domingo, 3 de julio de 2011

Déficit. El círculo vicioso autonómico y local. Por Emilio J. González

En cuanto a los ayuntamientos, lo que tiene que hacer el Gobierno es diseñar de una vez por todas un plan de financiación de las corporaciones locales, que involucre también a las autonomías en un proceso de descentralización hacia abajo.

La gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno de Zapatero constituye todo un catálogo de errores de política económica al que el Ejecutivo de ZP va a añadir uno más: la operación de salvamento de ayuntamientos y comunidades autónomas, que va a ser algo parecido a lo que antes se hacía cada cierto tiempo con los clubes de fútbol. Estos se endeudaban hasta las cejas y cuando estaban al borde de la quiebra el Estado tenía que salvarlos. Una vez saneadas sus cuentas, volvían a las andadas y el ciclo comenzaba de nuevo. Pues éste círculo vicioso se va a repetir con las autonomías y las corporaciones locales, lo cual no solo debe impedirse por lo pernicioso que resulta en sí mismo, sino porque existen otras soluciones.

No debemos olvidar que el sistema de financiación autonómica se basa en el principio de corresponsabilidad fiscal, es decir, que quien quiera gastar más tiene que subir los impuestos. Pues bien, los dirigentes autonómicos todavía no comprenden que nunca más podrán contar con ingresos tributarios tan importantes como en el pasado para financiar su inmenso derroche porque ni los impuestos ligados a la vivienda van a volver a ser lo que eran, ni su recaudación por los tramos cedidos del IRPF y del IVA, ya que tenemos desempleo para rato y estamos abocados a un proceso de congelación y/o disminución de los salarios para salir del pozo en el que estamos hundidos. Lo lógico, por tanto, es que ajusten sus pagos a esta realidad y si quieren gastar más, entonces que suban impuestos y den la cara ante sus ciudadanos de una vez por todas, explicándoles de verdad qué es lo que hacen con los dineros que sacan de sus bolsillos. Porque el Estado da muchas explicaciones, pero las autonomías pocas o ninguna. En consecuencia, el Gobierno central debería olvidarse del plan de rescate de las autonomías y obligarlas a recortar gastos o a subir impuestos para cuadrar sus cuentas. Así no volverán a las andadas. Lo que ocurre es que como Zapatero quiere salvar de la quiebra a la Andalucía socialista y es prisionero de la Cataluña insolidaria y egoísta que presiona en el mismo sentido, no tiene más remedio que acometer esa operación de salvamento que, para que no cante, se va a convertir en una especie de café para todos.

En cuanto a los ayuntamientos, lo que tiene que hacer el Gobierno es diseñar de una vez por todas un plan de financiación de las corporaciones locales, que involucre también a las autonomías en un proceso de descentralización hacia abajo, y que permita que los ayuntamientos dejen de especular con el suelo para poder financiarse. El régimen de financiación local es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia y este es un momento inmejorable para aprobarla. Lo que no se puede hacer es seguir con este sistema de incentivos perversos al gasto que, en el caso municipal, resulta además en una intervención perniciosa sobre el suelo que explica los disparatados precios de la vivienda en España.


Libertad Digital - Opinión

Capital del agravio. Por Ignacio Camacho

La lucha antiterrorista no contemplaba incentivos ni contrapartidas. Mucho menos, premios por adelantado.

SI siguen acumulando premios y prebendas por adelantado, los etarras no van a encontrar ninguna razón para dejar las armas cuando tan bien les va sin hacerlo; no sólo han conseguido un poder institucional sin precedentes para sus representantes políticos sino que el Gobierno se desvive por hacer que se sientan cómodos. Les permite con alegre tolerancia que incumplan la ley de banderas y retiren los símbolos del Estado, los colma de buenas palabras esperanzadoras y encima les regala sinecuras como la capitalidad cultural europea para que enseñen al mundo cómo el terrorismo puede lograr sus objetivos sin arrepentirse ni disolverse. Que no les falte de ná.

Eso no es una vía de pacificación, sino una rendición entreguista que humilla al Estado y vilipendia la memoria de las víctimas. Las bases de la lucha antiterrorista consensuadas en treinta años de resistencia y sufrimiento no contemplaban incentivos ni contrapartidas. La simple existencia de ETA debería haber obrado como elemento de inhabilitación de la candidatura donostiarra; basta recordar la mala uva con que el recién casado Alberto de Mónaco utilizó la amenaza del terror para boicotear las aspiraciones de Madrid ante el Comité Olímpico. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado con prístina claridad su simpatía con el experimento de Bildu al otorgar a San Sebastián una prima decisiva de compromiso y legitimación que sella la alianza del Estado con sus enemigos bajo la advocación exhibicionista de una pazzzzzzz ficticia. La capitalidad cultural refuerza la condición de parque temático del independentismo violento que el zapaterismo y los batasunos reconvertidos han diseñado para el territorio guipuzcoano. Un grave agravio para las demás ciudades candidatas que no sólo no necesitaban apostar verbalmente por una paz que jamás han cuestionado, sino que a menudo han puesto algunos de los muertos sobre los que se cimenta el triunfo del brazo político de ETA.

Este perverso legado moral de Zapatero es mucho más negativo que el fracaso económico, la quiebra social y los cinco millones de parados. Representa una alianza de facto con los continuadores del terrorismo que insiste en los perniciosos errores de la negociación de la primera legislatura, con el agravante de los estímulos expresos a su conquista del poder. La estrategia gubernamental ha destrozado la principal premisa de la unidad antiterrorista, que consistía en no permitir que ETA obtenga por dejar de matar lo que jamás había podido obtener matando. Ha resultado aún peor: lo está obteniendo sin renunciar siquiera a la amenaza, erigida en garante tutelar de su propio éxito. Por este camino incluso puede resultar probable que en 2016 se haya disuelto —ojalá— tan siniestra custodia, pero será por haber alcanzado sus aspiraciones. Quién sabe si esa orgullosa capitalidad no la inaugurará un lendakari llamado Otegi con Txeroki como consejero de Cultura.


ABC - Opinión

ONU Mujeres. Por M. Martín Ferrand

Ni la ligereza con que Zapatero y su equipo se enfrentan al gasto público sirve para justificar este despilfarro.

YA es difícil de explicar, además de imposible de entender, que una personita del perfil y la experiencia de Bibiana Aído llegara a ser ministra en el Gobierno de España. Ni la partitocracia numantina que practican con tanto entusiasmo, al alimón, el PSOE y el PP sirve para razonar una ascensión tan vertiginosa de alguien cuyos méritos políticos, académicos, cívicos o de cualquier otra naturaleza están por debajo de la media de los de millones de españoles beneficiados por los estudios de rango superior. Tampoco entra en el capítulo de lo fácilmente asimilable que la tal Aído, designada como ministra, mermara, de la noche a la mañana y sin amago alguno de protesta o dimisión, a la también excesiva condición de secretaria de Estado; pero así son, y así brillan, las mañas políticas de José Luis Rodríguez Zapatero y su cómplice principal y mejor cualificado Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno se empeñó en que Aído tuviera cargo y sueldo en la entidad de nueva planta y crecido presupuesto, obra querida de Ban Ki-moon, ONU Mujeres y, no sin esfuerzo y gasto, consiguió para ella un puesto de asesora, canonjía dotada con cien mil euros anuales. El ABC de ayer —véase— pormenorizaba los detalles de tan poco sutil designación y tan burda entronización. También hay que anotar en la lista de lo inexplicable la falta de crítica del PP, y de los demás partidos del espectro, ante tan caprichosa decisión; pero, sobre todo, habría que conocer el argumento por el que España respaldó, el año pasado, la creación de esta nueva entidad de las Naciones Unidas que, desde septiembre, preside la que fue presidenta de Chile, Michelle Bachellet. Más todavía, por qué nuestro país, tieso como la mojama, se permite dotar a tan innecesaria entidad, con cargo al Presupuesto de 2011, y de momento, con más de 25 millones de euros. Noruega, en donde atan los perros con bacalao, es con 15 millones el segundo contribuyente para el sostenimiento de tan inútil oficina.

