Recorte. El ejemplo de Cospedal. Por Emilio J. González

Si esta es la política –inspirada en lo que viene haciendo desde hace tiempo Esperanza Aguirre en Madrid– que va a seguir el PP si gana las elecciones generales, creo que este país puede tener solución..

María Dolores de Cospedal me ha sorprendido con su drástico plan de recorte del gasto público. No sé si es por ideología o por necesidad, pero lo cierto es que si esta es la política –inspirada en lo que viene haciendo desde hace tiempo Esperanza Aguirre en Madrid– que va a seguir el PP si gana las elecciones generales, creo que este país puede tener solución.

El plan de Cospedal entiende que las autonomías no son Estados en miniatura ni, por tanto, tienen que repetir la estructura institucional de la Administración central, lo cual no supone más que un derroche permanente de recursos. Las comunidades autónomas, en realidad, están para prestar servicios a los ciudadanos en razón de su mayor proximidad. Es una cuestión de eficiencia porque, al estar más cerca de los contribuyentes, pueden conocer mejor sus necesidades y actuar en consecuencia. Ello, sin embargo, no implica reproducir el modelo de Estado a escala regional; tan sólo dotarse de los instrumentos adecuados para el ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye a las autonomías. Sólo eso y nada más que eso.

El plan entiende que los presupuestos públicos no son, ni tienen por qué ser, una bolsa común en la que los gobernantes pueden meter la mano a su gusto para colocar a sus amigos y correligionarios a través de los contratos laborales y las empresas públicas. El dinero de todos los ciudadanos no está para eso, y menos en unos momentos en que empresas y familias necesitan de esos recursos más que nunca para poder sobrevivir y salir adelante. De la misma forma, los presupuestos no son un abrevadero sin fondo al que puedan acudir todo tipo de organizaciones en busca de unos recursos que deberían proceder de sus afiliados y de los servicios que puedan prestar a la sociedad. Por ello aplaudo la supresión de las subvenciones a sindicatos y patronales y lamento que no se extienda esta medida a todos los demás colectivos y asociaciones que viven del presupuesto.

Por último, me parece igualmente importante el valor que ha demostrado Cospedal con la presentación de este plan, con el que va a pisar muchos callos y muy dolorosos. Sin embargo, y sabiéndolo, la presidenta de Castilla-La Mancha no se ha andado con los complejos que suelen caracterizar a la derecha española y ha cogido de verdad el toro por los cuernos, huyendo de subidas de impuestos para mantener los privilegios de la casta política regional aunque con ello se hundan empresas y familias. Por supuesto, los perjudicados, los ‘indignados’ y demás fauna que pulula por estos pagos se le van a echar encima. Pero si queremos sacar a España de la crisis, todos los niveles de la Administración tendrán que transitar por esta misma senda en la que acaba de entrar Cospedal. Esperemos que cunda el ejemplo.

Libertad Digital – Opinión

Sería bueno. Por José Antonio Vera

Que CiU forme parte del acuerdo para la reforma de la Constitución es bueno, y harán bien PP y PSOE en esforzarse para que ese respaldo se produzca. Al fin y al cabo, lo que se pide es asumido por el consejero de Economía de la Generalitat, que comparte el criterio de contención del déficit emanado de Bruselas, sólo que bajo su punto de vista debería pronunciarse el Parlamento catalán. Bien, ahí se puede trabajar, buscando fórmulas flexibles que permitan recoger que las Autonomías deben secundar los principios de estabilidad de la Eurozona, e igualando los topes de déficits del Estado y de las Comunidades. Al fin y al cabo, no queda otra. Cataluña no puede ir contra el criterio común de la Unión Monetaria. ¿Acaso si fuera independiente podría hacerlo? Evidentemente, no. Por eso lo que procede es buscar un camino de consenso que deje la puerta abierta al pronunciamiento, de acuerdo con el criterio común europeo, de los parlamentos autonómicos. No es necesario, pero se podría acceder a ello. Eso sí, lo que no cabe ahora es la mención al tope de solidaridad que plantea CiU, o la referencia al derecho a la autodeterminación formulada por el PNV. Que los abertzales no estén en el pacto casi es indiferente, pues no formaron parte del consenso constitucional. Pero el respaldo del nacionalismo catalán y en su caso del canario, sin ser necesario, sería bien recibido.

