Reforma constitucional. Limitar el déficit sin poner un límite. Por Ignacio Moncada

Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite.

El Gobierno de Zapatero siempre ha visto las leyes como instrumentos de marketing. Elementos con los que dar forma a su imagen pública. Nunca le han preocupado los efectos que provocan los nuevos mandatos, ni ha tenido el menor interés por los incentivos que generaba cada decreto que llevaba al Parlamento. Lo fundamental de las leyes era el titular del día siguiente. Por un momento pareció que el aún presidente, en una especie de repentino arrebato de lucidez previo a su muerte política, había decidido hacer algún bien por su país. Haciendo caso a las recomendaciones de las instituciones europeas, anunció que iba a promover una reforma constitucional para incorporar a nuestra Carta Magna un límite al déficit público. Prueba de que Zapatero conserva íntegras sus facultades políticas es que ha vuelto a sorprendernos. El anuncio del límite constitucional del déficit se va a quedar en eso: en el anuncio.

Nada más oír dicha propuesta de pacto constitucional, el Partido Popular se lanzó a apoyarla. La principal ventaja política que empuja a Rajoy a defenderla no es que llevara años pidiéndola de forma insistente, cayendo ésta noticia como una especie de prueba de que llevaba razón. No. Lo que le empuja a apoyar el cambio constitucional es algo mucho más potente: el recuerdo que tiene el electorado de Rubalcaba mofándose de la idea cuando la expuso Rajoy. Ese golpe de hemeroteca vuelve como un boomerang, y hunde, un poco más si cabe, las aspiraciones socialistas de conservar el poder. Éste ha sido el motivo, además, por el que Zapatero ha decidido cambiar sus planes iniciales e introducir en el artículo constitucional la literatura dictada por Rubalcaba.

Conste que un límite al déficit no garantiza nada, pues va acompañado de una larga lista de excepciones por las que los gobernantes pueden saltarse la norma siempre que les convenga. Cosa, por otro lado, que revela que los políticos siguen sin entender que no se debe gastar más de lo que se ingresa, y menos durante una crisis económica. Pero pese a todo, el candidato socialista, acorralado por la hemeroteca, ha logrado imponer su criterio. Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite. ¿No es magistral? Así puede presumir, aún habiendo perdido la batalla en los medios, de haber logrado evitar cualquier tipo de limitación legal al despilfarro político. Resulta lógico, pues durante toda su trayectoria política ha demostrado que cree ciegamente en el despilfarro como método de gestión presupuestaria. Y así nos ha ido.

Libertad Digital – Opinión

Hacer el agosto. Por Alfonso Merlos

Son ya muchos años. Seamos claros. Cuando se apunta que ciudadanos próximos a la izquierda «abertzale» se manifiestan contra las imposiciones españolas se está señalando en realidad que los limpiabotas de ETA toman las calles. Vuelven a hacerlo. Para berrear, para brindar o para darse un homenaje gastronómico siempre como tributo a unos asesinos que están en prisión por sus matanzas y sus letales amenazas. Es una película muy vieja pero, lo más grave, es que este verano, con motivo de las fiestas de Bilbao, se está volviendo a rodar ilegalmente ante la indiferencia y la estulticia de un irreconocible Estado de derecho.

Con autos de la Audiencia Nacional o sin ellos, es escalofriante la impunidad desde la que operan día tras día grupos de facinerosos que reproducen en sus tétricas pancartas y en sus sucios discursos, letra a letra y palabra a palabra, las proclamas que la banda terrorista difunde en sus comunicados. Ya se sabe: la estrategia policial torturadora, la política penitenciara criminal… y demás morralla en forma de propaganda que vomitan con todas las facilidades y comodidades los colegas de Garitano con tanta alegría como los de Ternera, porque al final son todos socios que navegan en el mismo barco, el del totalitarismo.

Pero, ¿esto es democracia? ¿Esto es normalización? Sin ninguna duda, no. Al contrario. Es la constatación de un fracaso de las instituciones judiciales para combatir el entramado social de apoyo a ETA/Bildu. Y es la escenificación de la falta de voluntad de políticos como Rubalcaba para comprender, primero, que la causa del terrorismo es su propio éxito; y segundo, que todo el terreno que los terroristas pueden ganar es simplemente aquel que los demócratas les dejamos libre.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Podría haber sido un paso... Por José T. Raga

¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales?

En el título reside mi preocupación. Entre "podría haber sido un paso" y "es un paso", hay una diferencia que supera la semántica de unas líneas que únicamente tratan de acercar a los lectores la opinión de quien no tiene otro atributo que su habitualidad en el medio en que se publican.

¿Por qué entonces ese escepticismo que subyace en el título? Las razones son varias. La primera, y me produce vergüenza mencionarla, es que la Constitución Española, como peso específico –entendiendo como tal, ese respeto pleno, en tanto esté vigente–, dista mucho de la Grundgesetz de Alemania Federal (1949), reformada en 2001; dista mucho también, al proteger a los individuos frente a los poderes públicos, de textos como la Magna Carta (1215) o la Bill of Rights (1689), ambas vigentes todavía hoy en el Reino Unido.

Para qué hablar de distancias con aquel Preámbulo de la Convención de 1787: "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta... y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, promulgamos y sancionamos esta Constitución..." pueblo protagonista, sin intermediarios y por encima de quienes pudieran erigirse como tales.

Tan lejos estamos que, hoy, serán pocos los españoles que crean en la fuerza indiscutible de lo establecido en nuestra Constitución. Las muestras de la historia reciente son tan numerosas, que no es anecdótico el hecho de eludir su cumplimiento. Recordemos lo que algunos estatutos de comunidades autónomas han supuesto para quienes creían en la soberanía de la Constitución. Recordemos la premura con la que se reúnen el presidente de la Nación y el de una autonomía, para ver cómo hurtarse a la decisión del Tribunal Constitucional cuando admite la inconstitucionalidad parcial del Estatuto.

¿De qué sirve, pues, que la limitación del déficit y la deuda figuren en la Constitución? ¿Qué garantías tiene su cumplimiento? Esto no lo entienden los alemanes, ni los británicos, ni los americanos... aunque nosotros, sí; por eso me da vergüenza. Pero, además, ¿por qué estabilidad presupuestaria no significa estabilidad? ¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales? ¿Por qué tenemos que esperar a que una ley orgánica nos desarrolle la metodología para el cálculo, la normativa para su aplicación, la forma y el plazo para las correcciones...? ¿Por qué en el límite a las comunidades autónomas hay que tener en cuenta sus estatutos?

En efecto, no se pretende repensar los excesos del sector público para que vuelva a sus funciones propias, eso sería tanto como el harakiri de quienes lo tiene que promover; así que aquella protección de la comunidad civil frente a los poderes públicos que veíamos en la Carta Magna, en momentos de monarquías absolutas, tendrá que esperar a otras democracias.

¿Ven porqué estoy pesimista? Y dice Rubalcaba que leamos el texto de la reforma para evitar nuestras reticencias. Pues si que...

Libertad Digital – Opinión

¡No lo hagan así! Por José Antonio Zarzalejos

En algún momento del fulminante proceso de reforma constitucional que, por sorpresa, planteó Zapatero el pasado martes, conoceremos el contenido de la carta que recibió Moncloa en julio pasado firmada por el presidente del BCE. Tras forzar sus estatutos, el Banco Central Europeo adquirió deuda soberana de Italia y de España por un importe de 22.000 millones de euros. Como el cartero siempre llama dos veces -la primera lo hizo en mayo de 2010-, Trichet pasó la cuenta: el Gobierno debía dar una vuelta de tuerca y atenerse a las indicaciones del directorio franco-alemán y garantizar al máximo nivel legal el pacto de estabilidad presupuestaria, es decir, constitucionalizar que todas las administraciones públicas se atendrán a unos gastos que se correspondan con sus ingresos, salvo en supuestos excepcionales como los contemplados en la Ley Fundamental alemana.