Así se va escribiendo la Historia, sin mucho alboroto para evitar la excitación colectiva que merecen el desmán y el despilfarro de quienes gobiernan o les socorren con sus silencios desde las trincheras dizque la oposición. España contribuye a ONU Mujeres —UN Woman— con una cantidad anual que es cuatro veces mayor que la aportada por EE.UU., doce veces más elevada que la de Alemania y setenta y cinco veces la de Francia. Ni la ligereza con que Zapatero y su equipo se enfrentan al gasto público sirve para justificar este capítulo del despilfarro nacional; pero, sobre todo, ¿qué puñetera falta le hace al mundo un engendro semejante?


ABC - Opinión

Las propuestas de Rajoy

Aunque la propaganda socialista esté volcada en repetir como un mantra que Mariano Rajoy no tiene un programa de gobierno de cara a las próximas elecciones generales, la verdad se impone y lo cierto es que el PP ya ha concretado el corpus programático que presentará a los españoles. La austeridad, los ajustes del gasto público y la preservación y potenciación de las políticas sociales serán los ejes vertebradores de este programa. Uno de los objetivos primordiales será invertir los recortes con los que el Gobierno socialista ha castigado a las familias, a los pensionistas, a los dependientes y a todos los trabajadores. Para ello, pondrá en marcha un ambicioso Plan Social para combatir la pobreza y se restablecerían las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años con una cuantía de 500 euros anuales. También se abordará la dependencia con medidas realistas y sensatas, ya que se prevé que la Administración General del Estado garantice la financiación del 50% del gasto realizado en función de la prestación y el servicio. Rajoy también recoge una demanda de miles de españoles que no es otra que la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF con el fin de dinamizar el mercado inmobiliario. En el programa del líder del PP la reactivación de la economía pasa por un apoyo decidido a los emprendedores, pymes y autónomos con distintas actuaciones como la simplificación administrativa, la unificación de la normativa autonómica –que es uno de los grandes lastres que sufren estos colectivos– e incentivos fiscales, como que pymes y autónomos no tengan que pagar el IVA de las facturas no cobradas o la aplicación de una deducción de 3.000 para la contratación del primer trabajador que lo sea por contrato indefinido y por tiempo de dos años. Porque una de las obsesiones de los populares y del propio Rajoy es articular una batería de fórmulas para potenciar la contratación indefinida. La estabilidad presupuestaria será otra de sus prioridades y ésta pasa por la austeridad. A Rajoy no le temblará el pulso para reducir al menos un 25% de los altos cargos, un 50% del personal eventual y un plan de ahorro del gasto corriente. En definitiva su programa es realista, consecuente con la situación económica que vive España y, sobre todo, perfectamente ejecutable. No hay cantos de sirena ni fuegos de artificio con medidas estrella que luego no se puedan llevar a cabo. El espíritu del programa responde al gran conocimiento que tiene el líder del PP sobre los problemas del país y sus iniciativas para abordarlos. Muchas de estas propuestas ya han sido presentadas en el Congreso y no han sido puestas en práctica porque el PP esta en minoría y el resto de los partidos no las han apoyado. Pero la mejor prueba de que son perfectamente aplicables la encontramos en la gestión de los gobiernos económicos del PP. Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana son ejemplos precisos de la buena gobernabilidad, con severas medidas de austeridad institucional y programas de eficiencia que deducen costes y plazos. Lo deseable es que, más pronto que tarde, se puedan aplicar al conjunto del Estado.

La Razón - Editorial

Tormenta en la SGAE.

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigación sobre apropiación indebida y delitos societarios, reabre de manera dramática el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunción de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigación plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexión urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gestión en España, que ya fue denunciado el año pasado y no precisamente desde los márgenes de la sociedad. La Comisión Nacional de la Competencia defendió en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para "evitar abusos e ineficiencias". La Comisión no suponía la comisión de delitos, pero mostraba preocupación por su opacidad.


La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creación de estas entidades -en un sentido que "favorezca los intereses generales"-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorización de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacción de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a raíz de un recurso de los Gobiernos vasco y catalán, consagró que la fiscalización era competencia autonómica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno español, en 2008 y 2009, encargó dos informes sobre las sociedades de gestión a la Agencia de Evaluación que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurría a estos informes para defender que "siempre hemos salido limpios" y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigación en marcha.

El registro se produjo el día en que se conocían los resultados de las elecciones a la entidad. La mecánica electoral se basa en un insólito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendrá ningún representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al año y lo hace sin ánimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudación del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo carácter abusivo obligará al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso está en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que pedía esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aquí y en Bruselas. Ahora, no bastará con castigar, si así ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gestión de los derechos de autor.


El País - Editorial
Libertad Digital

El fracaso de la política exterior

La reconstrucción de una política exterior anclada en los intereses estratégicos de España es una de las tareas urgentes para el próximo gobierno, que heredará una situación lamentable.

LA visita a Madrid de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, debería considerarse un acontecimiento habitual dentro de las relaciones de España con uno de sus más importantes aliados, pero actualmente se convierte en un hecho extraordinario, hasta el punto de que, en términos políticos, se puede decir que se trata de uno de los gestos más relevantes intercambiados entre el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la Administración Obama. El mismo dirigente que se negó a ponerse en pie al paso de la bandera norteamericana ha dedicado sus dos mandatos a gestionar un simple guiño de simpatía por parte de la Casa Blanca, pero el célebre «acontecimiento planetario» no sucederá y la política exterior socialista pasará a la historia como uno de los periodos más deslucidos de la democracia, que está terminando con secuelas que rayan el ridículo, como la compra de prebendas en el organigrama de la ONU para políticos de la talla de Bibiana Aído.

La reconstrucción de una política exterior seria y anclada en los intereses estratégicos de España es una de las tareas urgentes para el próximo gobierno, que heredará una situación lamentable. ¿Quién se acuerda ahora de todo el esfuerzo invertido para lograr que España fuera invitada —aunque fuera por la puerta de atrás— a las reuniones del G-20, cuando con la otra mano el mismo Gobierno ha puesto a nuestro país en la lista de los que pueden amenazar la estabilidad de la zona euro? ¿Para qué ha servido todo el dinero y los recursos invertidos en esa fantasía llamada Alianza de Civilizaciones, incluyendo la cúpula de Barceló regalada a la sede de la ONU en Ginebra? El barco de la política exterior española ha navegado sin rumbo ni principios, y uno de los pocos componentes que ha escapado de esa sensación general de improvisación ha sido la complacencia estéril con la dictadura castrista, que no es algo de lo que un país democrático pueda enorgullecerse.