La Razón – Opinión

Duran i Lleida. La amenaza del fantasma. Por Maite Nolla

El miedo de los nacionalistas es que si las obligaciones vienen de Europa, difícilmente van a encontrar a un Pascual Sala o a una María Emilia que hagan jamalají-jamalajá con las leyes europeas, como hicieron con la Constitución.

Vaya cómo se han puesto los nacionalistas ante la mera sospecha de una especie de LOAPA europea. Y es que la posibilidad de que Europa o de que los alemanes hayan decidido imponer obligaciones verdaderas e ineludibles, explica que Duran se pusiera hecho un basilisco el pasado martes. Total, la reforma de la Constitución deberá concretarse en una ley y aplicarse efectivamente, y allí los nacionalistas tendrán su oportunidad de influir, si tienen votos para ello. Y si no tienen votos, no sería la primera vez que se pasan las leyes o las sentencias de los más altos tribunales por dónde yo les diga. Por cierto, en su puesta en escena resultó de lo más tierno que Duran dijera que no se pueden ignorar las sentencias del Tribunal Constitucional alemán sobre la solidaridad entre los länders. Otro que le da al estramonio o que tiene una cara que no puede con ella: nos alegan jurisprudencia alemana los que se han manifestado en contra del Constitucional español.

El miedo de los nacionalistas es que si las obligaciones vienen de Europa, difícilmente van a encontrar a un Pascual Sala o a una María Emilia que hagan jamalají-jamalajá con las leyes europeas, como hicieron con la Constitución. Además, el recurso a las amenazas faroleras tiene un problema: el PSC no está por la labor. Les recuerdo que cuando se manifestaron en la víspera de la final del Mundial –entre un millón y medio de nacionalistas, según algunos, y poco menos de cien mil, según la técnica– el que encabezó la manifestación era el líder de los socialistas en Cataluña. Incluso el presidente de la patronal se volvió antisistema. Por eso, si no pasó nada después del presunto agravio que supuso la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, pese a que excepto PP y Ciudadanos todos los partidos políticos, sindicatos y la patronal se unieron al desafío, no veo yo al pueblo catalán movilizado en contra del límite al déficit estructural. Además, estaría bien que se ahorre el anuncio de la llegada del apocalipsis y del caos. Si sus amenazas son de verdad lo tiene muy fácil rompiendo con el PP de Cataluña, que les está apoyando de mil amores en todo. Se empieza por lo cercano y luego, si eso, ya vendrán los choques de trenes a la altura de la estación de Monzón de Río Cinca. Menudo fantasma.

Algo se ha roto, dice Duran citando a Felipe González y a Miquel Roca; puede que sea su juguete.

Libertad Digital – Opinión Opinión

Cospedal marca el camino

La reforma constitucional pactada por PP y PSOE sobre la estabilidad fiscal era imprescindible para evitar situaciones críticas como la de Castilla-La Mancha, después de años de gestión caótica e ineficiente de las administraciones socialistas. Con una regla de estabilidad presupuestaria que hubiera obligado a los gobernantes castellanomanchegos a un equilibrio presupuestario se habrían evitado los desmanes que han conducido a esa región a un callejón con la única salida del ajuste severo en las cuentas públicas.

La presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presentó ayer un plan de choque que supone el mayor recorte del gasto corriente de la historia del país en las cuentas para 2012. La propuesta es de una reducción del 20%, con un ahorro de 1.815 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año. El objetivo es intentar cumplir el déficit del 1,3% del PIB establecido por el Gobierno para las regiones.

La intensidad del plan está determinada por el enorme agujero económico que dejó el Gobierno socialista. Además de los 1.742 millones de euros en facturas sin pagar cuando la anterior administración sólo reconoció 700, en junio el desequilibrio contable era ya del 4,8% cuando el máximo fijado era el citado 1,3% para todo el año.