Dicho y hecho. Zapatero, culminando su franciscana docilidad a los "mercados", en pleno agosto, con la sociedad desmovilizada, aceptó por partida doble lo que le imponían Trichet, Sarkozy y Merkel y, aunque tardíamente, la reiterada petición del PP cuyo criterio al respecto ha sido avalado por las instituciones de la UE.

Desde un punto de vista jurídico, la operación de reforma constitucional por el procedimiento rápido y expeditivo no tiene tacha, salvo que un número suficiente de diputados y senadores logren que se tramite mediando un referéndum popular. Cabía una alternativa más coherente con el momento presente: elaborar una ley -incluso orgánica- que obviase la alteración de la Constitución y estableciese el equilibrio fiscal en todas las escalas de las administraciones en España. Al parecer, las exigencias a las que debe someterse Zapatero son tan humillantes que no le permiten esa lógica alternativa.

El presidente ha urdido un acuerdo que satisface al PP -es lógico, porque le evita afrontar este tema después del 20N y le da la razón a Rajoy que venía reclamando esta medida-, pero que encrespa a su partido porque políticamente no tiene un pase. La reforma no va a ser fruto de un gran debate nacional (partidos, sindicatos, empresarios, sociedad civil); no logrará la adhesión de los nacionalistas porque la limitación del déficit incide en su autogobierno y quiebra al PSOE que, como todo socialismo, quiere jugar con el margen del déficit para vestir sus tan traídas y llevadas "políticas sociales".

«La Constitución solo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que tambien limitará las posibilidades de prestaciones del Estado.»

Esta es una política despótica que consiste en "todo para el pueblo pero sin el pueblo"; ésta es una política opaca y mentirosa porque no reconoce que se practica por imposición de los mercados y del directorio de la UE; ésta es una política descaradamente autocrática porque se aborda sin el más mínimo debate y por sorpresa; ésta es una política tardía porque, aunque el techo de gasto debió haberse establecido hace tiempo en la Constitución y/o en leyes ad hoc, se practica ahora para aplacar las fortísimas corrientes europeas de profunda desconfianza hacia la economía española que han mostrado su faz en agosto pero que volverán a hacerlo en septiembre y, en fin, esta política es propia de un hombre y de un Gobierno sin capacidad de previsión, sin criterio y sin convicciones.

La Constitución sólo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). Es un texto que responde a un consenso transversal del que sólo se apartaron el PNV y la Herri Batasuna de 1978. La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que también limitará las posibilidades de prestaciones del Estado. En cierto modo -al afectar también a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas- incide sobre la amplitud de su autogobierno. Por ello, esta reforma no debiera hacerse así sino de manera ampliamente consensuada, compartida y debatida. La Constitución requiere de otras reformas profundas que exigen referéndum. Esta no lo requiere estrictamente, pero establece un precedente muy negativo, agravado, además, por el hecho de ejecutarse de manera casi traicionera y, me atrevería a decir, casi clandestina.

Es, por lo demás, el definitivo naufragio del PSOE en su consideración de organización de izquierda, en su sensibilidad democrática y remite a Pérez Rubalcaba al peor de los fracasos electorales.

Aunque jurídicamente aceptable, el PP debiera tener en cuenta que su aquiescencia a la manera en que Zapatero le ha propuesto la reforma de la Constitución, supone una bofetada al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos. Más aún cuando se trata de la norma de máximo rango legal. Los riesgos de acompañar a Zapatero y al PSOE en esta operación son muy altos. Podrían haberse evitado si Rajoy, aun aceptando la reforma, la hubiese remitido a enero de 2012 como un compromiso electoral indeclinable pero que se realizaría con la sensibilidad democrática que ahora se echa en falta. Es verdad que el PP ha querido la constitucionalización del equilibrio fiscal; es igualmente cierto que Rajoy lo ha manifestado dentro y fuera del Parlamento; es también cierto que el techo de gasto obligatorio ha sido vertebral en el planteamiento económico-financiero del Partido Popular. Pero siendo todo esto así, también lo es que esta última y descalabrada, dócil e improvisada medida que ha urdido Zapatero por imposición ajena, no merecía ni su apoyo ni su comprensión.

Si fuese posible, y quizás aún lo sea, ¡No lo hagan así! Porque de esta manera como actúa el PSOE y su Gobierno es la propia de los déspotas. Y son ya años -demasiados- de incompetencias, errores y decisiones torticeras. La democracia no está para vapulearla: consiste en procedimientos pautados de participación y referencias éticas que en estos años se han deteriorado hasta límites insospechados. Esta reforma constitucional fulminante, sorpresiva e impuesta es un colofón de la desgraciada trayectoria política del PSOE y de su máximo dirigente, Rodríguez Zapatero.

El confidencial – Opinión

Picaresca de la crisis. Por Iñaki Ezkerra

Que la crisis llene las calles de pícaros; que regresen el Buscón y el Lazarillo de Tormes, los mecheras y los rateros de los que me hablaba mi abuela, o los tumbados de «La Colmena», es quizá inevitable. Lo que no me parece tan inevitable es que las chungas estrategias sacacuartos vengan de unas empresas que suponemos serias, aunque sólo sea por el capital que manejan y por su magnitud. Lo que no es de recibo es la picaresca organizada de los ricos, o sea la tabarra inclemente que te dan las compañías de telefonía móvil, con toda clase de ofertas opacas que se niegan a plantearte y a formalizarte por escrito. No es de recibo que ellos puedan llamarte a todas horas para importunarte, pero que tú tengas un problema con tu móvil y que no se te ponga nadie; que te hablen fantasmales contestadores; que te obliguen a teclear hasta la fecha en que te tomaste la primera papilla y te pidan que llames en otro momento porque las líneas están saturadas, o los asesores ocupados. No es de recibo –aunque luego el recibo no te lo perdonen– que, tratándose de una empresa que te está ofreciendo la telefonía más sofisticada del momento, no entiendas nada de lo que te están diciendo, porque el operador te habla desde el culo del planeta, ni que tal lejanía suponga el total desconocimiento, por su parte, de la legalidad de tu país.

No es ni siquiera constitucional que te digan que la conversación está siendo grabada, pero que tú no te puedas quedar con un documento de la tarifa que has contratado. Que la conversación se grabe les servirá a ellos, pero no a ti para poder hacer una reclamación. No es constitucional, porque vulnera el principio de igualdad de los españoles que esas tarifas, que en principio son invariables, varíen una docena de veces durante la conversación si a la persona con la que hablas le dices, por ejemplo, que te vas a cambiar de compañía. Hablo de un tema que merece la intervención del Defensor del Pueblo y probablemente del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia, porque es especialmente grave en un momento de recesión económica como el que vivimos, que acentúa más aún si cabe la indefensión del ciudadano. Aquí, unos señores que tienen en sus manos las tecnologías del siglo XXI quieren retrotraernos al acuerdo de palabra, al regateo y, al paso que vamos, al trueque medieval. El detalle más chusco y más gráfico de la extemporaneidad de esta picaresca tecnologizada es que habla a menudo como se hablaba antes en los pueblos. A menudo usa el tratamiento de señor delante de tu nombre propio. Yo es que, en cuanto me llaman «señor Ignacio», me temo lo peor.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Una oportunidad perdida. Por Emilio J. González

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías.

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Sobre el papel, que todo lo aguanta, ese límite teórico va a existir, pero no así en la práctica, no ya por ese concepto tortuoso de déficit estructural que se ha introducido en el texto de la enmienda, que también, sino porque ambos partidos han renunciado a dotar al Estado de mecanismos constitucionales para imponerse a los Ejecutivos regionales que opten por líneas de actuación en materia presupuestaria contrarias a las establecidas por el Gobierno central.