La imagen que transmiten los altos funcionarios que dejan el Gobierno y se apresuran a buscar un acomodo en las instituciones internacionales forma parte de esa sensación de final de ciclo, sólo que en este caso sirve de termómetro para medir la irrelevancia en la que ha dejado a España esta política exterior insensata. Bernardino León, tal vez el mejor de los funcionarios y con cierta influencia —sobre todo para apagar incendios—, va a tener un cargo relevante en la UE que, sin embargo, en otros tiempos sería equivalente al de un subordinado de Javier Solana. Y no de los más importantes.


ABC - Editorial

sábado, 2 de julio de 2011

SGAE. El milagro de P Punto. Por Maite Nolla

Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal.

Uno de los pocos elementos que quedaban de vertebración de España se está derrumbando. La entidad de gestión más poderosa y más odiada, esa especie de agencia tributaria para los asuntos culturales, puede estar viviendo el principio de su desaparición, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora; eso sí, para satisfacción de mucha gente a la que le aplicaron la apisonadora gracias a la colaboración de todos nuestros queridos poderes públicos. De todas formas, en este asunto les recomiendo precaución en las valoraciones porque no sería la primera vez que vemos grandes despliegues policiales, con maleteros llenos de cajas de cartón y ordenadores, para que meses después los jueces deriven los asuntos caminito del archivo o de la nada. Y los que cuajan, duran tanto que los perjudicados tienen la sensación, muy real, no sólo de que han sido estafados, sino de que al estafador la cosa le ha salido muy barata. Al menos aquí –de momento– no consta que la policía se haya incautado de bolsas con sangre, aunque no sería de extrañar.

Al margen de lo que realmente haya pasado y de lo que se descubra que se hacía con el dinero que se cobraba, el verdadero problema de la SGAE es que toda su actividad recaudatoria era legal. Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal. Las entidades de gestión eran medio públicas cuando les convenía y medio privadas cuando les daba la gana. La persecución de peluquerías, bares, bodas, comuniones, actos benéficos, ayuntamientos o peñas no se hacía de forma impune: se hacía porque era legal. Acudir a un bar a pedir un pago anual por no se sabe qué, a cambio de evitar un juicio carísimo y con todas las de perder, se hacía porque lo permitía la Ley. Y en la duda, los jueces de toda España daban sistemáticamente la razón a la SGAE en todo tipo de procedimientos. Así, resulta que teníamos una legislación civil y penal desproporcionada, seguramente inconstitucional y ciertamente contraria a la legislación europea, y una interpretación judicial de la misma siempre favorable a estas entidades y a sus intereses. Sólo un heroico juez de Granada y algún que otro despistado consideraban fuera de lugar que un mantero pagara con un año de cárcel lo que no debería ser más que una infracción administrativa. Otra cosa es que a partir de la famosa sentencia sobre el canon indiscriminado haya cambiado algo; pero no tanto por su propia voluntad, sino obligados por lo que dicen en Europa.

Por eso, no piensen ustedes que la eventual desaparición de la SGAE va a ser poco menos que un milagro obrado por "Alfredo P punto". Mientras el sistema siga vigente, otros vendrán que ocuparán su lugar; y si no, al tiempo.


Libertad Digital - Opinión

La Cueva de Alí Babá y el jefe de los ladrones. Por Federico Quevedo

Establezcamos de antemano todas las cautelas pertinentes hasta conocer el auto del juez por el que el viernes se procedía al registro de la sede la Sociedad General de Autores, SGAE, el Palacio de Longoria, y la detención de su presidente, Teddy Bautista, por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos. Digo que habrá que conocer el auto porque, vaya usted a saber, a lo mejor luego todo esto se queda en nada, pero la verdad es que hay que reconocer que ayer, quienes llevamos años luchando contra el abuso de poder que ha venido ejerciendo la SGAE con el amparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, nos llevamos una alegría inmensa. No es que yo le desee mal alguno al señor Bautista, pero hay gente que se merece a veces que le receten un par de cucharadas de su propia medicina, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Algunos venimos advirtiendo desde hace tiempo del modo de actuar de esta especie de mafia siciliana que, desde su sede en Madrid, ha ido extendiendo sus tentáculos por toda España, sin que haya rincón, café, bar, peluquería, comercio, boda-bautizo-comunión, etcétera que no haya sido visitado, y saqueado, por los inspectores de la SGAE, que en algunos casos recuerdan a aquellos camorristas del Chicago de los años 20 que iban de comercio en comercio cobrando a cambio de protección. Una vez me contó un amigo que había visto como dos inspectores de la SGAE intentaban cobrarle derechos de autor a un pobre mendigo que tocaba con su guitarra canciones de toda la vida para sacarse unas perrillas… Me resultó increíble, pero mi amigo insistía en la veracidad de la anécdota.


O no tan anécdota, porque casos de inspectores de la SGAE acudiendo incluso a peluquerías a cobrar derechos de autor por poner música en una radio portátil hemos visto unos cuantos, hasta el punto de que el gremio de peluquerías se negó en redondo a pagarle ni un euro más. Hasta ahí podríamos llegar, hombre, que buenas son las peluqueras… El afán recaudatorio de la mafia de la SGAE no conoce límites: incluso se atrevieron a llevarse el 10% de la recaudación de un concierto benéfico ofrecido por David Bisbal a un niño con Síndrome de Alexander. Al final lo devolvieron bajo amenaza de colapso por parte de miles de personas indignadas.
«La SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Zapatero.»
Y hablando de indignados, fue precisamente una ley aprobada en otoño pasado por el Gobierno con el apoyo del PP, que permite a la SGAE denunciar a aquellas páginas web que la propia sociedad asegure que vulnera los derechos de autor, para que se proceda a su cierre, lo que sirvió de germen al movimiento 15M, que ayer celebraba como una victoria casi propia la acción de la Guardia Civil. Esa prerrogativa censora era lo que ya le faltaba a esta cueva de ladrones que se lucra con el famoso canon digital que el Gobierno recauda a beneficio de inventario de la SGAE, pero sin que luego se fiscalice en modo alguno el destino de esos fondos. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Era inevitable: todo ese dinero, que sale de nuestros bolsillos, no podía ir a parar a causas benéficas, ¡hombre, por Dios…! No, ha ido a parar sabe el Señor a qué bolsillos y con qué espurios fines, y eso es lo que esperamos que nos aclare la Justicia, que es verdad que actúa tarde, y muchas veces mal, pero actúa al fin y al cabo, que es de lo que se trata.

Dejemos, por tanto que esa vía siga su camino. Lo que nos atañe a nosotros es otro asunto, y es que la SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión –porque para mí tanto el modo de cobrar el canon como el de exigir los derechos de autor son formas de chantaje y de extorsión-, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en especial, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, quien, sobre todo este asunto, lleva un carrerón que ni les cuento. De entrada, el Ministerio está obligado a hacer dimitir a Bautista por la gravedad de las acusaciones sobre las que el juez ha fundamentado el registro y su detención, pero además debería de poner bajo sospecha todas las actividades de la SGAE.