Ese balance de práctica quiebra exige sacrificios importantes y una cirugía de hierro en el gasto, porque no hacerlo conduciría al colapso de la administración. Cospedal trazó ayer un plan adecuado a las críticas circunstancias que cuenta con la ventaja de que las nuevas prioridades del gasto público garantizan unas prestaciones adecuadas en Sanidad, Educación y el resto de servicios sociales básicos. Todo ello a coste cero, porque no subirá los impuestos.

El plan incluye la venta de inmuebles sin uso y de otros que posteriormente la Junta alquilará, la venta de acciones en sociedades privadas, venta de vehículos de propiedad pública, eliminación de organismos que supongan duplicidad de competencias con el Estado como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social de la Comunidad, desaparición de cerca del 90% de empresas públicas, privatización de la TV autonómica, reducción de 550 liberados sindicales, más horas lectivas para los profesores, supresión de subvenciones directas a sindicatos y patronales y suspensión temporal de obra nueva en infraestructuras, entre otras. Es una hoja de ruta posible, medida y, sobre todo, imprescindible, que otras administraciones del país tendrán que secundar más pronto que tarde con mayor o menor intensidad.

Cospedal ha demostrado hasta qué punto la gestión pública en este país había desbordado el cauce del sentido común y del rigor con los gobiernos de izquierda. La renuncia expresa a unas cuentas saneadas y a una ejecución presupuestaria disciplinada ha puesto en peligro la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. La presidenta regional ha asumido su responsabilidad con la convicción de que la recuperación del equilibrio es la única forma de que la región se recupere de una etapa negra.

La Razón – Editorial

Recorte de laboratorio

Cospedal anuncia medidas de ahorro para sufrir la contestación social al empezar su mandato.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer un recorte del 20% en los Presupuestos Generales de la Región para 2012. La iniciativa desborda los límites de un presupuesto autonómico, puesto que tanto la dirección del Partido Popular como la propia Cospedal han reiterado su voluntad de convertir Castilla-La Mancha en el laboratorio de las políticas de Mariano Rajoy en caso de llegar al Gobierno central. De ahí la insistencia de Cospedal, ayer, en subrayar que el ahorro no se extendería a los gastos sociales y que no habrá subida de impuestos.

La conciencia de la crisis económica que tienen hoy los ciudadanos convierte el momento inmediatamente posterior a unas elecciones en una ocasión propicia para revisar las cuentas públicas, minimizando el coste político. Ese parece ser el cálculo detrás del anuncio de Cospedal, y cuya efectividad espera calibrar la dirección de los populares con la vista puesta en las elecciones generales de noviembre. La idea sería ejecutar de inmediato los planes de austeridad que pueden suscitar contestación social, y disponer del resto de la legislatura para recuperarse del desgaste.

Falta que a Cospedal le salgan las cuentas respetando los límites del gasto social, como ha avanzado, y el nivel de impuestos que se ha comprometido a respetar. En caso de que haya sobrevalorado el ahorro que suponen las medidas anunciadas, su Gobierno regional, lo mismo que un eventual Ejecutivo central en manos del PP, se vería en la obligación de desdecirse y de provocar una conflictividad tal vez mayor y en un momento más difícil, no ya para su partido, sino para el conjunto del país.

La presidenta ha buscado transferir la responsabilidad del recorte al anterior Gobierno socialista. No es la primera vez que asume la columna del haber desentendiéndose de la del debe. La salida de Barreda y su propia llegada a la presidencia de Castilla-La Mancha están marcadas por un hecho que nadie debería ignorar: el estallido de la crisis económica más grave que se ha padecido desde 1929. Ni el anterior Ejecutivo regional puede excusarse enteramente en este hecho, ni Cospedal olvidarlo por completo.

El anuncio contiene en todo caso un elemento de valor incuestionable: los ciudadanos ya tienen un esbozo claro de cuales son las ideas que maneja el PP para afonntar la grave crisis económica en el caso más que probable de que gane las elecciones generales de noviembre.

