El caballo y el camello. Por José María Carrascal

No podían hacer otra cosa, gobierno y sindicatos, para evitar lo que ambos más temían: la huelga general.

HOY era el día de la gran decisión, la fecha señalada para que el gobierno demostrase que no le importan las próximas elecciones, sino el futuro de España, y anunciase, «con pacto o sin él», una reforma de las pensiones que garantizaría su solidez futura. Sin embargo, lo que vamos a tener es una empanada en la que cabe todo, los 67 años de jubilación para algunos, con menos para otros. Los 41 años de cotización que pueden ser 38,5. El cómputo se hará a base de los últimos 25 años cotizados con ajustes para mujeres con hijos y becarios. Total, una reforma en la que haya para todos o, como decía aquel mercader árabe, «me prometieron un caballo pura sangre y me dan un viejo camello».

Y es que no podían hacer otra cosa, gobierno y sindicatos, para evitar lo que ambos más temían: la huelga general. El gobierno, por las repercusiones mediáticas. Los sindicatos, por la escasa asistencia, como les ocurrió con el ensayo de septiembre. Así que como un tullido y un ciego, uno a horcajadas del otro, han llegado hasta el compromiso final.

El problema de verdad llega ahora: ¿lo van a comprar Bruselas y los mercados? Porque a los españoles, ¿qué remedio nos queda? Pero ¿va a tomarse fuera como muestra de que España está corrigiendo los graves defectos de su economía? Mi respuesta es que, de momento, lo aceptarán por aquello de que más vale algo que nada. Pero las dudas sobre nuestra solidez continuarán, diría incluso que se acrecentarán. Aquellas tres grandes reformas que Zapatero anunció con esa voz campanuda que saca en los momentos trascendentales se han quedado a la hora de llevarlas a la práctica en reajustes llenos de recovecos para no llegar al fondo del asunto. Se ha recortado el gasto público, pero ese ahorro se lo ha llevado el mayor coste de nuestra deuda. La reforma financiera se ha quedado en convertir las cajas en bancos, con un dinero que todos los expertos coinciden en que no llegará. Y la reforma de las pensiones, ya lo ven, un camello en vez de un caballo. Mientras que la productividad, otro de nuestros grandes problemas, ni se aborda siquiera.

En realidad, la única reforma a fondo que ha hecho Zapatero fue la de su gabinete: poner a Rubalcaba en lugar de María Teresa. No sabemos todavía si para sucederle o para que se desgastase por él hasta las próximas elecciones en espera del milagro. Pero Rubalcaba tiene demasiadas cuentas pendientes para hacerse cargo de las de otro, aparte de que ni a Bruselas ni a los mercados les interesan los cambios en el gobierno español. Le interesa saber si podremos pagar nuestras deudas o no. Algo impensable en el universo ficción de Zapatero, donde sólo cabe la armonía áulica de su creador.

ABC - Opinión

El nuevo candidato. Por Agapito Maestre

¿Es Pérez Rubalcaba el mejor dotado para hacer política a lo grande con el PP? ¿Sería capaz Pérez Rubalcaba de pactar con el PP el futuro de España? No, no y no. Hace mucho tiempo que este hombre perdió toda su legitimidad democrática.

Es plausible el relato de El Mundo: "Pérez Rubalcaba será el candidato del PSOE". Leo la información con detenimiento y descubro una cita impecable de la fuente socialista que informa al periódico de Pedro J.: "La cúpula socialista trata de cerrar el ciclo de Zapatero dando la impresión de que el PSOE y el Gobierno de Zapatero han hecho todo lo necesario para salir de la crisis, aunque sea con medidas difíciles y duras. Sólo así nos garantizamos poder volver a gobernar en un plazo no demasiado largo. Para no perder durante mucho tiempo, es mejor perder ahora, pero dejando el convencimiento a los ciudadanos de que situamos al país en el buen camino".

A eso le llamo yo "hacer política" y, sin duda alguna, el PSOE lo borda, cuando se trata del futuro de su empresa. Zapatero habría preparado, junto a su sucesor, un plan minucioso para anunciar su retirada después de las municipales. El resto es cosa del partido. Se trataría de hacer el menor daño posible al PSOE por un lado, e intentar que Zapatero saliese con cierta dignidad de La Moncloa por otro lado. Estas conjeturas no son quimeras. Son estrategias de poder muy bien elaboradas. En mi opinión, el límite más grande de esta operación es, sin embargo, el nuevo candidato, que tiene un pasado discutible, un presente dudoso y, seguramente, un futuro mejorable.

¿Es Pérez Rubalcaba el mejor dotado para hacer política a lo grande con el PP? ¿Sería capaz Pérez Rubalcaba de pactar con el PP el futuro de España? No, no y no. Hace mucho tiempo que este hombre perdió toda su legitimidad democrática. Fue portavoz en la peor época de González. Dirigió la peor compaña de agitación y propaganda que se ha hecho nunca en democracia contra el PP. No ha querido investigar sobre el 11-M. Ha perseguido a las víctimas del terrorismo. Recientemente, quizá el asunto más bochornoso al que se tiene que enfrentar se llama "caso Faisán".

Precisamente, por todo eso no entiendo todavía por qué la oposición, el PP, no se ha lanzado ya a la yugular de Pérez Rubalcaba. A no ser que los dirigentes del PP, como a este cronista, les quede aún la duda de que un personaje tan despreciativo del Estado de Derecho, y sobre todo tan triste para el futuro de la democracia, pueda ser el candidato del PSOE. ¡Quién lo sabe! Sospecho que nadie. Sobre esa indeterminación juega los chamanes del socialismo español.

Libertad Digital - Opinión

La defenestración del timonel. Por Hermann Tertsch

Ya avisó Felipe González de que la decisión de presentarse no depende de Zapatero, sino del partido.

NUESTRO presidente del Gobierno llevaba ya muchos meses jugando a las adivinanzas con todos nosotros. «Que sí, que no, mientras cae el chaparrón». Demasiado tiempo coqueteando sobre su futuro que, les moleste a ustedes poco o mucho, también es en buena medida el nuestro. Pero son malos tiempos para la broma. Tras siete años de omnipresencia de Zapatero en nuestras vidas, a los españoles nos flaquea muy seriamente el sentido del humor. Ahora parece que también en el partido socialista han adquirido eso que llaman «masa crítica» los que no tienen ya ganas de reírle las gracias al presidente. Y parecen haber decidido acabar con las adivinanzas. Sin consultar al interesado. Desde hace ya semanas los medios afines al partido socialista, especialmente los más ligados al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, sostienen una campaña perfectamente laminadora contra el presidente. Con golosas encuestas incluidas. Y afirman sin descanso que toda posible salvación para los socialistas pasa por la figura excelsa y preclara del vicepresidente Pérez Rubalcaba. Al parecer, toda esta artillería contra el pobre Gran Timonel lleva ya un tiempo generando irritación en La Moncloa. Porque se considera que la postulación de Rubalcaba —que se considera orquestada por todo el núcleo duro del viejo socialismo, Freddie Fouche incluido— es ya excesivamente descarada. Pero este jueves hemos pasado ya a una siguiente fase, es de suponer que debido a los nervios y la impaciencia de muchos. Y ya son perfectamente explícitos los mensajes que nos dicen que Zapatero no será el candidato en el 2012. Y que ya poco importa lo que él mismo quiera o pretenda decidir al respecto.

Dos periódicos salieron ayer con la misma noticia en portada. Rubalcaba será el candidato en el 2012. Y Chacón en el 2016 —largo me lo fiáis—. La fuente de esta indiscreción sería un jefe socialista que, según algunos medios socialistas decían ayer, es el ministro de presidencia, Ramón Jáuregui. Éste salió al paso con un desmentido que nada niega. Y de hecho ayer Zapatero quedó liquidado como el líder político del socialismo. Queda como pato cojo que no se volverá a presentar. No porque no quiera. Porque no le dejan. Y al que a partir de ahora obedecerán y temerán, como mucho, los bedeles de La Moncloa. Ahí queda, para gestionar las reformas pendientes. Todo indica que el partido quiere descartar que el presidente coja aire y vuelva a las ensoñaciones. Que el año próximo, sean cuales sean los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, se inocule una dosis de su optimismo antropológico, se considere recuperado y pretenda presentarse. El núcleo duro del partido lo quiere impedir. Ya avisó Felipe González, cada vez más presente en el partido para salvar los muebles, que la decisión de presentarse no depende de Zapatero sino del partido. Todo indica que la cocina felipista ya ha tomado ya la decisión. Y muchos quieren que se haga pública cuanto antes. Para intentar paliar daños en las elecciones municipales y autonómicas. El presidente del partido, Manuel Chaves, puso la guinda y habló ya ayer del presidente en tiempo pretérito. Dijo que le habría gustado que se hubiera presentado otra vez Zapatero. Le faltó un «¡Qué pena!». El partido ha amortizado al presidente. Y su defenestración está en marcha. Es previsible que se resista. Si considera ingratos a los españoles que le critican, imagínense lo que pensará de los socialistas desleales que él acaudilló al poder. Pero la puñalada trapera está dada. Le han ganado en lo único que hace bien, la intriga. Eso sí, le ha ganado un campeón. Que no dejará de elogiarle mientras lo momifica.