El texto del acuerdo habla de un futuro techo de déficit estructural del 0,4%, a regular mediante una ley orgánica, que se reparte entre el Estado (0,26%) y las autonomías (0,14%). Lo que no se dice es cómo se va a obligar a las comunidades autónomas a refrenar sus gastos para cumplir con semejante objetivo cuando la tendencia que están manifestando a lo largo de toda la crisis es a seguir con su propia dinámica de gasto público y que el coste del ajuste lo asuman en su totalidad los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en cuanto el Gobierno de Zapatero empezó a apretar las clavijas a las administraciones regionales para que ellas también redujeran su déficit, Cataluña se negó y aprobó para este año unas cuentas públicas con un desequilibrio del doble del que tenía permitido. La Generalitat, simplemente, no quiere renunciar a sus objetivos político-nacionalistas que se tienen que financiar con dineros públicos y, como tampoco quiere cargar las tintas sobre los contribuyentes catalanes a base de más impuestos, ni tampoco aplicar medidas impopulares o antisociales de recorte del gasto, pues a pasar olímpicamente de lo que diga el Gobierno central. Y ni socialistas ni ‘populares’ han aprendido de esta experiencia.

La Constitución reconoce al Estado la capacidad para ordenar la actividad económica del país, lo que implica la aplicación de políticas económicas de carácter nacional, incluidas las necesarias para superar crisis. Esa capacidad se ha visto mermada una y otra vez tanto a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a la letra de la propia Carta Magna como de la realidad del Estado de las autonomías, manifestada en la forma en que las comunidades autónomas aprovechan las situaciones de debilidad del Gobierno central de turno para hacer de su capa un sayo hasta haber convertido a este país en un reino de taifas. La enmienda sobre los límites al déficit público constituía una ocasión ideal para empezar a recomponer la situación y que el Estado comenzara a recuperar poderes y capacidades que jamás debió perder. Pero entre que en el PSOE son federalistas y que el modelo de España del PP es un modelo acomodaticio según las circunstancias se ha dejado escapar una oportunidad de oro para poner orden en el creciente desmadre que es el Estado de las autonomías.

Libertad Digital – Opinión

Elegancia. Por Alfonso Ussía

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no pretende que los periodistas y reporteros gráficos acudan al Parlamento elegantemente vestidos, sino con corrección. El baremo para distinguir lo correcto de lo incorrecto, que pasa por el respeto a los demás y a la institución que se visita, es fácil de establecerlo. Otra cosa es la elegancia, que se mueve por el gusto de cada uno. Escribió el gran Grover Whalen: «Míster Prower sorprendió con su elegancia.

Chaqueta verde con cuadros morados y unos pantalones naranjas que morían lánguidamente sobre el empeine de sus zapatos blancos». ¿Es elegante llevar todo a juego? Frank Case no lo considera así: «Muéstrame a un hombre que lleve pañuelo, calcetines y corbata a juego y te mostraré a un tipo que lleva puesto un regalo de Navidad». Bono no exige a los periodistas y reporteros que lleven puesto un regalo de Navidad, ni que las periodistas y reporteras vayan al Congreso como si fueran a desfilar en una pasarela. Pide corrección y respeto. Jamás será elegante quien pretenda serlo e invierta más de diez segundos en elegir la corbata. Se cuenta del barón de Segur, padre de José Luis de Vilallonga. Había sido invitado por Alfonso XIII al primitivo «Giralda». Desayuno, a las nueve en punto. Daban las diez y Segur no se presentaba. Al fin apareció, acicaladísimo. «¡Salvador!, ¿qué coño hacías?», le preguntó molesto el Rey.

«Vestirme, Señor». «¿Y para vestirte así necesitas una hora? Yo lo he hecho en cinco minutos». «Y se nota, Majestad, se nota». Lo cual no era cierto. Combates monárquicos y republicanos aparte, el Rey era elegante por naturaleza, en tanto que el barón de Segur era un elegante cosmético y bastante cursi, escrito sea con el perdón de sus descendientes. En resumen. Bono no pretende que los periodistas y reporteros que cubren la información en el Congreso de los Diputados vayan vestidos como el barón de Segur.

El duque de Bedford, elegante y algo arruinado, se presentó una noche de verano en su club londinense, el «Brooks & Woodles», perfectamente vestido y sin corbata. «Señoría; no puede permanecer con ese atuendo. El artículo 6º del Reglamento Interno lo explica con claridad. “Los señores socios están obligados al uso de la corbata”». El duque de Bedford se marchó sin protestar por respeto al Reglamento de su amado club. Al día siguiente, algo lluvioso, el duque se presentó con una elegante gabardina. Al quitársela, apareció completamente desnudo y una corbata anudada a su cuello. «Cumplo con el artículo 6º». Y cenó en pelota picada. Es decir, Bedford llevó hasta el límite el reglamentarismo, pero nada hubiera pasado de ser nuevamente puesto de patitas en la calle. Más por cumplirlo que por su inicial incumplimiento.

Es cierto que en verano los reporteros gráficos –más que los informadores– llevan toda suerte de artefactos de un lado al otro. Y que el calor aprieta y agobia. Bono no les pide que se vistan como Segur. Lo que les pide es que no vayan como quien se presenta en una playa, con camisetas, pantalones cortos y chancletas. No hacen falta lecciones de urbanidad para saber si uno va vestido con respeto hacia los demás o, por el contrario, considera que el Congreso es un chiringuito costero. La elegancia no es obligatoria, pero sí el respeto. Los diputados no acuden al Congreso en camiseta y con chancletas. Ni las diputadas ataviadas para darse un chapuzón. Se va como se recibe. Eso es la corrección. No llamar la atención, pasar desapercibido y respetar las instituciones a través de la estética.

La Razón – Opinión

EEUU. Razones para callarse. Por Alberto Acereda

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008.

Aquel proverbio español de que la perdiz por el pico se pierde define hoy perfectamente al actual mandatario norteamericano Barack Obama. En estos días vacacionales de mar y golf para Obama en el multimillonario y exclusivo enclave de Martha’s Vineyard, Obama tiene muchas razones para callarse aunque no lo haga. Su vicepresidente Joe Biden, el mismo que recientemente llamó terroristas a los ciudadanos norteamericanos del Tea Party, metió la pata en China hace unos días diciendo aceptar y comprender la inmoral ley china sobre la natalidad, la conocida política de hijo único. Otra aliada de Obama, la congresista negra de California por el Partido Demócrata, Maxine Waters, dijo pública y textualmente estos días que le encantaría que el Tea Party se fuera al infierno.

Esta misma semana, el Washington Post sacaba a la luz el escándalo de otro buen amigo de Obama: Jeffrey Immelt, el multimillonario presidente ejecutivo de la empresa General Electric y, a la vez, zar de empleos puesto a dedo por Obama. En un claro conflicto de ética profesional, Inmelt ha aceptado que su compañía firme acuerdos con el Gobierno de China para enviar tecnología aeroespacial –desarrollada en parte por la NASA con dinero público– a los ingenieros gubernamentales chinos y con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en EEUU. Junto a estos compañeros de viaje de Obama, con una economía en respiración artificial, con el susto del terremoto, el huracán Irene y con el aniversario del 11-S sin presencia de elementos religiosos por orden del Gobierno Federal y voluntad de Obama, al presidente le están saliendo los enanos. Cual perdiz hallada en su silbido, todo lo que fue diciendo en la campaña presidencial de 2008 le va saltando ahora a la cara.

Lo último y más sangrante es el recuerdo de unas palabras pronunciadas por Obama, y recogidas en vídeo, durante un mitin celebrado el 3 de julio de 2008 en Fargo, Dakota del Norte. Por entonces, el candidato Obama ya estaba despedazando al presidente George W. Bush y lo criticó por añadir cuatro billones de dólares a la deuda nacional, indicando que lo hecho por Bush era "antipatriótico" e "irresponsable", al arrastrar así una deuda que perjudicaría a futuras generaciones. Obama indicaba entonces que el problema era que Bush había pedido una tarjeta de crédito al Banco de China a nombre de los niños norteamericanos, elevando la deuda nacional de cinco billones de dólares –la deuda de los primeros 42 presidentes– a nueve billones.

