Sí a la reforma. Por José Antonio Vera

Zapatero llegó de listo al Gobierno y se dedicó desde el primer momento a ir tumbando, una por una, todas las decisiones adoptadas con anterioridad por los gobiernos de Aznar, desde la ley de Calidad en la Educación al Plan Hidrológico pasando por la contención del déficit y la limitación de la deuda en las administraciones públicas. Lo hizo con altanería y desdén, despreciando los anteriores ocho años de prosperidad de España y saltándose a la torera el talante del que presumía. Ya hemos visto que el resultado no ha podido ser más que desastre, pues la evolución del país ha ido de mal en peor desde que los socialistas entraron de nuevo en La Moncloa. Y no es sólo por la crisis internacional. La recesión global importa y mucho, por supuesto, pero otros gobiernos (Alemania y Holanda, por ejemplo) han conseguido sacar rentas a base de austeridad. Justo lo contrario que aquí. Zapatero cogió el país con dos millones de parados y lo deja con cinco, con una deuda pública del 1,7 por ciento, y la ha subido al 13,8, y con una prima de riesgo cero, que ha llegado a subir por encima de los 400 puntos. Tal ha sido el despropósito que el Gobierno del «gasto social» se ha convertido en el gobierno del paro, lo más antisocial que hay, y hemos tenido que rectificar una tras otra todas las decisiones alocadas tomadas con gran irresponsabilidad, entre ellas los 400 euros, el cheque bebé, el plan E de aceras y farolas, las subvenciones a cineastas y sindicatos, y la tendencia suicida a crear unas administraciones públicas inmensas, saturadas de empresas públicas y cargos, hinchadas de funcionarios. Todo eso no podía continuar y primero Bruselas nos dio un hachazo obligando a un giro radical en la política económica, y ahora a esta reforma urgente de la Constitución para plasmar en ella justamente lo que los gobiernos socialistas aniquilaron: el déficit equilibrado y el techo de deuda para las administraciones. Lo pidió Rajoy en reiteradas ocasiones, pero la respuesta del trío Zapatero-Salgado-Rubalcaba fue siempre la chanza y la ofensa hacia el jefe de la oposición. Ahora han tenido que recurrir a él para que apoye una reforma que nos vuelve a imponer Europa como consecuencia de la compra masiva de deuda española por parte del BCE. Es el precio a pagar. Algo razonable y necesario, sobre todo para meter en vereda a unas autonomías que transitan por la vía del despilfarro. No puede ser que el Gobierno catalán haya triplicado sus organismos públicos desde 2003. Ni que Mas tenga unos gastos de representación más altos que los de Zapatero. Ni que las televisiones autonómicas contraten a más funcionarios que las privadas.

ZP se va obligando por vía de urgencia a implantar el objetivo de déficit cero que el mismo liquidó. Es una reforma necesaria que hay que apoyar. PP y PSOE representan a más del 80 por ciento de los votantes y tienen legitimidad para hacerlo, aunque no estaría mal que contarán también con el apoyo de CiU. Pero conviene recordar, en cualquier caso, por qué se ha llegado a la actual situación.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. ¿Cómo limitar el déficit?. Por Manuel Llamas

Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB.

Si algo ha demostrado fehacientemente la historia es la cuasi ilimitada capacidad del poder político para endeudar y arruinar a sus súbditos bajo el difuso argumento del "bien general" cuando, en realidad, el único interés en juego es el suyo propio. Así aconteció en la antigua Grecia, cuyos "ciudadanos" se entregaban por entero a la polis (vida pública) al tiempo que el 90% de la población era esclava; en los tiempos del Imperio Romano, en donde las eternas campañas bélicas y el crecimiento del Estado acabaron colapsando la incipiente civilización occidental; durante la Edad Media las monarquías fueron ganando cuotas de poder hasta la culminación del Absolutismo; el siglo XX nos deparó el horror del fascismo y el comunismo; y en la actualidad, tras dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría de por medio, se estudia, una vez más, cómo limitar de forma efectiva los excesos del sobredimensionado Estado del Bienestar.

El control del poder político es, sin duda, una de las grandes cuestiones de las ciencias humanas y, por ello, se repite de forma recurrente en el tiempo bajo diversas formas e intensidad. La crisis de deuda pública ha vuelto a poner hoy sobre el tapete este particular debate. En esta ocasión, el problema consiste en cómo asegurar el equilibrio presupuestario para no incurrir en los mismos errores recién cometidos.

La receta propuesta por Bruselas, que no por Zapatero, consiste en reformar la Constitución para fijar un límite máximo de déficit y deuda. Y, sin embargo, se equivocan de plano. Se trata de una medida infructuosa, cuya buena voluntad es equiparable a su ineficiencia. Este tipo de límites constitucionales, simplemente, no sirven de nada. En primer lugar, porque su violación dependerá siempre en última instancia de la misma clase política que los ha instaurado. En segundo lugar, porque la clave del problema no radica tanto en el déficit como en el peso del gasto público. Y, en tercer lugar, dadas las premisas previas, porque la historia así lo demuestra.

La supervivencia del euro depende de una regla de oro denominada Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone a los estados miembros un déficit máximo del 3% y una deuda límite del 60% del PIB. Pues bien, dicha norma –de cumplimiento obligado, en teoría– nunca se llegó a respetar: hasta 2010, en la UE se registraron 97 casos (país/año) de déficits por encima del 3%; apenas un tercio (29) coincidieron con una gran recesión, con lo que se podían justificar sobre la base del mismo Pacto; es decir, no había base alguna para justificar los 68 casos restantes y, sin embargo, nunca se impusieron las sanciones pertinentes; los estados reinterpretaron y redefinieron el Pacto, una y otra vez, para suavizar cada vez más sus condiciones... En definitiva, la restricción que se habían impuesto entre ellos nunca funcionó.

Algo similar acontece en EEUU. Washington introdujo por primera vez un techo de deuda pública en 1917. Desde entonces, este límite legal se ha aumentado de forma constante –casi 80 veces sólo desde 1960–. La última ampliación se produjo este mismo mes de agosto. La excepción se ha convertido en norma. "Tan seguro como que el Sol saldrá mañana es que subirá el techo de la deuda", reza un dicho estadounidense. Y ello, en base a diversas excusas: al principio, el argumento esgrimido era la guerra, pero desde hace décadas es el creciente gasto corriente para sostener su enorme Estado.

Un ejemplo más cercano es el de España, donde las cuentas públicas se regían por una Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Aznar, que Zapatero se encargó de tumbar tras llegar al poder. Así pues, ¿han servido de algo todos estos límites? La respuesta es no.

De hecho, la reforma propuesta ahora por PP y PSOE amenaza con convertirse en una broma de mal gusto en caso de que prospere la "flexibilidad" que pretende imponer Rubalcaba. Y es que, si el límite no incluye cifras no hay límite y, por lo tanto, los políticos ni siquiera tendrán que molestarse en cambiar de nuevo la Constitución o aprobar una Ley Extraordinaria de Déficit para saltarse a la torera su compromiso. Visto lo visto, de poco o nada va a servir el laureado techo. Y ello, básicamente, porque la clave no es el déficit sino el gasto público.