ABC - Opinión

Reforma. Los frutos podridos de las pensiones públicas. Por Juan Ramón Rallo

El resultado de los sistemas públicos de reparto es trabajar más y cobrar menos; el socialismo en su más clara expresión. El resultado de los sistemas privados de capitalización, trabajar menos y cobrar más; el capitalismo en su más clara expresión.

Los habrá que, tras la enésima suspensión de pagos del sistema público de pensiones –que no otra cosa significa esta quita impuesta por el Gobierno a los acreedores de la Seguridad Social, es decir, a todos nosotros–, todavía sigan diciendo que lo público funciona mejor que lo privado y que el altruista principio de solidaridad intergeneracional es preferible al egoísta principio de capitalización individual.

No voy a extenderme en repetir todos los argumentos que muestran a las claras la indiscutible superioridad de las pensiones privadas sobre las públicas. Simplemente daré unas cifras muy fáciles de entender: tras la reforma, una persona que durante 38,5 años aporte al sistema público una cotización media de 6.000 euros al año (la implícita en un sueldo medio de 21.000 euros) percibirá al jubilarse una pensión aproximada de 1.750 euros al mes. En cambio, en un sistema privado, esa misma persona, logrando una rentabilidad anual media después de inflación del 4%, percibiría una pensión de 1.800 euros al mes... y habría amasado un patrimonio de 560.000 euros.

¿Acaso, pensarán, un 4% de revalorización anual de nuestro patrimonio constituye un objetivo inalcanzable? No debería: el mercado de valores, por mero piloto automático, se ha revalorizado como media en los últimos 200 años un 7% después de la inflación; y los fondos de pensiones chilenos, bien gestionados a diferencia de la inmensa mayoría de los españoles, han logrado una rentabilidad media anual del 9% durante los últimos 30 años.

¿Que como viviría una persona habiendo invertido 6.000 euros –la cotización media a la Seguridad Social– durante 38,5 años al 7%? Pues con pensiones de 4.000 euros al mes y un patrimonio de 1,2 millones de euros. No es necesario que hagamos un ejercicio especulativo: el 7% es lo que habría logrado cualquier persona de invertir el equivalente a 6.000 euros al año en cualquier índice de la bolsa española desde 1974.

Parafraseando a Marx con respecto a la tasa de plusvalía –a ver si de este modo la izquierda retrógrada lo entiende–, esos 1,2 millones de euros "expresan el grado de explotación de los trabajadores por el sistema público de la Seguridad Social". Hoy, conviene recordarlo una vez más: el resultado de los sistemas públicos de reparto es trabajar más y cobrar menos; el socialismo en su más clara expresión. El resultado de los sistemas privados de capitalización, trabajar menos y cobrar más; el capitalismo en su más clara expresión. ¿Comprenden ahora por qué los políticos españoles no permiten, como en Chile, que cada uno elija el sistema que prefiera?

Libertad Digital - Opinión

Expiación y culpa. Por Ignacio Camacho

La filtración de la retirada de Zapatero tiende a mitigar el impacto electoral de la reforma de pensiones.

PARA tratarse de una casualidad resulta demasiado casual que ciertos miembros del Gobierno comiencen a filtrar la retirada irreversible de Zapatero el mismo día en que éste cierra el acuerdo para recortar las pensiones que había jurado por sus principios no tocar. Si no es una estrategia lo parece mucho: el anuncio oficioso de que el presidente no repetirá como candidato tiende a mitigar con un efecto purificador el demoledor impacto electoral de la reforma de la jubilación y a presentar al autor de la medida como un sacrificado reformista dispuesto a inmolarse por el interés general. Él no puede comunicarlo de primera mano porque en ese momento volaría en pedazos el último tramo de la legislatura en medio de un vacío de poder, pero sus arúspices se lanzan a aventar la certeza de que no repetirá candidatura para aventar los recelos de unos votantes desmovilizados ante las municipales y autonómicas de mayo. Y el visto bueno final de los sindicatos permite presentar como un éxito el ajuste duro que hace menos de un año constituía la infranqueable línea roja del zapaterismo. Éxito quizá sea, objetivamente, para un país que necesita de estas dolorosas reformas para apuntalar su crítica situación de emergencia financiera; para el líder que las señaló como la última frontera de su resistencia moral constituyen, sin embargo, el fracaso terminante de un liderazgo sin brújula. Sólo ha acertado, y a medias, cuando se ha visto obligado con máxima crudeza a llevarse la contraria a sí mismo.

Nadie mejor que los propios socialistas conoce la profundidad social de esta reforma jubilar que puede resumirse en un futuro inmediato con menos pensionistas cobrando menos dinero. Un tajo seco aunque necesario al Estado del Bienestar, que acaso hubiera podido ser más leve o llevadero de no haber mediado la catastrófica política de gasto desarrollada por culpa de un cálculo irresponsable de la importancia de la crisis. La ufana socialdemocracia proteccionista ha acabado claudicando en un naufragio de recortes forzados por su propia incompetencia, y sus dirigentes son plenamente conscientes del coste político de ese desengaño. Por eso la coincidencia —deliberada o contingente, táctica o impremeditada— entre las filtraciones del próximo abandono presidencial y la penosa arriada de esta bandera simbólica representa una suerte de acto de contrición, una admisión de culpa que aspira, en el fondo, a aliviar la penitencia electoral mediante la consumación expiatoria de un sacrificio. Falta por saber si será suficiente para moderar el previsible castigo. Probablemente sea demasiado tarde; en la política de partidos, por acentuados que sean los liderazgos personales, las responsabilidades y las culpas suelen recaer en sujetos colectivos.

ABC - Opinión

Pe. Por Alfonso Ussía

Se ha echado de menos un comunicado oficial anunciando la buena nueva del parto de Penélope Cruz, la Pasionaria de Alcobendas. Ha sido un niño. Enhorabuena. Ha nacido en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y no en Cuba. Enhorabuena. De esta manera, el niño podrá optar a la nacionalidad estadounidense cuando alcance la mayoría de edad. Enhorabuena. El nacimiento ha tenido lugar en el hospital Cedars-Sinaí, uno de los más caros del mundo. Se calcula que la factura no bajará de los cien mil euros. Enhorabuena por tenerlos. En España sale más barato, pero los padres son muy dueños de decidir el lugar de acceso a la vida de sus hijos. Me aseguran mis informadores de partos ilustres que tanto el padre como la madre han luchado denodadamente contra sus ideas, y que las ideas han resultado derrotadas. De haber vencido las ideas, el parto se habría producido en Cuba, cuyo nivel médico y asistencial es altísimo, según dicen algunos. Pero no ha habido suerte. Tiene que ser muy dolorosa la militancia comunista para terminar dando a luz en el hospital más caro y exclusivo del imperio capitalista. Me estremezco cuando lo pienso. Porque el padre y la madre del niño recién nacido no son izquierdistas del montón. Forman parte de la cúpula ideológica y de agitación y propaganda del comunismo austero que todo lo comparte. En el hospital de Cuba le obligaban a la madre a compartir habitación con una camarada cubana, y hasta ahí podíamos llegar.

No hay que fiarse de las jóvenes cubanas de hoy, tan alejadas de los principios básicos de la Revolución. Además, que por culpa del bloqueo, no se garantiza en Cuba la disponibilidad de determinados medicamentos. De ahí que la pareja revolucionaria española haya decidido que su hijo nazca en el hospital más caro de la nación que impone el bloqueo a los cubanos. En España no hay bloqueo que valga, pero se entiende que en las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestra nación, lo de nacer en España les haya parecido poco. El glamour rojo también existe. Y la última opción, la de tener un hijo en un campamento saharaui con Aminatu Haidar colaborando en el parto, la verdad, y en esto les doy toda la razón, no podía ser tenida en cuenta.

La militancia comunista no obliga a tanto sacrificio. Es legítimo sentirse de la más escorada izquierda y vivir como un millonario americano. Pedir ejemplaridad y coherencia entre las ideas y la realidad, o entre la teoría y la práctica, es una impertinencia muy propia de la gente de derechas, cuyas mujeres, muchas de ellas, dan a luz todos los días en las clínicas de la Seguridad Social. Y ahí está el problema. La Seguridad Social fue obra del franquismo –el propio Franco murió en uno de sus hospitales–, y un comunista que se precie de serlo no puede consentir que su hijo nazca en un hospital del régimen anterior. Sería imperdonable.

Pe y Ja han hecho muy bien. Tiempo habrá para levantar el puño, protestar contra el Gobierno del Partido Popular, llamar asesinos a sus dirigentes, volar al Aiún cuando sea necesario, descansar en Cuba como invitados del Régimen bloqueado, y seguir viviendo en la imperialista nación que bloquea a los cubanos. Tiempo habrá. Lo importante es que el niño ha nacido en Los Ángeles, que está bien, que a la madre nadie le molesta ni interrumpe, que todo marcha de maravilla y que cien mil euros por un parto tampoco es para escandalizarse.

