Entre manirrotos y fanáticos del déficit cero. Por Federico Quevedo

La nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer un recorte en el presupuesto de su comunidad para el año que viene de 1.800 millones de euros, más o menos un 20% respecto del año en curso. La noticia la conocemos al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid se abre un debate sobre el anunciado ajuste en el capítulo de Educación, mediante el aumento de dos horas semanales en la jornada laboral de los funcionarios públicos para así poder despedir a un número importante de interinos, lo que supondría un ahorro para las arcas públicas de unos 80 millones de euros. Pero, sobre todo, el anuncio de Cospedal se produce dos días antes de que el Congreso dé definitivamente su visto bueno a la reforma constitucional que pondrá límites a los excesos de las Administraciones Públicas.

Verán, más allá del debate sobre si la reforma de la Constitución debería o no aprobarse en referéndum, lo cierto es que estamos asistiendo por fin a un baño de realidad muy considerable, que probablemente hubiera hecho falta mucho antes, pero que ha llegado ahora a las puertas de unas elecciones generales anticipadas. Probablemente el Ejecutivo y, sobre todo, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, hubieran preferido que esto no ocurriera, pero una carta que el Gobierno oculta a la ciudadanía enviada por el presidente del BCE al presidente español le ha puesto las pilas al Ejecutivo y a llevado a Zapatero a hacer lo que hasta ahora había rechazado hacer sistemáticamente: pactar con el PP la que probablemente es la más dura de todas las medidas de ajuste, porque supone modificar la Constitución y eso tiene difícil vuelta atrás.

«La pregunta es, ¿donde está Rubalcaba? Porque la reforma constitucional deja la puerta abierta a que en situaciones complicadas se pueda recurrir a un cierto margen de déficit, y eso es lo que ha apoyado el PP en una negociación en la que Rubalcaba ha tenido muy poco que ver.»

¿Qué ha pasado todo este tiempo? Pues es bien sencillo: lo que ha pasado es que hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades, entre otras cosas porque quienes nos gobiernan o gobernaban no solo lo han permitido sino que, además, lo han favorecido con sus políticas de gasto indiscriminado y muchas veces injustificables. Ayer, el candidato socialista decía que su partido se encuentra situado entre los “manirrotos y los fanáticos del déficit cero”. Y una leche, con perdón. Su partido se encuentra en el lado de los manirrotos, y si no que se lo pregunten a María Dolores de Cospedal… Pero, fíjense, no sería justo si no dijera también que ha habido otros políticos del PP que también se han encontrado en ese mismo lado, y así le va a Valencia y así le ha ido a Murcia.

Ahora bien, en el PP se han puesto las pilas y están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, y esto no es fanatismo por el déficit cero, sino sentido común: no se puede gastar más de lo que se ingresa, y si se hace debe ser porque realmente existe capacidad económica para devolver el principal y los intereses de la deuda que se asume, como ocurre con cualquier unidad familiar donde reine la sensatez, o en cualquier empresa que realmente quiera ser productiva y obtener beneficios para poder reinvertirlos y crear puestos de trabajo. Lo que no puede ser es que se tire la casa por la ventana y luego haya que guardar las facturas sin pagar en un cajón como ha hecho el ‘manirroto’ de Barreda en Castilla-La Mancha…

La pregunta es, ¿donde está Rubalcaba? Porque la reforma constitucional no solo está lejos de cualquier clase de fanatismo por el déficit cero, sino que deja la puerta abierta a que en situaciones complicadas se pueda recurrir a un cierto margen de déficit y endeudamiento, y eso es lo que ha apoyado el PP en una negociación en la que, que se sepa, Rubalcaba ha tenido muy poco que ver. ¿Qué hace Rubalcaba en estos casos, además de dormirse en los plenos parlamentarios? Da la impresión de que el candidato socialista vive en un sinvivir, en una nebulosa irreconocible en la que intenta compatibilizar mensajes a la izquierda radical con mensajes a los mercados financieros y los socios europeos, aunque tengo para mi que ni a los mercados financieros ni a los socios europeos les importa mucho lo que pueda opinar un candidato socialista que se ha quedado sin discurso y que no es capaz de enviar a los ciudadanos un mensaje cargado de verdad y de realismo, de sacrificio inevitable después de estos años de despilfarro socialista.

El Confidencial – Opinión

Una campaña electoral trucada. Por Carlos Carnicero

Si las elecciones son la gran fiesta de la democracia, la que se va a celebrar el próximo 20-N es, sobre todo, el final de una agonía. Para Zapatero, que no tiene futuro político, es como para el mal estudiante la llegada de las vacaciones: por lo menos, ya suspendido, nadie le volverá a examinar y aspira a refugiarse en León a espera de que el hastió le movilice de nuevo. Reaparecerá, lo que no equivale a que tenga otra vez notoriedad.

Mariano Rajoy está escondido; es consciente de que su figura no suma votos y que en todo caso, si se hace visible, los puede perder. Desaparecer, para él, es un activo. Esconde su libreta azul o del color que sea con la secreta esperanza de que muchos españoles no adivinen sus intenciones.

En las condiciones en las que estamos las elecciones son un trámite. Ganará el PP sólo porque es necesario que pierda el PSOE. El empecinamiento de Zapatero y la falta de coraje de Rubalcaba hacen que para muchos votantes socialistas sea imposible hacerlo al PSOE en este momento. IU es una fruta que tiene la maldición de no poder madurar. Las minorías nacionalistas cumplirán su papel y aquí no hay más intriga que la hora en la que se conocerán los resultados.

Por si al PSOE le faltaban maleficios, la iniciativa del cambio constitucional ha facilitado al 15-M una dosis añadida de indignación. Manifestación convocada por los sindicatos el 6 de septiembre como una autopista para las protestas antes del 20.N. Rubalcaba no tiene fuerza para remar contra los huracanes promovidos por el Gobierno. Sólo le queda pedir a los electores que hagan su voluntad. Y España, que se prepare para cuatro años de gobierno conservador que una vez en el ejecutivo no ofertarán disimulos.