El peso del Estado español ronda el 45% de la riqueza nacional. La única solución radica en reducir su tamaño para que los siempre indeseados, pero habituales, abusos tengan el menor impacto posible sobre la economía productiva. Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB. Así, el Gobierno que quiera subir impuestos tendrá que convocar un referéndum para contar con el visto bueno de los contribuyentes. Esto, al menos, sí es una reforma en la buena dirección. Lo demás son meras promesas incumplidas.

Libertad Digital - Opinión

Que por pagar no quede. Por Julia Navarro

Primero fue Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo quién pidió que se suba los impuestos a gente precisamente como él, o sea multimillonarios.

Buffet explicaba que proporcionalmente pagan más impuestos algunos de sus empleados que él mismo y que eso le parecía intolerable. Y lo es, claro que lo es.

No sé si Warren Buffet es un hombre con conciencia o simplemente es que se da cuenta de que de seguir las cosas así llegará un momento en que la gente no pueda más y eso tenga consecuencias imprevisibles.

A Warren Buffet se le han unido dieciséis de las fortuna más importantes de Francia. Piden lo mismo: pagar más impuestos en estos tiempos de crisis. No sé si cundirá el ejemplo y los ricos, riquísimos de otras partes del mundo darán ese mismo paso al frente. Eso sí, mientras escribo estas líneas no sé de ningún multimillonario español que haya pedido lo mismo.

Lo cierto es que los Estados se complacen en apretar las tuercas a las clases medias, a los trabajadores liberales, a los pequeños empresarios, a todo aquel que tiene una nómina, a aquellos que con el fruto de su trabajo y esfuerzo han logrado ahorrar y tener una posición económica buena, deshogada, pero sin llegar a ser multimillonario como Buffet o tantos otros.

Curiosamente quienes más tienen son los que menos pagan, y quienes defienden que esto sea así lo hacen alegando que si no el "capital" se asusta y se va. De manera que los Estados se dedican a poner en su punto de mira a esas clases medias acogotándolas. Si es usted autónomo, un pequeño empresarios con dos o tres trabajadores, o un empleado que cobra una buena retribución póngase en lo peor, Hacienda le mirara los calcetines hasta del revés, pero eso sí, si es usted multimillonario no hay problema, porque tal y como están organizadas las cosas quienes más tienen más posibilidades tienen también de poder camuflar su dinero en sociedades.

En España tenemos las famosas Sicav, esas que tributan una cantidad ridícula por tener una especie de fondo con unos cuantos millones de euros. Y luego están los entramados de sociedades de quienes tienen realmente dinero.

Pero sea usted un contribuyente de andar por casa, un autónomo, pierda una factura, y verá cómo Hacienda cae sobre usted, mientras que quienes de verdad tienen dinero pueden defraudarlo incluso con la ley en la mano.

El caso es que la crisis económica es de tal magnitud que resulta insoportable que sean las clases medias quienes sustenten sobre sus hombros lo que va quedando del Estado. Por eso me parece importante el gesto y la petición que ha tenido Warren Buffet y ahora esas dieciséis grandes fortunas francesas, entre las que está Lliliana Betancourt, la dueña de LÖreal, o Danone, etc, pidiendo pagar más impuestos, primero porque realmente pueden hacerlo sin que sus fortunas mermen y ni siquiera lo sientan, segundo porque son conscientes de que si se continua agrandando el abismo entre quienes lo tienen todo y quienes cada vez menos tiene que llegar un momento en que eso se volverá en contra de ellos.

Lo que resulta paradójico es que sean éstos multimillonarios quienes piden pagar más impuestos porque los gobernantes no se atreven a pedírselos por no molestarles.

Sí, son las grandes fortunas, los que de verdad son multimillonarios los que deben arrimar el hombro en tiempos de crisis. Ya está bien de grandes ejecutivos que cobran grandes bonus al mismo tiempo que despiden a cientos de sus empleados o que sus empresa o bancos están al borde de la bancarrota por su mala gestión. Y ya está bien de exprimir y cargar sobre las espaldas de las clases medias el coste del Estado y de la crisis. Al fin y al cabo las clases medias son la espina dorsal del sistema.

Warren Buffet y esas dieciséis grandes fortunas francesas están dando toda una lección.

Periodista Digital - Opinión

Deprisa y corriendo. Por Victoria Lafora

Cuando parecía que el pleno del Congreso, en mitad de la canícula de agosto, iba a ser de trámite, Zapatero disparó con fuego real contra el estado del bienestar. La reforma constitucional, que fijará de forma inamovible en la Carta magna el tope de déficit, si se cumple, obligará a las administraciones a severos recortes de las prestaciones sociales.

Rajoy apoyó, en un gesto sin precedentes, esta reforma deprisa y corriendo porque es un trabajo sucio que le quitan de en medio y que le hubiera costado más de un enfrentamiento con los presidentes autonómicos de su partido, obligados a partir de ahora a apretarse el cinturón de verdad.

Ante la peor crisis económica que se recuerda, y con cuatro millones de parados, Rajoy se ha negado de forma sistemática, y con un objetivo claramente electoral, a apoyar ninguna medida que supusiera un alivio frente al acoso de los mercados. Sorprendentemente, a un mes de la convocatoria electoral, acepta consensuar nada menos que una reforma constitucional exigida por Bruselas y que, de momento, solo existe en la constitución alemana.

El objetivo de déficit cero ha sido incumplido por todos los estados de la UE. A partir de ahora, cuando se apruebe esta reforma exprés, España va a estar en cabeza de cola en cuanto a severidad normativa contra el déficit.

La penosa diferencia es que este país no es Alemania. Aquí hay cuatro millones de trabajadores que han perdido su empleo, en torno a un millón de familias con todos sus miembros en el paro. Miles y miles que se han quedado sin su vivienda por impago de la hipoteca. ¿Quién les va a ayudar? Porque la crisis va para largo. Diga lo que diga Rajoy de que va a arreglar España en un plís plas. Sin crecimiento económico sostenido no se crean puestos de trabajo y ese es el verdadero drama.

La cara de estupor de los diputados socialistas reflejó bien a las claras que Zapatero había pactado la medida previamente con Rajoy, pero que a los suyos les pilló por sorpresa.

El mismo desconcierto manifestaron los representantes de los grupos minoritarios que han reclamado cambios constitucionales diversos en estos cuatro años de legislatura como quien clama en el desierto.

No hay certeza de que esta medida vaya a frenar en seco la desconfianza de los inversores internacionales sobre la deuda española pero, de cumplirse y debe hacerse como con toda norma que fije la Constitución, los duros recortes que se avecinan serán todavía mas dolorosos.

