El contenido del Estatut, o España como colonia. Por Roberto Centeno

La inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del Estatut. Unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave.

Dos reflexiones previas: los miembros del Constitucional, que conociendo perfectamente su inconstitucionalidad, han dejado pudrirse más de tres años este desafío total a la nación, tendrán sin duda un veredicto muy duro por parte de la Historia. Y el gran responsable, José Luís Rodríguez Zapatero, si lo peor se confirma, quedará a un nivel similar a los hijos de Witiza y al obispo Oppas, cuya traición a su Patria la aciaga mañana del viernes 31 de julio del 711, a orillas del río Guadalete, llevaría a ocho siglos de terrible y cruel opresión, donde la cultura más floreciente de occidente sería aniquilada.

Además, increíblemente, el Estatut fue sometido a “referéndum” sólo de los “beneficiarios”, el 15 % de la población; pero al 85% al que perjudica nadie le preguntó nada. Y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.

Identidad

Sus redactores definen Cataluña como nación. Esta afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto, sin ésta idea el conjunto del texto carece de sentido. Simultáneamente niegan a España esta condición, una aberración histórica, que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España una de las naciones más viejas del mundo no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas enloquecidos apoyados por Zapatero, para quien España “es un concepto discutido y discutible”.

Sin embargo, Cataluña jamás ha sido una nación. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801 el imperio carolingio funda la Marca Hispánica una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante 200 años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal. A partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. El hijo Alfonso II recibió las dos herencias, y ambas mantendrían una gran autonomía que permitiría una política fuertemente expansionista. En 1479 Castilla contaba con 5 millones de habitantes y Aragón-Cataluña con uno, 6 millones con los que se haría un Imperio. La lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Esto son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.

Competencias

El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con “vínculos históricos”, su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etc, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.

Se tiene “derecho a la opción lingüística”. En realidad la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo, en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y donde el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las Cajas de Ahorro, cuyos beneficios “deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta”, aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como “nación soberana”, pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.

Financiación

La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación, e inspección de los impuestos propios, o lo que es lo mismo, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVAs de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país, los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.

En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si “no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA” (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro probados de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa -en 2008 crecieron 0,5 puntos por debajo de la media y 0,6 menos en lo que va de 2009, y es líder nacional en crecimiento del desempleo- en primer lugar no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad” para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña, deberá ser compensada.

En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios, y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.

Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión

“España nos roba” afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quien “roba” a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorro-inversión, son los más importantes.

Balanzas fiscales: Otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CCAA ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balaza fiscal. Según el BBVA, en el periodo 2001- 2005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas, en 2005 Cataluña habría aportado 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de ésta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 %- su parte en el PIB- de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.

Balanzas comerciales: Sólo en la de bienes, Cataluña obtuvo en 2005 un “superávit” con el resto de CCAA de unos 30.000 millones, más del doble del “déficit” fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el “superávit” es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.

Balanzas de ahorro- inversión: Gracias a su red de Cajas, un 70 % de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El “España nos roba” no sólo es una memez, es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad”.

Y una opinión autorizada del Sr. Bono en los pasillos del Congreso. “Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta”, y tan mala D. José y tan mala, pero su señoría votó por ello.

Cotizalia

Carta abierta de un nuevo parado. Por José A. Sanchidrián

Debido a la falta de actividad, este mes que comienza he pasado a engrosar las nutridas filas del paro. Quisiera aprovechar esta plataforma, en la que participo regularmente, para dirigirme a todas las personas que llevan un tiempo en esta desesperante situación, acaban de verse atrapadas en ella o están a punto de serlo.

No dañéis vuestra autoestima pensando que vosotros mismos sois merecedores, ni enteramente responsables, de estar desempleados. Pero tampoco creáis que habéis acabado así por una suerte de mal fario, ni como víctimas anónimas del ciclo económico y los desmanes financieros del extranjero. Sabed que un elevado nivel de desempleo, que se dispara en épocas de crisis, es la consecuencia inevitable de las decisiones de economía política emprendidas en el posfranquismo, que finiquitaron el desarrollo nacional en beneficio de unos pocos. Treintaiún años después puede apreciarse el resultado: las clases asalariadas son entre un tercio y la mitad de pobres, eso si tienen la suerte de conservar su empleo; y, de continuar así la cosa, no podrán jubilarse; las nuevas generaciones carecen siquiera de oportunidades; la clase política consigue un patrimonio pudiente, acumulando sueldos, complementos y pensiones por los que apenas tributan, que como poco duplican la renta de una familia normal; y los favorecidos del Régimen ganan millones con sus corporaciones multinacionales construidas a costa de las antiguas empresas estatales, regaladas por los partidos que financiaron para crear la componenda -orquestada en la camarilla de Juan Carlos I, heredero de Franco- de la Constitución de 1978. Los partidos de izquierda son una mentira, y los sindicatos, después de traicionar a la clase obrera, continúan medrando a costa de contener los conflictos sociales.

La forma de revertir esta situación pasa, irremisiblemente, por acabar con el engendro de la Monarquía de Partidos. Y esto solamente puede venir desde la sociedad civil. Urge que todos los damnificados del antidemocrático posfranquismo -Internet es el único modo de ponernos en comunicación- nos unamos para constituir un nuevo orden político en el que nuestros verdaderos representantes, y no los delegados de los serviles jefes de partido, se sienten en el Congreso. Sabed que esta es la singular esperanza que nos queda.

República Constitucional

El amiguísimo real. Por Editorial

Manuel Prado y amiguete del Juanca

La acostumbrada mendacidad de los medios de propaganda del Régimen se hace mucho más espesa cuando tienen que abordar asuntos que comprometen la reputación del Monarca. Del fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal han destacado su faceta empresarial y su carrera diplomática, sin atreverse a señalar lo que realmente le ha distinguido.

De todas maneras, Jesús Cacho, un periodista insólitamente audaz, nos ha desvelado en “El negocio de la libertad” la personalidad y las obras de ese majestuoso edecán. La trayectoria triunfal de Juan Carlos I ha estado asociada a la de distintos favoritos, a los que ha ido dejando por el camino: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, etcétera. Sin embargo, a la hora de prestar o negar su ayuda, el Rey siempre se ha atenido con Manuel Prado a la ley de las simpatías y no de las capacidades. Las relaciones que se basan en querer lo que cada uno posee son efímeras; en cambio, la amistad fundada en el carácter, y que se busca por sí misma, es permanente. Más allá de lo que Talleyrand lograba hacer con Napoleón (adivinaba su pensamiento más secreto, e invariablemente lo animaba a ejecutarlo) entre valido y monarca existía una afinidad especial. Así, a propósito del escándalo del Gran Tibidabo, el Rey confesó a Rubalcaba: “Manolo es ante todo mi amigo y no le voy a dejar ahora tirado”.