Periodista Digital – Opinión

Ni pan, ni circo. Por Javier G. Ferrari

Ni siquiera los más optimistas esperan que la economía mundial, y por lo tanto tampoco la nuestra, se estabilice en un plazo que hay que medir en años. No es ninguna primicia afirmar que en España existen peculiaridades que agravan, aún más, la situación. El desempleo y una deuda descomunal tanto de las administraciones públicas como de los particulares nos colocan en el furgón de cola de un tren que tardará mucho tiempo aún en salir del túnel. Llevamos tres años oyendo hablar de la burbuja inmobiliaria como una de las causas principales de nuestra postración económica, pero no es la única burbuja que existe en España. Estamos asistiendo ahora mismo a un espectáculo de filibusterismo encabezado por la Liga de Fútbol Profesional que agrupa a los clubes, que, al parecer, no entienden de crisis pero, eso sí, están endeudados hasta las cejas y siguen en una carrera enloquecida de fichajes multimillonarios pensando que podrán exprimir la teta escuálida de las televisiones que han hecho del fútbol su principal seña de identidad, indefinidamente. De esta manera la enorme burbuja artificial del negocio de la pelotita puede estallar en cualquier momento dejándonos sin circo, después de los tres años que llevamos sin pan. En su enloquecida huida hacia delante, tanto los clubes como los tenedores de los derechos de imagen pretenden ahora robarle la cartera a las cadenas de radio, que, en este país, jamás han pagado por entrar en los campos con sus equipos técnicos para informar. Durante muchísimos años las emisoras hemos corrido con los gastos de las cabinas de retransmisión, como era lo lógico, a pesar de que los clubes, en no pocos casos, las han colocado en lugares donde hay que seguir el partido con prismáticos, y en condiciones más cercanas a cochiqueras que a locales decentes. Pero como en el fútbol español, en la llamada mejor liga del mundo, se ha gastado y se sigue gastando lo que no había, y en el cajón del pan no hay más que telarañas y pagarés del monopoly, hay que intentar sacar dinero de debajo de las piedras para seguir con la ficción de que la crisis afecta a todo bicho viviente menos a tanto jeta y tanto especulador que viven del cuento y, además, bastante bien. El chicle ya no se puede estirar más y, desde luego, no a cuenta de las radios, que tienen el derecho a informar y cuya presencia en los estadios no afecta para nada a los derechos de imagen. Bien al contrario. Si no fuese por las radios, que animan y motivan a los aficionados, los estadios estarían vacíos. Ahora que se lleva tanto eso de imponer por ley el techo de gasto, el próximo Gobierno que salga de las urnas debería meterle mano a tanta golfada y tanto descontrol que puede obligarnos a terminar también entre todos los españoles pagando la quiebra, no ya de los clubes, que muchos de ellos ya están quebrados de hecho, sino de la locura de unas televisiones con el agua al cuello, y no me refiero sólo a las públicas. Ya lo avisó Felipe González a finales de los años 80. Al final, habrá que crear una UVI de teles.

La Razón – Opinión

Recorte. El ejemplo de Cospedal. Por Emilio J. González

Si esta es la política –inspirada en lo que viene haciendo desde hace tiempo Esperanza Aguirre en Madrid– que va a seguir el PP si gana las elecciones generales, creo que este país puede tener solución..

María Dolores de Cospedal me ha sorprendido con su drástico plan de recorte del gasto público. No sé si es por ideología o por necesidad, pero lo cierto es que si esta es la política –inspirada en lo que viene haciendo desde hace tiempo Esperanza Aguirre en Madrid– que va a seguir el PP si gana las elecciones generales, creo que este país puede tener solución.

El plan de Cospedal entiende que las autonomías no son Estados en miniatura ni, por tanto, tienen que repetir la estructura institucional de la Administración central, lo cual no supone más que un derroche permanente de recursos. Las comunidades autónomas, en realidad, están para prestar servicios a los ciudadanos en razón de su mayor proximidad. Es una cuestión de eficiencia porque, al estar más cerca de los contribuyentes, pueden conocer mejor sus necesidades y actuar en consecuencia. Ello, sin embargo, no implica reproducir el modelo de Estado a escala regional; tan sólo dotarse de los instrumentos adecuados para el ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye a las autonomías. Sólo eso y nada más que eso.

El plan entiende que los presupuestos públicos no son, ni tienen por qué ser, una bolsa común en la que los gobernantes pueden meter la mano a su gusto para colocar a sus amigos y correligionarios a través de los contratos laborales y las empresas públicas. El dinero de todos los ciudadanos no está para eso, y menos en unos momentos en que empresas y familias necesitan de esos recursos más que nunca para poder sobrevivir y salir adelante. De la misma forma, los presupuestos no son un abrevadero sin fondo al que puedan acudir todo tipo de organizaciones en busca de unos recursos que deberían proceder de sus afiliados y de los servicios que puedan prestar a la sociedad. Por ello aplaudo la supresión de las subvenciones a sindicatos y patronales y lamento que no se extienda esta medida a todos los demás colectivos y asociaciones que viven del presupuesto.

Por último, me parece igualmente importante el valor que ha demostrado Cospedal con la presentación de este plan, con el que va a pisar muchos callos y muy dolorosos. Sin embargo, y sabiéndolo, la presidenta de Castilla-La Mancha no se ha andado con los complejos que suelen caracterizar a la derecha española y ha cogido de verdad el toro por los cuernos, huyendo de subidas de impuestos para mantener los privilegios de la casta política regional aunque con ello se hundan empresas y familias. Por supuesto, los perjudicados, los ‘indignados’ y demás fauna que pulula por estos pagos se le van a echar encima. Pero si queremos sacar a España de la crisis, todos los niveles de la Administración tendrán que transitar por esta misma senda en la que acaba de entrar Cospedal. Esperemos que cunda el ejemplo.

Libertad Digital – Opinión

Sería bueno. Por José Antonio Vera

Que CiU forme parte del acuerdo para la reforma de la Constitución es bueno, y harán bien PP y PSOE en esforzarse para que ese respaldo se produzca. Al fin y al cabo, lo que se pide es asumido por el consejero de Economía de la Generalitat, que comparte el criterio de contención del déficit emanado de Bruselas, sólo que bajo su punto de vista debería pronunciarse el Parlamento catalán. Bien, ahí se puede trabajar, buscando fórmulas flexibles que permitan recoger que las Autonomías deben secundar los principios de estabilidad de la Eurozona, e igualando los topes de déficits del Estado y de las Comunidades. Al fin y al cabo, no queda otra. Cataluña no puede ir contra el criterio común de la Unión Monetaria. ¿Acaso si fuera independiente podría hacerlo? Evidentemente, no. Por eso lo que procede es buscar un camino de consenso que deje la puerta abierta al pronunciamiento, de acuerdo con el criterio común europeo, de los parlamentos autonómicos. No es necesario, pero se podría acceder a ello. Eso sí, lo que no cabe ahora es la mención al tope de solidaridad que plantea CiU, o la referencia al derecho a la autodeterminación formulada por el PNV. Que los abertzales no estén en el pacto casi es indiferente, pues no formaron parte del consenso constitucional. Pero el respaldo del nacionalismo catalán y en su caso del canario, sin ser necesario, sería bien recibido.