Periodista Digital - Opinión

Me ofrezco. Por Alfonso Ussía

Carmen Calvo se ha desmarcado por dignidad del futuro electoral socialista. No admite que Rosa Aguilar encabece la candidatura cordobesa. Y le sobra razón. Rosa Aguilar viene del comunismo y es una recién llegada, en tanto que Carmen Calvo jamás se ha travestido en la política. Alfonso Guerra, el más veterano de los diputados –lo ha sido en todas las legislaturas–, también se cae de las listas. Dice que tiene muchos años y necesita descanso, y calla que no le gusta nada Rubalcaba. Otro que tal baila es Manuel Chaves, presidente del PSOE. Y Antonio Gutiérrez, el diputado sindicalista que se abrazó a la rosa después de su paso por Comisiones Obreras. Pajín sí. Doña Leire se presenta como primera de la lista de Alicante, y hace muy bien, porque de no seguir en la política la veo abriendo un tenderete de «chuches» en Benidorm. Pero que a Rubalcaba le están dando la espalda en su propio partido es algo que no se puede discutir. Y cuidado, que el número de desencantados puede aumentar y ahí el candidato socialista se encontraría con un problema. En vista de ello, me ofrezco.

He consultado con mis amigos del PSOE y me han dicho que, por su parte, me recibirían con los brazos abiertos. No obstante, es Rubalcaba el que tiene que acceder a mi ofrecimiento. No exijo un puesto de elección segura y me importa un bledo la provincia que me asignen. Lo mío se puede y se debe considerar un acto de patriotismo. El que va a ser primer partido de la Oposición tiene que completar todas sus candidaturas por una cuestión de decoro. Y a este paso, no van a cubrir ni las de Ceuta y Melilla.

Otros amigos, conocedores de mi decisión, se han ofrecido también a Rubalcaba. Ninguno es socialista, pero todos creen que en una democracia joven e inexperta, la existencia y fortaleza del socialismo es fundamental. Porque de desaparecer el PSOE, muchos de sus votantes se consolarían en el comunismo, y en ese caso Carmen Calvo se reencontraría con su liderazgo en Córdoba, porque Rosa Aguilar daría el salto hacia la hoz y el martillo en menos que canta un gallo. Una sociedad seria se mueve en los parámetros del liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia y el socialismo pragmático. El comunismo es una reliquia graciosa de un pasado terrorífico, y no sería conveniente para nadie su recuperación social.

De ahí que un grupo de españoles, con la mejor intención, nos hayamos ofrecido a Rubalcaba para completar con nuestros nombres sus candidaturas. Eso no quiere decir que, en el caso de que nos acepte, optemos por votarnos. Eso sería demasiado. Si Rubalcaba, por poner un ejemplo, me incluye en su lista de Madrid yo no me votaría. El voto es secreto siempre que su emisor lo considere conveniente. No es mi caso. Aunque me presente por el PSOE mi intención no es otra que votar a Rajoy y al Partido Popular. Entiendo que quebraría una situación de normalidad democrática. Presentarse por un partido y votar a otro no es habitual, pero tampoco formamos parte de una nación regida por la coherencia. Además, que votarme a mí mismo en las listas del PSOE nada tendría de patriótico, porque estos socialistas han dejado a España tiesa, tísica y canina.

Esto es lo que hay. Me ofrezco sin reservas a rellenar una lista del PSOE liberado del compromiso de votarme. Más no se puede ofrecer. Y de salir elegido, que mucho lo dudo, me reuniría con Rubalcaba para templar gaitas y «negociar hasta los últimos flecos», como dicen los cursis, la utilidad de mi escaño. Ya lo sabe, don Alfredo.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. Spanien, länder de segunda. Por Emilio Campmany

Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada.

En plena canícula agosteña, va Angela Merkel y ordena y manda que los españoles, sin excusa ni pretexto, modifiquemos echando virutas nuestra Constitución para establecer un límite al déficit tal y como Alemania ha hecho en la suya. Y eso, para anteayer. Y nuestro presidente de Gobierno, a quien no le preocupa ni la dignidad de los españoles ni la suya propia, va corriendo, dándose con los talones en el trasero, a obedecer como un servil lacayo y nos obliga al resto a hacer lo mismo. ¿Será verdad que España va a reformar su Constitución en dos semanas porque así lo ha ordenado la canciller alemana? Pues sí, es verdad.

Ningún partido político ha puesto un pero a que la reforma propuesta, con independencia de la bondad de la norma, tenga que ser adoptada aprisa y corriendo porque nos lo ordena una potencia extranjera. El PP está encantado de que sea Zapatero quien arrostre el desgaste de hacer una cosa que Rajoy hace un año que propuso. Los nacionalistas se quejan, pero no de que estemos a órdenes de Merkel, sino de que el límite pueda afectar a las Comunidades Autónomas que gobiernan o que aspiran a gobernar porque a ellos les chifla gastar lo que no tienen. Buena parte del PSOE e IU, junto con los sindicatos, se oponen a la reforma porque no les gusta que se limite el derecho al despilfarro no vaya a ser que el Gobierno de turno se vea obligado a cortarles las subvenciones a la marabunta de progres que chupan del presupuesto de una u otra forma. El caso es que aquí nadie se queja de lo obvio, que hemos dejado de ser un país independiente.

Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada. Hemos dejado de ser ciudadanos españoles para pasar a ser alemanes de segunda, sin derecho ni a voz ni a voto, a cambio de poder seguir tomándonos las cervezas, pero renunciando a las raciones de gambas. Y unos están tan contentos de que al menos hayamos salvado las cervezas y otros se quejan de que haya que olvidarse de las gambas, que están tan ricas. Y nadie manifiesta la necesidad de prescindir de unas y de otras y pagar nuestras facturas y, con ello, conservar el derecho a ser soberanos en nuestro país.

Y Rubalcaba, mientras, está a ver cómo engaña a la Merkel y propone modificar la Constitución, sí, pero dejando que el límite del gasto lo concrete una Ley Orgánica, que cualquier Gobierno que quiera saltárselo podrá modificar con mayoría absoluta. Rubalcaba debe creerse que puede engañar a los alemanes con la facilidad con la que emboba a sus compañeros. Es que Freddy es muy listo, pensarán los muy ciruelos.

Libertad Digital - Opinión

Otro parche, ahora fiscal

El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.

Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.

El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.

Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.

La Razón - Editorial

Camino del acuerdo

Gobierno y PP buscan una fórmula que permita reformar la Constitución con el mayor consenso.

El Gobierno y el Partido Popular seguían discutiendo al cierre de esta edición los términos concretos de la propuesta que presentarán hoy en el Congreso para introducir en la Constitución un límite al déficit público. Una de las fórmulas manejadas indicaba la voluntad de establecer en la Carta Magna un compromiso genérico de estabilidad presupuestaria que se desarrollaría, tras las elecciones del 20 de noviembre, en una ley orgánica que incluiría los detalles y las cifras concretas. Elegir este camino, con sus flecos cerrados, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas, manifestaron graves reservas, que iban desde la oposición cerrada a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los posibles efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones. En este caso, Zapatero ha vuelto a cometer un error: lanzar medidas de gran calado sin forjar un consenso previo con el resto de los dirigentes de su partido ni con el grupo parlamentario. El acuerdo que se negociaba ayer es un primer paso para recuperar esos imprescindibles acuerdos.

Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación que continuaba ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica.

Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate. La urgencia de la medida tampoco está exenta de polémica. El Gobierno debe explicar cuál es la causa por la que, con la legislatura prácticamente agotada, era necesario adoptar una medida de tanta trascendencia jurídica pero de escasos efectos económicos inmediatos.

El País - Editorial

Rubalcaba desactiva la reforma constitucional

Si la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

Tras el anuncio de Zapatero de reformar la Constitución para limitar el déficit público, no era difícil encontrarle bastantes puntos oscuros a la medida: todavía no conocíamos en qué consistiría, a qué administraciones públicas afectaría o las sanciones que llevaría aparejadas en caso de incumplimiento. Con todo, el gran problema de fondo de esta buena idea era que todo apuntaba a que se trataba de un nuevo gesto de cara a la galería que los socialistas no tenían ninguna intención de cumplir. A la postre, el PSOE ha acreditado a lo largo de su historia un nulo respeto hacia nuestra Carta Magna en todos los campos imaginables; no había motivos para pensar que fuera a ser distinto en el área económica.

Mas si ya cabían pocas esperanzas de que los socialistas se fueran a someter a una rígida limitación del déficit el pasado martes, ninguna cabrá en caso de que prospere la idea de Rubalcaba de no especificar en la Constitución la cifra a la que debe quedar restringido ese déficit. Precisamente, las constituciones sirven para crear normas muy estables que no sean disponibles por mayorías políticas transitorias; si, como propone el candidato socialista y parece aceptar el Partido Popular, la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

A la postre, no otra cosa hizo Zapatero nada más llegar al poder: enterrar la ley de equilibrio presupuestario que con tanto sentido común sacó adelante el Gobierno de José María Aznar. ¿Hay motivos para pensar que el futuro será distinto del pasado? Por desgracia no. En cuanto superemos la crisis, nuestros gobernantes olvidarán las valiosas lecciones que deberían haber aprendido y volverán a endeudarse sin control y sin ninguna limitación constitucional. No sabemos si con este simulacro de reforma lograrán engañar a algún votante, pero desde luego a los mercados, no. El buen estado de nuestras cuentas públicas seguirá dependiendo, como hasta el momento, de la diligencia del gobernante de turno. La reforma constitucional no evitará que los Zapateros del futuro nos sigan arruinando.

Libertad Digital - Editorial

Desbandada socialista y toque de corneta constitucional. Por Federico Quevedo

El presidente del Congreso, José Bono, la ministra de Economía, Elena Salgado, la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Manuel Chaves, el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra... Son algunos de los nombres de destacados socialista que piensan decir adiós a la política porque no quieren ir en las listas de las próximas elecciones generales. Hace unos días un follower un tanto insolente respondía con un "¿desbandada socialista? Viniendo de usted, señor Quevedo, será todo mentira", a un post mío en ese sentido en Twitter... Pues bien, la lista de nombres empieza a ser un síntoma, y la impresión es que va a continuar, es decir, que hay otros muchos dirigentes y diputados del PSOE que no tienen muy claro si van a continuar en la próxima legislatura. Es normal. Las desbandadas se producen cuando los ejércitos pierden las batallas, y en política ocurre tres cuartos de lo mismo y ante una más que segura derrota electoral se anticipan las deserciones.

En el fondo, esto también es una factura que el Partido Socialista debería endosarle a José Luis Rodríguez Zapatero, gracias al cual va a sufrir uno de los mayores repliegues de su poder político que haya tenido nunca un partido político en España -bien es verdad que solo ha habido dos que hayan gobernado en prácticamente todo el territorio-, con las consecuencias que eso tiene, no sólo en términos específicos de poder, sino también en los de 'agencia de colocación' que es en lo que a veces parece que se han convertido los partidos en nuestro país.

«Siempre he creído que para acabar con la mediocridad en la política española, mediocridad que se da en todos los partidos, habría que limitar por mandato constitucional a ocho años el ejercicio de cualquier cargo público, desde el último concejal hasta el presidente del Gobierno.»

De hecho, no deja de ser sorprendente esa desbandada en unas filas en las que la profesionalización política es un denominador común: véase el ejemplo de Elena Valenciano, de la nada a número dos en la lista de Rubalcaba, sin curriculum y con el único elemento a su favor de ser una buena lectora de argumentarios. Habrá quien me ponga a parir por decir esto, pero me limito a constatar la realidad. Siempre he creído que para acabar con la mediocridad en la política española, mediocridad que se da en todos los partidos, habría que limitar por mandato constitucional a ocho años el ejercicio de cualquier cargo público, desde el último concejal hasta el presidente del Gobierno, pasando por diputados, senadores, diputados autonómicos, consejeros, ministros, etcétera.

¿Se puede hacer? Si, se puede hacer, solo hacen falta dos cosas: una sociedad convencida de que de esa manera se evitarían muchos de los desmanes a los que nos tienen acostumbrados los políticos, y unos políticos que, obligados por esa misma sociedad, lo propusieran en el Congreso para reformar la Constitución. Una Constitución que va a ser reformada ahora por trámite legal y legítimo para poder limitar el déficit de las administraciones públicas. De nuevo, como en todo, habría que exigirle a Zapatero alguna factura por esto: si hubiese hecho caso a esa propuesta del PP cuando la hizo, habría sido posible ampliar esa reforma a cuestiones como la aquí planteada, y aprobarla en referéndum antes de las elecciones generales, para poder cumplir los trámites que marca la propia Constitución. Pero ocurre lo de siempre: Zapatero lo hace todo tarde y mal, y además obligado por las circunstancias o, en este caso, por una carta amenazante de Angela Merkel.

Estos son los hechos, y solo cabe concluir que es el momento de que la sociedad española le pase una factura contundente a este Gobierno, a este partido que nos ha conducido a una situación insostenible y que después de habernos vendido las burras de la regeneración y el reformismo ha resultado ser el más oficialista y el más inmovilista de todos los gobiernos habidos en nuestro país.

El Confidencial - Editorial

Policía. No es país para polis. Por Eva Miquel Subías

Pocas voces defensoras de los funcionarios policiales he podido escuchar o leer en las últimas horas.

Agosto es uno de aquellos meses que te permite ver casi en la misma página de un periódico a una Elena Anaya luciendo el esplendor de su pequeño cuerpo en las siempre apetecibles aguas menorquinas con una imagen de alguno de los que se hacen llamar indignados lanzando con verdadero arte un escupitajo a un agente del cuerpo superior de policía –mostrándonos así su lado más caballeroso– o una selección de las ya cansinas ginebras Premium con sus tónicas ideales y el kit de de acompañamiento.