Y si este fuera un país serio y normal, el Gobierno, con el apoyo de la oposición, debería de llevar al Parlamento una ley que, sin perjuicio de los derechos de autor, que nadie niega que deben ser protegidos, imponga unas normas de funcionamiento a las sociedades de autores y, sobre todo, fiscalice sus cuentas para evitar casos como éste. Convendrán conmigo en que aquí solo caben dos soluciones: o se eliminan el canon y se pone límite al cobro abusivo de derechos de autor y los poderes públicos se limitan a aplicar la ley en aquellos casos de descargas ilegales con ánimo de lucro, o si se mantiene se permite sin limitaciones la copia privada pero, además, se somete a las sociedades de autores al control político en la medida en que están siendo financiadas con un impuesto preventivo, y se obliga a que la elección de sus órganos directivos se produzca en el marco de una estricta observancia que garantice la limpieza democrática de la misma.

Es decir, que no haya un ‘pucherazo’ como el del jueves.


El Confidencial - Opinión

Madrid olímpico. Por M. Martín Ferrand

Madrid necesita menos Olimpiada y mayor atención a lo cotidiano, lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

EN 1966, con Carlos Arias Navarro como alcalde, Madrid optó a sede de los Juegos Olímpicos de 1972 que se le adjudicaron a Munich y tuvieron el dramático arranque de un feroz atentado terrorista palestino que se llevó por delante a dos atletas israelíes. Madrid quedó finalista y la máquina publicitaria que aceleró el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga Iribarne de titular, tuvo que dar marcha atrás. Lo que se vendía como «reconocimiento» al Régimen se quedó en agua de borrajas. Ahora, sin haber aprendido de su sonoro fracaso en la intentona de conseguir los de 2016, que irán a Río de Janeiro, el alcalde de Madrid perpetra a la presentación de la candidatura capitalina para el 2020. ¿Por qué a un hombre tan lúcido y brillante como Alberto Ruiz-Gallardón no se le ocurrirán iniciativas de resultados más ciertos, costes más bajos y mayor provecho para los ciudadanos?

Está en la razón de ser y el carácter de los faraones el construir pirámides, pero Gallardón ya ha cumplido con ese mandato del destino. Él solito ya lleva levantadas —desde la M-30 a la calle de Serrano— muchas más pirámides que Keops, Kefrén y Micerinos juntos. Se entiende que, tras el entusiasmo y los euros derrochados en la pasada y frustrada ocasión, sienta el alcalde el prurito de la insistencia; pero tiende su desmemoria a olvidar que Madrid es la ciudad más endeudada de España y, también de las de Europa. Al parecer, el presidente del Comité Olímpico Internacional, esa mandanga de altos vuelos y estratosféricos gastos, le ha animado a Gallardón para que vuelva a presentar a Madrid como anfitriona de tan singular fiesta cuatrienal. En tiempos de tribulación económica y decaimiento productivo los entusiasmos merman y tampoco serán muchos quienes quieran enfrentarse a un gasto tan descomunal.

Me dicen los sabios especializados, y me lo razonan, que no son muchas las posibilidades de Madrid en la próxima puja olímpica; pero, fueran las que fueren, la ocasión requiere hacerle la peineta a La Peineta. Menos Olimpiada y mayor atención a lo cotidiano, a lo mínimo y rutinario que es lo que, de verdad, mejora la calidad de vida de los ciudadanos rasos, de quienes, sin pertenecer a ninguna minoría extravagante, pagan el IBI, el SER y cuantos impuestos, tasas y aranceles requiere la condición de residente en una ciudad que, mejor que peor, rige un alcalde que no quiere ser, como siempre han sido sus colegas, presidente del Consistorio. Hasta que podamos digerir —un par de siglos— el exceso de su última pirámide, la de Cibeles, ni un solo gasto extraordinario más y muchos ordinarios menos.


ABC - Opinión

Regina. Por Alfonso Ussía

Esperanza Aguirre ha rescatado a Regina Otaola, una de las mujeres más valientes y valiosas de España. Fue alcaldesa de Lizarza entre amenazas, insultos y cirios del revés. El párroco de su localidad, de la línea Setién-Uriarte-Pagola, no perdonó a Regina que izara la Bandera de España en el balcón principal del Ayuntamiento.

Aquella parte está saturada de curas rarísimos, que creen más en las cocochas de merluza que en Dios, y a los que un disparo en la nuca de un inocente les parece una «travesura» no inmersa en los Diez Mandamientos. Regina Otaola, como María San Gil, otra maravilla de mujer fuerte y firme, se distanció de las alturas del Partido Popular y dejó la alcaldía, pero su gesto y su coraje han quedado escritos en una página de oro de la lucha contra el terrorismo, la matonería y el linchamiento de la extrema izquierda vasca. Una extrema izquierda bendecida por un buen número de sacerdotes poco propicios al amor al prójimo.

Esperanza Aguirre ha nombrado a Regina Otaola, la defensora de la Constitución y la democracia frente a los estalinistas violentos – absurdo pleonasmo por cuanto no existen los estalinistas pacíficos–, directora de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Puedo asegurar a los menores en trance de ser reeducados y reinsertados en nuestra sociedad que van a contar con la ayuda, la bondad y la firmeza de una mujer ejemplar. Del mismo modo, Regina Otaola es recuperada por el Partido Popular para un futuro político, como habría de hacerse lo mismo con María San Gil, que también estará en Madrid el próximo año, rescatada por Ernesto Sáenz de Buruaga. En su tierra, nadie se ha atrevido a ofrecerle un trabajo digno. El miedo, el pavor, y ahora el terror con Bildu en las instituciones.


Las Vascongadas no están en condiciones de perder a personas tan fundamentales. Pero mucho más importante que el fundamento de esas personas, es la tranquilidad de sus vidas y la seguridad de sus familiares. Los socialistas del Gobierno y de la calle Ferraz, con la ayuda de sus designados en hinojos, han desparramado la mugre por las provincias vascas propiciando el regreso a las instituciones democráticas de quienes no entienden otro valor social que el disparo en la nuca, la bomba, el chantaje, la amenaza y la coacción. La carta de Rubén Múgica a Zapatero quedará para siempre en el archivo de las denuncias valientes. El hijo del asesinado Fernando Múgica y sobrino de Enrique, el más firme ministro de Justicia de los Gobiernos de Felipe González, luchadores por la libertad, presos del franquismo, no se para en barras para señalar al culpable de la ignominia.

«Los responsables tienen nombre y apellidos; y el responsable es usted, Rodríguez Zapatero, y no habrá días en el calendario para perdonar lo que ha hecho». No tiene razón la emotiva portavoz de Coalición Canaria que casi rompe a llorar en el último Debate del Estado de la Nación. «Puede usted mirar a los ojos a España». Zapatero podrá mirar a los ojos a quien quiera, pero a España precisamente no. La ha destrozado en todos los sentidos.

Lo malo para el País Vasco se vuelve positivo para Madrid. Dos españolas valientes y decentes formarán parte del paisaje de las calles del Foro. Regina Otaola y María San Gil. El problema está en el éxodo de centenares de vascos formidables hacia las tierras de la tranquilidad en el resto de España. Aquello se está vacíando de decencia y de resistencia. Peor para ellos. A la larga, lo pagarán. Bienvenidas, Regina y María. España y su libertad os lo deben todo.