La Razón – Opinión

Duran i Lleida. La amenaza del fantasma. Por Maite Nolla

El miedo de los nacionalistas es que si las obligaciones vienen de Europa, difícilmente van a encontrar a un Pascual Sala o a una María Emilia que hagan jamalají-jamalajá con las leyes europeas, como hicieron con la Constitución.

Vaya cómo se han puesto los nacionalistas ante la mera sospecha de una especie de LOAPA europea. Y es que la posibilidad de que Europa o de que los alemanes hayan decidido imponer obligaciones verdaderas e ineludibles, explica que Duran se pusiera hecho un basilisco el pasado martes. Total, la reforma de la Constitución deberá concretarse en una ley y aplicarse efectivamente, y allí los nacionalistas tendrán su oportunidad de influir, si tienen votos para ello. Y si no tienen votos, no sería la primera vez que se pasan las leyes o las sentencias de los más altos tribunales por dónde yo les diga. Por cierto, en su puesta en escena resultó de lo más tierno que Duran dijera que no se pueden ignorar las sentencias del Tribunal Constitucional alemán sobre la solidaridad entre los länders. Otro que le da al estramonio o que tiene una cara que no puede con ella: nos alegan jurisprudencia alemana los que se han manifestado en contra del Constitucional español.

El miedo de los nacionalistas es que si las obligaciones vienen de Europa, difícilmente van a encontrar a un Pascual Sala o a una María Emilia que hagan jamalají-jamalajá con las leyes europeas, como hicieron con la Constitución. Además, el recurso a las amenazas faroleras tiene un problema: el PSC no está por la labor. Les recuerdo que cuando se manifestaron en la víspera de la final del Mundial –entre un millón y medio de nacionalistas, según algunos, y poco menos de cien mil, según la técnica– el que encabezó la manifestación era el líder de los socialistas en Cataluña. Incluso el presidente de la patronal se volvió antisistema. Por eso, si no pasó nada después del presunto agravio que supuso la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, pese a que excepto PP y Ciudadanos todos los partidos políticos, sindicatos y la patronal se unieron al desafío, no veo yo al pueblo catalán movilizado en contra del límite al déficit estructural. Además, estaría bien que se ahorre el anuncio de la llegada del apocalipsis y del caos. Si sus amenazas son de verdad lo tiene muy fácil rompiendo con el PP de Cataluña, que les está apoyando de mil amores en todo. Se empieza por lo cercano y luego, si eso, ya vendrán los choques de trenes a la altura de la estación de Monzón de Río Cinca. Menudo fantasma.

Algo se ha roto, dice Duran citando a Felipe González y a Miquel Roca; puede que sea su juguete.

Libertad Digital – Opinión Opinión

Cospedal marca el camino

La reforma constitucional pactada por PP y PSOE sobre la estabilidad fiscal era imprescindible para evitar situaciones críticas como la de Castilla-La Mancha, después de años de gestión caótica e ineficiente de las administraciones socialistas. Con una regla de estabilidad presupuestaria que hubiera obligado a los gobernantes castellanomanchegos a un equilibrio presupuestario se habrían evitado los desmanes que han conducido a esa región a un callejón con la única salida del ajuste severo en las cuentas públicas.

La presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presentó ayer un plan de choque que supone el mayor recorte del gasto corriente de la historia del país en las cuentas para 2012. La propuesta es de una reducción del 20%, con un ahorro de 1.815 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año. El objetivo es intentar cumplir el déficit del 1,3% del PIB establecido por el Gobierno para las regiones.

La intensidad del plan está determinada por el enorme agujero económico que dejó el Gobierno socialista. Además de los 1.742 millones de euros en facturas sin pagar cuando la anterior administración sólo reconoció 700, en junio el desequilibrio contable era ya del 4,8% cuando el máximo fijado era el citado 1,3% para todo el año.

Ese balance de práctica quiebra exige sacrificios importantes y una cirugía de hierro en el gasto, porque no hacerlo conduciría al colapso de la administración. Cospedal trazó ayer un plan adecuado a las críticas circunstancias que cuenta con la ventaja de que las nuevas prioridades del gasto público garantizan unas prestaciones adecuadas en Sanidad, Educación y el resto de servicios sociales básicos. Todo ello a coste cero, porque no subirá los impuestos.

El plan incluye la venta de inmuebles sin uso y de otros que posteriormente la Junta alquilará, la venta de acciones en sociedades privadas, venta de vehículos de propiedad pública, eliminación de organismos que supongan duplicidad de competencias con el Estado como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social de la Comunidad, desaparición de cerca del 90% de empresas públicas, privatización de la TV autonómica, reducción de 550 liberados sindicales, más horas lectivas para los profesores, supresión de subvenciones directas a sindicatos y patronales y suspensión temporal de obra nueva en infraestructuras, entre otras. Es una hoja de ruta posible, medida y, sobre todo, imprescindible, que otras administraciones del país tendrán que secundar más pronto que tarde con mayor o menor intensidad.

Cospedal ha demostrado hasta qué punto la gestión pública en este país había desbordado el cauce del sentido común y del rigor con los gobiernos de izquierda. La renuncia expresa a unas cuentas saneadas y a una ejecución presupuestaria disciplinada ha puesto en peligro la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. La presidenta regional ha asumido su responsabilidad con la convicción de que la recuperación del equilibrio es la única forma de que la región se recupere de una etapa negra.

La Razón – Editorial

Recorte de laboratorio

Cospedal anuncia medidas de ahorro para sufrir la contestación social al empezar su mandato.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer un recorte del 20% en los Presupuestos Generales de la Región para 2012. La iniciativa desborda los límites de un presupuesto autonómico, puesto que tanto la dirección del Partido Popular como la propia Cospedal han reiterado su voluntad de convertir Castilla-La Mancha en el laboratorio de las políticas de Mariano Rajoy en caso de llegar al Gobierno central. De ahí la insistencia de Cospedal, ayer, en subrayar que el ahorro no se extendería a los gastos sociales y que no habrá subida de impuestos.

La conciencia de la crisis económica que tienen hoy los ciudadanos convierte el momento inmediatamente posterior a unas elecciones en una ocasión propicia para revisar las cuentas públicas, minimizando el coste político. Ese parece ser el cálculo detrás del anuncio de Cospedal, y cuya efectividad espera calibrar la dirección de los populares con la vista puesta en las elecciones generales de noviembre. La idea sería ejecutar de inmediato los planes de austeridad que pueden suscitar contestación social, y disponer del resto de la legislatura para recuperarse del desgaste.