El otro día, sin ir más lejos, mi marido se pasó media noche escupiendo granos de pimienta roja sobre un acantilado a la luz de la luna porque el camarero insistió en su propósito. Y así, mientras charlábamos con un par de amigos, hacíamos breves pausas para lanzar los molestos granitos que flotaban en nuestros gin tonic.

Lástima que no tuviéramos a un anti-papa a mano. Seguro que nos habría venido de perlas una lección práctica. Son unos fenómenos escupiendo. Casi tanto como Cristiano Ronaldo, que te deja el campo a rebosar de esputos diversos, pero expulsados con auténtico talento.

Intentaré centrarme en el asunto policial ya que me temo que este es el formato ideal para estos menesteres. Veamos.

Los desayunos de estas últimas mañanas han venido repletos de imágenes de unos policías cargando desmesuradamente contra algunos manifestantes durante la visita de Benedicto XVI. Comentarios de todo tipo, tweets y páginas en Facebook clamando justicia y calificativos de toda índole a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Pocas voces defensoras de los funcionarios policiales he podido escuchar o leer en las últimas horas. Bien que hubo un abuso de fuerza puntual, de acuerdo que ha habido algún exceso. Aunque cierto es que los mismos responsables policiales fueron los que inmediatamente abrieron una investigación para depurar responsabilidades.

Y francamente. Cuando llevas días y días aguantando insultos de todo tipo, escupitajos de toda forma y condición, orines de los exquisitos acampados, miradas de odio fijas en tus ojos por la única razón de vestir un uniforme policial –obviando que están ahí para nuestra protección y seguridad– mientras las órdenes que vas recibiendo de tus cargos superiores son de calma, contención, tranquilidad. Y los anti tot una mica anotando tú número de identificación por si te cae una denuncia falsa mientras siguen las instrucciones: quietos, aguantad, vamos a despejar primero la zona B; se puede entender entonces que más de uno salga al campo de batalla con las narices bien repasadas, por ser sutil.

Libertad Digital - Opinión

¡Intervenidos!. Por César Lumbreras

En otros tiempos los políticos se peleaban por ir en las listas electorales a las Cortes. Sin embargo, ahora en el PSOE sucede todo lo contrario, porque ni Alfonso Guerra, ni Pepe Bono, ni Carmen Calvo, ni Elena Salgado, cada uno parece que por distintas razones, quieren presentarse como candidatos. Son todos políticos experimentados y con un gran olfato, sobre todo en el caso de Bono y Guerra, dos «enemigos irreconciliables». Por eso hay que preguntarse si estaremos ante una señal clara de que se avecinan tiempos muy malos para los socialistas. Si esto sigue así, Rubalcaba va a tener que cazar a lazo a los candidatos, no ya para los puestos de relleno, sino para aquellos con garantía de salir. En caso de que el problema no se arregle, puede pedir incluso la «intervención» de la canciller Merkel, del «petit Napoleón Sarkozy» y de los responsables del Banco Central Europeo (BCE), que han cogido el gusto a «intervenir» en la política española. Hace unos meses alguien podía tener alguna duda sobre si estabamos «intervenidos» de hecho. Me parece que ahora ya no hay ninguna. Según mis fuentes, existe una carta de Trichet, el jefe del BCE a nuestro todavía presidente Zapatero diciéndole que si quiere su apoyo, hay que fijar un límite para el gasto público y que es necesario introducir ya reformas en el mercado laboral. A la primera demanda se ha respondido con el acuerdo del Gobierno y el PP para modificar por la vía rápida la Constitución. A la segunda es probable que se dé satisfacción en la próxima reunión del Consejo de Ministros. Todo esto puede parecer una calentura de verano, pero no lo es. De hecho, estamos «intervenidos», se quiera ver o no.

La Razón - Opinión

Déficit. Despejando incógnitas. Por Jaime de Piniés

Lo que me queda meridionalmente claro es que en las últimas semanas hemos visto el embrión de un nuevo mecanismo de disciplina en la vieja Europa que ha nacido de la necesidad y que empieza a ejercer profundos cambios en nuestro entorno y en España.

Comentaba hace una semana que no era creíble que a Berlusconi se le exigiera tanto para comprar bonos italianos y tan poco a Rodriguez Zapatero para los españoles. Y a pesar de que nuestro presidente se negó a contestar a los diputados de las Cortes que le preguntaron por la existencia de una carta del BCE que imponía condiciones para dicha compra, creo que ha quedado demostrado que estamos a las ordenes de la Sra. Merkel y del BCE. Esto es lo que supone aceptar una enmienda a la constitución para obtener un déficit público cero dentro de unos años.

Queda por ver si esta medida será buena o no para la economía española, es decir si permite un cierto grado de flexibilidad a través del ciclo (regla de oro), si condicionará o no los déficits de las comunidades autónomas y si efectivamente vaya a ser eficaz. Pero lo que queda claro es que ha sido una entrega de soberanía nacional por dictat del BCE y de la Sra. Merkel. En los próximos días sabremos si hay otras condiciones en la famosa carta del BCE a Rodriguez Zapatero.

La entrega de soberanía nacional no tiene porque verse como una cosa mala. Si se cede soberanía a cambio de un proyecto querido por los ciudadanos, es positivo. Es el caso de la Unión Europea y del euro de la Unión Europea Monetaria. También podría ser la participación de España en los eurobonos propuestos por la Comisión Europea: sería favorable para nuestros intereses pues nos traería tasas de interés más bajas con que financiar toda la economía nacional. Ahora bien, en mi columna del otro día, también indicaba que esto no puede salir gratis y que Bruselas ligaría los eurobonos a la pérdida de soberanía de los países participantes. En efecto, si se superan ciertos niveles de déficit o de deuda pública, Bruselas, y no los gobiernos locales, tendría la voz cantante y la capacidad de aplicar medidas para su corrección.

Evidentemente Ignacio Moncada, columnista de Libertad Digital, no cree que dicha entrega de soberanía nacional pueda llegar a culminarse y que los políticos locales siempre encontrarán vías para sortear los controles y eventualmente destruir el proyecto común europeo. De momento la primera orden-condición que se ha dado es "cambien la constitución". Ahí es nada.

A mí lo que me queda meridionalmente claro es que en las últimas semanas hemos visto el embrión de un nuevo mecanismo de disciplina en la vieja Europa que ha nacido de la necesidad y que empieza a ejercer profundos cambios en nuestro entorno y en España. Veamos pues qué acontece.