Al intendente real le cuadraba más la función de pedigüeño: de forma habitual llegó a pedir fondos para las campañas electorales de la UCD, para consolidar la institución monárquica y salvar la democracia, y hasta para poder utilizar las bases para la reconquista de Kuwait, algo que no acabó de sentar bien a los prebostes del emirato, que han intentando recuperar su dinero (el caso KIO). En la obra citada de Cacho, podemos leer cómo ese baluarte mediático de la Corona que es Luis María Anson, tras escuchar unas grabaciones, quería a toda costa que los negocios de Prado (que tendría que exiliarse) se desligasen de las finanzas de la Casa Real: si el escándalo llegaba a explotar, el entonces director del ABC tenía preparada la abdicación del Monarca a favor del Príncipe. Desde que Conde fue laminado a instancias de un Polanco que se convirtió en el máximo valedor de la Corona, ningún banquero, empresario o figurón mediático, ha llegado a gozar de tanta cercanía real. Ahora, Florentino Pérez y Pedro J. Ramírez aspiran a ser los privilegiados chambelanes del Reino partidocrático.

República Constitucional

Chantaje en Vigo. Por Arturo Pérez Reverte

Vigo. O sea, Galicia. España. Estado moderno –dicho sea lo de Estado con las cautelas oportunas–. Democracia constitucional con supuestos derechos y libertades de cada cual. En mi casa mando yo, resumiendo. Y mi amigo Manolo, que es un ingenuo y se lo cree, necesita cubrir un puesto de auditor. Es una oferta seria y bien remunerada. Así que publica un anuncio en la prensa local: «Se necesita auditor para empresa solvente». Y empieza el circo.

La cosa se encarna en inspectora de Trabajo y Asuntos Sociales, con todas sus letras. Hola, buenas, dice la pava. ¿Cómo es que solicitan ustedes un auditor, y no un auditor o una auditora? Mi amigo, que es hombre culto, conoce las normas de la Real Academia en particular y de la lengua española en general, y no trinca de la corrección política ni de la gilipollez pública, como otros, argumenta que auditor es masculino genérico, y que su uso con carácter neutro engloba el masculino y el femenino desde Cervantes a Vargas Llosa, más o menos.

No añade, porque es chico educado y tampoco quiere broncas, que no es asunto suyo, ni de su empresa, que una pandilla de feminazis oportunistas, crecidas por el silencio de los borregos, la ignorancia nacional y la complicidad de una clase política prevaricadora y analfabeta, necesite justificar su negocio de subvenciones e influencias elevando la estupidez a la categoría de norma, y violentando a su conveniencia la lógica natural de un idioma que, aparte de ellas, hablan cuatrocientos millones de personas en todo el mundo. Olvidando, de paso, que la norma no se impone por decreto, sino que son el uso y la sabiduría de la propia lengua hablada y escrita los que crean esa norma; y que las academias, diccionarios, gramáticas y ortografías se limitan a registrar el hecho lingüístico, a fijarlo y a limpiarlo para su común conocimiento y mayor eficacia. Porque no es que, como afirman algunos tontos, las academias sean lentas y vayan detrás de la lengua de la calle. Es que su misión es precisamente ésa: ir detrás, recogiendo la ropa tirada por el suelo, haciendo inventario de ésta y ordenando los armarios.

Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos». Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora, con tres palabras en vez de una, en anuncios que se cobran precisamente por palabras, o deberá atenerse a las consecuencias. Y a mi amigo, claro, se lo llevan los diablos. «O es un chantaje feminista más –se lamenta–, o mi anuncio despista de verdad, y algunas mujeres ignorantes o estúpidas creen que no pueden optar a ese puesto de trabajo. Lo que sería aún más grave. Si lo que tanta idiotez de género ha conseguido es que, al final, una mujer crea que ofrecer un trabajo de auditor es sólo para hombres y no para ella, todo esto es una puñetera mierda.» Etcétera.

El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable, competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–, le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo «puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. «¿Entonces, la legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. «¿Y qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.»

Es inútil añadir que, ante la perspectiva de un procedimiento judicial de incierto resultado, que iba a costarle más que las dos palabras suplementarias del anuncio, Manolo ha cedido al chantaje, y lo de auditor a secas se lo ha comido con patatas. «Auditor, auditora y auditoro con miembros y miembras», creo que pone ahora. Con mayúsculas. Tampoco está el patio para defensas numantinas. Esto es España, líder de Europa y pasmo de Occidente: el continuo disparate donde la razón vive indefensa y cualquier imbecilidad tiene su asiento. Como dice el pobre Manolo, «lo mismo voy a juicio, colega, me toca una juez feminista y encima me jode vivo». Intento consolarlo diciéndole que peor habría sido, en vez de auditor, necesitar otra cosa. Un albañil, por ejemplo. O albañila.

XL Semanal

Remedios Morales, crisis política y consuelos psicointelectuales. Por Federico Jiménez Losantos

Pase lo que pase, siempre nos quedará la Red. Y a los liberales, Libertad Digital. En el penúltimo aniversario –sólo un sádico iletrado lo llamaría cumpleaños- de la Constitución de 1978 todos los signos ominosos de un futuro sin futuro se multiplican. En parte, por cosas remediables pero sin remedio, como la crisis política española por consunción del régimen o de sus regentes. En parte, por cosas irremediables, como la propensión del ser humano a la supervivencia a cualquier precio, con tal de que sea barato. Y no se me ocurre remedio social más barato que la corrupción moral. Con suerte, no se entera ni el que lo paga.

Pero en el Fin de Semana de LD he podido comprobar que, pase lo que pase, siempre nos quedará la sociedad civil. Me llevaron a tan amable seguridad dos firmas recentísimamente incorporadas a nuestro periódico: Carmen Grimau y Remedios Morales. De la primera, recomiendo su crítica de Boris Vian en su última reencarnación editorial: No me gustaría palmarla, aunque me gusten más la preciosa edición y la brillante crítica que el libro mismo. De la segunda, los cinco artículos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí) que hasta ahora ha publicado en nuestro especial semanal sobre la sexualidad humana. Al menos, de esa mitad de la humanidad –"la mitad del cielo", hubiera dicho Mao Zedong, el más famoso e ignorado de los criminales sexuales en serie–, por la que siempre ha sentido rencor o curiosidad buena parte de la otra mitad.

No quiero privarles del placer del descubrimiento a quienes no hayan visto estas joyas. Sí me atrevo como lector a pedirles un par de cosas. A CG, que empezó escribiendo sobre el argelino Yasmina Khadra y hace esta semana referencia a la famosa canción de Boris Vian "Le deserteur", le pido la última o mejor bibliografía sobre el único con derecho a semejante título franco-argelino, que es Charles De Gaulle. ¿Cabe mayor deserción que llegar al Poder a lomos de la indignación militar por el abandono político de la Argelia Francesa y asegurar su "golpe de Estado permanente", un Vichy aceptable para los aliados, en esa parodia de la famosa "noche de los cuchillos largos" (cuando Hitler asesinó a Rohm y la aristocracia de las SA) que fue la matanza de Salan y los generales golpistas de la OAS? Como los datos sobre el asentamiento en el poder de De Gaulle se hicieron públicos en Mayo del 68 –involuntariamente gaullista al canonizar la V República– y tras el éxito de la novela y la película Chacal, historia del fracaso de la venganza de la OAS en Notre-Dame, donde debía ser asesinado De Gaulle, y ambas fuentes son de limitada fiabilidad, me gustaría leer lo que realmente pasó o se va sabiendo de lo que pasó. Simple curiosidad. ¿Hay un François Furet de la Algèrie Francaise?