Falta que a Cospedal le salgan las cuentas respetando los límites del gasto social, como ha avanzado, y el nivel de impuestos que se ha comprometido a respetar. En caso de que haya sobrevalorado el ahorro que suponen las medidas anunciadas, su Gobierno regional, lo mismo que un eventual Ejecutivo central en manos del PP, se vería en la obligación de desdecirse y de provocar una conflictividad tal vez mayor y en un momento más difícil, no ya para su partido, sino para el conjunto del país.

La presidenta ha buscado transferir la responsabilidad del recorte al anterior Gobierno socialista. No es la primera vez que asume la columna del haber desentendiéndose de la del debe. La salida de Barreda y su propia llegada a la presidencia de Castilla-La Mancha están marcadas por un hecho que nadie debería ignorar: el estallido de la crisis económica más grave que se ha padecido desde 1929. Ni el anterior Ejecutivo regional puede excusarse enteramente en este hecho, ni Cospedal olvidarlo por completo.

El anuncio contiene en todo caso un elemento de valor incuestionable: los ciudadanos ya tienen un esbozo claro de cuales son las ideas que maneja el PP para afonntar la grave crisis económica en el caso más que probable de que gane las elecciones generales de noviembre.

El País – Editorial

Cospedal, en la dirección adecuada

La secretaria general del PP y presidenta de la región, prometió reducir el presupuesto autonómico en un 20% para así cumplir con el objetivo de déficit que José María Barreda había incumplido y despreciado con absoluta ligereza.

Si el Partido Socialista ha llevado a las finanzas públicas al borde del abismo –y éste es un hecho incontestable–, cualquiera podía entender que resultaban imprescindibles enérgicos planes de ajuste que convirtieran el déficit en superávit y que les permitieran a los inversores confiar en la solvencia de nuestro país. Era algo de puro sentido común que, sin embargo, no había calado entre nuestros políticos manirrotos: sedientos de gastar sin control para mantener las sinecuras electoralistas, ninguno se atrevía a dar un paso adelante y concluir que la fiesta había terminado.

Es cierto que en algunos casos, como el de Esperanza Aguirre, las cuentas públicas estaban lo suficientemente limpias como para no requerir de ningún plan de choque, pero en otros, especialmente allí por donde había pasado el PSOE, esos planes no sólo eran imprescindibles, sino también urgentes. Afortunadamente, no todos dentro del PP se han dormido en los laureles y algunos ya han empezado a coger al toro por los cuernos.

Es el caso de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que ayer anunció el mayor recorte del gasto de nuestra democracia. En concreto, la secretaria general del PP y presidenta de la región, prometió reducir el presupuesto autonómico en un 20% para así cumplir con el objetivo de déficit que José María Barreda había incumplido y despreciado con absoluta ligereza. Para que nos hagamos una idea, desde 2007 a 2010, el mandatario socialista incrementó la deuda pública de Castilla-La Mancha desde los 1.800 millones de euros a los 5.800 millones, esto es, desde el 3,4% del PIB regional al 16,2%.

Parece claro que la situación era insostenible y que se han comenzado a tomar las medidas adecuadas. Eso sí, es probable que ni siquiera esta significativa poda baste para equilibrar nuestras cuentas, por lo que el PP deberá seguir dispuesto a ahondar en esta línea de austeridad no sólo en la región, sino también en la Administración Central. De momento, no podemos más que constatar que los populares están avanzando en la dirección adecuada.

Libertad Digital – Editorial

Muy mal. Por Toni Bolaño

Muy mal deben estar las cosas para que la política española nos regale una inédita foto de unidad entre PP y PSOE para reformar la Constitución. Muy mal deben estar las cosas para que Rajoy se moje. Muy mal deben estar las cosas para que este pacto llegue, en un abrir y cerrar de ojos, a tres meses de las elecciones.
Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le dé a Rajoy los argumentos y la justificación para aplicar recortes cuando llegue, si llega, al Gobierno. Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le haga este regalo envenenado a Rubalcaba en puertas del 20-N y que éste lo acepte como mal menor.

Muy mal deben estar las cosas cuando cedemos soberanía sin apenas debate. Muy mal deben estar las cosas cuando los partidos nacionalistas se limitan a hacer aspavientos ante la iniciativa de socialistas y populares pero su griterío no va más allá.

Muy mal deben estar las cosas cuando sindicatos y empresarios están dispuestos a prolongar la contención salarial por varios años. Muy mal deben estar las cosas cuando se acepta que se alargue la temporalidad de los contratos porque se piensa que más vale un empleo precario que un parado.

Dicen que todo se hace por el bien del país, pero el bien del país lo pagarán los ciudadanos rascándose, todavía más, su esquilmado bolsillo. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. Todavía queda por venir «el tío Paco con las rebajas» en forma de Ley Orgánica. Lo dicho, muy mal deben estar las cosas para llegar hasta aquí en el enésimo intento de calmar la codicia de los mercados.

La Razón –Opinión

Rajoy. En confianza. Por Agapito Maestre

Si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa?

He leído que Rajoy ha escrito su biografía. El título es En Confianza. Poner la palabra "confianza" con mayúscula en ese título es un error gramatical del editor, y quizá del autor, un poco bobalicón, absurdo, que pudiera hacer al lector entrar en desconfianza sobre un libro de campaña electoral. Pero, más allá de saltarse la regla ortográfica, no creo que el género literario elegido por Rajoy sea el más oportuno ni el contenido, los datos más o menos personales del biografiado, el más inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta que El PP, según todas las encuestas, estudios y opiniones que he consultado, arrasará al PSOE el día 20-N.

A la altura de esta legislatura, y después de presentarse como candidato a dos elecciones generales, Rajoy no necesita crearse una "nueva" imagen. Es algo ocioso. Sobra. Hace tiempo que la tiene y, por cierto, muy bien construida con la ayuda de su oponente principal en las dos últimas legislaturas; Rajoy es la otra cara, por suerte para él, de la política calamitosa de Zapatero. Rajoy es el lado positivo de la política que esperan los españoles. Lo único que quieren de él los españoles es que haga con decencia lo que el otro ha hecho rematadamente mal. ¿Quién pondrán en duda a estas alturas que Rajoy es una buena persona? Pocos. Quizá nadie se preocupe por tal asunto, mientras que serán muchos a los que les gustaría saber de forma más detallada cuál es su programa. Algo que en una biografía difícilmente hallarán.