Han pasado tres años desde aquel mitin y menos todavía desde que Obama llegó a la presidencia. Con Obama en la Casa Blanca, la deuda nacional se ha elevado ya en cuatro billones. Según el Departamento del Tesoro, cuando Obama fue inaugurado como presidente el 20 enero de 2009, la deuda nacional era exactamente de 10,6 billones de dólares (para ser exactos: 10.626.877.048.913,08). A día de hoy, la deuda es de 14,6 billones (exactamente: 14.612.435.498.338,62) y sigue aumentando. Con el fatídico aumento del techo de deuda y el incesante gasto de Obama, la realidad es que en tres años este presidente ha gastado más que su predecesor en ocho.

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008. Y es que con Obama y su pandilla, además del proverbio de las perdices, cabe aplicar también aquel otro de que habló el buey y dijo mu. A fin de cuentas, el otrora senador de Illinois pasó toda su carrera política antes de llegar a la Casa Blanca votando "presente", en silencio, sin hacer ruido. Ahora que ha llegado a Washington, ahora que veranea con los ricos que tanto dice odiar en Martha´s Vineyard, el presidente va de buey a perdiz, de mu al silbo, al cuchicheo, o mejor –por lo cobarde– al ajeo.

Libertad Digital – Opinión

Grave deriva proetarra

La deriva alarmante para el País Vasco que arrancó con la legalización de Bildu y el copo de un notable poder institucional de la marca proetarra fue interpretada por una parte no menor de la clase política, incluido el Gobierno y los socialistas, como una oportunidad para avanzar hacia el final del terrorismo. Era una lectura interesada y sesgada que no compartimos en momento alguno. Más bien al contrario, hemos defendido que los acontecimientos de los últimos meses han servido a un proceso tutelado por la banda terrorista que sólo podía interpretarse como una victoria de ETA y en consecuencia como un revés grave en la lucha por la libertad.

En estas semanas, especialmente en los días de fiesta grande en las capitales vascas, se ha percibido con claridad la intención del Gobierno vasco y de los partidos nacionalistas de alimentar un clima de opinión particularmente tendencioso, en el que se ha incidido en la tranquilidad y la normalidad en las calles en contraste con la mayoría de veranos especialmente convulsos, reivindicativos y violentos. Obviamente, se ponía así en valor la presencia de Bildu en la vida política vasca y su influencia en este aparente proceso de normalización. La insistencia en ese mensaje, aderezado ayer con manifestaciones desde el Gobierno vasco sobre que las víctimas no ven con preocupación la presencia de Bildu en las instituciones, responde a una planificación y una intencionalidad que sólo podemos lamentar.

El País Vasco no está en calma ni está mejor con los proetarras en las instituciones. En este verano, especialmente en la última semana, como ha denunciado en solitario La Razón, han sucedido hechos gravísimos como que la Ertzaintza permitiera un almuerzo de homenaje a los terroristas prohibido por la Audiencia Nacional y que luego la Consejería de Interior mintiera y negara que se jaleara a ETA en ese almuerzo como así sucedió y este periódico pudo comprobar in situ. O que los batasunos se manifestaran en Bilbao con gritos a favor de los presos de ETA sin que nadie hiciera nada al respecto.

Existe una sensación de impunidad fundamentada. La democracia ha retrocedido. Es un hecho incuestionable. Hoy, los gritos y los carteles de respaldo a la banda son realidades no castigadas y se ha impuesto una actitud contemplativa con flagrantes actos de enaltecimiento del terrorismo. En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido otro elemento para la inquietud. El ministro Ramón Jáuregui confirmó hace unos días que el Ejecutivo no actuará para ilegalizar Bildu ni sacar a sus representantes de las instituciones, como prevé la Ley Electoral. Ni siquiera después de que el diputado general de Guipúzcoa lamentara sólo los atentados de ETA en Cataluña o de que los representantes de la coalición no condenaran los crímenes de la banda ni pidieran su desaparición.

El Estado de Derecho no puede renunciar a la derrota del terrorismo ni a imponer su superioridad moral. No puede admitir un final sin vencedores ni vencidos. Si este Gobierno no actúa, será el siguiente el que deba hacer justicia.

La Razón – Editorial

Libia sin Gadafi

Construir una nueva democracia exige aplicar la justicia a los crímenes de ambos bandos.

La toma de Trípoli por las tropas rebeldes pone al Consejo Nacional de Transición ante sus primeras responsabilidades en la construcción de la nueva Libia. Los combates continúan en torno a Sirte y Muamar el Gadafi sigue sin aparecer, pero son los últimos episodios de una guerra civil que condicionará el futuro del país y de las revueltas árabes. La caída de Sirte es cuestión de tiempo; también la de Gadafi, y ese será el momento en que, si aparece con vida, las nuevas autoridades libias tomen la decisión de juzgarlo en el país o de enviarlo ante la Corte Penal Internacional. Ni en un caso ni en otro existiría la opción de la impunidad para quien sojuzgó Libia durante 42 años y prefirió la guerra civil antes que abandonar el poder.

Las primeras horas del control de Trípoli por parte de los rebeldes han sembrado la inquietud. La aparición de cadáveres que evidencian ejecuciones sumarias llevadas a cabo por los leales a Gadafi ratifican que era necesario acabar con un régimen de terror. Pero, de confirmarse los indicios de que los rebeldes podrían estar haciendo otro tanto con los gadafistas, Libia se precipitaría al peor de los infiernos: la caída de un tirano a costa de mantener la tiranía. Para el futuro Gobierno libio, el derecho a un juicio justo para Gadafi y los suyos tendría que ir acompañado por el deber de un juicio equivalente contra los rebeldes que pudieran haber cometido crímenes en el momento de aproximarse la victoria.

La guerra civil supuso un punto de inflexión en las revueltas árabes, al fijar una pauta de comportamiento para los autócratas. Dependiendo de los pasos que dé a partir de ahora el Consejo de Transición, Libia podría convertirse de nuevo en un modelo negativo para las transiciones democráticas en curso. Nada debería impedir que los ciudadanos de los países árabes accedan a una democracia plena y sin adjetivos, algo que depende en exclusiva de las decisiones que adopten los dirigentes encargados de gestionar la nueva legitimidad que han fundado las revueltas. El camino es más fácil en los países que no derrocaron a sus dictadores por las armas. Pero tampoco es imposible en Libia, siempre que las nuevas autoridades sean conscientes de que no solo lucharon contra Gadafi, sino también a favor de un régimen de libertades.

Ante estos países, la comunidad internacional tiene tendencia a dejarse llevar por actitudes paternalistas que, en el fondo, responden a un resabio racista. Los nuevos dirigentes árabes, incluidos los libios, no pueden beneficiarse de una actitud de condescendencia similar, por lo demás, a la que se dispensó ante los antiguos dictadores. Las mismas responsabilidades que se exigen a cualquier Gobierno del mundo incumben a quienes tienen ahora la ocasión, ofrecida por los ciudadanos árabes que se han jugado la vida, de demostrar que ni la pobreza ni el credo religioso ni, incluso, la historia son incompatibles con la democracia.

El País – Editorial

El PP se suma a la demagogia fiscal del PSOE

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente.

Siguiendo el dictado demagógico de los socialistas en materia fiscal, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, también ha animado a los "ricos" españoles a hacer un gesto similar al de los 16 dueños de grandes fortunas de Francia, que públicamente han pedido a su Gobierno pagar más impuestos. A juicio de González Pons, sería un detalle muy de agradecer, puesto que la clase media y los trabajadores ya llevan mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo para "sacar al país adelante".

En efecto, la clase media y los trabajadores españoles llevan ya muchos años, demasiados, soportando un régimen fiscal que les priva de una parte importante de la riqueza que producen, no para levantar a ningún país, sino para que su clase política, a la que pertenece el siempre sonriente González Pons, dilapide todo ese esfuerzo conjunto con una gestión hipertrofiada que ha llevado a España al borde del precipicio. Esa clase media y trabajadora jamás ha pedido a sus gobernantes que la esquilmen y, sin embargo, esa es la realidad con que tienen que convivir, así que ¿por qué ha de esperar la casta política a que los ricos otorguen su permiso para hacer con ellos lo mismo?