El País – Editorial

Cospedal, en la dirección adecuada

La secretaria general del PP y presidenta de la región, prometió reducir el presupuesto autonómico en un 20% para así cumplir con el objetivo de déficit que José María Barreda había incumplido y despreciado con absoluta ligereza.

Si el Partido Socialista ha llevado a las finanzas públicas al borde del abismo –y éste es un hecho incontestable–, cualquiera podía entender que resultaban imprescindibles enérgicos planes de ajuste que convirtieran el déficit en superávit y que les permitieran a los inversores confiar en la solvencia de nuestro país. Era algo de puro sentido común que, sin embargo, no había calado entre nuestros políticos manirrotos: sedientos de gastar sin control para mantener las sinecuras electoralistas, ninguno se atrevía a dar un paso adelante y concluir que la fiesta había terminado.

Es cierto que en algunos casos, como el de Esperanza Aguirre, las cuentas públicas estaban lo suficientemente limpias como para no requerir de ningún plan de choque, pero en otros, especialmente allí por donde había pasado el PSOE, esos planes no sólo eran imprescindibles, sino también urgentes. Afortunadamente, no todos dentro del PP se han dormido en los laureles y algunos ya han empezado a coger al toro por los cuernos.

Es el caso de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que ayer anunció el mayor recorte del gasto de nuestra democracia. En concreto, la secretaria general del PP y presidenta de la región, prometió reducir el presupuesto autonómico en un 20% para así cumplir con el objetivo de déficit que José María Barreda había incumplido y despreciado con absoluta ligereza. Para que nos hagamos una idea, desde 2007 a 2010, el mandatario socialista incrementó la deuda pública de Castilla-La Mancha desde los 1.800 millones de euros a los 5.800 millones, esto es, desde el 3,4% del PIB regional al 16,2%.

Parece claro que la situación era insostenible y que se han comenzado a tomar las medidas adecuadas. Eso sí, es probable que ni siquiera esta significativa poda baste para equilibrar nuestras cuentas, por lo que el PP deberá seguir dispuesto a ahondar en esta línea de austeridad no sólo en la región, sino también en la Administración Central. De momento, no podemos más que constatar que los populares están avanzando en la dirección adecuada.

Libertad Digital – Editorial

Muy mal. Por Toni Bolaño

Muy mal deben estar las cosas para que la política española nos regale una inédita foto de unidad entre PP y PSOE para reformar la Constitución. Muy mal deben estar las cosas para que Rajoy se moje. Muy mal deben estar las cosas para que este pacto llegue, en un abrir y cerrar de ojos, a tres meses de las elecciones.
Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le dé a Rajoy los argumentos y la justificación para aplicar recortes cuando llegue, si llega, al Gobierno. Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le haga este regalo envenenado a Rubalcaba en puertas del 20-N y que éste lo acepte como mal menor.

Muy mal deben estar las cosas cuando cedemos soberanía sin apenas debate. Muy mal deben estar las cosas cuando los partidos nacionalistas se limitan a hacer aspavientos ante la iniciativa de socialistas y populares pero su griterío no va más allá.

Muy mal deben estar las cosas cuando sindicatos y empresarios están dispuestos a prolongar la contención salarial por varios años. Muy mal deben estar las cosas cuando se acepta que se alargue la temporalidad de los contratos porque se piensa que más vale un empleo precario que un parado.

Dicen que todo se hace por el bien del país, pero el bien del país lo pagarán los ciudadanos rascándose, todavía más, su esquilmado bolsillo. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. Todavía queda por venir «el tío Paco con las rebajas» en forma de Ley Orgánica. Lo dicho, muy mal deben estar las cosas para llegar hasta aquí en el enésimo intento de calmar la codicia de los mercados.

La Razón –Opinión

Rajoy. En confianza. Por Agapito Maestre

Si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa?

He leído que Rajoy ha escrito su biografía. El título es En Confianza. Poner la palabra "confianza" con mayúscula en ese título es un error gramatical del editor, y quizá del autor, un poco bobalicón, absurdo, que pudiera hacer al lector entrar en desconfianza sobre un libro de campaña electoral. Pero, más allá de saltarse la regla ortográfica, no creo que el género literario elegido por Rajoy sea el más oportuno ni el contenido, los datos más o menos personales del biografiado, el más inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta que El PP, según todas las encuestas, estudios y opiniones que he consultado, arrasará al PSOE el día 20-N.