Arriba los pobres del mundo, en pie famélica legión.

La Razón - Opinión

Sinde. Álex, el enemigo del pueblo. Por Cristina Losada

Según esa mentalidad rudimentaria y antiliberal que equipara las decisiones de la mayoría con la razón y la verdad, hay que colgarle al díscolo el sambenito de "enemigo del pueblo".

Con la dimisión del director de la Academia de Cine, le ha salido al doméstico y domesticado establishment del ramo un temible foco de disidencia. Así se deduce de la agria reacción de quien manda en esas dependencias, que no es otra, al parecer, que la ministra de Cultura. Dónde se ha visto que un subalterno se declare en franco desacuerdo. Eso es motín y sedición y está penado por ley de Sinde. Para empezar, con la desaparición ipso facto de la oveja negra, tan desagradecida ella. Pues la ministra ha hecho saber que se sentiría incómoda si durante la Gala de los Goya aún ocupara el faccioso formalmente el cargo. Imagine cuán incómoda se sentiría una de sus predecesoras, Pilar del Castillo, en aquellos Goya dedicados a propinar garrotazos al Gobierno del PP. Pero no se vaya a perturbar la paz de la sensible guionista de Mentiras y gordas. ¡Fuera el traidor revisionista!

Aun a falta de conocer en detalle cuál es la posición de Álex de la Iglesia sobre la pactada ley antidescargas se entiende que lo suyo no tenga perdón. Alguien dispuesto a contrastar sus ideas con otras opuestas, a informarse a conciencia de la materia a debate, a cambiar de opinión por propia y soberana decisión y no por orden de nadie, es un auténtico peligro público. Si cundiera el ejemplo de albergar dudas sobre lo indudable e intentar despejarlas uno por su cuenta, ¿qué sería de la secta que se arroga la representación de la cultura? Estamos, desde luego, ante un hecho insólito. Estamos ante la aparición de un espécimen raro en estas tierras y anómalo en "el mundo del cine": ¡un individuo! En esa cofradía habrá gentecilla, habrá personajes y habrá sujetos, pero individuos, de ninguna manera. Qué excentricidad.

No quedan, ahí, sin embargo, los graves errores del renegado. La jefa de la Cultura oficialista le condena por no comulgar con "una decisión democrática" adoptada por tres partidos políticos con millones de votantes. De modo que, según esa mentalidad rudimentaria y antiliberal que equipara las decisiones de la mayoría con la razón y la verdad, hay que colgarle al díscolo el sambenito de "enemigo del pueblo". Si esto fuera Inglaterra, una pediría que al cineasta desafecto se le concediera el título de Sir. Como no lo es, que se le ponga su nombre a alguna calle. Aunque sólo fuera por el gesto excepcional de dimitir.

Libertad Digital - Opinión

La necesaria segunda transición. Por Benigno Varela Autrán

«Tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierte la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación».

HAN pasado treinta y dos años desde la promulgación de la Constitución española de 1978, que fue fruto del consenso obtenido entre todas las fuerzas políticas que afloraron tras el régimen que protagonizó el General Franco durante cuarenta años y que, en otro aspecto, vino a representar la plasmación de lo que se ha conocido como la Transición de la dictadura a la democracia.

La realidad del momento actual en España evidencia la imperiosa necesidad de un nuevo pacto supra-partidario que reconfigure nuestro sistema democrático, haciendo, si es preciso —y parece que puede serlo— los retoques constitucionales que se estimen adecuados y oportunos. Es una opinión compartida por amplios sectores de la sociedad civil y no deja de ser llamativo que, según refiere algún medio de comunicación, el propio Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, en una reciente intervención institucional, se hubiera hecho eco de la misma, haciendo un llamamiento a la actualización y vigorización del sistema democrático alcanzado hace ya más de tres décadas. Como es obvio, los presupuestos de esta segunda Transición que parece demandarse se revelan, claramente, diferentes de los que determinaron la primera producida en la década de los setenta del pasado siglo XX, pero no menos importantes en orden a una definitiva consolidación de nuestro sistema democrático y de la organización territorial de España. El sistema de elección de los representantes políticos está demandando una reforma, indemorable ya, si es que, de verdad, se quiere que el pueblo soberano esté adecuadamente presente en las instituciones públicas representativas. Hay que alejar todo atisbo de configuración piramidal de los partidos políticos y eliminar de los mismos todo signo de autoritarismo que vaya más allá de la disciplina indispensable en toda agrupación humana llamada a prestar un servicio público.

Claro es que resulta mucho más cómodo el sistema de listas cerradas que garantiza la promoción de candidaturas que a la dirección del partido le interesa o le viene bien, como también es más expeditivo el nombramiento de cargos en el seno del propio partido por el régimen de designación discrecional. Pero, indudablemente, en uno y otro caso se violentan los principios de libertad de elección democrática, tanto externa como internamente. También, cómo no, habría que pensar en remodelar el sistema electoral a fin de conseguir una más ajustada proporcionalidad representativa, procurando, asimismo, que la fuerza política más votada fuese la que asumiera el Gobierno sin dar ocasión a que partidos minoritarios lleguen a adquirir un protagonismo no concordante con el verdadero resultado electoral.

En otro orden de temas, uno que se halla precisado de un imprescindible y ya no retardable afrontamiento es el referido a la definitiva organización territorial de España, que exige un replanteamiento a fondo que sitúe a las comunidades autónomas en el lugar que, constitucionalmente, les corresponde. Al respecto, hay que decir que cuando se promulgó la Constitución de 1978 y, consiguientemente, su Título VIII, nuestros constituyentes configuraron un mapa autonómico sobre la base de la unidad nacional de España y de un marco competencial precisamente definido que, ciertamente, ha quedado desfigurado por la realidad que se vive en el momento presente y por las reivindicaciones que se formulan para el futuro. El devenir histórico de las comunidades autónomas revela un manifiesto desbordamiento, cuantitativo y cualitativo, que es preciso frenar, mediante un acuerdo de Estado de los principales partidos políticos, si es que no se quiere romper la unidad, política e incluso, en cierta manera, administrativa de España, claramente preservadas, ambas, en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

D Hay que tener en cuenta que de unas históricas particularidades de apenas tres comunidades autónomas se ha pasado a un régimen generalizado de autonomía regional que se revela de una voracidad insaciable, hasta el punto de pretender dejar vacío de competencias al Estado central. Siendo como es grave, desde una perspectiva política, el fenómeno enunciado, el mismo se agrava sobremanera cuando se contempla desde el prisma económico, y mucho más en una situación de crisis como la que, lamentablemente, se padece en estos momentos a nivel mundial y nacional. Para nadie es un secreto que entidades de ámbito internacional que examinan la solvencia de los distintos Estados están apuntando al gasto de las comunidades autónomas de España como una de las causas determinantes de los enormes déficits y deuda que se mantienen a nivel de Estado y que amenazan con la necesidad de adopción de medidas drásticas para la economía nacional. Cuando se contempla la cuadruplicidad de nuestra Administración Pública —el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos— y, lo que es peor, la duplicidad de organismos, funciones, cargos y puestos de trabajo en algunas de ellas, la verdad es que nadie con sentido común alcanza a ver la necesidad de todo ello y, mucho menos, a justificar el desbordado gasto y la complejidad administrativa que origina. Se ha sido muy tolerante hasta ahora con las comunidades autónomas, pero parece llegado el momento de poner coto a los innegables excesos que, en buena parte de ellas, se han producido. No es fácil el recorte de competencias transferidas a estas alturas del tiempo transcurrido desde la instauración de las comunidades autónomas, pero no hay otro remedio que poner manos a la obra en la reconfiguración de la organización territorial de España, y es misión y responsabilidad que incumbe a los dos partidos políticos mayoritarios que, dejando de lado sus normales e inevitables rivalidades, han de asumir, como verdadera cuestión de Estado, la nueva y definitiva estructuración territorial de la única nación española. Y cuando se afirma esto no se hace sino reflejar la doctrina constitucional sobre el tema que, pese a todas las ambigüedades atribuibles a la misma, sin embargo, viene a sentar, en definitiva, el principio de la unidad política de España y de sus instituciones fundamentales, lo que requiere para ciertas materias básicas, como pueden ser la justicia, la sanidad y la educación, un principio de unificación que, ciertamente, se ha abandonado en muchos casos.

La ya existente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la obligación en Cataluña de admitir como lengua vehicular en la educación el castellano va en la línea de unificación que se deja enunciada y es preciso, por ende, que, sin esperar a la actuación jurisdiccional y sobre la base de los pronunciamientos hechos ya por el Tribunal Constitucional, las principales fuerzas políticas del Estado asuman su responsabilidad de reconfigurar el mapa autonómico de España, adecuándolo a los principios que emanan de la Constitución de 1978, cuya modificación, en este aspecto a diferencia de otros, no se revela, en modo alguno, necesaria.