Creo que Rajoy se equivoca al publicar su biografía, entre otros motivos, porque falta el capítulo más interesante para el lector de libros biográficos. Y si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa? Ese capítulo, obviamente, aún no está escrito, porque Rajoy aún no lo ha vivido. Difícilmente puede contarse en una biografía lo que no se ha experimentado. En verdad, creo que el capítulo más interesante de la vida de Rajoy será su paso por la presidencia del gobierno de España. Por eso decía que el género literario, la biografía era inoportuno, cuando la gente en una campaña electoral lo que demanda es un programa claro y conciso sobre las alternativas al socialismo de Zapatero. En fin, la confianza, ganarla o perderla, es más una cuestión de ejercicio que de origen. Tengo la sensación de que este ejercicio de Rajoy era prescindible; o peor, sospecho que la publicación de este libro ayudará más al editor que al autor, a pesar de lo que digan los mercachifles que asesoran a Rajoy en esta campaña electoral.

Libertad Digital –Opinión

¿Será capaz Rajoy de hacer las reformas que hacen falta? Por Federico Quevedo

Para subir al Monasterio de Armenteira, en la comarca de Ribadumia, provincia de Pontevedra, se puede utilizar el coche por carretera -o la bici-, o se puede subir andando por la llamada Ruta de los Molinos. Son cinco kilómetros de una belleza considerable, en plena naturaleza, franqueando un río que a su vez alimenta con sus aguas las piedras de viejos molinos, algunos restaurados y todos en desuso, que se confunden con el paisaje.

El descubrimiento de esta ruta y su aprovechamiento hay que reconocérselo a la Diputación de Pontevedra, porque merece mucho la pena hacer el recorrido. Bien lo sabe Mariano Rajoy, que lo hace una y hasta dos veces al día acompañado de algún amigo con el que luego toma un café en la única taberna que da cobertura al caminante que llega al Monasterio de Armenteira, herencia románica que los monjes abandonaron hace siglos y que fue recuperado para su disfrute por un hijo de Valle Inclán, quien consiguió también que la Iglesia designara una orden de religiosas para habitarlo de nuevo. La subida, puedo asegurarlo, es maravillosa, y contribuye a la paz interior como pocas cosas lo hacen.

No es que Mariano Rajoy necesite mucha, no lo sé, pero dado que a lo que se enfrenta a partir de este final de verano es de una envergadura notable, supongo que no le habrán venido nada mal esos largos paseos por la Ruta de los Molinos, para aclarar ideas y dar firmeza a sus convicciones. Siempre le he escuchado decir que sabe qué tiene que hacer, y que lo va a hacer cueste lo que cueste... Es satisfactorio oírlo, porque no todos los políticos actúan así: todavía recuerdo cómo el PP utilizó en su provecho el escándalo del ático de José Blanco en Villa PSOE, en la Illa de Arousa, y cuando ganó las elecciones Feijóo y pudo corregir las ilegalidades que allí se cometieron, si te he visto ni me acuerdo.

El PP es muy de eso, de dejarse llevar por el qué dirán, por lo políticamente correcto... Ayer mismo, Cristóbal Montoro y Esteban González Pons volvieron a insistir en una idea muy interesante, la de penar por ley las irresponsabilidades en la gestión de los dineros que salen de los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo eso de dejar cientos de facturas de proveedores sin pagar, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha.

«Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78, para garantizar la transparencia en la gestión pública o para castigar comportamientos que deberían tener como consecuencia la inhabilitación.»

La sociedad reclama que los políticos actúen de otra manera, que sean transparentes, que sean honrados en la gestión de sus impuestos, y que si no lo hacen -y eso además contribuye a empeorar la situación económica de los ciudadanos- se les pueda castigar, y es algo en lo que parece que existe un amplio acuerdo social pero, ¿será capaz el PP, será capaz Rajoy, de hacerlo si gobierna?

Yo espero que sí, que en ese "yo sé lo que hay que hacer" que tanto repite se encuentren este tipo de reformas porque, no nos engañemos, cuando el PP llegue al poder no va a bastar con medidas de carácter puramente económico, por más que estas sean imprescindibles, sino que va a tener que afrontar reformas de mucho calado para sanear un sector público que desde todos los puntos de vista se encuentra muy deteriorado. Hacer gestos como el de recortar ministerios y reducir los gastos generales de la Administración, siendo necesarios, no deja de ser un recurso a lo más inmediato y a lo más visible y, si me apuran, fácil.

Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78 y que necesita una profunda reforma, para garantizar la transparencia en la gestión pública, para castigar comportamientos que aun no siendo delictivos sí deberían tener como consecuencia la inhabilitación, para garantizar la independencia de los poderes políticos, para mejorar la relación de la clase dirigente con los ciudadanos, para corregir los fallos del sistema electoral.

Todas estas cosas son la que la sociedad reclama, y me consta que Rajoy lo sabe y que en la paz de su corto retiro gallego ha tenido la ocasión de reflexionar sobre ello y de comentarlo con personas de su entorno que, si bien no están en la política activa, gozan de una notable consideración por su parte por su sentido común y sensatez. A Rajoy le gusta escuchar... Otra cosa es que, llegado el momento, haga de verdad lo que debe hacer, pero esa es la oportunidad que le van a dar los ciudadanos el 20 de noviembre, y en su mano está saber aprovecharla.

El Confidencial –Opinión

Candidato tocado. Por José Antonio Vera

No está teniendo suerte Rubalcaba. Las encuestas de verdad, no las oficiales, le dan menos de 120 escaños, la peor cifra del PSOE en toda su historia. Su imagen no es precisamente arrolladora, su discurso difícilmente separable al de estos años de desastre económico, y además no para de sufrir reveses en su estrategia electoral.

La baza de Eta, particularmente trabajada mientras estuvo en Interior, se le ha retorcido porque el precio que pagamos por la tregua temporal es el de tener a unos proetarras fortalecidos, con la calle tomada, controlando las instituciones, con dinero sobrado, que han llevado al País Vasco otra vez el ambiente borroko de años atrás.

La baza personal es casi inexistente. Carece el candidato de tirón de ningún tipo, no conecta con la gente de la calle y casi todo el mundo le ve como lo que en realidad ha sido: un peón destacado de Zapatero, co-responsable de sus políticas, actor en primera persona y cerebro de muchas de las operaciones fracasadas del actual Gobierno.