A la altura de esta legislatura, y después de presentarse como candidato a dos elecciones generales, Rajoy no necesita crearse una "nueva" imagen. Es algo ocioso. Sobra. Hace tiempo que la tiene y, por cierto, muy bien construida con la ayuda de su oponente principal en las dos últimas legislaturas; Rajoy es la otra cara, por suerte para él, de la política calamitosa de Zapatero. Rajoy es el lado positivo de la política que esperan los españoles. Lo único que quieren de él los españoles es que haga con decencia lo que el otro ha hecho rematadamente mal. ¿Quién pondrán en duda a estas alturas que Rajoy es una buena persona? Pocos. Quizá nadie se preocupe por tal asunto, mientras que serán muchos a los que les gustaría saber de forma más detallada cuál es su programa. Algo que en una biografía difícilmente hallarán.

Creo que Rajoy se equivoca al publicar su biografía, entre otros motivos, porque falta el capítulo más interesante para el lector de libros biográficos. Y si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa? Ese capítulo, obviamente, aún no está escrito, porque Rajoy aún no lo ha vivido. Difícilmente puede contarse en una biografía lo que no se ha experimentado. En verdad, creo que el capítulo más interesante de la vida de Rajoy será su paso por la presidencia del gobierno de España. Por eso decía que el género literario, la biografía era inoportuno, cuando la gente en una campaña electoral lo que demanda es un programa claro y conciso sobre las alternativas al socialismo de Zapatero. En fin, la confianza, ganarla o perderla, es más una cuestión de ejercicio que de origen. Tengo la sensación de que este ejercicio de Rajoy era prescindible; o peor, sospecho que la publicación de este libro ayudará más al editor que al autor, a pesar de lo que digan los mercachifles que asesoran a Rajoy en esta campaña electoral.

Libertad Digital –Opinión

¿Será capaz Rajoy de hacer las reformas que hacen falta? Por Federico Quevedo

Para subir al Monasterio de Armenteira, en la comarca de Ribadumia, provincia de Pontevedra, se puede utilizar el coche por carretera -o la bici-, o se puede subir andando por la llamada Ruta de los Molinos. Son cinco kilómetros de una belleza considerable, en plena naturaleza, franqueando un río que a su vez alimenta con sus aguas las piedras de viejos molinos, algunos restaurados y todos en desuso, que se confunden con el paisaje.

El descubrimiento de esta ruta y su aprovechamiento hay que reconocérselo a la Diputación de Pontevedra, porque merece mucho la pena hacer el recorrido. Bien lo sabe Mariano Rajoy, que lo hace una y hasta dos veces al día acompañado de algún amigo con el que luego toma un café en la única taberna que da cobertura al caminante que llega al Monasterio de Armenteira, herencia románica que los monjes abandonaron hace siglos y que fue recuperado para su disfrute por un hijo de Valle Inclán, quien consiguió también que la Iglesia designara una orden de religiosas para habitarlo de nuevo. La subida, puedo asegurarlo, es maravillosa, y contribuye a la paz interior como pocas cosas lo hacen.

No es que Mariano Rajoy necesite mucha, no lo sé, pero dado que a lo que se enfrenta a partir de este final de verano es de una envergadura notable, supongo que no le habrán venido nada mal esos largos paseos por la Ruta de los Molinos, para aclarar ideas y dar firmeza a sus convicciones. Siempre le he escuchado decir que sabe qué tiene que hacer, y que lo va a hacer cueste lo que cueste... Es satisfactorio oírlo, porque no todos los políticos actúan así: todavía recuerdo cómo el PP utilizó en su provecho el escándalo del ático de José Blanco en Villa PSOE, en la Illa de Arousa, y cuando ganó las elecciones Feijóo y pudo corregir las ilegalidades que allí se cometieron, si te he visto ni me acuerdo.