La Razón - Opinión

Aprovechen ahora para casarse. Por Pablo Molina

Se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann.

La detención de la cúpula de la Sociedad General de Autores de España, con su presidente a la cabeza, no puede ser valorada en términos delictivos hasta que el juez encargado de la instrucción del caso decida sobre las distintas imputaciones a que haya lugar llegado el momento procesal oportuno. Ahora bien, no cabe duda de que el desprestigio de la SGAE va a aumentar notablemente con esta operación policial contra una supuesta trama delictiva en el seno de la organización.

La SGAE se ha labrado una muy merecida fama como organización paraestatal que usufructúa el esfuerzo ajeno gracias a una gabela institucional de difícil justificación en un Estado de Derecho. La exacción parafiscal a la que somete a todos los consumidores de productos informáticos o de reproducción audiovisual y la opacidad en el reparto de unos derechos cobrados de forma abusiva justifican sobradamente la protesta y el desprecio a que se ha hecho acreedora. Ahora además surge la sospecha de que podrían estar desviándose fondos de manera irregular, que es lo que suele ocurrir en las organizaciones que manejan cantidades ingentes de recursos sometidos a unos escasos niveles de control administrativo y financiero.


Por desgracia, no parece que la operación judicial contra la SGAE vaya a modificar su estatus de empresa privada con competencias estatales ni su capacidad de meter la mano en el bolsillo del consumidor, pero probablemente sí quepa esperar que rebaje su grado de coacción institucional al menos hasta que a sus dirigentes, hoy corneados por la justicia, se les pase el susto.

En todo caso, se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann, porque no parece probable que haya recaudadores de la SGAE con las agallas necesarias para presentarse próximamente en una comunión con el talonario de recibos. Y por supuesto este verano es el momento ideal para contraer matrimonio, evento que por sus características jaraneras y la euforia de sus participantes constituye la pieza de caza más deseada. Este verano los concejales del ramo y los curas se quedan sin vacaciones. Dios se lo pagará.


Libertad Digital - Opinión

Pérez. Por Ignacio Camacho

El problema del candidato socialista no está en llamarse Pérez, sino en ser Rubalcaba. Ha de cargar con su currículum.

EL principal problema del nuevo candidato socialista no consiste en apellidarse Pérez, sino en ser Rubalcaba. Alfredo Pérez es un tipo cordial, inteligente, sensato y con notables cualidades humanas, pero su segundo patronímico identifica a un político sinuoso y oscuro, oblicuo y conspirador, experto en maniobras turbias y ducho en las artes torcidas del poder. El primero es una persona digna de confianza a la que cualquiera podría pedir consejo o ayuda y hasta prestarle dinero si lo pidiese; el otro es la clase de hombre al que no conviene decirle dónde vives ni cuánto ganas… aunque probablemente ya lo sabe.

Al esconder en su cartelería el apellido paterno, transformándolo en ese Pepuntoque ya hace irónico furor en las redes sociales, Rubalcaba ha apostado por la faceta más poliédrica de sí mismo, la del fontanero de las cañerías del Estado. Frente al adanismo aventurero y juvenil de Zapatero —que también suprimió el Rodríguez para construir el exitoso acrónimo de ZP, ya tan lejano—, su sucesor quiere acentuar la imagen de experiencia de gobierno, reflejada en el perfil curtido y ojeroso de una foto con canas y papada. Pretende ser el espejo invertido de Rajoy, el retrato de un hombre juicioso y maduro en el que se puede confiar, pero en su caso esa efigie discreta y prudente está enturbiada por las sombras de una larga experiencia de intrigas de poder, tramas vidriosas y maquinaciones de trastienda. La confianza que pueda inspirar su veteranía discurre en paralelo con la inquietud que provoca una hoja de servicios demasiado relacionada con las zonas de penumbra de la política.

La intentona de hacerse llamar Alfredo no cuajó (eso sólo funcionó con Felipe, un respeto) porque esa trayectoria entre secretos oficiales y aparatos de seguridad incita a cualquiera a anteponerle el Don y cuadrarse ante él en primer tiempo de saludo. Pérez es un apellido que desespera a los publicistas, incapaces de apreciar en su búsqueda de originalidad el valor profundo de las notas comunes. El invento de Pepuntoes una invitación para que los adversarios empiecen a llamarlo «el señor Pérez». Así que Rubalcaba tendrá que ser Rubalcaba para bien y para mal (en Twitter lo llaman Rubal para ahorrar caracteres) y cargar con el peso de la ambigüedad de su currículum. A partir de cierta edad, decía Oscar Wilde, todo el mundo es responsable de su cara. El manoseo del nombre, tan titubeante, revela cierta inseguridad en la marca, una vacilación propia del momento crítico que vive un Partido Socialista obligado tras el reciente varapalo electoral a parapetarse en un candidato de supervivencia. Entre tanta indecisión nominalista se nota demasiado el intento de improvisar una rúbrica, un marchamo. Y aún queda demasiado lejos y demasiado difícil la posibilidad de zanjar las dudas llamándole a secas «presidente».


ABC - Opinión

La SGAE se topa con la Ley

Pocas horas después de que la Sociedad General de Autores (SGAE) hubiera celebrado elecciones a su junta directiva, ganadas muy holgadamente por el mismo equipo que gobierna la institución desde hace años, la Guardia Civil detuvo ayer a su presidente, Teddy Bautista, y a otras ocho personas tras realizar a lo largo de todo el día un minucioso registro de la sede central y de 17 domicilios siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. Las detenciones están relacionadas con un presunto delito de apropiación indebida denunciado hace un año por varias asociaciones de internet e informática. Según los indicios, una trama interna habría desviado cientos de miles de euros de la SGAE a empresas particulares, delito del que supuestamente tendrían conocimiento varios altos cargos, entre ellos el polémico presidente del consejo de dirección. Como es natural, al señor Bautista y a los demás directivos que pudieran estar implicados en este oscuro asunto les asiste la presunción de inocencia y ello debemos atenernos. Sin embargo, no se puede decir que la SGAE, una institución necesaria y centenaria que cuenta con más de cien mil socios y gestiona más de 350 millones de euros al año, salga indemne de este lamentable episodio. Su prestigio y su credibilidad, ya muy mermados en los últimos años a los ojos de los ciudadanos, han sufrido un golpe tan contundente que la jornada de ayer marcará un punto de inflexión en la gestora. Hasta ahora, por torpeza y por una voracidad recaudatoria que no respetaba ni a las víctimas del terrorismo, la SGAE del señor Bautista se había forjado la imagen caricaturesca de una sociedad dedicada a emboscarse en las fiestas populares y hasta en las celebraciones familiares con el propósito de dar el sablazo al incauto de turno. La percepción más extendida es que, de la mano de sus sempiternos directivos, la SGAE se ha extralimitado en sus funciones, ha abusado de los mecanismos judiciales, ha amedrentado a sus críticos y hasta ha incurrido en apuestas políticas e ideológicas impropias, amén de embarcarse en operaciones inmobiliarias más que discutibles. No es de extrañar, por todo ello, que diferentes colectivos celebraran ayer, a las puertas de la sede central, la intervención policial. Si los indicios delictivos se confirman, sería impensable que el Gobierno siguiera de brazos cruzados y no impulsara las medidas legales para garantizar la transparencia, pluralidad y limpieza de las gestoras de los derechos de autor, que son tan sagrados e inviolables como cualquier derecho intelectual y comercial. Los artistas, creadores, autores y ejecutantes tienen derecho a recoger los frutos de su esfuerzo y talento, y a que las leyes les protejan frente a la piratería y el fraude. También necesitan de instituciones que gestionen eficazmente sus derechos y defiendan limpiamente sus intereses. Todas las sociedades libres y democráticas ponen especial cuidado en regular este sector porque de ello depende su vitalidad creadora y una parte importante del PIB nacional. Mucho tendrá que trabajar la SGAE para recuperar la honorabilidad y para ganarse el respeto de la sociedad y de todos los creadores.