En cuando a Remedios Morales, nombre o pseudónimo, sólo le pido que lo mantenga y siga aquí. Las sorpresas de la vida y las recompensas de la sociedad civil, que es como decir internet, son eso, sorpresas: remedios intelectuales contra la desolación moral de este tiempo menguado; remedios materiales contra la flacidez política de la arruinada España. Pero siempre nos quedará París, o sea, Madrid. Casi estoy por firmar:

Consuelo de la Red.

El blog de Federico

La lección de Solé Tura. Por M. Martín Ferrand

EL cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, acaba de sumar su voz al editorial que, con alarmante y disciplinada unanimidad, publicaron hace unos días los diarios de Cataluña. El reino de monseñor es de este mundo y, en sintonía con el tripartito instalado en la Generalitat, ha querido dejar constancia de «la preocupación e inquietud del pueblo catalán sobre el Estatut que es la norma fundamental de la configuración de muchos aspectos capitales de nuestra convivencia social» frente a la largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es, en lo ciudadano, como sería en lo religioso anteponer los mandamientos de la Santa Madre Iglesia al Decálogo que Dios Padre le entregó a Moisés en el Sinaí; pero doctores tiene, supongo, el Vaticano que le sabrán reprender.

La Constitución, de la que precisamente hoy celebramos aniversario, es la única «norma fundamental» de la convivencia española y los Estatutos que de ella se derivan han de entenderse como una más de sus destilaciones. Lo de la dignidad es otra cosa, más moral que política, que sobrepasa, por lo que tiene de individual e íntima, la dimensión del grupo. Los obispos catalanes vienen pidiendo el reconocimiento «de los derechos de nuestro pueblo a su identidad nacional». No es tan fácil como parece darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Jordí Solé Tura, uno de los padres de la Constitución que acaba de dejar este mundo, luchador por la libertad y catalán de raza, escribía en 1985 «Nacionalidades y nacionalismos en España», un libro que ha ganado fuerza y oportunidad en estos veinticinco años. En su introducción aseguraba el antes intelectual y profesor que político militante que «los nacionalismos llevan a un callejón sin salida porque implican la permanente puesta en duda del modelo político de la Constitución».

Perseverar hoy en el debate nacionalista y seguir enfrentando a la Nación con sus distintas nacionalidades, por mucho que ello pueda enfervorizar a monseñor Sistach, es una grave irresponsabilidad. El interés de un grupo social o político no debe anteponerse al de toda la Nación y menos todavía cuando la necesidad -la real, no la retórica- sacude a millones de parados y los pronósticos más solventes anticipan la continuidad de la crisis. El primum vivere es un mandato racional y ético que solemos olvidar por estos pagos.

ABC - Opinión

La Constitución, bajo la espada de Damocles del 'Estatut'

Se celebra hoy el 31º aniversario de nuestra Carta Magna, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado aún sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán.

TRAS LA CELEBRACIÓN popular organizada por José Bono el pasado viernes con motivo del XXXI Aniversario de la Constitución, hoy tiene lugar en el Congreso el tradicional acto institucional que este año cuenta con una novedad de gran trascendencia, ya que por primera vez desde 1978 asistirá un lehendakari, el socialista Patxi López. Se trata de un gesto más de la normalidad política que está siendo recuperada en el País Vasco merced al pacto de gobierno suscrito por el PSOE y el PP. Sin embargo, frente a este motivo de celebración, sigue pendiendo sobre la Carta Magna la misma espada de Damocles que hace tres años: la esperada sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá que establecer si el Estatuto de Cataluña desborda o no el marco constitucional.

La cuestión no es algo que afecte sólo a la norma catalana. Del fallo del Tribunal depende la propia subsistencia del actual régimen constitucional que los españoles aprobamos en 1978. Porque, en definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional.

Nuestra Constitución, a pesar de que no definía de forma nítida el modelo de Estado, puso las bases para que -mal que bien- funcionase el Estado de las Autonomías, y así fue hasta el año 2005, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto que rompía con ese modelo. El Rey ha dicho que el mayor valor de nuestra Constitución radica en el consenso con el que se hizo y con el que debería reformarse. Pues bien, la aprobación por las Cortes del Estatut ha significado de hecho una grave mutación constitucional, realizada por la puerta falsa de la reforma estatutaria e imponiéndola a la mitad de España, que no la aprobó, al votar el PP en contra de esa norma que después recurrió.

La Constitución, por supuesto, ha rendido un gran servicio al país para nuestra convivencia, y con ciertos retoques en algunos puntos concretos podría seguir siendo una magnífica Norma Fundamental. Pero mientras no se aclare el modelo de Estado, mediante un pacto de los grandes partidos, estaremos pendientes de que un Tribunal Constitucional muy diezmado y presionado nos señale si la Constitución sigue vigente en su plenitud o no. Si el Tribunal Constitucional no declarase inconstitucionales las líneas maestras del Estatut, la Constitución de 1978 dejaría de ser la primera norma de toda España. Pasaríamos del Estado de las Autonomías a las Autonomías sin Estado, ya que éste se quedaría tan hueco como una nuez vacía.

En estas circunstancias, la espada de Damocles que supone el Estatut pende de un hilo finísimo, que es la dignidad intelectual de un puñado de magistrados del Alto Tribunal, que tienen que decidir en medio de un ambiente exterior sumamente favorable a un fallo que no rebaje el contenido soberanista del texto recurrido. Por una parte, el Gobierno, que defiende la constitucionalidad del Estatut; por otra, el PP, cuyos máximos dirigentes aseguran que acatarán la sentencia, aunque sin referirse al fondo del asunto, ya que están deseando pactar con CiU después de las elecciones. Ello, sumado a las insistentes presiones del tripartito, de 12 periódicos de Cataluña y de todos los que han suscrito el polémico editorial. Si bien la opinión de los catalanes dista de ser uniforme, ya que 200 abogados de Barcelona han protestado contra su decano por suscribir el artículo de opinión. Aunque todo conduce a los magistrados a una sentencia complaciente con los poderes públicos, estos hombres han de actuar en conciencia para que la espada de Damocles no caiga haciendo añicos la Carta Magna.

REl Mundo - Editorial

La enfermedad del olvido. Por Ignacio Camacho

CUANDO la niebla de la muerte y del alzheimer empieza a envolver a los padres constitucionales -Cisneros, Solé Tura, Suárez- y a proyectar sus perfiles como estatuas senatoriales recortadas contra el horizonte brumoso de la Historia, la reivindicación de aquel tiempo fértil de grandeza creativa y concordia civil que fue la Transición se vuelve una necesidad inapelable para refrescar la atmósfera de una política envilecida por el sectarismo y degradada por la mediocridad. La desaparición paulatina de los protagonistas de la refundación democrática nos interpela desde el corazón de la memoria sobre la lealtad colectiva con que administramos su herencia de generosidad moral y compromisos de Estado, a punto de convertirse en un legado de cenizas aventadas por la desconfianza, la frivolidad y el olvido. La vigencia de la Constitución del 78 no significa sólo la clave de una larga estabilidad y un sólido marco de libertades, sino la permanencia de un aliento democrático y una voluntad plural capaces de aherrojar los viejos demonios cainitas del rencor y la sangre, responsables de tantos recurrentes desengaños.