La baza de la izquierda, en fin, también se le está desarmando, y prueba de ello son las manifestaciones convocadas contra la decisión de reformar la Constitución para introducir la obligación de no incurrir en déficit y poner tope a la deuda. Difícilmente va a poder superar Rubalcaba el último empellón de Zapatero, que le ha devuelto así el golpe de las primarias. El todavía presidente, consciente de las presiones a que le sometió su ex vice, tiene más interés en quedar bien ante la historia que en ayudar a Alfredo a cosechar un buen resultado electoral. De ahí esta reforma impuesta al partido y al propio candidato, que no ha tenido más remedio que digerir pese a estar en contra, para luego travestirse de abanderado de la misma.

Difícil papeleta. Nadie se cree que ésta sea su «reforma», y nadie olvida como atacó a Rajoy cuando éste la propuso hace meses. Ataque con choteo. A Rubalcaba le va gastar como a casi todos los socialistas, y esto de que le obliguen a hacer presupuestos equilibrados le molesta sobremanera.

Extraño enfado estos días el de la izquierda. Bajo mi punto de vista, se trata de un error de planteamiento. El rigor en las cuentas públicas no debería ser una cosa de izquierdas o derechas. Las administraciones pueden invertir lo que tienen, pero no endeudarse sin ton ni son, a lo loco, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago que igual no pueden cumplir. Lo dijo ayer bien claro Soraya Sáenz de Santamaría en las Cortes: «A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción; es una obligación». No incurrir en déficit debería estar en el «abc» de cualquier gobernante, sea del partido que sea. Por eso es tan importante esta modificación constitucional a la que Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse tarde y a regañadientes.

El candidato socialista no pasa por un momento extraordinario. Se le va gente de relieve como Bono, Guerra, Salgado y Sebastián, y se queda con lo más corriente del partido. ¿Por qué será?

La Razón –Opinión

Reforma. Disciplina presupuestaria a la española. Por Leonardo Ravier

Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica.

El 23 de agosto el presidente de Gobierno anunciaba, dentro de sus improvisadas y tardías medidas anticrisis, la necesidad de trasladar la disciplina presupuestaria de limitación del déficit público a la Carta Magna del Estado.

La idea, que ha generado división y malestar dentro del seno del PSOE y aceptación dentro del PP, en principio suena bien. Al menos habría una cláusula, dentro del título VII (y muy probablemente entre los artículos 134 y 136), que contrarrestaría la visión estatista de la economía que la constitución española promueve.

Sin embargo, y a expensas de que la reforma en términos relativos y aislados está bien encaminada, me temo que nos encontramos ante una medida insuficiente, probablemente inocua, y previsiblemente perniciosa.

Existen varias razones para dicha afirmación. En primer lugar la medida no se aplicará hasta el 2018-2020. En segundo lugar, desconocemos el tope de déficit que se incorporaría, aunque ya se está especulando que no llegará al techo alemán del 0,35%. Tercero, bajo la categoría de "déficit estructural" pretenden incorporar una reforma "flexible y equilibrada", que les permita modificar el desajuste presupuestario anualmente (o lo que es lo mismo, según le convenga o así lo requiera el Estado de bienestar). Y cuarto, se añadirán cláusulas excepcionales (que aún desconocemos y que serán claves), porque según Elena Salgado otra cosa sería "atarse las manos" y "no poder estimular la economía". ¿Y a esto llamamos disciplina?

Pero no sólo existe un problema evidente de criterio y sentido común a la hora de elaborar una reforma constitucional que realmente impida al Gobierno endeudarse a costa del ciudadano y generar déficit deliberadamente, sino que también existe un motivo dudoso, y unas previsibles consecuencias perniciosas.

El motivo es la creación de un "verdadero Gobierno económico para la UE" que está empujando a que éste cambio se produzca en 17 países de la zona euro. Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica en Bruselas que bajo el mismo fondo estatista podría poner en mayor peligro el verdadero bienestar social de los ciudadanos españoles.

Y las consecuencias perniciosas porque ante esta nueva medida de tope constitucional al déficit, y supuestamente a la deuda pública, ya se está especulando en generar mayor presión impositiva alegando, por ejemplo, que el 35% español del impuesto de sociedades es muy bajo frente al 45% alemán. En pocas palabras, si se corta el gasto con topes a las deudas públicas, el Estado no tendrá inconvenientes en seguir gastando pero ahora a costa directa de empresas y ciudadanos. De ahí que una "disciplina presupuestaria" de limitación del déficit público tal como se pretende incorporar en la Carta Magna sea coja y perniciosa si no va acompañada, por ejemplo, de un tope tributario que realmente exija al Gobierno "apretar su cinturón" y no el de la sociedad española.

Libertad Digital –Opinión

La reforma constitucional. Por José Luis Gómez

La chapuza de la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP no es solo de fondo. También puede serlo de forma. Veamos dos escenarios controvertidos en el nuevo artículo de la Constitución que recogerá la obligación de que tanto la Administración central como las comunidades autónomas estén sujetas a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Traducido: comprometidas a limitar el gasto público.

Primero: no parece muy correcto hablar del Estado y las comunidades autónomas, ya que éstas también son Estado, según la propia Constitución. En el lenguaje político y periodístico se confunde a menudo Estado con Gobierno central o Administración general del Estado, pero en una constitución no deberían deslizarse imprecisiones así. La Real Academia Española lo dice bien claro: el Estado es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.

Segundo: ¿A qué Unión Europea se refieren? Lo normal sería que, como se habló en su día, la Constitución recogiese primero una referencia al tratado de la UE, de modo que después tuviese pleno sentido el artículo que se va a introducir. La Constitución es anterior a la existencia de las comunidades autónomas, que ni siquiera están mencionadas en la Carta Magna, y mucho más anterior aún a la entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La primera y hasta ahora única reforma constitucional solo había consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Sucedió en 1992, una vez firmado en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Con posterioridad, el PSOE promovió reformar la Constitución en cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo.

Hasta ahora se decía que la tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloqueaban las propuestas para modificar el texto constitucional de 1978. Visto lo "fácil" que ha sido constitucionalizar nada menos que un criterio de política neoliberal, ¿qué se dirá a partir de ahora?