La Razón - Editorial

Los negocios sucios de la SGAE

Algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos.

La ministra de Cultura ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" de Teddy Bautista y la SGAE tras los registros y las detenciones de este viernes. Sin embargo, ni él ni Teddy Bautista ni ninguno de los diversos portavoces que ha tenido la Sociedad General de Autores y Editores tuvo nunca en cuenta la presunción de inocencia a la hora de cobrar el canon digital. Esa es una de las muchas razones por las que la entidad investigada por el juez Ruz es una de las más odiadas de España, tanto que la operación de la Guardia Civil ha sido celebrada y no lamentada por la mayoría de los españoles.

Teddy Bautista y otros ocho directivos de la SGAE y varias empresas afines han sido detenidos por apropiación indebida y delitos societarios. La SGAE disfruta de privilegios tales como poder recaudar dinero a modo de impuesto siendo una sociedad privada, pero a cambio tiene alguna contrapartida, como la de carecer de ánimo de lucro. Sin embargo, en la última década la SGAE ha creado numerosas empresas fundadas con dinero que debería haber sido repartido entre los autores, y es el posible fraude cometido por la directiva de la SGAE a través de las mismas lo que está siendo investigado por la Justicia, visto el poco interés de los poderes públicos –especialmente el Ministerio de Cultura– por fiscalizar las opacas cuentas del entramado dirigido por Teddy Bautista.


Aún cuando esta investigación llegue a buen puerto y con gran parte de los responsables de la SGAE frente a un tribunal, eso no tendría que significar el final de la SGAE, que ya tenía una larga historia cuando Bautista comenzó a dirigirla. Pero sí podría significar un cambio imprescindible, tanto en la dirección como en los modos de una organización que se dedicaba constantemente a homenajear el robo que cometiera Roldán del dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, exigiendo a todos los actos benéficos celebrados en España el diezmo de los derechos de autor.

No obstante, algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos. La entidad dirigida por Teddy Bautista ha sido la cabeza visible de un lobby cultural al que se ha mimado constantemente desde el poder a costa de los demás ciudadanos. Porque la directiva de la SGAE podrá acabar entre rejas, pero la Ley Sinde, por citar el último de esos abusos, seguirá vigente.


Libertad Digital - Editorial

La SGAE, bajo los focos

La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pablo Ruz autorizó ayer una amplia operación de la Guardia Civil para investigar los presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de los que en exclusiva ha venido informando ABC a lo largo de esta semana. El registro de la sede principal de la sociedad concentra el interés sobre una entidad que acaba de celebrar su proceso electoral en medio de una fuerte polémica por la falta de transparencia de sus gestores. Eduardo Bautista, máximo responsable de la entidad, y otros altos cargos fueron detenidos para responder ante la Justicia por unos hechos que resulta imprescindible investigar a fondo, sin desechar de antemano, como pretendían algunos directivos, las fundadas acusaciones sobre manejos turbios dentro de la SGAE. Sin perjuicio de las plenas garantías jurídicas de los presuntos responsables, está claro que Bautista y su equipo no pueden ampararse en una imaginaria conspiración en su contra. Por eso, es criticable la reacción airada de algunos de ellos mientras se desarrollaba la operación policial de ayer. En efecto, como ha venido informando ABC con sus primicias, existen datos objetivos que obligan a llegar hasta el fondo del asunto.

La actual SGAE mantiene ciertas querencias de la época en que la entidad ostentaba el monopolio en la gestión de los derechos de los autores españoles. Nadie discute que la propiedad intelectual y los derechos —morales y materiales— de los autores son elementos esenciales para el sector cultural. Sin embargo, la propia entidad ha puesto en cuestión su prestigio y su imagen con ciertas actuaciones, algunas tan peregrinas como las que afectan a bodas y fiestas populares. Ante la opinión pública, la SGAE ofrece la impresión de moverse por afán recaudatorio, lejos de una gestión flexible y razonable de los intereses legítimos que le corresponde tutelar. Si se confirma la malversación, estaremos ante un caso de extrema gravedad. La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura, cultivado ampliamente por la actual directiva. Habrá que seguir con la máxima atención el desarrollo de los acontecimientos porque la creación cultural exige sosiego y apoyo a sus verdaderos protagonistas.

ABC - Editorial

viernes, 1 de julio de 2011

ETA. Habrá que vigilar al Gobierno de Rajoy. Por Guillermo Dupuy

Muerto Montesquieu, ninguna legislación ni Constitución pueden impedir que un estatuto abiertamente inconstitucional salga aprobado, o que criminales irredentos salgan en libertad, o que una organización terrorista cuele un brazo en las instituciones.

De los comunicados que la banda terrorista ETA ha hecho llegar a los españoles, así como de la numerosa documentación que le ha sido incautada, pero que no ha sido ocultada por el Gobierno, podemos deducir que la "paz etarra" no solo exige la permanencia de su brazo político en las instituciones, sino también que se acelere el proceso de concesión de permisos penitenciarios y excarcelaciones de sus presos, así como que se ponga en fase de derribo el actual estatuto de autonomía vasco.

Naturalmente, no quiero decir con esto que ETA renuncie a sus objetivos máximos (esto es, una república socialista que incluya a Navarra y al País Vasco francés, así como a la más inmediata y total impunidad para sus presos), pero fijarnos en ellos sería sobrevalorar la capacidad de chantaje de la organización terrorista tanto como insensibilizarnos a nosotros mismos hasta el punto de no ver las concesiones que la banda va obteniendo de su estratégico y chantajista "alto el fuego".


Es evidente que, con Bildu, como con ANV y con el PCTV, el Gobierno ha pasado, tal y como le reclamó públicamente ETA en 2006, "de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco". Pero con este requerimiento etarra, que no venía más que a recordar los "compromisos adquiridos" con los emisarios del Gobierno, la organización terrorista no solo se refería a la burlada la ley de partidos, sino también al "cambio en el marco jurídico-político" del País Vasco y al "derecho decidir de los vascos", expresiones ambas que Zapatero tuvo que asumir públicamente para calmar a sus criminales compañeros de viaje.