El PP es muy de eso, de dejarse llevar por el qué dirán, por lo políticamente correcto... Ayer mismo, Cristóbal Montoro y Esteban González Pons volvieron a insistir en una idea muy interesante, la de penar por ley las irresponsabilidades en la gestión de los dineros que salen de los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo eso de dejar cientos de facturas de proveedores sin pagar, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha.

«Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78, para garantizar la transparencia en la gestión pública o para castigar comportamientos que deberían tener como consecuencia la inhabilitación.»

La sociedad reclama que los políticos actúen de otra manera, que sean transparentes, que sean honrados en la gestión de sus impuestos, y que si no lo hacen -y eso además contribuye a empeorar la situación económica de los ciudadanos- se les pueda castigar, y es algo en lo que parece que existe un amplio acuerdo social pero, ¿será capaz el PP, será capaz Rajoy, de hacerlo si gobierna?

Yo espero que sí, que en ese "yo sé lo que hay que hacer" que tanto repite se encuentren este tipo de reformas porque, no nos engañemos, cuando el PP llegue al poder no va a bastar con medidas de carácter puramente económico, por más que estas sean imprescindibles, sino que va a tener que afrontar reformas de mucho calado para sanear un sector público que desde todos los puntos de vista se encuentra muy deteriorado. Hacer gestos como el de recortar ministerios y reducir los gastos generales de la Administración, siendo necesarios, no deja de ser un recurso a lo más inmediato y a lo más visible y, si me apuran, fácil.

Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78 y que necesita una profunda reforma, para garantizar la transparencia en la gestión pública, para castigar comportamientos que aun no siendo delictivos sí deberían tener como consecuencia la inhabilitación, para garantizar la independencia de los poderes políticos, para mejorar la relación de la clase dirigente con los ciudadanos, para corregir los fallos del sistema electoral.

Todas estas cosas son la que la sociedad reclama, y me consta que Rajoy lo sabe y que en la paz de su corto retiro gallego ha tenido la ocasión de reflexionar sobre ello y de comentarlo con personas de su entorno que, si bien no están en la política activa, gozan de una notable consideración por su parte por su sentido común y sensatez. A Rajoy le gusta escuchar... Otra cosa es que, llegado el momento, haga de verdad lo que debe hacer, pero esa es la oportunidad que le van a dar los ciudadanos el 20 de noviembre, y en su mano está saber aprovecharla.

El Confidencial –Opinión

Candidato tocado. Por José Antonio Vera

No está teniendo suerte Rubalcaba. Las encuestas de verdad, no las oficiales, le dan menos de 120 escaños, la peor cifra del PSOE en toda su historia. Su imagen no es precisamente arrolladora, su discurso difícilmente separable al de estos años de desastre económico, y además no para de sufrir reveses en su estrategia electoral.

La baza de Eta, particularmente trabajada mientras estuvo en Interior, se le ha retorcido porque el precio que pagamos por la tregua temporal es el de tener a unos proetarras fortalecidos, con la calle tomada, controlando las instituciones, con dinero sobrado, que han llevado al País Vasco otra vez el ambiente borroko de años atrás.

La baza personal es casi inexistente. Carece el candidato de tirón de ningún tipo, no conecta con la gente de la calle y casi todo el mundo le ve como lo que en realidad ha sido: un peón destacado de Zapatero, co-responsable de sus políticas, actor en primera persona y cerebro de muchas de las operaciones fracasadas del actual Gobierno.

La baza de la izquierda, en fin, también se le está desarmando, y prueba de ello son las manifestaciones convocadas contra la decisión de reformar la Constitución para introducir la obligación de no incurrir en déficit y poner tope a la deuda. Difícilmente va a poder superar Rubalcaba el último empellón de Zapatero, que le ha devuelto así el golpe de las primarias. El todavía presidente, consciente de las presiones a que le sometió su ex vice, tiene más interés en quedar bien ante la historia que en ayudar a Alfredo a cosechar un buen resultado electoral. De ahí esta reforma impuesta al partido y al propio candidato, que no ha tenido más remedio que digerir pese a estar en contra, para luego travestirse de abanderado de la misma.