La respuesta es que "los ricos" cuentan con las más diversas vías para evitar el pago de impuestos, tales como la creación de sociedades en lugares a salvo del fisco de sus países, la donación de grandes cantidades a fundaciones que suponen la correspondiente desgravación y un tratamiento fiscal generoso para las rentas distintas del trabajo; aspectos todos ellos que los gobiernos no van a modificar entre otras cosas por su evidente inutilidad, puesto que quien tiene los recursos suficientes siempre va a tener a su alcance métodos legales para evitar ser despojado en demasía.

La propuesta de esas grandes fortunas "progresistas" a uno y otro lado del Atlántico es gravar aún más pero sólo las rentas personales, olvidando añadir que a ellos no les afectaría en realidad puesto que perciben la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. En cambio, el aumento de la presión fiscal que solicitan con aparente "generosidad" la padecerían aquellos que con su esfuerzo, talento y disciplina ahorradora están en el camino de ingresar en tan selecto club.

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente. Pero como la política española se ha convertido en un reflejo suicida de las propuestas de los "indignados", a los que hay que lisonjear ahora que se acercan fechas electorales, el español medio tiene que asistir con asombro a este festival demagógico al que alegremente se ha sumado también el PP.

Como siempre, las consecuencias las pagarán los trabajadores y modestos propietarios que forman nuestra clase media. La misma que el PP dijo un día estar dispuesto a defender.

Libertad Digital – Editorial

Querido Pablo. Por Yoani Sánchez

La Habana y Miami son de esas ciudades que están muy lejos a pesar de solo ubicarse a unas millas de distancia. Las confrontaciones políticas a ambos lados, los impedimentos para viajar y un discurso de cinco décadas de enfrentamiento han provocado que el estrecho de La Florida nos parezca insondable. Tímidamente empiezan, no obstante, a levantarse puentes en cada orilla, todavía frágiles e incompletos, pero al menos son un atisbo de un posible y futuro reencuentro. Entre esos gestos de concordia, ninguno ha levantado tanta polémica como el concierto de Pablo Milanés que está programado para hoy, 27 de agosto, en el American Airlines Arena de Miami. Seguidores y antagonistas se enfrentan en un careo sobre la pertinencia o no de que el conocido cantautor se presente ante los exiliados cubanos.

La querella me ha hecho desempolvar algunos recuerdos de aquellos años de subsidio soviético, cuando el panorama de la música cubana era gris y chato. Todavía no había venido Ry Cooder a descubrir a los viejitos del Buena Vista Social Club, los videoclips extranjeros apenas se colaban en algunos espacios televisivos y tener un reproductor de casetes era algo tan remoto como poseer un trozo de meteorito. La existencia de una lista negra con cantantes exiliados y otros tantos prohibidos hacía que cada día desaparecieran más y más voces de nuestro ya menguado espectro sonoro. En las pesadísimas radios que se importaban de Europa del Este, al mover el dial solo era posible encontrar -una y otra vez- la voz de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés.

Con sus canciones ellos habían creado la banda musical de la utopía, los acordes que acompañaban a un proyecto social que muchos no habíamos ni siquiera podido elegir. Quienes crecíamos bajo esos estribillos, identificábamos a la Nueva Trova con el poder, el statu quo, el Gobierno.

Fuera de la Isla, sin embargo, las mismas canciones que a nosotros nos saturaban hasta el cansancio cobraban otras connotaciones. Fueron los himnos de miles de jóvenes que querían alcanzar ese espejismo del que muchos cubanos estábamos de ida y de vuelta. Las letras interpretadas por Pablo Milanés se convirtieron en verdaderos cánticos de protesta en países como Chile, Argentina y España. El cantautor -nacido en Bayamo en 1943- parecía estar en la cima de su popularidad internacional, pero el camino transitado para llegar hasta ahí no había sido nada fácil.

Pablo tropezó también con la intolerancia que expulsó a tantos colegas suyos de la radio y la televisión nacionales. A mediados de los años sesenta el autor del célebre tema Yolanda fue recluido en la UMAP (Unidades de Ayuda a la Producción), campos de trabajo forzado donde se pretendía reformar a golpe de disciplina militar y de labores agrícolas a religiosos, homosexuales y desviados ideológicos. Después de eso su periplo personal y artístico se mezcló con el de las instituciones, especialmente con la Casa de las Américas. Llegó incluso a convertirse en diputado de nuestra Asamblea Nacional. De ese periodo pocos le perdonan no haber roto la unanimidad de tantas manos levantadas y atreverse a decir en voz alta las opiniones críticas que ya tenía.

Pese a su silencio público, todos empezamos a notar que Pablo Milanés se separaba del oficialismo. No lo hacía con declaraciones altisonantes ni con evidentes tomas de posición, sino lentamente, sin rupturas. El punto climático de ese desgajamiento vino, sin dudas, cuando en 2003 se negó a firmar una carta donde se intentaban justificar las medidas represivas tomadas por el Gobierno cubano. Bajo el nombre de Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, varias personalidades de nuestro quehacer artístico y literario respaldaban hechos de una tremenda violencia judicial. Entre ellos, el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación para emigrar y el envío a prisión de 75 opositores pacíficos. Pablo se desmarcó de tal compromiso político, aunque otras conocidas voces como Omara Portuondo, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez sí suscribieron el documento.

En entrevistas a medios extranjeros, Pablo Milanés ha pronunciado críticas a la gestión del Gobierno cubano. Hasta ha llegado a decir que cree "en el sistema, pero no en los hombres que lo hacen". Herejía de grandes proporciones, si se habla de un proyecto político que durante 50 años se ha intentado hacer a la imagen y semejanza de Fidel Castro. Pero sería errado tachar a Pablo como un disidente. Aunque durante los meses del año que pasa en Cuba evita mezclarse en actos públicos demasiado ideologizados, tampoco ha roto lanzas desde aquí adentro para que se respete la discrepancia o se paren los mítines de repudio.

Sin embargo, su mérito mayor estriba en haber encontrado su propio espacio de inconformidad, su manera muy personal de ser él mismo. Ya no está en todos los puntos del dial de la radio cubana, es cierto, pero en unos días cantará en Miami y contribuirá con su voz al delgado y frágil puente que se levanta entre las dos orillas.

El País – Opinión

La crisis económica acaba por empujar a la izquierda al ostracismo. Por Federico Quevedo

Prohibir el déficit por ley, aún más, hacerlo en la propia Constitución -lo cual exige que para cambiarlo haya una mayoría de tres quintos-, es probablemente el último golpe que la propia crisis económica le asesta a la izquierda. El debate sobre el déficit es de las pocas cosas que todavía hoy diferencian a izquierda socialdemócrata y derecha liberal, pero ese debate muere a manos de una reforma de la Constitución que directamente sentencia a muerte la posibilidad de que las administraciones públicas puedan recurrir al déficit y al endeudamiento, aunque es verdad que a última hora se ha evitado el cifrar ese límite, pero también lo es que se deja en manos de la UE la cifra, y ya sabemos que en ese aspecto la ortodoxia comunitaria es férrea.

En el debate sobre quiénes son los culpables de la crisis, unos y otros se han tirado los trastos a la cabeza, y probablemente las responsabilidades haya que repartirlas por igual: ni los excesos del capitalismo han sido buenos, ni tampoco lo han sido los desmanes regulatorios y la obsesión por el gasto público. Eso que alguna vez hemos llamado capitalismo-socialdemócrata, o socialismo de mercado, no ha funcionado bien, o mejor dicho, ha funcionado fatal y nos ha llevado a la situación en la que estamos y nos obliga a replantear de nuevo los modelos económicos porque tal y como se están haciendo las cosas en lugar de poner remedio a la situación lo que estamos haciendo es empeorarla, y eso es exactamente lo que están descontando los mercados en este fatídico mes de agosto en el que las bolsas se han hundido sin remisión.

Todo está entredicho, pero por alguna razón es la izquierda la que más está sufriendo el efecto de este replanteamiento, quizás porque para ella es mucho más difícil aceptar errores y, sobre todo, avanzar en las reformas necesarias para intentar salir de este pozo en el que se ha sumido nuestra economía. El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.