Libertad Digital - Opinión

El escaño a dedo. Por Iñaki Ezkerra

Rubalcaba ha propuesto estos días una iniciativa que, pensando bien de ella, hay que calificar de ocurrencia: la creación del escaño 351 en el Congreso de Diputados para los «indignados». Y es que, sin pensar bien ni mal, la idea es simplemente inquietante. Porque, para llevarla a cabo, no sólo habría que reformar la Constitución, sino ir contra ella y contra su espíritu, ya que a los escaños de la Cámara Baja se llega única y exclusivamente mediante el riguroso ejercicio del sufragio universal de los ciudadanos, esto es, por el voto electoral. Para que los ciudadanos puedan intervenir en un pleno de ese órgano en defensa de iniciativas legislativas de carácter popular hay otros mecanismos. Se puede proponer agilizar, facilitar, mejorar éstos, pero no crear un escaño que se rija por ningún otro criterio –ni bueno ni malo– que no sea el del voto en las elecciones y que pretenda sustituir a éste, pues un escaño, por propia definición, no es un banco de paso que se use para una intervención meramente oral y puntual, sino que tiene delante unos botones con los que se puede aprobar o rechazar una ley que nos concierne a todos los españoles. ¿Por qué va a usar ese botón un señor que no ha sido elegido en unos comicios democráticos? ¿En función del célebre lema indignado de «mis sueños no caben en tus urnas»?

En realidad lo que Rubalcaba anda proponiendo es el «escaño a dedo», no sé si animado por el éxito que ha tenido ese método en las famosas primarias de su partido que no fueron tales. En realidad lo que propone Rubalcaba ya está inventado. Lo inventó Franco y son los antiguos procuradores en Cortes. Uno, que tiene memoria histórica, cuando se ha enterado de esta propuesta para representar a no sé qué sectores de la sociedad que no se conformarían sólo con usar las urnas, ha recordado aquella voz que se escuchaba en ese mismo hemiciclo en los tiempos de su infancia y de la «democracia orgánica»: «Fulanito de tal y tal, procurador en Cortes por el Tercio Familiar».
La verdad es que el escaño a dedo resulta coherente con un «Movimiento» que sueña no ya con puestos de trabajo, sino con aquellas «colocaciones» fijas, seguras, eternas de una España como las de los años sesenta, en la que no había la movilidad laboral, empresarial, comercial y económica que vendría después y que hoy constituye un imperativo para superar la crisis. Añoran, en fin, los «indignados» el mercado de trabajo paternalista y aquella época en la que las madres presumían del «hijo colocado en la caja de ahorros». Porque la gente no trabajaba sino que «se colocaba» en aquel tiempo que ya no volverá ni para mal ni para bien.

La Razón - Opinión

La jeringuilla con dosis letal de Rubalcaba. Por Magdalena del Amo

Le faltó tiempo a Rubalcaba para anunciar que, si ganaba, la primera ley que pondría en marcha sería la de muerte digna, uno de los jalones del proyecto socialista para transformar la sociedad. ¡Eso sí que es meterle el dedo en el ojo al cardenal Rouco! Lo de Mourinho a Tito Vilanova se queda en nada. ¡Qué inoportunidad y qué falta de diplomacia! ¿Fue en respuesta a la discreción conciliadora y propositiva del Papa?

La gran preocupación del Gobierno con la visita del Papa no era el gasto o el colapso de la ciudad durante cinco días, argumentos principales de los anticatólicos. Al Ejecutivo le preocupaba sobremanera el discurso de Benedicto XVI, sobre todo, desde el comunicado del cardenal Rouco de remitir la excomunión latae sententiae a las mujeres que abortaron, y a cuantos intervinieron en esta práctica. El Gobierno quiso ponerle a Su Santidad una mordaza prohibiéndole hablar de aborto y eutanasia, o aludir al laicismo salvaje, comparable al de otros tiempos que no queremos recordar, como lo hizo en su anterior visita a España. ¿Por qué les duele tanto la verdad? Si están tan orgullosos de la República, la República fue eso, quema de iglesias, asesinatos de curas… Pero no quiero abrir este archivo ahora. Y si los socialistas consideran el aborto como un derecho y un logro de la sociedad del bienestar, ¿por qué temen que el Papa hable de él?

Lo cierto es que Benedicto XVI, sin nombrar las palabras aborto y eutanasia, dejó bien claro cuál es la doctrina de la Iglesia en esta materia, cuando criticó “a los que se creen dioses y deciden quién vive y quién no”; o cuando habló de una ciencia sin límites. No hace falta hacer demasiada exégesis para ver que se defiende el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y se condena la clonación y la investigación con embriones para cualquier fin: genotipado para evitar taras genéticas, elección de sexo, bebés medicamento, vientres de alquiler u otras prácticas que coadyuven a la cosificación del ser humano.

No es la primera vez que un gobierno anticatólico le impone censura al representante de Pedro. Cuando el Papa visita algún país totalitario donde la vida no tiene ningún valor, y la tortura, la lapidación de mujeres o la muerte de homosexuales es práctica común, se entiende que su discurso se salpique con notas de funambulismo alegórico, para evitar despertar a los monstruos. Aunque, en ocasiones, no son las palabras las que ofenden, sino ciertas actitudes. Cuando en 1967 Pablo VI visitó Turquía, se puso de rodillas y oró en la iglesia de Santa Sofía, esa bella joya bizantina que mandó construir Justiniano, convertida en mezquita por los árabes en el siglo XV, y que hoy está dedicada a museo por iniciativa de Ataturk. El gesto del Papa causó malestar político y tuvieron que esmerarse a fondo los diplomáticos. Con este precedente, cuando Juan Pablo II –hoy beato—repitió el viaje, se le aconsejó por parte musulmana tener en cuenta que iba a Estambul y no a Constantinopla. El Papa interiorizó la advertencia, pero al llegar al lugar donde se había hincado su antecesor, él se detuvo a orar durante dos minutos, lo que causó cierto nerviosismo en el ministro turco que lo acompañaba.

Que en España se pretenda supervisar los discursos del Sumo Pontífice, como en los regímenes totalitarios, nos parece preocupante. En la breve reunión entre el Papa y Mariano Rajoy hablaron de economía, pero también de principios y valores. El líder de la oposición estaba pletórico con el ambiente que se respiró en Madrid durante las jornadas de la JMJ y le dijo al Papa que trabajaba para crear una sociedad con valores. Eso esperamos, pero tendrá que afanarse, porque los últimos años vivimos un invierno nuclear que nos impide ver la luz del sol. Uno de los mensajes de despedida de Benedicto XVI, ya con un pie en el avión, fue que España puede progresar manteniendo vivo el espíritu católico. Esperemos que muy pronto las aguas vuelvan al cauce de la libertad.