Varios otros temas debieran merecer una reconsideración seria y ponderada, y por citar alguno, dentro del limitado espacio que permite un artículo periodístico, viene a la memoria la configuración de nuestros órganos constitucionales, cuyo deterioro público resulta ya manifiesto. Las inadmisibles demoras en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional y la, ya descarada, politización de estos órganos constitucionales tendrían que hacer pensar a los responsables políticos que la garantía máxima de un Estado de Derecho se halla, precisamente, en el imperio de la Ley por encima de todo, de tal forma que la misma se convierta en el verdadero «Poder de los Poderes». De aquí que, tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierta la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que, lejos de volver a denostados principios de unificación nacional o de regresión en el régimen de libertades adquiridos, sobre la base del Estado Social y Democrático de Derecho que, felizmente, alumbró la Constitución de 1978, profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación, tanto a nivel externo del proceso electoral en su conjunto como a nivel interno de funcionamiento de los partidos políticos, y, por otra parte, se asuma, por estos últimos, el encauzamiento adecuado del Estado de la Autonomías y la más exigente asepsia política en la conformación de los órganos constitucionales del Estado. Desde esta perspectiva, que por supuesto no agota los temas a abordar, es como se propugna la impulsión de una nueva Transición en España.

Benigno Varela Autrán es Magistrado jubilado del Tribunal Supremo. Ex Vocal Portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Miembro del Foro Sociedad Civil.

ABC - Opinión

Acuerdo por la confianza

El Gobierno anunció ayer un principio de acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la reforma de las pensiones. Zapatero solventó los aspectos más espinosos de la negociación en una cena con los líderes sindicales que se prolongó hasta la madrugada. El resultado ha descafeinado el proyecto inicial del Gobierno que fijaba la jubilación obligatoria y generalizada a los 67 años. La necesidad del presidente de presentar a la sociedad un pacto con los agentes sociales, especialmente con los sindicatos, provocó que esa frontera de los 67 años se transformara en no forzosa ni innegociable. Y así se plasmó en el premonitorio voto particular pactado por PSOE y CiU al Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo. El acuerdo con los agentes sociales contempla un marco flexible y con muchas excepciones, como querían los sindicatos, en el que se establece la jubilación a los 65 años con 38,5 años cotizados y no los 41 de la propuesta inicial del Gobierno. Habrá condiciones particulares también para trabajadores con oficios penosos. Finalmente, para jubilarse con la pensión íntegra a los 67 años, habrá que sumar una cotización de 37 años. Y todo ello a partir de 2027. El periodo de cómputo de las pensiones tendrá en cuenta los últimos 25 años de vida laboral en lugar de los 15 actuales. Los sindicatos han logrado que los periodos transcurridos como becarios o el tiempo dedicado al cuidado de un hijo tras su nacimiento sumen hasta dos años cotizados. El compromiso tiene la virtud no sólo del consenso generado en un reforma fundamental, sino que actúa contra la crisis de confianza y de crédito. Otra cosa es que esta reforma garantice por sí sola y para siempre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es lo que estaba en cuestión. Se han adoptado cuidados paliativos a largo plazo, pero hay que curar una patología afectada por la masiva destrucción de puestos de trabajo, que reduce las cotizaciones, y una baja demografía que impide el relevo generacional, imprescindible para soportar nuestro modelo de reparto. Por tanto, hay que felicitarse por el pacto social alcanzado, pero conviene no equivocar el diagnóstico ni las necesidades de futuro. La revisión periódica de los parámetros del sistema será casi obligatoria para acometer las modificaciones precisas. Y, sin embargo, todo ello servirá de poco si el país no crea el trabajo suficiente, porque el futuro de las pensiones depende sobre todo del empleo, y no al revés. Aunque el Gobierno tiene razones para sentirse satisfecho porque ha logrado evitar un escenario de conflicto social, ha cumplido con la Unión Europea y ha mandado una señal positiva para los mercados, la reforma de las pensiones sólo es un paso para solucionar la crisis, que depende de otras variables. El acuerdo con los agentes sociales, bien recibido en general por los grupos políticos, y el compromiso de los partidos plasmado en el Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo conforman un marco que va en la dirección correcta. Se recortan las pensiones para salvar el sistema. Un sacrificio relevante por un bien superior, al que muy probablemente seguirán otros.

La Razón - Editorial

El imparable deterioro de las pensiones públicas

Sólo una reforma enérgica y valiente de las políticas de previsión social en España podría contener este lento pero imparable deterioro en las condiciones de acceso a la jubilación de nuestros trabajadores.

La Seguridad Social española lleva 25 años en progresivo desmoronamiento. Aunque a tenor de la importancia que ciertos medios le atribuyen a la presente reforma parecería que estamos ante el primer cambio de calado en nuestro sistema público de pensiones, lo cierto es que aproximadamente cada doce o trece años los políticos se ven forzados a proceder a parchearlo. No olvidemos que en 1985 el período de cálculo de la pensión se elevó de dos a ocho años, en 1997 de ocho a 15 y, ahora en 2011, de 15 a 25. Así pues, antes de 2025 podemos esperar con relativa seguridad una nueva reforma que deje en papel mojado la actual.

Por mucho que la retórica socialista pretenda imponerse a la realidad apelando a inexistentes "derechos sociales", el enemigo número uno de las pensiones de reparto no es ni la crisis económica, ni los especuladores, ni los neocon, ni Angela Merkel. El auténtico motivo de fondo que convierte en inviable cualquier sistema con pies de barro como el español es simple y llanamente la demografía: a menos que ésta se expanda de manera exponencial, en algún momento la pirámide de población se convierte en una urna o incluso en una pirámide invertida, y las pensiones dejan de poder pagarse.

Ante la inexorable certeza del colapso, los políticos podrán añadir numerosos parches para tratar de aplazarlo, pero a largo plazo el mantenimiento del sistema sólo puede lograrse con la combinación de trabajar durante más tiempo –alargando la edad de jubilación– para cobrar menos –rebajando la pensión al ampliar el período de cálculo–. De hecho, algunas reformas como la actual incluso terminan perjudicando a ciertos colectivos que, en principio, ninguna relación guardaban con el sistema: éste es el caso de los becarios quienes, al pasar a cotizar, o verán rebajados sus ya exiguas remuneraciones o, directamente, no llegarán a ser contratados.

Sólo una reforma enérgica y valiente de las políticas de previsión social en España podría contener este lento pero imparable deterioro en las condiciones de acceso a la jubilación de nuestros trabajadores. Sería menester que, como se ha hecho en países como Chile o muchos otros de Europa del Este, el pilar fundamental del sistema fueran las pensiones de capitalización, en las que cada empleado va ahorrando e invirtiendo en activos de alto rendimiento una parte de su salario a lo largo de su vida laboral. De este modo, cada persona podría dejar de trabajar, no cuando le impusiera el Gobierno, sino cuando creyera haber acumulado un patrimonio suficiente como para hacerlo; algo que, atendiendo al enorme éxito que ha logrado en aquellos países en los que se ha implementado, sería bastante antes de los 67 años actuales.

Sin embargo, tanto PP como PSOE parecen más interesados en contentar a los sindicatos y demás grupos de presión próximos a la izquierda que en satisfacer las necesidades de los españoles. Por eso en lugar de transitar hace 25 años hacia un sistema de capitalización prefirieron conservar un sistema público en plena degradación, y por eso esta reforma no será, ni mucho menos, la última.

Libertad Digital - Editorial

Sin empleo no hay solución

España no tiene hoy un problema en el sistema de pensiones, sino una crisis profunda de empleo. Sin más cotizantes, no hay reforma que valga.

DESPUÉS de largas negociaciones y con una escenografía muy estudiada de encuentros y desencuentros, Gobierno y sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre las pensiones. Tras dos semanas de reuniones y alguna aparición de cara a la galería de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo ha conseguido «convencer» a las organizaciones sindicales afines, muy predispuestas desde el principio a buscar un entendimiento con el PSOE para evitar el riesgo de un nuevo fracaso en la movilización social. A su vez, el presidente del Gobierno consigue una apariencia de éxito en el diálogo con los sindicatos y encuentra un alivio para sus guiños a la izquierda, al tiempo que cumple —aunque sea a medias— las exigencias de Bruselas. Sin embargo, la opinión pública contempla el pacto con justificado escepticismo. Más allá del sentido de la responsabilidad de la oposición y de los empresarios para asumir medidas urgentes, lo cierto es que el problema de las pensiones no se reduce a gestionar razonablemente la escasez. Dicho de otro modo, la creación de empleo es la única garantía para el mantenimiento del sistema a medio y largo plazo. Por eso, mientras España siga a la cabeza de todas las estadísticas en materia de paro, lo único que cabe es poner parches para salir del paso, aunque el producto se venda envuelto en una foto de consenso que —a estas alturas— sólo engaña a los que están convencidos de antemano.