No tomen esto como una crítica, porque simplemente pretendo hacer un análisis de situación, y a la vista del enconado debate interno que la reforma constitucional ha provocado en el seno del Partido Socialista, cada vez es más evidente, más claro, que después de las elecciones generales la izquierda española, toda la izquierda, debería llevar a cabo una profunda reflexión sobre su futuro y sobre los hechos que la han conducido a la situación de pérdida de poder real que está sufriendo.

«El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.»

¿Significa esto el final de la socialdemocracia? No tiene por qué, pero a lo mejor significa que la socialdemocracia tiene que dar nuevos pasos en pro de la apertura a un modelo económico no basado en el keynesianismo y sí en una mayor apuesta por la libertad económica y la menor presencia del Estado en la sociedad. Liberalismo social, dicho de otro modo.

Es verdad que ese camino a la inversa ya lo ha recorrido la derecha, y que es probable que si la izquierda lo recorre ambas se acaben encontrando en un terreno muy parecido, y entonces las diferencias entre unos y otros tenderán a ser más de modelos de gestión que de contenido ideológico como ha venido
ocurriendo hasta ahora.

La otra opción es que la izquierda se radicalice en su discurso, como ha venido haciendo en estas últimas dos legislaturas, pero en mi opinión eso solo contribuiría a alejarla cada vez más de unos modelos sociales que parecen decantarse por la apuesta por la libertad frente al discurso de la igualdad. Es evidente que no podemos vivir como habíamos vivido hasta ahora, ni en el ayuntamiento más humilde, ni en el país más rico del mundo. No es posible mantener los estados del bienestar de la manera en que lo estábamos haciendo, ni podemos tener administraciones faraónicas que además duplicaban y triplicaban competencias. Hay que replantearlo todo, buscar nuevos modelos de financiación y acostumbrarnos a que no podemos ser tan aparentemente ricos como creíamos que éramos.

Esto no significa el fin del estado del bienestar, sino una reforma de la manera en la que lo sufragamos, y si no aceptamos ese debate y comprendemos que ya nada va a ser igual a como lo conocimos hasta ahora, los políticos se estarán engañando a sí mismos y estarán engañando a los ciudadanos. Y esto le va a costar a la izquierda unas elecciones, pero probablemente sea lo mejor que pueda pasar para introducir un poco de sensatez sentido común en el debate político nacional.

El Confidencial – Opinión

Perplejidad socialista. Por Charo Zarzalejos

El pasado martes en el Congreso y a medida que el Presidente desgranaba desde la tribuna de oradores su propuesta de reforma constitucional, la bancada socialista se convirtió en una constelación de rostros perplejos. No era necesario "hacer pasillos" para comprobar el ánimo de los socialistas en general y de aquellos que forman parte del comité electoral de Rubalcaba, en particular.

Con su propuesta, previamente consensuada con Mariano Rajoy, el Presidente lanzaba un auténtico torpedo al candidato socialista y al grueso de esta fase inicial de campaña. No sólo porque apostaba por algo que hace apenas unos meses habían denostado y de manera muy especial el propio Rubalcaba, sino porque durante días y días, esa reforma se va a comer el interés informativo. Apenas quedará sitio para otros asuntos y, como es natural, Rubalcaba quiere y necesita espacio.

Que los socialistas estén perplejos es más que lógico y no sólo porque crean que el gasto público es necesario en época de crisis, sino porque con esta reforma, es Mariano Rajoy quien se llena de razón, al que se convierte en "hacedor" de una propuesta que ahora, al parecer, es buena. Algunas voces ya han comenzado a surgir. Elena Valenciano, en su papel, quita gravedad a las desavenencias internas que ya están detectando y al final del todo nos encontramos con un Alfredo Pérez Rubalcaba obligado a gestionar no el poder, cosa que hace como nadie, sino el desánimo y la perplejidad de los suyos por una decisión tonada con carácter de urgencia y que sólo se entiende si ha venido impuesta de fuera. No creo que el Presidente del Gobierno, "motu propio", como Pablo cayéndose del caballo haya concluido que esta reforma es lo mejor que puede hacer. Lo hace porque, probablemente, no tiene más remedio y lo hace sin miramientos, sin pánico a dar la razón a Rajoy y con la libertad_no hay que descartar que también con disgusto_que le da el saber que sus próximos capítulos vitales los va a escribir en León.

Rubalcaba ya tiene sitio en la comisión negociadora PSOE-PP para concretar la fórmula que llevarán al Congreso, pero la tarea que tiene por delante es ingente. En el PSOE las aguas vuelven a bajar un poco revueltas y él, experto en convencer y atraer a los ajenos tiene, nada menos, que ilusionar a los propios cada vez más desanimado y más perplejos. ¿Por qué se ha metido en este lío?.

Periodista Digital - Opinión

Rectificar para empatar. Por Carmen Gurruchaga

La izquierda es partidaria de aumentar el gasto público para reactivar la economía (Keyness) y la derecha, todo lo contrario. Pero Zapatero, obligado por la UE, ha rectificado y ha cerrado un pacto con Rajoy para limitar el gasto público. La intención es que la economía española recupere la confianza. Una parte importante del PSOE se oponía a esta reforma y entre ellos Rubalcaba, quien en contra de lo afirmado el jueves, no ha estado al frente de la negociación. Así pues, el acuerdo se ha llevado a cabo independientemente de su opinión, que, por cierto, ha cambiado totalmente. Cuando el líder del PP lanzó la propuesta la consideró ridícula, insolidaria e inviable. Ayer, en cambio, dijo sentirse satisfecho porque «recoge una imprescindible estabilidad presupuestaria, cierta flexibilidad para cuando “vienen mal dadas” y una referencia europea». Sorprendentemente, coincide con el PP y ha modificado tanto su idea primitiva que ha invitado a sus compañeros críticos a leerse el texto acordado. Rubalcaba es muy listo y si el otro día en el Congreso la hemeroteca le pilló con el paso cambiado, ha sabido hacer de la necesidad virtud y enfatizar que, al final, incluye principios fundamentales para él. El equilibrio presupuestario y el control del gasto garantizan las políticas sociales al saber del dinero del que se dispone para llevarlas a cabo. En cambio, el descontrol termina por obligar a recortar prestaciones sociales, a congelar las pensiones… En fin, todo lo que llevamos viendo los últimos años.

MEDIO – La Razón

Reforma constitucional. A confundir, que algo queda. Por Maite Nolla

Tiene que contener a los rebeldes que han comprendido que el gesto de Zapatero hace innecesario celebrar elecciones el 20 de noviembre. Borrell existe y es del sector crítico, aunque nadie supiera nada hasta la fecha.

Los desplazados buscan su hueco. Los habituales perejiles de todas las salsas en los últimos años han quedado relegados en el asunto de la reforma. Pasada su propia confusión inicial, necesitan distraer para recuperar algo de protagonismo. Y es que Rubalcaba tiene muchos problemas y ninguno de ellos pasa por los veinticinco diputados del PSC. Son, con diferencia, los votos más seguros; los más disciplinados del grupo, por la cuenta que les trae. Tere Cunillera, vicepresidenta del Congreso, no se imagina a sí misma votando otra cosa que no sea lo que le mande el PSOE. Cuando le dieron el escaño lo pidió con todos los extras, menos el de la libertad de voto. Los problemas le vienen al candidato porque no puede discutir ni la necesidad, ni la forma, ni el tiempo de la reforma. Por eso miente y dice que ha impuesto no se sabe qué en el pacto. Además, tiene que contener a los rebeldes que han comprendido que el gesto de Zapatero hace innecesario celebrar elecciones el 20 de noviembre. Borrell existe y es del sector crítico, aunque nadie supiera nada hasta la fecha.