Periodista Digital - Opinión

En un plis, plas. Por Javier González Ferrari

Ya se sabe que uno es prisionero de sus palabras y dueño de sus silencios, y el candidato socialista a la debacle del 20 de noviembre tuvo una gran oportunidad para estar calladito cuando hace más de un año, el 25 de junio del 2010, Mariano Rajoy propuso en el Parlamento llevar a la Constitución el principio de estabilidad fiscal. El entonces vicepresidente y hoy, como diría Rosa Díez, Vice-responsable primero de todo, compareció en rueda de prensa para ironizar sobre las propuestas del líder de la oposición asegurando que Rajoy quería acabar con la crisis en un plis, plas. Imagino que el martes don Alfredo tuvo que tragarse un sapo como una catedral tras escuchar al todavía presidente y secretario general de su partido decir en el Congreso, como gran novedad, lo mismo que don Mariano hace la friolera de 14 meses. Y es que en un plis plas los españoles hemos descubierto que Rubalcaba es el de siempre, y no sólo cuando se trata de economía. Es alucinante ver cómo el hasta hace apenas tres meses ministro del Interior pide que se investigue la actuación de la policía contra esa minoría de marginados que intentaron reventar la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud sin conseguirlo. Por si había alguna duda la actitud de los rubalcaba boys ha dejado bien claro que son ellos los impulsores de los movimientos antisistema con los que intentan recuperar un voto de izquierda radical que pueda paliar la derrota que no sólo anuncian las encuestas sino también el sentido común. En un momento en el que los españoles demandan esperanza y unas gotas de ilusión, al candidato del PSOE lo mejor que se le ocurre para encabezar sus propuestas electorales es una ley de eutanasia. ¡Manda huevos! Que hubiera dicho Federico Trillo. Quieren ustedes un mensaje de futuro, pues apúntense a una muerte digna. Ésa es la oferta del nuevo-viejo socialismo que representa don Alfredo a quien, como el desodorante a algunos, parece haberle abandonado el ingenio del que casi nadie dudaba durante años. Van a ser tres meses horribilis para terminar en lo inevitable. El defensor de la eutanasia va a prolongar artificialmente la vida política de un gobierno, y un partido que le sustenta, que apestan. Elena Valenciano va a ser en estos meses la portavoz del «equipo médico habitual» que terminará, en la noche del 20 de noviembre, certificando el fallecimiento oficial de un gobierno que huele a cadaverina desde hace muchísimos meses. Al gran prestidigitador que en marzo del 2004 no le tembló la mano para cargarse las reglas del juego, se le ven ya tanto los trucos que ni siquiera los más fieles creen ya en él. Claro que ante la desesperación de una derrota en toda regla podemos esperarnos cualquier cosa. La historia nos demuestra que el PSOE tiene un muy mal perder, sólo comparable al de Mourinho. Y Rubalcaba es un madridista recalcitrante dispuesto a meterle el dedo en el ojo a todo aquel que no este dispuesto a darle la razón.

La Razón - Opinión

Déficit. Traspaso de poderes. Por Maite Nolla

La cara de Rubalcaba sólo era comparable a la de Duran i Lleida. Aunque veremos en qué se concreta la reforma de la Constitución, los nacionalistas han entendido perfectamente de qué va esto.

Podemos discutir sobre la necesidad de la reforma sorpresa de la Constitución, sobre su justificación, su eficacia o sobre si es mejor y más conveniente que sean los diputados que salgan elegidos el día 20 de noviembre los que lleven a cabo el cumplimiento de la obligación impuesta desde fuera. Pero al margen de todo ello, lo que se vivió el martes en el Congreso fue un auténtico traspaso de poderes, pactado, ordenado y sorprendentemente civilizado. El Gobierno por salir entrega el poder al Gobierno por entrar. Zapatero, obligado –eso sin duda–, señala públicamente a Rajoy y lo reconoce ya como el próximo presidente del Gobierno que debe llevar a cabo ésta y otras muchas reformas. En el último momento deja a un lado su proceder habitual de hacer y deshacer no sólo sin el PP, sino contra la mitad de España que el PP representa, y convierte en un mero trámite las elecciones de noviembre. Por eso Rubalcaba estaba que no daba pie con bola. Se acabó para él, si es que alguna vez tuvo alguna opción. El pacto no es entre el Gobierno, el PP y el PSOE: es entre el Gobierno actual y el que vendrá; que no es lo mismo. Y Rubalcaba no puede ni quejarse.

La cara de Rubalcaba sólo era comparable a la de Duran i Lleida. Aunque veremos en qué se concreta la reforma de la Constitución, los nacionalistas han entendido perfectamente de qué va esto. Casi al mismo tiempo en el que Duran saltaba al ruedo para dar una de sus habituales lecciones de equilibrismo tramposo, el portavoz de la Generalitat daba la auténtica opinión del nacionalismo: el nacionalismo es lo primero, así que no cuenten con nosotros para autolimitar nuestro autogobierno. Vaya, el nacionalismo catalán que siempre ha pretendido entroncar con la Unión Europea sin pasar por la España profunda, se comporta de manera, digamos, gamberra. Y es que ni que sea de forma moderada y de momento sin concretar, la crisis y la Unión Europea han producido un leve efecto loapizante que es de agradecer. Tanto tiempo avisando de la llegada del lobo centralista, es más, algunos viven sólo de eso, y resulta que el orden y la armonización se imponen desde la misma Europa que les debía dar cobijo. Vamos, que si quieren quejarse, que vayan a Merkel y a Sarkozy con ese rollo. Al fin y al cabo, el promotor de la reforma, ni que sea su autor mediato, que se dice, es el mismo tipo que en su momento se puso a su servicio, pensando que el pacto con el nacionalismo era una de las vías de exclusión de la derecha. Y es que Zapatero ha preferido en estos siete años a cualquiera antes que al PP. Ha confraternizado con ERC, con el PNV, con los nacionalistas canarios, con Mas y con Duran, por no hablar de sus relaciones extraparlamentarias. Pero, lo que es la vida y la política, el poder se lo entrega a Rajoy con los taquígrafos dándole a la tecla.

Libertad Digital - Opinión

Rubalcaba se la juega

El acuerdo del Gobierno y el PP de reformar la Constitución para incluir en ella el tope de déficit de las cuentas públicas ha desatado una fuerte contestación que va más allá de los partidos minoritarios de izquierdas y de los nacionalistas. La oposición frontal de los comunistas, radicales de izquierda y de los sindicatos CC OO y UGT se daba por descontado, pues la reforma va en contra de su modelo de Estado basado en el intervencionismo, el gasto público elevado y los fuertes impuestos. Dado que no tienen posibilidad alguna de frenarla, exigen un referéndum para ratificarla. También estaban previstas las suspicacias de CiU y PNV, que temen perder capacidad de presión sobre el Gobierno central. Pero lo que no figuraba en el guión es la revuelta, más o menos soterrada, que se ha declarado en las propias filas socialistas. Además de las críticas a Zapatero procedentes del sector Izquierda Socialista, han tenido especial impacto las del veterano Josep Borrell y del diputado Antonio Gutiérrez. El primero no se recató en declarar que si fuera diputado no votaría la reforma; y el segundo no ha dudado en llamar a la rebelión de las filas socialistas. Lo cierto es que tras la primera sorpresa, el desconcierto parece haberse adueñado de los dirigentes del PSOE, que han pasado de rechazar rotundamente el cambio constitucional a aceptarlo sin mediar debate o reflexión. Si ya se percibían síntomas inquietantes de desafección con la fuga electoral de destacados nombres, este episodio saca a la luz la descomposición interna del partido y la fragilidad del nuevo liderazgo que encarna Rubalcaba. El candidato socialista se enfrenta a un importante desafío doméstico, pues se ha puesto a prueba su autoridad y credibilidad. Del mismo modo que Zapatero le convenció en poco tiempo para que cambiara de opinión y apoyara la reforma de la Carta Magna, ahora le toca a él desplegar sus dotes de persuasión entre sus compañeros para sacarla adelante e impedir la rebelión. Ayer trató de calmar los ánimos diciendo que la clave estará en la «letra pequeña». No nos parece una buena táctica echar mano de triquiñuelas como ésa para diluir el alcance de la reforma. De lo que se trata es de ganar la confianza de Europa y de los inversores, y eso no se consigue con trucos. Después de casi ocho años gobernando, los dirigentes socialistas están obligados a actuar con responsabilidad para deshacer los entuertos que ellos mismos han causado, bien por acciones equivocadas, bien por omisiones clamorosas. Primero, erraron al eliminar el techo de gasto establecido por Aznar, del que se burlaban por defender el déficit cero. Después volvieron a extraviarse al rechazar, con chanzas y más burlas, la propuesta de Rajoy de incluir el déficit en la Constitución. De haberle hecho caso, España habría ganado credibilidad y se habría ahorrado muchos millones de euros a la hora de colocar su deuda soberana. A España no le queda más remedio que ofrecer a sus socios garantías adicionales de que es un país serio, que cumple sus compromisos, que no falsea sus cuentas y que no evade su responsabilidad con la «letra pequeña». Eso o la intervención abierta.