Una y otra vez, Rodríguez Zapatero pretende ganar tiempo y maquillar su desastrosa gestión económica. Ahora se trata de mostrar las aparentes bondades de un reformismo tardío y desarrollado por mero oportunismo. De momento, el objetivo es doble: quedar bien con Angela Merkel ante su próxima visita y cerrar las heridas de una izquierda dispersa y fragmentada. Los sindicatos salvan el tipo, aunque ceden en lo esencial a cambio de algunas compensaciones de alcance limitado. Este Gobierno continúa sin generar confianza ni poner en marcha las políticas imprescindibles para facilitar la creación de empleo. Todo su esfuerzo, incluidas las negociaciones al máximo nivel, se concentra en aparentar éxitos ficticios que no servirán de nada una vez pasado el primer impacto mediático. En todo caso, la sociedad española muestra su madurez al contemplar con saludable distancia estos gestos de escaso contenido práctico porque no llegan a actuar sobre el fondo del problema.

ABC - Editorial

Reformas. Los mercados no se dejan tomar el pelo. Por Emilio J. González

Varios bancos internacionales ya dijeron que sus cálculos arrojan un número de millones considerablemente superior, hasta 180.000 millones de euros.

¿A quién trata de engañar Zapatero? A estas alturas de la crisis, y con un largo historial tras de sí de intentos de maquillar una y otra vez la realidad, el presidente del Gobierno debería saber que con los mercados no se juega, y mucho menos cuando ya ha tratado de engañarlos en otras muchas ocasiones y siempre han acabado por cogerle en renuncio. A ZP ya le tienen más que calado y no es que no le concedan el menor margen de confianza: es que ya empiezan a escrutar sistemáticamente cualquier anuncio, cifra o declaración que tenga que ver con la crisis para saber si, de una vez por todas, se está diciendo la verdad en cuanto a la situación y en cuanto a las medida para enderezarla o si, por el contrario, continúa con su estrategia de, por un lado, maquillar la realidad y, por otro, decir que va a hacer y que todo quede ahí.

Después de que el pasado lunes la vicepresidenta económica, Elena Salgado, convocara una rueda de prensa de urgencia a media tarde para presentar el plan del Gobierno para sanear el sector financiero, lo lógico hubiera sido que, al día siguiente, la bolsa española subiera como un cohete y la prima de riesgo recibiera un buen impulso a la baja. Lo que ocurrió, sin embargo, fue todo lo contrario: el mercado de valores cayó, arrastrado por los bancos, y la prima de riesgo, que llevaba varias semanas reduciéndose, empezó nuevamente a subir. El dictamen de los mercados fue claro: dudan nuevamente de Zapatero. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales que tienen que ver con los acontecimientos de política económica que se están desplegando esta semana. Comencemos por las finanzas.

La ministra Salgado dijo que las cajas de ahorros españolas no iban a necesitar más de 20.000 millones de euros para completar su saneamiento. Esa cifra, sin embargo, no es casual; es la misma a partir de la cual la agencia de calificación Fitch estima que el saneamiento de aquellas entidades crediticias tiene repercusiones presupuestarias negativas. Así es que Salgado trató de convencer a unos y a otros de que, en el peor de los casos, la operación de salvamento de las cajas no iba a implicar un deterioro sensible de las finanzas públicas españolas. Lo malo para el Gobierno es que, a estas alturas, todo el mundo hace sus propias cuentas acerca del coste real de dicha operación y a nadie le sale una cifra tan baja como la ofrecida por Salgado. Varios bancos internacionales ya dijeron que sus cálculos arrojan un número de millones considerablemente superior y ya hay quien en el computo ha empezado a incluir no sólo los activos inmobiliarios tóxicos, sino también la deuda pública asumida por las cajas, tanto la estatal como, sobre todo, la autonómica, y habla de hasta 180.000 millones de euros. Hasta el comisario europeo, Joaquín Almunia, ha manifestado que las necesidades de capital de las cajas españolas son, en realidad, muy superiores a lo que dice el Gabinete. Y, claro está, los mercados han vuelto a coger el palo al observar que el Gobierno vuelve a las andadas. Este miércoles, para tratar de arreglar las cosas, Salgado ha dicho que el ratio de capital que exigirá a las cajas será del 9% y hasta del 10%, cuando el lunes habló del 8%, con lo que los mercados han encontrado una nueva prueba de que el Ejecutivo pretende volver a tomarles el pelo.

Con el otro gran acontecimiento económico de la semana ocurre tres cuartos de lo mismo. Zapatero se comprometió con los mercados a reformar el sistema de pensiones, recalcando aquello de "me cueste lo que me cueste", y, además, puso como fecha límite este viernes para aprobar dicha reforma. La propuesta del presidente del Gobierno fue, ni más ni menos, ampliar a 67 años la edad de jubilación. La medida fue presentada como parte del programa de ajuste presupuestario, si bien, aunque la reforma de las pensiones es necesaria para el futuro de nuestra economía, no tiene nada que ver con el verdadero problema actual de nuestras cuentas públicas, que es un gasto considerablemente superior a lo que este país se puede permitir. Aun así, los mercados, que siguen preocupados por la solvencia de España, se tomaron el anuncio como un termómetro de la voluntad del Gobierno de acometer los duros ajustes que necesita nuestra economía para salir de la crisis. A fin de cuentas, lo de las pensiones era algo que iba contra la ideología de ZP y que le enfrentaría, sin lugar a dudas, tanto con los sindicatos como con buena parte de la población y, por tanto, servía para medir la temperatura reformista del Ejecutivo. Esa temperatura, sin embargo, cada vez es más baja. La ampliación de la edad de jubilación no será inmediata, sino que su entrada en vigor se pospone bastantes años. Ahora, también esa edad será ‘flexible’ porque hay que contentar a los sindicatos, con lo cual la medida queda completamente descafeinada. Es lo mismo que ha sucedido con la reforma laboral. Después de aprobar que las empresas podían despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado si estaban en pérdidas, ahora el Ejecutivo quiere matizar, al dictado de los sindicatos, que las empresas sólo se podrán acoger a esa modalidad si las pérdidas son permanentes. Vamos, que el reformismo de Zapatero se caracteriza porque donde dijo digo ahora dice Diego. Y los mercados ya están alerta.

Para salir de la crisis, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es restaurar la confianza de los inversores en la economía española. Sólo así las cajas podrán encontrar en los mercados recursos con que capitalizarse, tal y como desea Salgado; las empresas españolas podrán financiarse al mismo coste que sus rivales y el Ejecutivo no tendrá problemas para colocar la deuda pública a tipos de interés razonables hasta que se cierre el déficit presupuestario. Lo que está haciendo Zapatero invita, más bien, a la desconfianza plena. Luego se quejará cuando vuelvan a pintar bastos.

Libertad Digital - Opinión

El reconocimiento de un fracaso. Por Fernando Fernández

Sin aval europeo, el proceso de recapitalización no será posible. Y evitar el coste político, tampoco.

HAY que reconocer que el Gobierno ha cambiado de actitud. Ha cumplido en el déficit público, aunque a costa de secar la Administración central para acomodar los excesos de algunas Comunidades en plena campaña electoral. Tampoco esconde ya la necesidad de cambios radicales en la estructura económica española, como la privatización de las Cajas de Ahorros. No está mal para una crisis que se veía distinta y distante y para un sistema financiero que era el más sólido del mundo. Su conversión responde a la necesidad de aplacar a los dioses de la deuda. Duro para un Zapatero que inició su mandato amonestando al vicepresidente económico porque «no puede ser que no haya dinero; no hemos ganado para esto» (sic). El problema es que ese debate interno, esa desazón mental, provoca que el Gobierno siempre llegue tarde y mal. Le pasó con la reforma laboral y ahora tiene que cambiarla para hacer caso a lo que ya entonces le decían sus propios técnicos. Le está pasando con la reforma de pensiones. Y le ha vuelto a pasar con la recapitalización de las Cajas, que la tendrá que reformar pronto a mayor coste.

El Plan Urgente de Reforzamiento del Sistema Financiero supone el reconocimiento de un fracaso, pero no es suficiente y tendrá que ser rectificado. Porque una vez más han primado los criterios políticos —aplacar al statu quoy minimizar el daño ante las autonómicas— sobre los técnicos. Ha ganado Rubalcaba y ha perdido Fernández Ordóñez. Lo que estaría bien si los inversores tuvieran carné del PSOE y estuvieran dispuestos a financiarle su campaña electoral, pero no parece el caso. El plan supone el fracaso de toda la estrategia anticrisis financiera anterior, centrada en el FROB, Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, en al menos tres aspectos básicos. Uno, dejar la transformación de las Cajas en manos de sus usufructuarios actuales —perdón por el palabro, pero no son dueños, solo ocupan el poder por dejación del Estado—, que obviamente no tienen especial interés en perder su posición. Dos, renunciar a utilizar las competencias de inspección e intervención del Banco de España porque no se quería reconocer que el problema era de solvencia en algunas instituciones concretas y se pretendió reducirlo a una cuestión de liquidez, solucionable con un crédito puente del contribuyente. Y tres, el crédito puente era muy caro y no se podría pagar salvo que se hiciesen previsiones antropológicamente optimistas sobre el crecimiento y la evolución de los beneficios bancarios. Cierto que había un plazo de cinco años al que los créditos se convertían en capital y el Estado tomaba el control del proceso, pero, como era perfectamente previsible, los mercados no han esperado tanto tiempo.