Y Duran ha dicho que la reforma es "esperpéntica", "surrealista", y hecha "de espaldas a la gente", y pide un referéndum, aunque antes de ser llamado al orden dijo que "compartía el espíritu" de la misma. Sin ánimo de ser muy crítica, pero imaginemos el siguiente escenario, como se dice ahora: supongamos que la reforma hubiera sido fruto de un debate previo con juristas, economistas y con aportaciones de todos los partidos, y no obligada por doña Merkel. Pongamos que la reforma se somete a referéndum, pero de los de verdad, no como los alegales que convoca CiU para que voten menores y extranjeros, y que el referéndum tiene una gran participación y que no es ridícula como en el del Estatut. Y que el resultado del referéndum es el del apoyo de la gente a la reforma. Vamos, supongamos que la reforma se hace bien, que se concreta en algo y que no remite su efectividad a una ley posterior y a nueve o diez años vista. ¿Apoyaría entonces el señor Duran la reforma? No, claro que no. Pues entonces, ¿qué necesidad tiene de crisparse tanto? El ceño y el sobrecejo tienen un límite, más aún con esas gafas rojas tan "agresivas". Duran puede que tenga razón en lo que dice, pero los nacionalistas no se oponen a la modificación de la Constitución por las formas precisamente, creo yo. Además, que yo recuerde, este señor y otros dos fueron los que reformaron la Constitución en una noche en La Moncloa por la vía del Estatut; y no se me ocurre una forma mayor de darle la espalda a la gente. Porque entonces nadie nos preguntó si queríamos o no queríamos adaptar la Constitución a los caprichos nacionalistas.

En fin, Rubalcaba y Duran, dos descolocados a los que sólo les queda intentar confundir al personal.

Libertad Digital – Opinión

Garitano. Por Iñaki Ezkerra

En dos años he coincidido dos veces con Garitano en la Euskal Telebista. La primera fue en vísperas de las autonómicas del 2009 que desalojarían al PNV del poder. Recuerdo muy bien su tono y su aspecto, vitalmente bajos, sombríos, funerarios. Garitano tenía el típico tono y el típico aspecto de la Batasuna amargada, deprimida, jodida de la ilegalidad y la marginalidad. Dijo algo de los presos que no interesó a nadie y lo dijo, además, sin convicción, como por obligación, sintiéndose desplazado y en contra de la sintonía general, no ya de la tertulia, sino del propio país; en contra de la realidad. Todavía se respiraba en el ambiente el sentimiento de decepción, de prudencia y de pudor que había dejado en los socialistas el atentado de la T 4, el fracaso estrepitoso de la negociación, el ridículo de Zapatero… La segunda vez que me topé con Garitano en la tele oficial vasca fue después de las recientes municipales y forales que le llevaron a la presidencia de la Diputación guipuzcoana. Su aspecto era la antítesis del encuentro anterior. Era la estrella de la tertulia y se le veía radiante. Garitano bromista y dicharachero. Garitano concesivo. Garitano campechano, paternalista, perdonador. Garitano de buen rollito, y más majo que las pesetas mientras todos los tertulianos, salvo un servidor, le reían sus gracias sin gracia en los descansos del programa. Garitano tenía cara de Drácula vestido de Primera Comunión, de acémila ilusionada, de concursante televisivo al que le entregan las llaves del apartamento en Torrevieja.

Si queremos tener una idea de cómo se encuentra hoy ETA, y de lo que ha supuesto para ETA la tristemente famosa sentencia del Constitucional, no tenemos más que ver ese antes y ese después de Garitano, el tipo que ahora nos hace la generosa concesión de dosificar su lamento por los asesinatos: los de Cataluña sí, los otros, ya veremos… Es un gamberro institucionalizado, un pisaflores de la democracia, un bocazas con sueldo oficial. Y en su borrachera de éxito nos concede ahora que quizá Hannibal Lecter, su jefe, no sea perfecto. No entro en el diagnóstico clínico de la salud de ETA. Entro en lo anímico, que es tanto o más importante. ¿Es un logro político que merece un premio conseguir hacer felices a los terroristas? A mí esto de hacer a ETA «reina por un día» no me parece un paso democrático, sino una cursilada macabra más del zapaterismo. Quizá no la última.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Un fraude consensuado. Por Juan Ramón Rallo

Aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias.

Si alguna función podía tener una limitación constitucional al déficit era la de contener algo ese timo del tocomocho llamado keynesianismo, a saber, la idea de que lo único que necesitamos para salir de una crisis es un incremento del gasto, venga de donde venga y se destine a lo que se destine. El problema de las depresiones, sin embargo, no es que gastemos demasiado poco en general, sino que nuestros patrones de gasto, de producción y de financiación no son sostenibles; a saber, el crédito hipotecario en España no podía seguir creciendo al 20% anual y el sector de la construcción no podía continuar fabricando 800.000 viviendas al año. Y esto no se arregla empujando al Estado a que gaste en lo que sea, endeudándose todavía más y frenando los reajustes: si idénticas recetas las aplicáramos a una empresa que atravesara una crisis sectorial, rápidamente la abocaríamos a la quiebra.

Pero nada, que da igual. La reforma consensuada entre PP y PSOE no sólo deja al albur parlamentario la fijación del techo de deuda y de déficit (qué eficaz ha sido semejante norma en EEUU), sino que para más inri en el texto constitucional se exceptúan a las "recesiones económicas" como situaciones críticas en las que se pueden rebasar esos límites.

En teoría, PP y PSOE promueven esta reforma porque no quieren que se repita una situación tan desastrosa de las cuentas públicas como la actual, ¿no? Bueno, pues hagamos un un muy sencillo ejercicio de política ficción: supongamos que esta reforma ya hubiese estado vigente en 2004, cuando Zapatero llegó el poder. ¿Habría cambiado algo el devenir de nuestra crisis merced a la limitación constitucional del déficit? En absoluto; desde 2004 a 2007, momentos de aparente (y ficticia) prosperidad económica, el PSOE cuadró sus presupuestos con superávit. Llegó la recesión en 2008 y empezaron a aparecer los números rojos: más de 300.000 millones de euros de déficit en cuatro años que de nada han servido salvo para acercarnos a la suspensión de pagos (¡gran éxito de la estimulación keynesiana!). Todos y cada uno de esos déficits, por surgir en medio de una recesión, habrían contado con respaldo constitucional; y, además, los socialistas podrían haberlos convalidado en el parlamento de idéntico modo a cómo sacaron adelante en las Cortes todos los presupuestos que generaron esos déficits.

Moraleja: aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias. Para que luego se nos diga que nuestros problemas proceden de que PP y PSOE no han arrimado el hombro. No, todo lo contrario: nuestros problemas vienen de que ambos partidos han estado de acuerdo en casi todo, de que no ha habido una oposición real a ninguna de las grandes políticas económicas que han arruinado a este país (ni al rescate de la banca, ni al simulacro de reforma del mercado laboral, ni al estímulo keynesiano del gasto, ni ahora a este timo de reforma constitucional). Consenso socialdemócrata, lo llaman.

Libertad Digital – Opinión

El suicidio de la izquierda: a propósito de la reforma constitucional. Por Carlos Sánchez

Probablemente, uno de los mayores triunfos políticos de la derecha europea y estadounidense fue la de establecer una relación causa-efecto entre la izquierda y el déficit público. A partir de este argumento, comprado por buena parte de la opinión pública, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas crecen el despilfarro, la mala gestión de la cosa pública y hasta el clientelismo político, toda vez que la izquierda cuando está en el poder alimenta con subvenciones todo tipo de iniciativas que en realidad benefician a unos pocos. Su obsesión por repartir el pastel, pero sin atender a la creación de riqueza mediante políticas de oferta, hace el resto.

Este argumento ha hecho furor. Hasta el punto de que la propia izquierda ha acabado por creerse este aparente axioma, convertido en una especie de verdad revelada. Hoy en día, amplios sectores de la izquierda están convencidos de que un país que se endeuda es mejor que otro que no lo hace. Hasta el punto de que ha convertido el gasto público en una de sus señas de identidad.

Aunque parezca mentira, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, era la derecha tradicional ligada a los sectores oligárquicos quien reclamaba mayor presencia del sector público en la economía, por supuesto con aviesas intenciones, como pudo comprobar este país durante la Restauración y el franquismo.