Difícil papeleta. Nadie se cree que ésta sea su «reforma», y nadie olvida como atacó a Rajoy cuando éste la propuso hace meses. Ataque con choteo. A Rubalcaba le va gastar como a casi todos los socialistas, y esto de que le obliguen a hacer presupuestos equilibrados le molesta sobremanera.

Extraño enfado estos días el de la izquierda. Bajo mi punto de vista, se trata de un error de planteamiento. El rigor en las cuentas públicas no debería ser una cosa de izquierdas o derechas. Las administraciones pueden invertir lo que tienen, pero no endeudarse sin ton ni son, a lo loco, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago que igual no pueden cumplir. Lo dijo ayer bien claro Soraya Sáenz de Santamaría en las Cortes: «A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción; es una obligación». No incurrir en déficit debería estar en el «abc» de cualquier gobernante, sea del partido que sea. Por eso es tan importante esta modificación constitucional a la que Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse tarde y a regañadientes.

El candidato socialista no pasa por un momento extraordinario. Se le va gente de relieve como Bono, Guerra, Salgado y Sebastián, y se queda con lo más corriente del partido. ¿Por qué será?

La Razón –Opinión

Reforma. Disciplina presupuestaria a la española. Por Leonardo Ravier

Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica.

El 23 de agosto el presidente de Gobierno anunciaba, dentro de sus improvisadas y tardías medidas anticrisis, la necesidad de trasladar la disciplina presupuestaria de limitación del déficit público a la Carta Magna del Estado.

La idea, que ha generado división y malestar dentro del seno del PSOE y aceptación dentro del PP, en principio suena bien. Al menos habría una cláusula, dentro del título VII (y muy probablemente entre los artículos 134 y 136), que contrarrestaría la visión estatista de la economía que la constitución española promueve.

Sin embargo, y a expensas de que la reforma en términos relativos y aislados está bien encaminada, me temo que nos encontramos ante una medida insuficiente, probablemente inocua, y previsiblemente perniciosa.

Existen varias razones para dicha afirmación. En primer lugar la medida no se aplicará hasta el 2018-2020. En segundo lugar, desconocemos el tope de déficit que se incorporaría, aunque ya se está especulando que no llegará al techo alemán del 0,35%. Tercero, bajo la categoría de "déficit estructural" pretenden incorporar una reforma "flexible y equilibrada", que les permita modificar el desajuste presupuestario anualmente (o lo que es lo mismo, según le convenga o así lo requiera el Estado de bienestar). Y cuarto, se añadirán cláusulas excepcionales (que aún desconocemos y que serán claves), porque según Elena Salgado otra cosa sería "atarse las manos" y "no poder estimular la economía". ¿Y a esto llamamos disciplina?

Pero no sólo existe un problema evidente de criterio y sentido común a la hora de elaborar una reforma constitucional que realmente impida al Gobierno endeudarse a costa del ciudadano y generar déficit deliberadamente, sino que también existe un motivo dudoso, y unas previsibles consecuencias perniciosas.

El motivo es la creación de un "verdadero Gobierno económico para la UE" que está empujando a que éste cambio se produzca en 17 países de la zona euro. Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica en Bruselas que bajo el mismo fondo estatista podría poner en mayor peligro el verdadero bienestar social de los ciudadanos españoles.

Y las consecuencias perniciosas porque ante esta nueva medida de tope constitucional al déficit, y supuestamente a la deuda pública, ya se está especulando en generar mayor presión impositiva alegando, por ejemplo, que el 35% español del impuesto de sociedades es muy bajo frente al 45% alemán. En pocas palabras, si se corta el gasto con topes a las deudas públicas, el Estado no tendrá inconvenientes en seguir gastando pero ahora a costa directa de empresas y ciudadanos. De ahí que una "disciplina presupuestaria" de limitación del déficit público tal como se pretende incorporar en la Carta Magna sea coja y perniciosa si no va acompañada, por ejemplo, de un tope tributario que realmente exija al Gobierno "apretar su cinturón" y no el de la sociedad española.