No traigo a colación esos errores por prurito intelectual, sino porque algunos siguen presentes en el plan actual. Se minimiza el problema y se dice que la recapitalización costará solo veinte mil millones adicionales, cuando nuestros acreedores piensan que estará por encima de cincuenta mil. Y recuerden, ya les hemos contado demasiadas milongas para que nos crean por la cara. Se les pide que aguanten hasta septiembre, que sean comprensivos, que tenemos elecciones, pero no les veo por la labor. Y se confía en que haya cola para entrar en España, incluso hay quien habla de menuda ganga van a hacer los especuladores, cuando la verdad es que sin aval europeo el proceso de recapitalización no será posible. Y evitar el coste político tampoco. Que el Gobierno mire a Irlanda y nos ahorre el sufrimiento de quince meses de agonía.

ABC - Opinión

Merkel. Vete a Alemania, Sonia. Por Cristina Losada

Si destacan por su cualificación es que tienen un mérito añadido: lograron superar la ausencia de incentivos a la excelencia, barrera que corta el paso a cuantos no se resignan a ser iguales en la mediocridad.

Alemania padece escasez de profesionales y ha decidido, ya puesta, capturar a los mejores. En los próximos días se ha de concretar, en ese sentido, una oferta específica para ciudadanos españoles. La posibilidad ha desenterrado el "vente a Alemania, Pepe" de otrora, aunque no como hacha de guerra contra la Merkel. Sí, en cambio, contra el Gobierno, al que se culpa de obligar a los jóvenes a ganarse las lentejas allende nuestras fronteras. Una, conste, siempre ha sido partidaria de cruzarlas. Esto es, de emigrar del campo a la ciudad, de la provincia a la capital y de España al extranjero, y también de hacer, si es posible, el camino de vuelta. De hecho, salimos de la España de Pepe gracias a que muchos se lanzaron a recorrer esas rutas con poco más equipaje que el afán de prosperar.

Aquel Pepe que se iba a Alemania en los sesenta era un trabajador esforzado, honrado y ahorrador, pero no era por lo común un profesional altamente cualificado. Es ahora cuando llega ese tipo de emigrante, es decir, se va. Y así resulta que el destino de la "generación mejor preparada de nuestra historia" será, pongamos, Frankfurt o no será. Nuestro nuevo emigrante ya no se llamará Pepe, sino Adrián o Sonia, pero conservará las cualidades que antaño dieron prestigio a los españoles allí donde fueron a trabajar. Pues si destacan por su cualificación es que tienen un mérito añadido: lograron superar la ausencia de incentivos a la excelencia, barrera que corta el paso a cuantos no se resignan a ser iguales en la mediocridad.

En un foro que abrió el diario El Mundo a propósito de la oferta germana, se apreciaba la amargura. Titulados recientes, especialistas, profesionales con edades que aquí condenan a la eutanasia laboral, se quejaban menos de la carencia de trabajo que de la falta de valoración. Se sienten rechazados. Perciben que la preparación no es un plus, sino un minus. Y no se trata de un juicio distorsionado por efecto del drama personal. Hay datos y estudios que lo avalan, por no mentar las cualidades de los "triunfadores" del momento, véanse las elites gobernantes, que refuerzan la impresión. En la España actual apenas queda hueco para el desarrollo del talento y el aprovechamiento de la experiencia. Se han generado, con el concurso de la política, actitudes contrarias al conocimiento, la responsabilidad, el dinamismo y la innovación. De modo que los mejores se irán, si pueden, a lugares donde los respeten. Será una pérdida, pero ellos harán bien.

Libertad Digital - Opinión

Una cuestión de decoro. Por Ignacio Camacho

El debate sobre los privilegios parlamentarios responde a una elemental cuestión de sensibilidad ética.

AUNQUE el actual clima antipolítico ayuda poco a establecer matices y favorece actitudes simplistas y/o demagógicas, el debate sobre los privilegios jubilares de los diputados y senadores responde a una elemental cuestión de sensibilidad ética. La clase política es un colectivo de servicio público, no un bien de Estado, y sus miembros han de adaptarse a los sacrificios que la crisis exige a los ciudadanos a quienes representan. El más reciente no es precisamente trivial: se va a rebajar en términos absolutos y relativos la cuantía de las pensiones y se va a retrasar la edad de jubilación. Si no mediase un requerimiento moral de igualdad, el simple decoro estético exigiría la adaptación de los legisladores al marco que ellos crean para los demás. Se trata de una cuestión que sólo puede discutirse desde el ensimismamiento, causa esencial del efecto de desapego y desprestigio que aflige a nuestros mecanismos de representación pública.

Existe además un problema de calidad de la clase dirigente que anula cualquier posible excepción basada en el mérito o la excelencia. Oyendo las airadas quejas de algunas señorías podría pensarse que el Congreso y el Senado están formados por élites intelectuales y profesionales de altísimo nivel de selección, y no por una mayoría de mediocres funcionarios de la política designados para las listas por el poder burocrático de los aparatchiksde partido. No pocos de entre ellos no han cotizado jamás a la Seguridad Social fuera de esa burbuja endogámica en la que cualquier joven con escasa formación puede instalarse durante años en la nomenclatura de cargos públicos sin otra habilidad que la de orientarse en el favor de la jerarquía interna. Muchos tendrían problemas para igualar sus salarios y pensiones oficiales en cualquier empleo sometido a la lógica del mercado. Por una paradoja perversa, la escala salarial relativa de la política española decrece a medida que aumenta la responsabilidad: el sueldo de un ministro es inadecuado a su rango pero cualquier concejal de ciudad media cobra más de lo que podría ganar con su cualificación en la esfera privada. Por no hablar de retribuciones en especie —coche oficial, teléfono móvil, tarjeta de crédito, viajes— que en el mundo empresarial, en la calle que apenas pisan nuestros próceres, han sufrido un razonable estrechamiento.

No, la dirigencia política no tiene motivos para quejarse. O los tiene infinitamente menores que el pueblo cuya voluntad encarna aunque a menudo se les olvide a sus miembros; explicable olvido habida cuenta de que saben a quién deben realmente su statu quo. En tiempos de apreturas se incrementa la susceptibilidad ante los agravios, y la gente común sí tiene en España demasiadas razones, aunque no todas sean estrictamente ciertas, para sospechar que la actividad pública está dejando de ser un servicio para transformarse en un modo de vida.

ABC - Opinión

Burócratas. Bono, ese calvinista. Por José García Domínguez

El español, de siempre dado a la desmesura, salta del amor desaforado al odio rifeño hacia sus líderes porque, en el fondo, no cree en sí mismo. Pretende que estos políticos son el problema porque espera de otros la solución a sus males.

Siempre presto a adular los instintos de la muchedumbre, el rey de los demagogos patrios, José Bono –sí, el hijo de Pepe el de la tienda– anda empeñado en que sus señorías realicen un striptease financiero integral antes de tomar posesión del escaño. Se suma así Pepe el del picadero a esa ola de calvinismo impostado que recorre la opinión publicada de un tiempo a esta parte. Pues igual reclaman los savonarolas de guardia que se extremen las incompatibilidades de los electos, mientras pugnan por desposeerlos de pensiones y demás regalías asociadas al empleo. Proclamas todas ellas con las que saben ganado del aplauso de la galería.

Al respecto, viene de advertir Duran Lleida que si ansiamos un Parlamento de "gente pobre", vamos por el buen camino. Y algo de razón no le falta. Lo cierto, sin embargo, es que ya disponemos de unas cámaras pobladas no de gente pobre, sino de pobre gente, que es asunto distinto. He ahí otra consecuencia, una más, de la genuina lacra española, a saber, la ausencia de una sociedad civil acreedora de tal nombre. Y es que, tanto en democracia como en dictadura, el Estado es quien ha dado forma a la comunidad, y no viceversa. Una hegemonía secular, la del orden burocrático, que se refleja en el tono monocorde la elite política.

Por eso, nadie busque entre la pobre gente empresarios, directivos o profesionales liberales de alguna solvencia. Es sabido de antiguo: solo la integran burócratas. Ora los incubados en la Administración, ora apparatchiks de los partidos, ora sus respectivos clones sindicales. Pero solo burócratas. Y si bien se mira, el leirepajinismo rampante no deja de constituir su estación término natural. A la vez, el repudio popular contra la política y los políticos es fruto de idéntica tara. El español, de siempre dado a la desmesura, salta del amor desaforado al odio rifeño hacia sus líderes porque, en el fondo, no cree en sí mismo. Pretende que estos políticos son el problema porque, con la fe del carbonero, espera de otros la solución a sus males. Desalojar a la pobre gente del vértice de la sociedad española. Ésa es la genuina transición que hoy, tres lustros después, aún resta pendiente.

Libertad Digital - Opinión

La carcoma. Por Xavier Pericay

«Lo nuevo, en el caso catalán, es que las transacciones entre el poder político y el llamado cuarto poder ya no se producen de tapadillo, sino a plena luz, mediante un persistente goteo de favores y subvenciones».