El viento de la posmodernidad ha extendido una interpretación revisionista de la Transición que minimiza sus méritos para presentarla como una especie de pacto vergonzante urdido bajo el siniestro fragor de los sables y la presión de las frías bocas de los fusiles de febrero. Bajo este prisma de rupturismo retroactivo late la tentación de referenciar la legitimidad democrática en la fallida experiencia republicana del 31 frente a la acertada culminación monárquica del 78, saltando con voluntarismo dogmático por encima de las evidencias de un fracaso insoslayable. Empero, el desprecio de los valores de la Transición constituye además de una injusticia arrogante un grave error de apreciación objetiva: ni ha habido en los últimos tres siglos un período más fecundo de audacia política, inventiva jurídica y desprendimiento moral, ni el consenso fue una imposición táctica forzada por el miedo sino el fruto de la comprensión de una imperiosa necesidad de avenencia civil tras un largo y cruel ciclo de discordias impuestas y divisionismos obligatorios.

La Constitución simboliza ese acuerdo de mutuo respeto basado en la no dominancia de unos españoles sobre otros, un pacto de ciudadanía que puede haber sufrido el desgaste de su propio desarrollo pero permanece intacto en sus principios esenciales de convivencia plural. Los tradicionales homenajes de su aniversario no deberían ser, pues, el ritual más o menos protocolario de una simple efemérides histórica sino la sincera y actualizada profesión de fe en el constructivo espíritu de renuncia y concordia de nuestros padres fundadores. Algunos de ellos han muerto o permanecen en la bruma neuronal de la desmemoria pero las naciones no pueden permitirse la enfermedad del olvido.

ABC - Opinión

La causa de Haidar

El Gobierno español asegura que el marroquí había dado permiso de aterrizaje al vuelo que debía devolver a la activista independentista saharaui Aminetu Haidar a El Aaiún; el Gobierno marroquí lo niega y asegura que no va a cambiar de posición respecto a su decisión de retirarle el pasaporte y expulsarla. Es posible que haya habido algún malentendido, o que la difusión prematura de la noticia haya alarmado a las autoridades marroquíes. La versión que parece abrirse camino, en cualquier caso, es que el Gobierno español habría tramitado con ciertas argucias una autorización de sobrevuelo para una aeronave en la que viajaría Haidar, y que las autoridades marroquíes la concedieron de manera rutinaria, aunque el Ejecutivo la retirase más tarde al advertir la presencia de la pasajera.

Rabat había forzado una declaración conjunta de todos los partidos marroquíes respaldando la expulsión que hacía difícil la marcha atrás. Por eso se pensó que sólo una mediación internacional podría desbloquear el asunto. Madrid no descarta que tras el gesto firme de la noche del viernes el Gobierno de Mohamed VI flexibilice su posición atendiendo a las gestiones de la ONU, la UE y quizás Estados Unidos, cuya mediación ya fue decisiva para un acuerdo sobre el islote de Perejil, hace siete años.

En todo caso, las relaciones entre ambos países se han tensado al límite y el episodio, sea cual sea el desenlace, tendrá repercusiones políticas: en primer lugar, en el propio conflicto del Sáhara. El presidente del Senado marroquí, Mohamed Cheikh Biadillah, desplazado a Madrid para explicar la posición de su país, declaró el viernes que el asunto respondía a una maquinación argelina para boicotear el incipiente diálogo con el Polisario sobre una posible autonomía del Sáhara Occidental. Si esa opinión tuviera algún fundamento, el enviado marroquí tendría que haber reconocido que la actitud de su Gobierno ha sido la menos adecuada para alentar ese diálogo. Porque para que el Polisario aceptase ir por esa vía (un acuerdo de autonomía política que se sometiera a referéndum) tendría que haber un reconocimiento previo de la singularidad del territorio, y pruebas de la voluntad de democratización del régimen.

¿Qué credibilidad puede tener la autonomía ofrecida si el hecho de declararse de nacionalidad saharaui en la ficha de entrada es causa de retirada del pasaporte y basta para convertir a una disidente en exiliada forzosa?; y ¿qué democratización puede esperarse de un régimen que exige a una disidente que pida perdón al monarca por no declararse súbdita suya? Marruecos ha intentado endosar el problema de Haidar a España, ridiculizando las gestiones realizadas por Madrid; pero al hacerlo ha garantizado a la causa, que ya no sólo defiende sino encarna Haidar, una audiencia internacional amplísima, especialmente en España. Pase lo que pase ahora, ése es el resultado político de que Rabat haya actuado de manera arbitraria e inaceptable con Haidar.

ABC - Editorial

Un Gobierno insostenible. Por José María Carrascal

EL último número de la ministra de Cultura, el presidente y la vicepresidenta primera bate todos los records de descoordinación, improvisación, frivolidad, incapacidad, inestabilidad, cobardía y cinismo, los siete pecados capitales de un Gobierno que ni siquiera acierta ya cuando se equivoca. Que la ministra diga por la mañana que se cerrarán todas las webs que se dedican a descargas ilegales de internet, que por la tarde el presidente, ante la algarabía de los internautas, asegure que no se cerrará ninguna web, y que al día siguiente la vicepresidenta afirme que el presidente no ha desautorizado a la ministra, merece ir al Guinness de desgobierno. ¿A quién le daba razón doña María Teresa, a José Luis o a Ángeles? ¿O se la quitaba a los dos? Vaya usted a saber, como cuando lo del «Alakrana». Cuanta más impresión de coordinación quieren dar, más desbarajuste muestran; cuanta más firmeza aparentan, más clara es su debilidad; cuanto más presumen de eficacia, más meten la pata. Hace un año, el PP estaba solo en el Congreso. Hoy, quien está solo es el Gobierno, con todos los grupos criticándole, aunque alguno le venda sus votos a buen precio para no ser derrotado. Lo que deja aún más evidente su debilidad. Tenemos un Gobierno chantajeable, desde dentro y desde fuera. Ahora sabemos por qué lo primero que hizo la vicepresidenta fue hacer posar a las ministras para Vogue: todo iba a ser apariencia, nada, sustancia.

Nos queda el consuelo de que, esta vez, el gatillazo no se ha quedado en nuevo ridículo, sino que ha tenido una consecuencia positiva: dejar en evidencia esa Ley de Economía Sostenible, que no es economía ni es sostenible, sino decorado, ni siquiera de cartón, sino de papel, que se rompe al primer envite, como acabamos de ver.