De la misma forma que Aznar se topó con una tregua que ETA había negociado previamente con los separatistas en Estella, Rajoy se va a encontrar en el Gobierno con una "paz" negociada con Zapatero. Para colmo, Rubalcaba aspira a ser el líder del principal partido de la oposición. Pese a ese terrorífico escenario, las cosas han cambiado desde 1998, y, francamente no me veo a Rajoy ofreciendo "generosidad" a los etarras ni ofreciéndose a mantener "contactos con el MLNV", tal y como hizo Aznar con el objetivo de lograr que ese cese temporal fuese definitivo. Pero el chantaje de ahora ahí está y, como se encuentra encubierto, corremos el riesgo de que se pretenda atender de forma encubierta. Por eso hay que extremar la vigilancia sobre el Gobierno. Muerto Montesquieu, ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución pueden impedir que un estatuto abiertamente inconstitucional salga aprobado, o que criminales irredentos no sean detenidos o salgan en libertad, o que una organización terrorista pueda colar un brazo en las instituciones y percibir dinero público. Lo hemos visto con el soberanista "estatuto" catalán, lo hemos visto con De Juana o Josu Ternera, lo hemos visto con ANV y con Bildu. Sencillamente todo está en manos del Gobierno. Y si el Gobierno no quiere ser obstáculo, entonces ni la ley de partidos, ni la reforma de la Loreg, ni el ordenamiento penal, ni la Constitución limitarán ni serán obstáculos para nada. De ahí la renovada esperanza de ETA con las "nueces de la paz". De ahí mi temor a que Rajoy nos haga trampas.


Libertad Digital - Opinión

Una maldición añadida. Por Hermann Tertsch

La Capitalidad Cultural va a San Sebastián porque nutre la mentira de la paz, la más completa del zapaterismo.

COMPRENDO la alegría de los donostiarras por la elección de San Sebastián como Capital Cultural Europea. Y es lógico que la totalidad de los líderes políticos vascos se feliciten por ello. Los vascos en general, voten a quien voten, tienen derecho a alegrarse por ello. Y sin duda lo hacen. Aunque detesten a los etarras de Bildu y muchos teman que estos se beneficien —que lo harán— de esta designación. Es cierto que los donostiarras no pueden ser castigados por el hecho de que un tercio de ellos haya votado al nacionalsocialismo. Bastante tienen con ser gobernados por una franquicia de ETA, tan dócil que no tenía opinión sobre la capitalidad porque no le había dado tiempo a recabarla de los jefes. La responsabilidad de que una organización terrorista dirija los destinos de esa maravillosa ciudad española no la tiene una población cada día más cautiva otra vez. La tiene exclusivamente el Gobierno de Zapatero, que los únicos acuerdos que cumple, y muy escrupulosamente, son los que tiene con ETA a espaldas de los españoles Y seis miembros del Tribunal Constitucional que se prestaron a ello y a los que jamás podremos volver a respetar. Pero es muy justificada la indignación de los alcaldes y ciudadanos de las otras ciudades candidatas. Y de millones de españoles que saben que se vuelve a tomar una decisión por un criterio que repugna. A San Sebastián se le ha dado el premio por razones políticas. Por las peores. Las mentiras del Gobierno negándolo sólo producen ya tedio. Como además hay miembros del mismo entre los agraviados, no hay ni disciplina para engañarnos. La Capitalidad Cultural va a San Sebastián porque nutre la mentira de la paz, la más completa de todas las construidas por el zapaterismo en dos legislaturas. A los miembros extranjeros del jurado se les ha presentado esa idea bondadosa de hacer de la capitalidad un acto más del proceso de paz. ¿Quién se puede negar a propuesta tan beatífica? El austriaco Gauhofer y sus colegas habrían quedado como villanos de haber sugerido dejar al margen la política y, por tanto, «la paz».

Ahí están ahora Bildu y ETA para convertir San Sebastián en plataforma internacional de lanzamiento de su proyecto independentista totalitario. Y disfrazarlo de convivencia con el aval del Gobierno de España. Ya tienen el mejor altavoz imaginable para sus mentirosas construcciones históricas. Que presentarán una ciudad feliz que no existe surgida de una patria vasca inventada. Negarán el carácter español de la ciudad, su historia y su cultura. El asedio nacionalista es allí constante desde hace décadas. Con su cultura rural, tan propia del caserío del entorno como ajena a esta urbe otrora cosmopolita. Veinte años de cursilería de idilio vasquista de Odón Elorza han ido en este sentido. Llegará el golpe de gracia con el rodillo etarra.

¿Puede ser capital cultural de la Europa libre una ciudad gobernada por una fuerza totalitaria? ¿Cultura y libertad bajo el hacha y la serpiente? Probablemente la ciudad donde más miedo hay hoy en Europa. En un ambiente de mentira y falta de libertad. En unas calles en las que muchos, también quienes tenemos hondas raíces familiares allí, difícilmente nos podremos mover sin escolta. La decisión es equivocada. Y que sólo la explica la angustia del Gobierno por fortalecer su hoja de ruta acordada con ETA. Habría sido inaceptable castigar a San Sebastián por consideraciones políticas. Más aun lo es castigar a las demás ciudades, que no tuvieron a asesinos que mataron a cien españoles en sus calles y que exigen privilegios para no volver a hacerlo. Este Gobierno convierte así en insoportable el agravio comparativo. Abre heridas viejas y crea otras nuevas. Una maldición añadida.


ABC - Opinión

Apostar por la paz no se premia en Córdoba y otras ciudades. Por Antonio Casado

Anda San Sebastián sobrada de méritos para ganarse la capitalidad europea de la cultura en 2016. Pero la ministra española del ramo, González Sinde (casi la mitad del jurado lo nombra el Ministerio de Cultura), decidió reforzarlos con una consideración ajena a la naturaleza y los fines de esta designación anual. Y metió la mata hasta el corvejón.

El mensaje es tóxico: se premia a San Sebastián por su apuesta por la paz. ¿Hemos de suponer que antes apostaba por la violencia? Es lo que han debido suponer los trece miembros del jurado que, reunido en Bruselas, le otorgó este miércoles la capitalidad europea de la cultura frente a las candidaturas de Las Palmas, Burgos, Segovia, Córdoba y Zaragoza.

El propio presidente del jurado, el austriaco Manfred Gaulhofer, con la osadía de los ignorantes (torpes, desinformados, desconocedores del percal, si a ustedes les parece mejor), confirmó públicamente como si tal cosa que, en efecto, “el compromiso de San Sebastián para acabar con la violencia” había pesado “decisivamente” en el comité de selección.


No venía a cuento la coletilla, a modo de disposición adicional. Hubiera bastado atenerse a los requisitos fijados previamente (infraestructuras, sensibilidad cultural de la ciudad, capacidad de organización, consenso ciudadano, etc.), entre los que no figura la política, y no se hubiera desencadenado esta tormenta. Pero se nombró la soga en casa del ahorcado, pocos días después de la llegada de los amigos políticos de ETA (siempre lo fueron y está por demostrars que hayan dejado de serlo) y estalló el escándalo. También en las propias filas del Gobierno y del PSOE, en las que se detecta un visible ataque de contrariedad porque, una vez más, se han vuelto a dar un tiro en el pie.
«Equivale a celebrar el silencio de las pistolas, el retorno a una apacible convivencia entre los ciudadanos, al modo de aquel hermano golfo de la Biblia agasajado por el padre al regresar maltrecho y empobrecido después de derrochar la herencia.»
Seguramente en Austria, la patria del presidente del jurado, no entenderían nada si les decimos que quienes mandan ahora en el territorio de Guipúzcoa, y en su capital, San Sebastián, son gentes que de la noche a la mañana han pasado de cobrar el impuesto revolucionario a cobrar el Impuesto de Sucesiones, incluso el IRPF. Pero aquí sí lo entendemos. Y eso nos obliga a relacionar este tipo de paz relativa que ahora reina en San Sebastián y en el resto del País Vasco con la ausencia de atentados criminales, coches bomba, tiros en la nuca, cartas de extorsión, amenazas de muerte, terrorismo callejero, etc. Eso ha debido pesar en el ánimo del jurado a la hora de inclinar la balanza hacia la bellísima capital donostiarra.