HACE un par de semanas, uno de los diarios catalanes de mayor difusión publicaba en portada el siguiente sumario: «Duran asume la relación del Govern con España». En el enunciado, claro, «Duran» era Josep Antoni Duran Lleida, y «el Govern», el Gobierno de la Generalitat. En cuanto a la palabra «España», lo más probable es que estuviera allí en funciones y que el titular de la designación fuera el Gobierno del Estado. Lo más probable. Y es que entre los tres términos del enunciado —Duran, Govern, España— se establecía, aparte de la relación indicada, otra manifiestamente desigual; así como los dos primeros tenían un referente inequívoco, el tercero, como consecuencia del proceso de sustitución operado, dejaba el campo libre a la imaginación. Del mismo modo que uno podía ver allí la presencia del Gobierno del Estado, podía ver la del propio Estado. O la de la Nación, constituida por el conjunto de sus ciudadanos. O la de vaya usted a saber quién o qué. Son las ventajas de los tropos. Actúan con la elasticidad de una goma de mascar y, encima —aunque ello ya depende de la destreza de cada usuario— permiten confeccionar unos globos enormes.

En todo caso, esa querencia de la prensa catalana por «España» como tropo es bastante reciente. Por lo menos, en los diarios importantes. Antes lo que abundaba era otra sinécdoque, el famoso «Madrid», cuya mera expresión —rematada por aquella «t» inconfundible— acarreaba ya en según qué labios todo un memorial de agravios. Pero «Madrid», al cabo, era algo así como «París», «Londres» o «Washington», esto es, un recurso periodístico consagrado para referirse al Gobierno del Estado. Lo cual permitía hablar, con propiedad, de los contactos entre el Govern y Madrid, en la medida en que estos contactos se daban entre un Ejecutivo autonómico y uno central. Lo de «España» no va por aquí. Lo de «España» presupone forzosamente que la relación ya no se establece entre dos gobiernos de rango distinto, sino entre pares. Como si fueran Francia, por ejemplo, o el Reino Unido, o los Estados Unidos, quienes la ejercieran. O sea, como si Cataluña fuera lo que no es: un Estado independiente, con un ministro plenipotenciario, cuando no un embajador, al que se nombra para que represente al Gobierno del país lejos de la patria.

Como es natural, esa deriva de los medios catalanes resulta inseparable de la deriva de su clase política. O, lo que es lo mismo, del camino emprendido con la reforma del Estatuto, desde los primeros brindis al sol de hace una década hasta la mismísima sentencia del Constitucional. A lo largo de estos años interminables, y en particular durante el último de regencia del tripartito, la prensa ha actuado como una avanzadilla del poder autonómico. Sin rubor alguno, sin turbarse lo más mínimo, asumiendo como una especie de causa general lo que no eran sino intereses de parte, diarios, radios y televisiones catalanas, en grados distintos pero coincidentes, han ido consolidando la ficción de una Cataluña soberana, desgajada de España —y, si no desgajada ya, deseosa al menos de consumar cuanto antes la tan ansiada separación—. De ahí que España se haya convertido, para esos medios, en una realidad ajena, con la que Cataluña no tiene ya otra relación que la que emana de los pleitos en curso.

En este sentido, nada hay tan revelador del deterioro periodístico catalán como el editorial publicado al unísono, el 26 de noviembre de 2009, por la docena de diarios radicados en la todavía comunidad autónoma. Lo recordarán, sin duda. Se titulaba «La dignidad de Cataluña» y no era sino un intento ruin de condicionar la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto cuando todo daba a entender que esa sentencia, por entonces, ya no podía demorarse. Pero, más allá del texto y sus intenciones —entre las que también estaba, por supuesto, la de soliviantar a una parte notable de la sociedad catalana contra una de las más altas instituciones del Estado—, lo más significativo de la iniciativa era su carácter colectivo. O sea, que toda la prensa diaria editada en Cataluña pudiera suscribir, sin que ninguna cabecera sintiera siquiera la necesidad de expresar una reserva al respecto, un mismo texto, y precisamente aquel. La unanimidad más absoluta. El asentimiento más general. O, si lo prefieren, un retoño algo tardío de aquellos editoriales de inserción obligatoria tan comunes en la prensa española de la inmediata posguerra, la de la censura y las consignas.

Pero esa vanguardia periodística entregada a realizar el trabajo sucio de la clase política autonómica no se manifestó tan solo, corporativamente, a través del mencionado editorial. Medio año más tarde, y con la sentencia del Estatuto todavía en el alero, sesenta columnistas autocalificados de «colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes», publicaron en muchas cabeceras de esa misma prensa diaria un artículo conjunto, «El dilema español», en el que arremetían también contra el Alto Tribunal, al tiempo que abogaban sin tapujos por la secesión de Cataluña si el fallo no respetaba en su integridad el texto aprobado en referéndum. Ya no se trataba, pues, de un bando más o menos institucional —en la medida en que un editorial refleja siempre, por definición, el punto de vista del medio en que se inserta—, sino que ahora la proclama la suscribían reputados comentaristas —y entre ellos, por cierto, quien ha acabado siendo consejero de Cultura del primer gobierno de Artur Mas—. Bien es verdad que, en Cataluña, la función de comentarista tiene siempre un halo familiar. La distancia entre los protagonistas de la actualidad —y singularmente de la actualidad política— y quienes se supone que deben juzgarla es mínima. Hasta tal punto que no resulta nada extraño encontrar en determinadas columnas un «querido Jordi» o una «querida Montserrat» dirigidos a algún político sobre cuya actuación se ha vertido o se va a verter una ligerísima crítica. Como una suerte de cataplasma para que aquel compañero de fatigas no sufra más de la cuenta, o de «captatio benevolantiae» para que en la próxima cena no se le ocurra echárselo en cara al escribidor.

Y es que esa relación entre periodismo y política descansa en el compañerismo, en la intimidad. No se trata de nada nuevo. Hace cosa de un siglo, el francés Robert de Jouvenel lo describió admirablemente en un libro titulado «La République des camarades»: «Entre los hombres encargados de controlar, en calidad de lo que sea, los asuntos públicos, se establece una intimidad. No es ni simpatía, ni estima ni confianza; es propiamente camaradería, algo que está, en suma, a medio camino entre el corporativismo y la complicidad». Lo nuevo, en el caso catalán, es que las transacciones entre el poder político y el llamado cuarto poder ya no se producen de tapadillo, sino a plena luz, mediante un persistente goteo de favores y subvenciones. Pero, por lo demás, insisto, no existe diferencia alguna entre aquellos tiempos franceses y los tiempos que corren en Cataluña. Ah, y, por no existir, no existe ni siquiera la certeza de que la carcoma que fue royendo entonces a la Tercera República francesa, hasta llevársela por delante, no pueda hacer lo propio con nuestra Monarquía Constitucional.

ABC - Opinión

El Gobierno no paga

La crisis, la falta de previsión de las administraciones, la ausencia de la austeridad precisa de los gestores públicos y las alegrías financieras de muchos de ellos en momentos de holgura han compuesto un cóctel molotov que ha disparado la morosidad de las entidades públicas hasta extremos difícilmente asumibles. La asfixia financiera ha provocado que lo que debía ser una excepción, como es no cumplir con las obligaciones de pago fundamentales, se haya convertido casi en una respuesta automática a la encrucijada contable de buena parte de los organismos públicos. Las pequeñas y medianas empresas, proveedores del Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos han sufrido más que nadie los efectos de esa falta de capacidad de los gobernantes para afrontar situaciones de necesidad. Pero no sólo ellas. La Seguridad Social ha padecido también las consecuencias. Resulta paradójico que los gobernantes busquen oxígeno para sus estrecheces económicas en el endeudamiento con otras entidades públicas. Todo es más sencillo entre administraciones dirigidas por el mismo partido en muchos casos, pero no por ello es aceptable que las arcas del Estado, y, por tanto, el interés general, paguen los platos rotos o la factura de gestores que no han sabido estar a la altura. El balance es que, a fecha de 30 de junio de 2010, según datos oficiales que Presidencia del Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados, la deuda de la Administración central con la Seguridad Social alcanza casi los 122 millones de euros y la de los ayuntamientos supera los 150 millones. En una respuesta a la Cámara, el Ejecutivo explica, junto a los números rojos, que se «viene realizando una intensa labor en orden a la depuración de deuda» o que «se están realizando las actuaciones en orden a regularizar la situación». O lo que es igual, no cumplimos, pero estamos en ello, sin que se aporte dato alguno más allá de lo que parece mera retórica administrativa para salir del paso. Sea como fuere, parece poco presentable que las administraciones, y especialmente los ministerios, figuren de forma destacada en una lista de morosos con la Seguridad Social que, desde luego, no es pequeña. No es tarea fácil gestionar la escasez. Bajo esas circunstancias es precisamente donde se miden o se calibran las condiciones de un buen gobernante. En la opulencia, gastar siempre es sencillo. No se trata de elegir a quién pagar o no, que es precisamente lo que se hace en la actualidad en una especie de lotería sin sentido, sino de cumplir con los compromisos adquiridos, de ajustarse a las limitaciones y de actuar con seriedad del mismo modo que la Administración exige a los ciudadanos. La Seguridad Social ha cerrado 2010 con el peor resultado en tres años. Aunque el Gobierno se ha aferrado a la hucha de las pensiones para salvar la cara, la realidad es que acabó el ejercicio con 278 millones de déficit, sin contar los intereses del fondo de reserva, por el persistente aumento del paro y la caída de los ingresos por cotizaciones sociales. Que las administraciones alimenten de forma importante ese déficit con sus deudas es la consecuencia de una forma de dirigir los destinos públicos que explica también el momento crítico del país.