¿Qué hacen las descargas de internet en esa nueva ley? Pues lo que el resto de sus componentes: bulto y humo para llenar el globo. El entero mandato de Zapatero ha sido un continuo lanzamiento de globos de colores, que acaban por desinflarse y caen a tierra, con daños más o menos graves: la negociación con ETA, el estatuto catalán, la crisis económica, los secuestros de los piratas, por no hablar de la Alianza de Civilizaciones, que no es un globo, es un dirigible a la deriva. Y cuantos más globos se le vienen abajo, más arrecia su sectarismo. Ya que no puede hacer una política verdaderamente social, demostrar al menos que a progresista no le gana nadie: matrimonios homosexuales, aborto, crucifijos, ¿será el puente de la Inmaculada Constitución el próximo en caer, por incluir a la Virgen? No creo, pues con las fiestas, como con los internautas, no se juega. Los parados pueden esperar, el progresismo, no. Lo malo es que el progresismo no da de comer. Yo diría que el verdadero progresismo es el que quita el hambre. Pero es que yo soy un reaccionario.

ABC - Opinión

Un ‘juicio’ islamista condenó a una mujer a morir por adúltera en Reus

# • Los Mossos arrestan a los nueve hombres que habían secuestrado a la joven.

# • La víctima logró huir de la masía en la que estaba retenida a la espera de la ejecución.

Un juicio islamista en toda regla. Como los que celebran los talibanes en Afganistán o las milicias extremistas en Somalia. Sin embargo, este proceso tuvo lugar en una masía aislada del Camp de Tarragona. Allí, nueve islamistas, todos ellos de origen magrebí, tenían retenida a una mujer a la que habían secuestrado.

La mujer fue juzgada por sus captores, que habían decidido constituirse en un tribunal islámico y la acusaban de adulterio. En virtud de su extremista visión de la ley islámica, la sharia, los secuestradores decidieron condenarla a muerte, según explicaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación.

Por suerte, en un descuido de los dos hombres que tenían encargado vigilarla, la víctima logró escapar de su cautiverio y alcanzar una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Según el relato que explicó a los agentes, sus secuestradores estaban planeando ejecutar en breve la sentencia de muerte.

EL JUEZ ORDENA PRISIÓN SIN FIANZA
Tras investigar la declaración de la mujer, los Mossos entraron la madrugada del 14 de noviembre en tres domicilios de las localidades de Reus (Baix Camp) y Valls (Alt Camp) y detuvieron a nueve hombres, todos ellos vinculados al movimiento salafista, una corriente ultraortodoxa del islam muy presente en las comarcas de Tarragona, pero que hasta ahora no se había visto salpicada por ningún incidente violento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha dado credibilidad a lo denunciado por la mujer y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de siete de los nueve detenidos. Están acusados de detención ilegal e intento de asesinato por el secuestro y la intención que tenían de ejecutar la condena a muerte que habían dictado contra la víctima. También se les imputa el delito de asociación ilícita.

Las especiales circunstancias de este caso, nunca antes visto en España, hizo que las investigaciones fueran llevadas a cabo por la Divisió d’Informació de la policía autonómica, la unidad encargada de los delitos vinculados al extremismo islamista y al terrorismo. La redada fue practicada por agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos, a los que no se avisó hasta pocas horas antes de que se llevara a cabo la operación, que fue mantenida en el mayor de los secretos.

CADA UNO EN UNA COMISARÍA
Una vez detenidos, y en una práctica muy poco habitual, cada uno de los arrestados fue conducido a una comisaría distinta para que no pudieran comunicarse entre sí.

La extrema confidencialidad del dispositivo, la participación de la Divisió d’Informació y el hecho de que los detenidos fueran todos musulmanes ultraconservadores llevó en un principio a pensar que se trataba de una acción contra una célula terrorista, algo que los Mossos negaron desde el primer día.

El Periódico

Manifiesto por la Dignidad de España

Manifiesto por la dignidad de España

Libertad Digital: Una docena de colectivos cívicos lanza un manifiesto por la dignidad de España

El Mundo: Grupos cívicos defienden la Constitución frente a las 'deslealtades nacionalistas'

Arrogarse y descargarse. Por Maite Nolla

Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

No es para desilusionar al personal, pero los internautas, blogueros y demás sois unos pardillos. Entiendo que es muy emocionante pensar que estamos ante la posible dimisión de la ministra de Cultura, que representa la entrada de un grupo de presión en el Consejo de Ministros. Bajo la apariencia de una radicalidad de izquierdas y de la defensa de la cultura, lo cierto es que a los que más perjudica el canon digital es a los que menos tienen. El canon es como el IVA, un impuesto que pagan los pobres más caro que los ricos. Cierto es que el canon ni siquiera tiene naturaleza tributaria –eso conllevaría cierta defensa por parte del pagano– pero es que, como el IVA, lo pagan todos por igual con independencia de su capacidad económica. Y la ministra representa todo esto. Lo mismo que el encarecimiento de productos que hoy en día son casi básicos, como los ordenadores o los teléfonos. Lo mismo que la desproporción inadmisible entre la protección civil y penal de la propiedad intelectual, y la escasa y ridícula de otro tipo de propiedades. Cortarle la luz a un inquilino moroso, declarado moroso por una sentencia, puede ser considerado como un delito de coacciones.

Como decía, sois unos pardillos, queridos. Pensar que porque Zapatero haya dicho que no se va a cortar internet, quiera decir que no se vaya a cortar internet, es de incautos. Necesitaría parte del artículo de Pablo Molina para que cupiera una lista de los embustes y contradicciones de Zapatero y de su Gobierno. Y parte del artículo de cualquiera de mis otros compañeros de Opinión, para hacer un listado de las víctimas que las mentiras de Zapatero han ido dejando por el camino.

Lo que si me ha llamado la atención es que en España arrogarse representatividades sea gratis. Lo vimos con la comedia editorial de Cataluña la semana pasada y lo estamos viendo ésta. Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas, es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

La cuestión es que lo que se pretende es cortar las comunicaciones para resolver pleitos civiles. Lo demás es perderse. Y pensar que Zapatero está en contra de eso es, simplemente, mentira. Zapatero no sólo es el promotor del estatuto de Cataluña, en el que cualquier ilegalidad tiene acomodo, sino que su partido preside, dirige y cobra del famoso CAC, que ya dijo que quería extender sus atribuciones, es decir, su censura, a internet. Y el CAC es lo mismo que el consejo que quieren crear la ministra y Zapatero: un órgano administrativo capaz de censurar a un medio –en este caso, una página– sin intervención judicial. Un estatuto y un CAC con los que está encantado uno de los representantes internautas, llamado Ignacio Escolar. ¡Un ex director de Público defendiendo la libertad!

Otra cosa, ¿desde cuándo una manifestación o una recogida de firmas millonaria ha servido para cambiar nada de alguno de los proyectos iluminados de Zapatero? Lo digo para ir midiendo los esfuerzos.

Libertad Digital - Opinión

El edén de Zapatero nos pilla un poco lejos. Por Juan Carlos Escudier

Tras descubrir que era de izquierdas todo lo que hacía, ya fuera bajar impuestos o subirlos, mejorar las pensiones de los pobres o dar cheques-bebé a los ricos, Zapatero nos ha revelado que cualquier cosa que proponga contribuye a cambiar el modelo productivo, y por eso el anteproyecto de ley de Economía Sostenible le ha salido tan largo. No es sólo lo del famoso coche eléctrico, que parece haber sido inventado por Miguel Sebastián mientras repartía bombillas de bajo consumo. Es que, a partir de este momento y con independencia de su contenido, cualquier iniciativa del Gobierno forma parte de su estrategia de “sostenibilidad”, ya sea la reforma de la ley del Registro Civil, la nueva regulación de las Cajas de Ahorro, el tradicional plan anual de Hacienda contra el fraude fiscal o la perpetuamente anunciada integración de los regímenes de la Seguridad Social.