El proteccionismo, los aranceles, las restricciones a la libertad de comercio han sido históricamente reivindicaciones de la derecha, pero la irrupción, en primer lugar, del estatismo soviético; y, en segundo lugar de las políticas keynesianas que cuestionaban los modelos de equilibrio macroeconómicos neoclásicos, cambiaron el discurso de la izquierda. Hoy, determinados partidos y dirigentes políticos que se proclaman socialistas o socialdemócratas reclaman el gasto público como un instrumento de reequilibrio económico y social. Incluso se sienten altamente contrariados por el hecho de que el Gobierno socialista y el Partido Popular hayan pactado poner freno constitucional al déficit público.

«El nivel de gasto público no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo.»

Esos argumentos serían ciertos si estuvieran basados en la verdad empírica. Pero la realidad dice todo lo contrario. En EEUU han sido históricamente los republicanos quienes han generado mayores déficits públicos. Ahí están los casos de Reagan o Bush (padre e hijo), que dejaron las finanzas públicas temblando, al contrario que Clinton, cuyo superávit fiscal todavía se recuerda hoy como una bendición. Y qué decir de Nixon con su guerra del Vietnam.

Conservadores y socialdemócratas

En Europa, al contrario, no ha habido coherencia alguna. Izquierda y derecha se han endeudado hasta las cejas sin rubor alguno, y por lo tanto no es fácil encontrar una pauta general de comportamiento. En los cinco países con mayor déficit en 2010 (Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal) gobiernan o han gobernado tanto conservadores como socialdemócratas, lo que da a entender que no se trata de una estrategia común en función de criterios ideológicos.

La cantidad de déficit público hay que relacionarla, por lo tanto, con las políticas económicas practicadas. O dicho en términos más sencillos, el desequilibrio presupuestario tiene que ver con lo que decide de forma discrecional cada gobierno. Y así encontramos que países como Suecia, con uno de los mayores niveles de gasto público de Europa (53% del PIB) es, igualmente, un ejemplo de solvencia fiscal. El Gobierno de Estocolmo (conservador) consiguió en 2010 equilibrar el presupuesto público (déficit cero) y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de gasto social. Como dijo en estas mismas páginas el profesor Fernández-Villaverde, las reglas fiscales poco tiene de conspiración cavernícola. La seriedad fiscal no es ni de izquierdas ni de derechas (a fin de cuentas, a irresponsables fiscales no les gana nadie a los republicanos en EEUU).

Esto da a entender dos cosas. En primer lugar, que el nivel de gasto público (que en última instancia es lo que preocupa a algunos sectores de la izquierda y a los sindicatos) no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social (y con amplia presencia del sector público en la economía) y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ni desde luego la cohesión social. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo (cerca del 21%).

Esto sugiere que el problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos, como a menudo se olvida. No estará de más recordar, por lo tanto, que cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los famosos estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.

«El problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos. Cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.»

Al contrario de lo que se suele creer, el déficit público en España es de naturaleza eminentemente estructural. Se debe, sobre todo, a una pérdida permanente de ingresos como consecuencia del redimensionamiento del sector inmobiliario y a la existencia de altos niveles de desempleo, incluso en periodos de expansión. Algo que explica, por ejemplo, que un país en bancarrota como Grecia ingrese más que España.

¿Y Por qué España no recauda? Básicamente por la existencia de un sistema tributario ineficiente que hace descansar la presión fiscal en los asalariados. Pero al contrario de lo que cabe suponer, lo que han hecho las distintas administraciones no ha sido reformar la fiscalidad para ensanchar las bases imponibles o hacer reformas económicas de calado para actuar sobre la oferta y no sólo sobre la demanda; sino que, por el contrario, han hecho lo más fácil. Subir los impuestos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Al menos la presenta generación, porque las que vienen detrás tendrán que pagar el marrón, como se dice ahora.

Una financiación heterodoxa

¿Y cómo se hace esto? Pues pidiendo dinero a los célebres mercados financieros o, incluso, acudiendo al banco más cercano para que les presten pasta (mejor si es una caja de ahorros amiga). Dicho en otras palabras, como no se atreven a cambiar la fiscalidad (subiendo impuestos para financiar el nivel de prestaciones públicas que disfrutan los ciudadanos) lo que se hace es pedir dinero por la ventanilla de última instancia (los mercados). Sujetos a quienes nadie ve y que no piden nada. Claro está, salvo altas rentabilidades, en última instancia el origen de la actual crisis de deuda soberana.

Ni que decir tiene que se trata del camino equivocado. Y no sólo por la falta de transparencia que suscita esta heterodoxa forma de financiar las necesidades del sector público. O incluso por un mínimo sentido de la decencia democrática. También porque de esta manera se produce un fenómeno perverso. Son las administraciones públicas (efecto crowding out) quienes se endeudan y evitan que los agentes económicos privados se financien, lo que alimenta la crisis. Pero es que además, niveles elevados de déficit y ritmos crecientes de deuda pública (escenario previsible hasta 2018-20) suponen necesariamente un encarecimiento de los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados se encuentran en estado de alerta frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales en algunos Estados.

El equilibrio presupuestario, por lo tanto, es algo más que una necesidad económica. Es el instrumento necesario para hacer una política auténticamente social, como bien han demostrado los países escandinavos desde la crisis de los años 80. La existencia de elevados déficits, por el contrario, sólo ayuda a aumentar el tamaño de los mercados financieros y para nada aumenta la cohesión social. Al contrario.

El gasto público hay que volver a financiarlo con impuestos, que son la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Reivindicar lo contrario es el mejor camino para la autodestrucción, como de hecho explica que el 95% de los gobiernos europeos sean de centro derecha.

El Confidecial – Opinión

¿Por qué ahora? Por Isaías Lafuente

La reforma exprés de la Constitución planteada por el presidente Zapatero ha suscitado un aluvión de críticas dentro y fuera de las filas del PSOE que afectan al fondo y a la forma de la medida. Las de fondo pueden discutirse, pero las que afectan a la forma son tan de sentido común que son irrebatibles. Si un retoque tan sustancial era tan urgente, por qué no se ha planteado antes. Y si no lo es, qué necesidad hay de abordarlo por un gobierno que vive ya la cuenta atrás y por un parlamento al que apenas quedan días hábiles para afrontarla. Sobre el fondo, la vicepresidenta Elena Salgado se ha apresurado a calmar a los discrepantes con el argumento de que cuando lean la letra pequeña verán diluidas las reticencias. Pero aquí también el sentido común indica que si los artículos que consagren en la primera ley el equilibrio presupuestario son lo suficientemente ambiguos como para contentar a todos quizás lleguemos a la conclusión de que para ese viaje no serían necesarias estas alforjas. Y sólo faltaría que reformemos la Constitución y los mercados sigan atacando.

Pero hay otro argumento más que hace incomprensible esta situación. La Constitución española necesita un lifting desde hace mucho tiempo. Hubiera sido necesaria una reforma para eliminar la inconstitucional preeminencia del hombre frente a la mujer en la sucesión a la Corona, para reconocer la nueva realidad de España en el marco de la Unión Europea, para consagrar las comunidades autónomas ya constituidas y las competencias exclusivas del Estado antes de abordar la reforma de los Estatutos de Autonomía, y para cribar el Título VIII de artículos que con el desarrollo autonómico han quedado ya amortizados. Quizás en el marco de esa reforma, que hubiera requerido un procedimiento pausado y no de urgencia, se podía haber planteado alguna mención al equilibrio presupuestario, pero emprender un procedimiento tan extraordinario sólo para esto último, omitiendo otros aspectos que aguardan desde hace años, es difícil de entender.

Dicho esto, elevemos loas al equilibrio presupuestario - que no necesariamente es déficit cero - , preguntemos a quienes hoy quieren situarlo en el altar mayor de la legislación por qué no se aplicaron antes en su cumplimiento desde sus respectivos ámbitos de gobierno, y roguemos para que si llega a consagrarse en la ley fundamental no sirva de corsé ni de pretexto para aplicar la tijera al gasto social con una mano mientras con la otra se esgrime la Constitución.

Periodista Digital - Opinión