Equivale a celebrar el silencio de las pistolas, el retorno a una apacible convivencia entre los ciudadanos, al modo de aquel hermano golfo de la Biblia agasajado por el padre al regresar maltrecho y empobrecido después de derrochar la herencia. Era lógico el cabreo del otro hermano, cuya fidelidad al padre y a la familia jamás había sido gratificada con fiestas u homenajes de reconocimiento. Y eso ha pasado con Zaragoza, Córdoba y Burgos (Las Palmas y Segovia han decidido aceptar los hechos sin levantar la voz), donde el compromiso con la paz es consustancial a sus gentes, donde es permanente, natural, diaria, la apuesta por la paz y la convivencia pacífica en libertad, en pluralidad, en armonía. Pero eso, al parecer, no tiene premio.


El Confidencial - Opinión

Zapatero El veredicto de la historia. Por Emilio Campmany

Yo no sé si Zapatero podrá o no mirar a los ojos de su padre, de sus hijas o de quien sea. A mí, que me lo quiten de la vista, que no respondo. Y que diga misa la historia.

Es típico de los dictadores apelar al juicio de la historia. En ellos, que nunca se sometieron a la consideración de sus contemporáneos en las urnas, no les queda otra que remitirse a los futuros historiadores. En cambio, en las democracias, mira que suena pretencioso oír hablar a los políticos de cómo les juzgará la historia. Tampoco la cosa mejora cuando son los periodistas aduladores quienes se dedican a hacer sugerencias a la historiografía venidera. Menudo empacho nos hemos cogido a cuenta del último debate del estado de la Nación de Zapatero. Fue el propio presidente quien empezó por remitirse al dictamen del mañana cuando defendió la negociación con ETA. Y eso fue como un toque de corneta para pelotas y profesionales del piropo que se han hartado estos días a proclamar lo mucho y bueno que dirá la historia de ZP.

Admitamos "pulpo" como animal de compañía y supongamos que, en efecto, Zapatero será descrito en los libros como un gran estadista. ¿Aliviará eso las penas de alguno de los cinco millones de parados? ¿Consolará la idea a alguno de los vascos que tenga que marcharse de su pueblo por serle insoportable la dictadura impuesta por Bildu? ¿Confortará la perspectiva a algún jubilado de los que vea su capacidad adquisitiva cada vez más mermada? Pues algunos habrá, pero, a la mayoría, les importará un higo lo que diga la historia de ZP.

Todos, políticos y periodistas, deberían tomar ejemplo de Churchill, quien, teniendo sobrados motivos para creer que sería valorado positivamente, se tomaba a chirigota el asunto diciendo que la historia lo trataría bien porque tenía la intención de escribirla. Como Zapatero apenas sabe escribir, tiene que confiarse a lo que escriban otros, que de momento serán los periodistas amigos.

Pero, como en España a todo hay quien gane, lo más sonrojante no lo ha dicho Zapatero ni ningún periodista solícito, ni siquiera un compañero de partido. Lo ha proclamado una diputada de Coalición Canaria. ¿Cuánto esperarán estos nacionalistas sacar durante estos últimos meses para dejar resbalar tanto halago viscoso desde la tribuna de oradores? La mujer empezó así: "Usted puede mirar a los ojos de los españoles, puede mirar a los ojos de su padre, que lo vimos ayer muy orgulloso de usted, y de sus hijas". Y luego vino lo de los momentos agarrados fuertemente. La verdad es que, a lo único que está agarrado el sujeto con fuerza, es a la poltrona.

Yo no sé si Zapatero podrá o no mirar a los ojos de su padre, de sus hijas o de quien sea. A mí, que me lo quiten de la vista, que no respondo. Y que diga misa la historia.


Libertad Digital - Opinión

El tiempo blando. Por Ignacio Camacho

Con Zapatero en el limbo de la despedida, la legislatura flota ahora en un escenario extravagante y surrealista.

HEMOS pasado del esperpento al surrealismo. La política española, tan a menudo deformada por su tendencia a la exageración grotesca y contradictoria, ha entrado esta semana en un estado de dislocación y descoyuntamiento que tal vez sólo pueda entenderse desde la proyección del subconsciente. El presidente del Gobierno se ha pasado tres días despidiéndose con emotividad de los diputados sin esbozar la más mínima intención real de marcharse. En medio de un ambiente generalizado de final de mandato, Zapatero ha recibido incluso cordiales parabienes para su futuro postpresidencial —incluida la arrobada dosis de almíbar sentimental que la canaria Ana Oramas derramó sobre su persona con retórica de Corín Tellado— mientras esbozaba ante la Cámara planes y medidas a medio plazo. Ha sido un espectáculo absurdo, de una incoherencia extravagante y disparatada: un político que se dirige a la nación con un discurso testamentario y a continuación anuncia su voluntad de quedarse, mientras sus adversarios menos complacientes le deseaban lo mejor al tiempo que le imprecaban a voces que se vaya de una vez por todas.

En una lógica de cierta racionalidad, este debate sería el epílogo de la legislatura. A la despedida elegíaca y autocompasiva del presidente seguirían unas jornadas de trámite hasta el final del período de sesiones y en septiembre se produciría la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral. Ése parece el desenlace elemental que se desprende no sólo del contexto social, del pulso mortecino de un Gobierno sin aliento, del colapso institucional y del síncope crítico de la situación económica, sino del propio tono conclusivo de la función del Congreso. Sin embargo, no sólo no hay ningún indicio relevante de que el mandato vaya a acortarse sino que existen serias posibilidades de una pronta remodelación del Gabinete para cubrir la presentida baja del multiministro Rubalcaba y tirar delante de cualquier manera. Se trata de un escenario surrealista en el que todo transcurre bajo una sensación de desesperante provisionalidad, de descomposición al ralentí, de vacío de poder, y en el que el tiempo se ha vuelto blando y mórbido como los relojes de Dalí.

El manejo de los tiempos se le ha escapado de las manos a Rodríguez Zapatero. Su calendario, como su propio poder, está supeditado a los intereses de Alfredo Pepunto Rubalcaba, que será el encargado de determinar cómo y cuándo poner punto final al mandato. Durante unos meses, nadie sabe aún cuántos, vamos a tener un líder cataléptico teledirigido con mando a distancia. En esta postrimería decadente, en este desconcertante cuadro de interinidad, hay un presidente que no acaba de irse y otro que no acaba de llegar, y en medio un personaje que no se sabe si se va o si viene. Última paradoja: el único gallego de los tres no es el tercero.


ABC - Opinión