Bajo esta premisa, sería injusto calificar el anteproyecto de errático compendio de propuestas inconexas o de absurda mezcla de churras con merinas. Visto así, la panoplia de planes, comités, comisiones interministeriales y futuras leyes, reglamentos y códigos que han de nacer al amparo de esta guía de la modernidad debe de ser contemplada como el programa de un visionario que pone el futuro por escrito para que nada se le olvide. Los parados habrán de tener paciencia, pero en cuanto se cambie la formación profesional y se presente el Plan de Competitividad Industrial 2020, no habrá albañil que no pueda reciclarse y participar de las oportunidades que se le abrirán en sectores tales como el aeroespacial, la biotecnología, las tecnologías sanitarias o de la información.

¿Imposible? Las Vegas era un páramo yermo del desierto de Mojave antes de que Bugsy Siegel pusiera en pie el Flamingo. Es verdad que a Siegel las cosas no le funcionaron a la primera y que sus colegas de la mafia prefirieron darle matarile antes que pedirle explicaciones, pero suyo será siempre el mérito de haber fundado la ciudad del neón y del pecado. Quizás en eso pensaba Rajoy cuando definía el proyecto de Zapatero como un luminoso en un solar vacío.

Nadie discute la necesidad de eliminar los trámites burocráticos para constituir empresas, aumentar la carga fiscal de las remuneraciones de los directivos, acelerar el pago a los proveedores antes de que se arruinen, modernizar la Justicia o elevar la eficiencia energética de los edificios públicos. Lo que no se entiende es que no se hubiera hecho antes y que ahora, su mero enunciado se presente como la revolución más importante que vieron los siglos pasados y los venideros. No queda más remedio que dar la razón a la oposición cuando afirma que de la chistera de Zapatero ya no salen conejos sino humo, algo que, por otra parte, no es propio de un abanderado de la lucha contra el cambio climático.

Estamos ante el improvisado intento de vestir un santo con retales, con el riesgo evidente de que el resultado sea un indescriptible adefesio. Prueba de ello ha sido la revuelta generada en torno a una disposición adicional de la ley, que dejaba en manos de un comité del Ministerio de Cultura la facultad de cerrar aquellas páginas web que, a su juicio, atenten contra la propiedad intelectual, pisoteando de paso varios preceptos constitucionales y saltándose a la torera el control judicial. Bastaron unas horas para que el presidente del Gobierno anunciara la modificación de este apartado, lo que confirma que el anteproyecto era demasiado largo para que se lo hubiera leído entero y que todo puede cambiarse si enerva a mucha gente, especialmente a potenciales votantes. ¿Qué rigor tiene una norma que ha de corregirse al día siguiente de ser presentada? ¿Cuál es el porvenir que espera a una ministra, la de Cultura, a la que se desautoriza de manera tan tajante?

Después de meses de espera y de la expectativa generada, la frustración respecto de la nueva regulación y de la estrategia que la acompaña está plenamente justificada. Es pobre en contenidos concretos, ya que se limita a proclamar principios cuyo desarrollo se pospone a fases posteriores, y técnicamente es lamentable. Sirva el siguiente ejemplo: se introducen como correcciones a la Ley de Mercado de Valores la adición de un párrafo en el artículo 25.2, se modifica los apartados 1 y 3 del 70 bis, se redacta de nuevo buena parte de 84.1, se amplía el 84.2, se cambia el 85.2, se modifican el 95, el 97.1, el 98.3, el 99, el 100 y el 101, se añade un 101 bis, se corrige el 102, se amplía el 106, el 107 y el 116. Si la cita ley exige tantas enmiendas, ¿no hubiera sido mejor plantear su reforma de manera independiente?

Sobre el mercado laboral conocemos que el Gobierno no transigirá con rebajar el coste de los despidos. Nada más hay sobre la mesa, a excepción del compromiso de trasladar a empresarios y sindicatos propuestas aún no definidas sobre negociación colectiva, bonificaciones a la contratación, fomento del empleo juvenil y de reducción de temporalidad. Eso sí, después de que en el último año se perdieran un millón y medio de empleos, se ha reparado por fin en que en ese país tan lejano y desconocido como es Alemania existe una fórmula que permite combinar la reducción de jornada con las prestaciones por desempleo, y se va a imitar por si aquí funciona. Nadie ha preguntado por qué esa medida no se puso en práctica cuando diariamente 6.000 personas se inscribían como parados en las oficinas del INEM.

Pese a la bondad de sus intenciones, Zapatero vive un auténtico drama: quiere convertir al país en un nuevo Silicon Valley en el que el I+D+i brote espontáneamente de las fuentes de los parques, sustituir al peón del pañuelo de cuatro nudos por el científico de bata blanca, conseguir energía limpia de la mar océana y de la vientos del norte y del sur y llenar las carreteras de silenciosos coches eléctricos. Su problema es que no tiene claro cómo se hace porque la fabricación de paraísos terrenales venía sin manual de instrucciones.

Entre tanto, se olvida que lo verdaderamente insostenible para una economía es tener una tasa de paro del 20% y que, aún iniciándose hoy mismo la salida de la crisis, es posible que pase una década antes de que se recuperen los niveles de empleo de 2008. ¿Pedimos a los parados que recorran sin agua el interminable desierto que nos separa de la tierra prometida? Es aquí donde el Gobierno tiene sus ausencias. Entre tantos planes de futuro, se echa en falta uno para el presente. Si Zapatero espera que patronal y sindicatos le hagan el trabajo es que es un ingenuo bastante irresponsable.

El confidencial

Con razón quieren acabar con internet. Por Pablo Molina

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz.

En la sociedad actual sólo se produce un escándalo mayúsculo cuando el protagonista no es de izquierdas o el asunto concreto no está incluido en la agenda progresista. En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

Libertad Digital - Opinión

Un chollo para el PP. Por M. Martín Ferrand

MÁS de una de las ministras amuñecadas que se gasta José Luis Rodríguez Zapatero son de alipori. No quiero decir con ello que muchos de los ministros de tan errático Gobierno sean mayores que ellas en edad, sabiduría y dignidad; pero disimulan mejor y no inducen al oprobio de la vergüenza ajena que tiene amustiados a los clásicos de la militancia socialista. La derecha tampoco luce con singular talento. Esteban González Pons, por ejemplo, se equivoca cuando pide la dimisión de la ministra de Cultura, la evanescente Ángeles González-Sinde. Es cierto que su proyecto de censura para Internet sobrepasa las líneas del más rancio totalitarismo y que es propio de chinos y cubanos; pero, ¿puede haber mayor chollo para un partido de la oposición que un Gobierno formado por personajes y personajas de tanta endeblez, sectarismo tan evidente, ignorancia latifundista y tan escasamente democráticos en sus planteamientos?