Periodista Digital –Opinión

El conejo. Por Alfonso Ussía

Han entrado en veinte de sus madrigueras y todavía no lo han trincado. Me refiero a Gadafi, o mejor aún –gracias, Daniel Pipes–, a Mu’amar al Qadhdhafi, que después de 42 años de imponer su tiranía en Libia, se mueve de escondite en escondite. Se lee que los presumibles «rebeldes» han vencido. No es así. Los «rebeldes» le habrían durado a Gadafi tres cuartos de hora. Los que han triunfado han sido los europeos y la OTAN. Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ha pronunciado una frase bastante divertida: «La meta de Alemania y Francia ha sido la misma: devolver a los libios la libertad». Queda bien, superada la sonrisa. Pero no hay que ser tan hipócrita. A Juppé, a los franceses y a los alemanes, la libertad –por ahora, quimera inalcanzable– de los libios, les importa un pimiento. Y sus vidas. Han estado negociando con Gadafi durante cuatro décadas. También nosotros, los españoles, que lo hemos recibido con los brazos abiertos, comprado su petróleo y vendido nuestras armas. La libertad de los libios se la pasan los franceses y los alemanes por donde ellos acostumbran a pasarse las cosas. La meta de Alemania y Francia ha sido la misma. El petróleo. Los llamados «rebeldes» –que todavía ignoramos quiénes son, hacia dónde van y qué pretenden–, han garantizado las ventajas comerciales a las naciones occidentales que han intervenido en Libia. España, modestamente, está entre ellas, pero no apuesto por una tajada considerable en el reparto del botín.

A Gadafi lo encontrarán, hoy, mañana o en quince días. Y los europeos mirarán hacia otro lado. No lo llevarán ante el Tribunal Internacional. Se lo dejarán a los llamados «rebeldes» para que lo ejecuten. Muerto el perro se acabó la rabia. Eso creen. En Libia se librarán de un asesino, pero esa liberación no traerá la libertad. Otra tiranía sucederá a la de Gadafi, en un principio más vigilada, y al cabo del tiempo tan dura y ladrona como la del conejo escondido. Mientras el nuevo Gobierno libio garantice el cumplimiento del pacto comercial, Francia, Alemania, España, Italia y los Estados Unidos mantendrán su amistad y apoyo. El día que falte un barril de petróleo, los europeos y americanos buscaremos la menor excusa para apoyar a otros rebeldes con el fin de terminar con los rebeldes de ahora, que dejarían de serlo inmediatamente.

Para mí, y lamento mucho pensarlo y atreviéndome a escribirlo, que libertad y Korán son incompatibles. Libertad y medievo, no son adaptables. Libertad y miseria no pueden sostenerse. En las naciones árabes y musulmanas, más de la mitad de sus ingresos se reparten entre unos pocos, un cuarto entre unos poquitos más, y el resto entre centenares de millones de personas.
Eso lo sabemos los europeos y los americanos, y siempre nos ha parecido aceptable por la lejanía, aunque en Marruecos tengamos los españoles una cercanía peligrosa. La derrota del Gadafi, el gran criminal histriónico, no significa la victoria de la libertad. Se trata de otro triunfo. El del petróleo asegurado y a buen precio. Lo de Juppé es una vaina. Con Siria no hemos sido tan escrupulosos, y el dictador sirio es tan asesino como Gadafi. La valoración de la importancia de los conflictos y las intervenciones la establece la seguridad del abastecimiento del crudo. Si mañana, en los territorios gobernados por los palestinos y los terroristas de Hamas se hallara una buena bolsa de petróleo, Israel, a pesar de su poder y de ser la única democracia en Oriente Medio, haría bien en temblar. Diría Juppé: «Para Francia y Alemania la meta es devolver la libertad a los palestinos de Hamas». Lo de siempre. Europa, esa gran puta. Caerá el conejo.

La Razón – Opinión

PP y PSOE. Que devuelvan el dinero. Por Pablo Molina

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos.

En un gesto inédito del que las dos protagonistas seguramente se sienten muy orgullosas, las responsables de las campañas electorales del PP y PSOE han decidido que no van a ensuciar las ciudades y pueblos de España hasta que no comience la campaña electoral. Ejemplo de austeridad en medio de la recesión económica, le llaman a esto. Modelo de desvergüenza en tiempos de recesión moral, sería una definición más precisa.

Los partidos políticos deberían financiar sus actividades de proselitismo con los fondos de sus afiliados y donantes voluntarios, pero como en España ninguna organización vive de las aportaciones de sus miembros no iban a ser precisamente los inventores del latrocinio los que dieran ejemplo, ni siquiera en medio de la devastación económica actual de la que ellos precisamente son los primeros responsables.

Ana y Elena, Mato y Valenciano, han asegurado que sus partidos van a gastar algo menos en la campaña de las próximas elecciones generales y seguramente no se explican aún cómo las colas de ciudadanos agradecidos por el gesto no dan varias vueltas a la manzana.

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos. Porque si es cierto que quieren dar un ejemplo de austeridad, lo oportuno sería reintegrar a las arcas públicas el dinero que no van a derrochar en esa pre-campaña, pero, de nuevo, aquí nadie devuelve un euro al estado y mucho menos los partidos políticos, organizadores del saqueo ciudadano del que vive tanto parásito.

Ni Ana ni Elena, ni Mato ni Valenciano, tienen pensado devolvernos la parte que no van a gastar en propaganda electoral, sencillamente porque ya tienen pensado de qué otra forma se la van a pulir, pero eso sí, a nuestra salud (democrática). No habrá carteles antes del 4 de noviembre, pero a partir de esa fecha habrá el doble para compensar, con lo que los partidos se pulirán todo el dinero que reciben del presupuesto además del que reciban a través de unos préstamos bancarios que, ocioso es decirlo, no tienen pensado devolver.

Es como si te atracan por la calle y el delincuente, perdón "la víctima de la sociedad", te dice que por razones de austeridad ha decidido que no todo se lo va a gastar en vicios. Aunque bien mirado, lo de Ana Mato y Elena Valenciano es aún peor. Ellas encima quieren que les demos las gracias.

Libertad Digital –Opinión

Pacto por la confianza

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar la reforma constitucional que garantiza la disciplina presupuestaria por una amplísima mayoría de 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, y con un gesto inédito de protesta en la Cámara por parte de los diez parlamentarios de CiU, que se negaron a participar en la votación. El pacto entre socialistas y populares funcionó a la perfección y los portavoces de ambos grupos desgranaron un argumentario convincente y contundente sobre las razones y la urgencia de una medida de ese calado. El socialista José Antonio Alonso, en un tono frío, eso sí, hizo hincapié en que era la mejor manera de «despejar incertidumbres» en un contexto internacional tan adverso.

Especialmente acertada fue la intervención de la popular Soraya Sáenz de Santamaría en defensa del equilibrio financiero y de una reforma que permite que «a partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no sea una opción; sea una obligación». Ésta es una clave fundamental para comprender y asumir de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en la gestión de lo público. Pero además la portavoz popular incidió en otro propósito prioritario de esta modificación como es el de «restituir la confianza» en la economía española, imprescindible para asomarse al menos a un escenario de recuperación.