MEDIO - Opinión

Horas decisivas

La reforma de las pensiones dará solvencia al sistema público en los próximos 40 años.

A falta de detalles, que se conocerán probablemente mañana viernes, la reforma del sistema de pensiones dio un paso decisivo el martes cuando el Congreso aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay tres claves políticas en la fase final de esta reforma. Por una parte, el Congreso faculta al Gobierno para que amplíe la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años; por otra, el voto particular de Convergència i Unió establece que la transición a la nueva edad de retiro se hará de forma "paulatina y flexible", lo cual quiere decir que, en la práctica, pasará más de una década antes de que el grueso de los trabajadores esté sujeto a la regla de los 67 años y que, por supuesto, no afectará de igual modo a todas las trayectorias ni a todas las profesiones; y, por fin, la posibilidad de acuerdo social se mantiene, incluso más allá de la fecha límite del viernes, porque los sindicatos han entendido que es inviable un pulso en la calle contra el Gobierno y porque pueden incorporarse cambios en la tramitación parlamentaria.

El objetivo de la reforma no es discutible, porque el riesgo de colapso del sistema durante los primeros años de la década de los veinte es muy elevado. Las propuestas de aumentar los ingresos son muy respetables, pero no tienen en cuenta que las variaciones de crecimiento y de empleo en el curso de periodos prolongados de tiempo no permiten garantizar fondos estables para el sistema; ni que, a la postre, la única variable sobre la que no se puede actuar es sobre la cada vez más tardía incorporación de los trabajadores al mercado. No hay aumento de ingresos que soporte un acortamiento progresivo de la vida laboral. El crecimiento del empleo que se produzca después de la reforma servirá para acrecentar la solvencia del sistema y permitir que cada generación asuma en mayor medida su propio coste de pensiones en lugar de trasladarlo a la generación siguiente.

La propuesta final que presente el Gobierno deberá ser analizada a la luz de algunos detalles importantes. El término "paulatina y flexible" no puede significar que la transición se haga en 20 años; un periodo razonable no debería exceder los 15 años. Tampoco sería aceptable que las excepciones a la jubilación a los 67 años sean más numerosas que la propia norma. Está dentro de lo razonable que el número de años cotizados para tener derecho a la pensión completa pase de 35 a un mínimo de 38; que el periodo de cómputo para calcular la pensión pase de 15 años a 25; o que la edad de jubilación anticipada pase de 61 a 63 años. El aumento de la vida laboral y de los años de cálculo deben ser suficientes para afianzar la solvencia durante los próximos 40 años.

Si la reforma se aprueba finalmente con acuerdo, el Gobierno se habrá apuntado un éxito y no sería un paso atrás para los sindicatos. No todo está dicho, pero la aceptación de las razones que impulsan el cambio y el ánimo negociador permiten ser optimistas.

El País - Editorial

Fingiendo interés por la verdad del 11-M

Aunque nos gustaría equivocarnos, todo apunta a que las palabras de Arenas se han debido más al deseo de agradar al medio periodístico en el que ha hecho sus declaraciones, que a un compromiso sincero y compartido en el PP por esclarecer el 11-M.

En los últimos días destacados dirigentes del PP han hecho una serie de declaraciones respecto del 11-M que podrían ser interpretadas como un compromiso del principal partido de la oposición a impulsar, en caso de llegar al Gobierno, el esclarecimiento de la autoría de la mayor masacre terrorista sufrida en nuestro país.

Tal es el caso del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien en declaraciones a Veo7 aseguró el lunes que "si hay un Gobierno del PP, se intensificarán las pesquisas y levantaremos los obstáculos". Arenas estableció, además, una posible relación entre los autores intelectuales de la masacre con ETA, sobre la base de que "es prácticamente imposible que un terrorismo foráneo actúe en un país sin tener contacto con el terrorismo interno". Aunque dijo respetar "la verdad judicial de la A a la Z", el dirigente popular añadió que "esa verdad se refiere sobre todo a la autoría material, pero quedan muchas cosas por averiguar acerca de quién fue la cabeza intelectual que diseñó ese atentado, que viene a reproducir otro que ETA tenía preparado en fechas anteriores y que, afortunadamente, se desbarató".

En esta misma línea, también se ha manifestado el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, para quien "hay una verdad oficial sobre el 11-M, pero que exista no quiere decir que queden trozos de verdad por descubrir y el PP quiere conocer hasta la última molécula del 11-M. Lo raro no es que el PP quiera conocer la verdad del 11-M sino que el PSOE no quiera conocerla". Además de señalar que "todos los terrorismos internacionales están conectados", González Pons ha recordado que "hay un proceso judicial abierto donde el juez ha pedido documentación al Gobierno y éste la ha negado y nosotros nos comprometemos que cuando lleguemos al gobierno daremos al juez la documentación que el Gobierno le ha negado".

Lo cierto es que, a pesar de estas declaraciones, el contenido de las mismas también delata, desgraciadamente, el nulo conocimiento que ambos dirigentes del PP tienen de la causa que ahora dicen comprometerse a impulsar. Además de dar por válida una verdad oficial sostenida por manipulaciones y falsedades que han quedado demostradas, lo más grave es que ambos dirigentes parecen ignorar también que, aunque diésemos por cierta la verdad judicial "de la A a la Z", esta no sólo no ha dictaminado la autoría intelectual de la masacre sino tampoco la material. González Pons y Arenas parecen haber olvidado que sólo hay una persona condenada por colocar una bomba en los trenes, y que, si bien la Audiencia Nacional dictaminó que los siete muertos de Leganés también habían colocado sendos artefactos explosivos, el Tribunal Supremo corrigió explícitamente esa afirmación, indicando que no se ha aportado la más mínima prueba de ello. Lo que queda por descubrir, por tanto, no son ni "trozos" ni "moléculas" de la verdad del 11-M, sino algo tan nuclear como lo que encierra la abandonada pregunta de "¿quién ha sido?".

A esta falta de conocimiento de la causa que tanta credibilidad resta al supuesto compromiso planteado por Arenas y González Pons, hay que añadir la pasividad cuando no condescendencia del PP ante el silenciamiento de todas las informaciones que han refutado las bases sobre las que se asienta la "verdad oficial" del 11-M, así como los nauseabundos obstáculos que el Gobierno de Zapatero/Rubalcaba ha impuesto a su esclarecimiento judicial. En este sentido, es cierto que González Pons ha hecho referencia este miércoles al proceso abierto que se sigue contra el que fuera jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, en el que la juez, a instancias de las víctimas, pidió al Ministerio del Interior datos que éste ha denegado hasta en cinco ocasiones. Sin embargo, no es menos cierto que a pesar de las reiteradas quejas de las víctimas, el PP no ha llevado este asunto al Congreso ni ha instado oficialmente a Rubalcaba a que dé explicaciones de tan abyecta negativa.

Aunque nos gustaría equivocarnos, todo parece indicar que las palabras de Arenas se han debido más al deseo de agradar al medio periodístico en el que ha hecho sus declaraciones, que a un compromiso sincero y compartido en el PP por esclarecer los hechos. Otro tanto podríamos decir de González Pons, cuyas palabras parecían más encaminadas a defender a su compañero de las críticas del PSOE que a consolidar ese encomiable compromiso por parte del PP. A este respecto, mucho se podrá decir de la orwelliana desfachatez de la dirigente del PSOE, Elena Valenciano, al cargar contra Arenas y al acusar al PP de volver con las "mentiras" y "conspiraciones" del 11-M, atribuyéndolo a que el ex presidente José María Aznar "ha vuelto con fuerza". Sin embargo, no es menos lamentable constatar cómo con esa desfachatez el PSOE ha logrado y sigue logrando neutralizar al principal partido de la oposición, cuyos dirigentes, precisamente para ahorrarse esos descalificativos, terminan no haciendo lo que deben hacer. Es precisamente en esos letales complejos en los que basamos nuestra desconfianza. Más aun al ver cómo el PP se centra exclusivamente en el deterioro económico que estamos padeciendo y que, en más de de una ocasión, ha llevado irresponsablemente a gala lo de "pasar página" y "mirar hacia el futuro", que diría Rajoy.

Habrá que dar, no obstante, tiempo al tiempo, para ver si se cumple ese supuesto compromiso del PP por esclarecer la mayor matanza terrorista de nuestra historia. Tras las víctimas y sus familiares, a nadie más que a nosotros le gustaría que resultase cierto.

Libertad Digital - Editorial