Lo que no sería justo es decir que el Gobierno se viene abajo o empeora. Lo que ocurre es que ha agotado su capacidad de disimulo y hasta los menos avisados son capaces de percibir que el responsable de Exteriores, como acredita el «caso Haidar», no sabe muy bien por dónde se anda. Debates artificiales y superfluos, como el del crucifijo en las escuelas, demuestran una escasez intelectual de mayor cuantía y son prueba de un sentido perverso de la política. No por su contenido, sino por su intención de forzar la reflexión en direcciones contrarias a las que exige el momento político y económico que sufrimos. Mientras el electorado se enzarza en discusiones accesorias, del aborto al crucifijo, no se enfrenta a la realidad social del paro y a la política del descoyuntamiento de la Nación y de las instituciones del Estado; como es el caso, entre risible y desesperante, del Tribunal Constitucional.

La situación es insostenible. Mientras nuestros socios en la UE comienzan a salir de la crisis, nosotros seguimos sumergiéndonos en ella y buscando cataplasmas que la alivien, como el último invento de la vicepresidenta que no manda, Elena Salgado, que predica el retraso de la edad de jubilación para sostener el sistema. Paridas. Bueno será aprovechar el puente que ya está en marcha, y que no nos podemos permitir, para serenar los ánimos y, sin pretensión electorera alguna, buscarle remedios drásticos a los grandes males que amenazan a la Nación y al Estado.

ABC - Opinión

Algo más que una anécdota. Por Andrés Aberasturi

La mayoría de los titulares de prensa coinciden en que han sido los internautas, las llamadas redes sociales, los responsables del frenazo y la marcha atrás que ha anunciado el presidente del Gobierno en relación con el increíble proyecto de la ministra de Cultura que pretendía cerrar páginas webs por decisión única de una extraña comisión. Y es cierto. Pero no podemos conformarnos con que, a última hora y casi sobre la marcha, se pare y se desautorice (aunque traten de disimularlo) ese disparate en proyecto; lo peor de todo esto es que se llegue a plantear una cosa así en un estado de derecho.

Es lógico que a un gobierno le asuste el ruido de la red, las manifestaciones convocadas y el malestar general, pero lo terrible es que nos coloquen a todos en esa frontera sin que nadie, desde dentro, avise de que se está a punto de vulnerar algo tan fundamental como la seguridad jurídica para la libertad de expresión. ¿Cómo que una comisión nombrada al afecto, decidirá si cerrar o no una pagina web? ¿Qué mente privilegiada ha redescubierto, sencillamente, la censura y cómo es posible que nadie en su entorno lo haya advertido?

Este no es un problema de González Sinde, al menos no es sólo suyo. Lo que viene pasando en España desde hace mucho tiempo es que los partidos y los gobiernos se creen por encima de Ley y una y otra vez se saltan la frontera como quieren. El problema es que las máximas representaciones del poder judicial están llenas de ilustres personalidades que llegan allí con su nombre, su apellido y la sigla que les ha colocado y así es imposible creer en su independencia. Y más imposible si a lo largo de los años han ido dejando por el camino tantas muestras de su comunión ideológica con los partidos.

Que un Gobierno democrático tenga que salir al paso a última hora del proyecto de uno de sus miembros, no resulta muy tranquilizador porque todo el mundo conocía ese proyecto y el dislate que representaba contra la libertad de expresión. Sólo el ruido de la red que ya era clamor, ha hecho dar marcha atrás sin que aun sepamos cómo se va a resolver el problema.

Otra historia es que la ministra de Cultura barra para casa y para los suyos, no para los de su partido sino para los de su profesión. Eso lo podemos discutir otro día, pero lo que hoy nos ocupa y nos preocupa es el sentimiento de desprecio a Ley que se ha apoderado de esta partitocracia nuestra. Es que no se trata sólo de una anécdota o de una metedura de pata de González Sinde; es que esta anécdota es el reflejo de una forma de entender lo que es el gobierno del país. Y no estoy exagerando: eleven un poco el listón y se encontrarán de bruces con el lamentable espectáculo coral del estatuto catalán.

Periodista Digital - Opinión

Marruecos toma el pelo a Zapatero

El avión que iba a trasladar a la activista saharaui Aminatu Haidar a El Aiún no puedo despegar porque las autoridades marroquíes no lo permitieron, después de acordar el vuelo con el Gobierno español.

EL GOBIERNO español se las prometía ayer muy felices cuando por la tarde el régimen de Rabat accedió a que Aminatu Haidar, en huelga de hambre en Lanzarote desde el pasado 16 de noviembre, pudiera retornar a El Aiún con un salvoconducto que garantizaba su seguridad.

Haidar aceptó poner fin a su huelga y subió a un avión medicalizado que, al parecer, no llegó a despegar porque en el último momento el Gobierno marroquí dio marchas atrás, dejando claro que no permitiría desembarcar a la activista saharaui.

Lo sucedido es una tomadura de pelo de Rabat, que pone en evidencia la debilidad con la que el Gobierno español ha manejado la crisis. Cuando la diplomacia española ya estaba celebrando como un triunfo el retorno de Haidar al Sáhara, el cambio de criterio marroquí produjo una verdadera consternación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había negociado frenéticamente en las últimas 48 horas.

Haidar había sido expulsada por el Gobierno marroquí el pasado 14 de noviembre tras aterrizar en el aeropuerto de El Aiún, con el pretexto de que ella se había negado a hacer constar en un impreso que era de nacionalidad «marroquí». Fue embarcada a la fuerza en un avión español y deportada a Lanzarote tras serle retirado su pasaporte. Asuntos Exteriores aceptó su entrada en España, alegando que tenía concedida la residencia en nuestro país.

Desde entonces, Haidar había permanecido en el aeropuerto de Lanzarote, tras rechazar las ofertas de asilo político o de concesión de la nacionalidad española, realizadas infructuosamente por el ministro Moratinos. Por el contrario, Haidar había presentado una denuncia contra las autoridades marroquíes y españolas por malos tratos que la Audiencia Nacional se negó ayer a admitir a trámite, declarándose incompetente.

Si el Gobierno de Zapatero tenía hasta ayer un problema, hoy adquiere proporciones mucho mayores puesto que queda en evidencia su incapacidad para solucionar esta crisis y el chantaje que está practicando Marruecos, que llegó a condicionar el retorno de Haidar a que ésta pidiera perdón al monarca alauita, como si hubiera agraviado a un señor feudal.

El Gobierno de Rabat no tenía ninguna razón para expulsar a esta mujer, que, según sus propias leyes, es una ciudadana marroquí. Su rechazo a declararse de esa nacionalidad es un gesto político, no un delito. Si Zapatero aplicara la misma lógica, tendría que expulsar a los catalanes o los vascos que niegan -cuando tienen oportunidad- su condición de españoles.

El Gobierno ha claudicado ante Marruecos en la defensa de los derechos humanos y no ha apoyado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por otro lado, Marruecos ha boicoteado de forma sistemática todas las resoluciones de la ONU sobre la antigua colonia española y ha torpedeado todas las iniciativas de intermediación internacional.