La Razón - Editorial

Solidaridad y riqueza

Francia sube los impuestos a las rentas más altas, algo que reclamaban muchos multimillonarios.

Podría parecer que tiran piedras sobre su propio tejado, pero no hacen sino mostrar una suerte de egoísmo ilustrado, inteligencia y visión a largo plazo. A las repetidas reclamaciones de algunos multimillonarios estadounidenses -liderados por el inversor y filántropo Warren Buffet, una de las principales fortunas del mundo, de subir los impuestos a las rentas más elevadas de su país- ahora se han añadido 16 de las mayores de Francia. Lo han hecho un día antes de que el Gobierno francés difundiera nuevas iniciativas de ajuste fiscal para ahorrar unos 1.000 millones de euros este año y 11.000 millones de euros en 2012, con el fin de calmar a los mercados de bonos.

Los ricos franceses defienden la creación de una contribución especial ante la necesidad de que el deterioro de las finanzas públicas europeas no acabe con el modelo que les ha posibilitado acumular riqueza en el pasado y, desde luego, no termine con la propia Unión Europea.

Unos y otros convienen en que los costes de la crisis no los están soportando los "megarricos", en los términos de Buffet, algunos de ellos verdaderos causantes del desastre. En los sistemas impositivos de la mayoría de las economías avanzadas, las cargas fiscales que soportan las mayores fortunas son, proporcionalmente a su renta y riqueza, mucho más bajas que las del resto de los contribuyentes. Esos privilegiados suelen disponer, además, de apoyos técnicos suficientes no solo para minimizar las cargas impositivas sino, llegado el caso, para sortear más eficazmente la propia inspección tributaria.

Una de las consecuencias de esta crisis ha sido el deterioro de las cuentas públicas en la mayoría de las economías avanzadas. La corrección de esos desequilibrios no puede llevarse a cabo exclusivamente mediante la reducción de gasto público, cuyas consecuencias las pagan en mayor medida las personas con rentas medias y bajas. El incremento de la presión fiscal, como la decidida por el Gobierno francés para las rentas superiores a 500.000 euros, es una opción válida, como también lo es el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras o los activos bancarios. Es deseable que esas decisiones impositivas dispongan de cierto grado de armonización en la UE, al menos en la eurozona.

Al margen de esas modificaciones tributarias, las autoridades deben perseguir de forma activa el fraude. Desde luego, en España. La desafección de los ciudadanos, el distanciamiento de las instituciones, del propio sistema económico y político están siendo en la gestión de esta crisis más explícitos que nunca. España debe dejar de ser un país donde uno pueda pasearse, o aspirar a ser una referencia social, habiendo incurrido en delitos fiscales. Esto es especialmente grave en una economía en la que más de la quinta parte de su población activa está desempleada. Aunque no haya iniciativas como la estadounidense o la francesa, el ajuste fiscal español no debería excluir un esfuerzo por garantizar que todos cumplen con sus obligaciones tributarias.

El País - Editorial

Instalados en la improvisación permanente

Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos.

En medio de la descomposición interna del PSOE, los responsables de Economía de este Gobierno cesante sólo son capaces de perseverar en ese rasgo que tanto los ha caracterizado durante estas dos legislaturas: su improvisación permanente. Después de llegar al poder negando la existencia de la crisis, sólo han sabido mantenerse en él ocultando la imperiosa necesidad de ejecutar profundas liberalizaciones y enérgicos planes de austeridad. Por eso, toda su política económica ha consistido en una chapuza tras otra: hemos perdido cuatro preciosos años para acometer un reajuste integral de nuestro sistema productivo por culpa de la obstinación socialista por bloquear la reforma laboral y el ajuste presupuestario.

En lo que claramente son los últimos coletazos de un equipo económico cuya cabeza, la vicepresidenta Salgado, ni siquiera piensa concurrir en las listas socialistas para las generales, ayer el Gobierno se sacó dos nuevos conejos de la chistera. El primero, y aprovechando las misivas que varios multimillonarios han remitido a sus respectivos Ejecutivos en EEUU y en Francia a favor de que se les suban los impuestos, ha sido el de anunciar que este viernes se aprobará un incremento de la tributación sobre los más ricos. Una medida meramente populista que en nada contribuirá a reducir el déficit –pues la práctica totalidad de la tributación de este y de cualquier otro país recae sobre la sufrida clase media– y que como mucho estimulará la fuga de capitales, agravando todavía más la crisis.

El segundo no es más que el enésimo parche a una legislación laboral tremendamente rígida que nos ha terminado convirtiendo en la economía europea con una mayor tasa de paro. En lugar de liberalizar a fondo las relaciones laborales, el Gobierno optó por un simulacro de reforma del contrato de trabajo y otro simulacro de reforma de la negociación colectiva. Ahora, vistos los pobres resultados alcanzados, propone suspender durante dos años la limitación para encadenar contratos temporales e implantar un nuevo contrato de formación y aprendizaje. En vez de optar por la liberalización, se elige la precarización.

Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos respaldados por el Estado central con el propósito de rescatar a las comunidades autónomas. Nueva improvisación, pues, pero ésta proveniente de los nacionalistas catalanes: en lugar de empezar con la reforma del insostenible modelo autonómico que nos ha abocado a la crítica situación actual, Mas-Colell reclama que el Estado central se endeude para tapar los agujeros regionales.

Con estos gobernantes tan irresponsables y cortoplacistas, lo extraño sería que estuviésemos en la senda de la recuperación.

Libertad Digital - Editorial