otro agente al que, tras tomarle declaración, le dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Le considera sospechoso de un delito de tráfico de drogas, entre otros.
El Mundo, 17-12-2006
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