En ese aspecto, es importante destacar que la Comisión Europea reiteró ayer que limitar el déficit en la Constitución tendrá efectos inmediatos para reforzar la credibilidad española. Más aún si se tiene en cuenta que este gran acuerdo nacional está avalado por el Banco Central Europeo, que lo estableció como condición para comprar bonos españoles y tranquilizar a los mercados, lo que fue negado en su momento por el Gobierno, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Aunque el respaldo a limitar el déficit en la Carta Magna concita a una inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, es bueno que socialistas y populares hayan manifestado su voluntad de ampliar ese consenso abrumador. En este punto, llamó la atención la actitud de los nacionalistas alineados con la izquierda en una directriz central de política económica, y con argumentos tan sonoros como que PP y PSOE habían hecho «añicos» el consenso constitucional. Sólo cabe encuadrar esa sobreactuación en una estrategia electoral. En cuanto a la previsible intención del PNV de forzar un debate sobre el derecho a decidir, es un despropósito por parte de un partido que parece competir en radicalidad con Bildu.

Para España, el consenso entre los dos principales partidos en política económica es un valor añadido. Rajoy, con sentido de Estado y responsabilidad, está dispuesto a acuerdos con el Gobierno en estos tres meses hasta las elecciones. Sería óptimo para la confianza y la imagen del país, lastradas por los parches, las improvisaciones y las ocurrencias del Ejecutivo. Veremos si el candidato socialista piensa en el interés general o en el suyo propio.

La Razón – Editorial

Equilibrar la balanza

Elevar la carga fiscal a los que más tienen es una manera de distribuir el coste de la crisis.

La crisis económica está resultando ser el revulsivo más eficaz para movilizar la vocación reformista de algunos Gobiernos. Desde luego, de su afán por revisar aspectos fundamentales en las finanzas públicas. Es el escrutinio, no siempre racional y eficiente, de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos políticos, gobiernen o no.

En apenas una semana el Gobierno español y el principal partido de la oposición han superado el tradicional desencuentro para convenir una reforma de la Constitución sin precedentes en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones. Es probable que el Ejecutivo acabe importando igualmente otras iniciativas tendentes a elevar la carga fiscal que soportan las personas con mayor renta y riqueza. Si así lo hiciera, este histórico verano también dejaría como legado una alteración significativa de la estructura impositiva, aportado por el mismo Gobierno que no hace tanto reducía la presión fiscal sobre las rentas y eliminaba el impuesto sobre el patrimonio con la explicación, correcta, de que se centraba sobre todo en las clases medias.

En la valoración de iniciativas tendentes a elevar la presión fiscal de los más ricos no es fácil sustraerse a esa suerte de precipitación que está orientando decisiones fundamentales de política económica. Esta, en todo caso, sería oportuna. La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más tienen no debería ampararse en esa inusual, aunque inteligente, propuesta de algunas grandes fortunas estadounidenses, francesas o alemanas. En España no se ha producido, a pesar de la sugerencia que les hacía a los ricos españoles el popular González Pons. Sin embargo, existen fundamentos para llevar a cabo esa imposición adicional en un país donde la distribución de la renta y de la riqueza es mucho más desigual que en el promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea. Una razón adicional no menos relevante es que la economía española dispone de un grado de desarrollo, de modernización y de capital público muy inferior a aquellas otras en las que todavía el sistema tributario es más progresivo que el nuestro. También encuentra justificación esa contribución de las rentas más elevadas en el hecho de que la distribución de costes de esta crisis y, en todo caso, las posibilidades de superación de sus efectos, son muy desiguales en España. La excepcional tasa de paro alcanzada, y las muy serias dificultades para reducirla en el corto plazo, habla por sí sola.

Sería muy razonable que la misma diligencia con que se acuerdan restricciones presupuestarias, que seguirán afectando a los gastos sociales y de inversión pública, se aplicara a la elevación de la fiscalidad a las fortunas y a las transacciones financieras. Una revisión de la distribución de las cargas impositivas no debe impedir en todo caso la mejora de la eficacia en la persecución de las distintas formas de fraude y ocultación, en la que España también ocupa una posición destacada.

El País – Editorial

Los nacionalistas no son imprescindibles

Es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución no es ni mucho menos imprescindible.

Por desgracia para las libertades de todos los españoles, nuestra Constitución hace mucho tiempo que dejó de ser respetada por la mayoría de nuestros partidos políticos. Un texto que pretendía colocar límites a la expansión del Estado se convirtió en papel mojado que en nada la frenaba.

Los principales responsables de esta labor de demolición controlada del Estado de Derecho han sido fundamentalmente el PSOE y los partidos nacionalistas. El primero por socavar la separación de poderes, acabar con la independencia de aquellas instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento y sometimiento a la Carta Magna, y por ceder a las pretensiones centrífugas de los nacionalistas. Y los segundos, por atacar continuamente la idea de la unidad nacional, base indispensable de todo el edificio constitucional: sin unidad nacional no existe pueblo soberano y sin pueblo soberano no puede haber Constitución.

Pero, pese a su continuad deslealtad hacia España y hacia su Estado de Derechos, los socialistas han tenido que rendirse a Bruselas e incorporar en el articulado de nuestra Carta Magna una limitación constitucional al déficit. Ya hemos tenido ocasión de criticarla por su laxitud a la hora de lograr su presunto objetivo: controlar el desequilibrio presupuestario. Pero también hemos constatado la inconsistencia de las críticas que se le lanzan desde la extrema izquierda.

No menos absurdas son, por su parte, las críticas procedentes desde la bancada nacionalista. Ya de entrada es contradictorio que quienes incumplen sistemáticamente partes muchísimo más relevantes de la Constitución y quienes ni siquiera reconocen su legitimidad pretendan ser parte indispensable a la hora de reformarla. Pero, además, sus ataques al nuevo artículo 135 –referentes a que limitará la discrecionalidad de los gobiernos autonómicos– son improcedentes: primero, porque la Constitución ya dispone, sin necesidad de ningún cambio, de suficientes preceptos como para justificar la intervención de la Administración central en los presupuestos autonómicos; y segundo, porque aun cuando no los contuviera, sería esencial que lo hiciera: un Estado no puede mantenerse solvente si algunas de sus partes tienen barra libre para el despilfarro.

Al final, es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que, por tanto, no es ni mucho menos imprescindible la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución. Esperemos que a éste le sigan otros cambios fundamentales: empezando por la delimitación del Estado de las Autonomías y la devolución al Gobierno central de numerosas competencias.

Libertad Digital – Editorial