Y además, Rabat ha maniobrado de forma sucia para crear al Gobierno español un problema que no es suyo. Su actitud ha sido totalmente inamistosa, como han admitido algunos dirigentes del PSOE.

Por mucho que el Gobierno quiera restar importancia a lo sucedido ayer, ha quedado claro que Marruecos se ha comportado como un vecino hostil y que su estrategia ha sido la de poner en el disparadero a Zapatero. Ello merece una contundente respuesta diplomática: el Gobierno debería hoy mismo llamar a consultas a nuestro embajador y transmitir a Rabat que sus gestos inamistosos tendrán consecuencias en el futuro.

El Mundo - Editorial

Nuevos compromisos. Por José María Marco

Después de tanta retórica contra Estados Unidos y contra la fuerza como medio de defensa, el Gobierno socialista seguirá manteniendo tropas españolas en un conflicto internacional, algo que no ocurría desde Felipe González.

Al final, Obama ha hecho lo que tenía que hacer. El discurso de West Point ha sido confuso, no habla de victoria, da un plazo absurdo –y destinado tanto o más a calmar a los demócratas de izquierdas que a presionar a Karzai–, intenta no repetir la retórica de Bush sobre la movilización a favor de la democracia, huye de cualquier apariencia de arrogancia... Siendo todo esto así, también es verdad que la administración norteamericana manda 30.000 hombres a la lucha (antes guerra) contra el terrorismo islámico. Sumados a los 21.000 que ha enviado desde primeros de años, Obama habrá mandado 51.000 hombres. Y sumados éstos a los que ya había, a finales de 2010 tendrá 100.000 compatriotas jugándose la vida en Afganistán.

En cierto sentido, la decisión era la que se podía esperar. Obama llegó diciendo que la guerra buena era la de Afganistán y que, por tanto, esa era la que había que ganar (la mala, la de Irak, se daba por ganada). Por mucha ironía que haya en el hecho de que se apliquen ahora estrategias parecidas a las que se utilizaron para ganar la otra guerra, era difícil aceptar la nueva posición de la izquierda del Partido Demócrata, según la cual todas las guerras son igual de malas y había que retirar las tropas de Afganistán cuanto antes. Quien votó por Obama, por mucho que lo hiciera movido por los dulces sentimientos que fluyen del pensamiento utópico, votó por la continuación de la presencia de Estados Unidos allí. El "Yes we can" también quiere decir que se puede ganar –o gestionar bien, según la neolengua aceptada hoy en día– el "conflicto" afgano.

La decisión, como se sabe, no ha sido fácil por la presión a la que la Casa Blanca ha estado sometida, presión que la propia administración había suscitado. Incluso ha habido que superar un surrealista Premio Nobel concedido para que hiciera exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer. Después de estos meses agónicos, surge una nueva situación.

Está por ver si las tropas enviadas son suficientes, si desde la Casa Blanca se puede conseguir que la opinión pública norteamericana apoye la nueva estrategia, si los talibán dejan de encontrar refugio en Pakistán y si la población afgana, como ocurrió en Irak, empieza a perder el miedo a los terroristas.

Ahora bien, cuanto más difícil se pongan las cosas, más valdrán, en las relaciones internacionales, los aliados que apoyan a Estados Unidos en su nuevo compromiso. Resulta que entre estos aliados está España. Se le llame guerra o no, el caso es que hay 998 soldados españoles destacados en el conflicto de Afganistán y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está dispuesto a enviar más. Son mejorables muchas cosas: la dotación, la estrategia, las reglas de intervención... Pero si los militares españoles no estuvieran allí, no habría discusión posible.

Después de tanta retórica contra Estados Unidos y contra la fuerza como medio de defensa, el Gobierno socialista seguirá manteniendo tropas españolas en un conflicto internacional, algo que no ocurría desde Felipe González. Es de suponer que nadie quiere perder esta guerra: así que España estará entre los más interesados en acabar con el terrorismo islámico. Y si Alemania y Francia se abstienen de mandar más tropas, y España ayuda a Obama en este trance, también estará entre los tres grandes países europeos que se comprometen en los momentos difíciles. Rodríguez Zapatero habrá abierto, insinuando que hace lo contrario de lo que está haciendo, una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos.

Libertad Digital - Opinión

Insostenible en 24 horas. Por Ignacio Camacho

EN menos de horas veinticuatro el Gobierno ha autosaboteado su ley fetiche de Economía Sostenible, marcándose en propia puerta con una torpeza inusitada el gol de la enmienda de la censura en Internet. La ministra de Cultura ha quedado en evidencia, desautorizada y puesta en solfa por el de Justicia y por el mismísimo presidente que en mala hora la nombró, mientras todo el equipo gubernamental volvía a poner de manifiesto su descoordinación y falta de diálogo interno. La crisis del «Alakrana» demostró que no hablan entre ellos, y ahora unos por otros se han enredado en un lío que ha ensordecido la feliz alharaca con que el Gabinete festejaba su proyecto estrella. Ni siquiera han necesitado tropezar con la oposición; esta vez se han pisado ellos solos su propia manguera.

Para los anales queda el hito de un Zapatero obligado a envainarse en tiempo récord una ocurrencia. No le quedaba más remedio porque el asunto afectaba a uno de sus graneros electorales más queridos, el de los jóvenes entusiastas de las nuevas tecnologías. Con esos pocas bromas. Al presidente le va la marcha de pisar callos de sectores sociales cuyo voto da por perdido, pero esta vez se trataba de una oleada rebelde entre un núcleo sensible de sus propios apoyos. En la Red se estaban formando espontáneas ciberbarricadas y esa manifestación, incorpórea pero masiva, sí le importaba. Tuvo que salir de inmediato con bandera blanca aunque fuese para echar a los leones a González Sinde, que apenas unas horas antes había dicho a un improvisado comité de blogueros que nadie puede cambiar una ley en una reunión. La ministra, que no es de las que no tienen a dónde ir, ya está tardando en presentar su renuncia.

En todo caso, la turborrectificación zapateril ha dejado tocado del ala su proyecto más publicitado. Nadie sabe qué pintaba el asunto de las descargas piratas en una ley llamada de Economía Sostenible, pero es el problema de utilizar un mantra como celofán político para envolver cualquier cosa. Si se llamase Ley de Economía Productiva, o de Recuperación Económica, quedaría voluntarista pero comprensible. Sin embargo el Gobierno ha preferido apelar a ese tópico de la sostenibilidad para respaldar su tenue intento de reformismo económico, un totum revolutum de medidas alicortas en el que algunos técnicos han debido de pensar que cabía todo lo que se les pasara por la cabeza, y al primer tapón descorchado ha salido zurrapa. Los abogados de la SGAE y del clan de artistas se acogieron a sagrado para colar un párrafo a su conveniencia que ha convertido la flamante norma en un tropiezo-express. En un abrir y cerrar de ojos, en lo que dura un relampagueante pantallazo de ordenador, los internautas se han cargado el invento emitiendo sobre la tal ley un diagnóstico demoledor: es tan insostenible que el Gobierno no la ha podido sostener ni un triste día.

ABC - Opinión