Libertad Digital –Opinión

La reforma constitucional. Por José Luis Gómez

La chapuza de la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP no es solo de fondo. También puede serlo de forma. Veamos dos escenarios controvertidos en el nuevo artículo de la Constitución que recogerá la obligación de que tanto la Administración central como las comunidades autónomas estén sujetas a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Traducido: comprometidas a limitar el gasto público.

Primero: no parece muy correcto hablar del Estado y las comunidades autónomas, ya que éstas también son Estado, según la propia Constitución. En el lenguaje político y periodístico se confunde a menudo Estado con Gobierno central o Administración general del Estado, pero en una constitución no deberían deslizarse imprecisiones así. La Real Academia Española lo dice bien claro: el Estado es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.

Segundo: ¿A qué Unión Europea se refieren? Lo normal sería que, como se habló en su día, la Constitución recogiese primero una referencia al tratado de la UE, de modo que después tuviese pleno sentido el artículo que se va a introducir. La Constitución es anterior a la existencia de las comunidades autónomas, que ni siquiera están mencionadas en la Carta Magna, y mucho más anterior aún a la entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La primera y hasta ahora única reforma constitucional solo había consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Sucedió en 1992, una vez firmado en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Con posterioridad, el PSOE promovió reformar la Constitución en cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo.

Hasta ahora se decía que la tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloqueaban las propuestas para modificar el texto constitucional de 1978. Visto lo "fácil" que ha sido constitucionalizar nada menos que un criterio de política neoliberal, ¿qué se dirá a partir de ahora?

Periodista Digital –Opinión

El conejo. Por Alfonso Ussía

Han entrado en veinte de sus madrigueras y todavía no lo han trincado. Me refiero a Gadafi, o mejor aún –gracias, Daniel Pipes–, a Mu’amar al Qadhdhafi, que después de 42 años de imponer su tiranía en Libia, se mueve de escondite en escondite. Se lee que los presumibles «rebeldes» han vencido. No es así. Los «rebeldes» le habrían durado a Gadafi tres cuartos de hora. Los que han triunfado han sido los europeos y la OTAN. Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ha pronunciado una frase bastante divertida: «La meta de Alemania y Francia ha sido la misma: devolver a los libios la libertad». Queda bien, superada la sonrisa. Pero no hay que ser tan hipócrita. A Juppé, a los franceses y a los alemanes, la libertad –por ahora, quimera inalcanzable– de los libios, les importa un pimiento. Y sus vidas. Han estado negociando con Gadafi durante cuatro décadas. También nosotros, los españoles, que lo hemos recibido con los brazos abiertos, comprado su petróleo y vendido nuestras armas. La libertad de los libios se la pasan los franceses y los alemanes por donde ellos acostumbran a pasarse las cosas. La meta de Alemania y Francia ha sido la misma. El petróleo. Los llamados «rebeldes» –que todavía ignoramos quiénes son, hacia dónde van y qué pretenden–, han garantizado las ventajas comerciales a las naciones occidentales que han intervenido en Libia. España, modestamente, está entre ellas, pero no apuesto por una tajada considerable en el reparto del botín.

A Gadafi lo encontrarán, hoy, mañana o en quince días. Y los europeos mirarán hacia otro lado. No lo llevarán ante el Tribunal Internacional. Se lo dejarán a los llamados «rebeldes» para que lo ejecuten. Muerto el perro se acabó la rabia. Eso creen. En Libia se librarán de un asesino, pero esa liberación no traerá la libertad. Otra tiranía sucederá a la de Gadafi, en un principio más vigilada, y al cabo del tiempo tan dura y ladrona como la del conejo escondido. Mientras el nuevo Gobierno libio garantice el cumplimiento del pacto comercial, Francia, Alemania, España, Italia y los Estados Unidos mantendrán su amistad y apoyo. El día que falte un barril de petróleo, los europeos y americanos buscaremos la menor excusa para apoyar a otros rebeldes con el fin de terminar con los rebeldes de ahora, que dejarían de serlo inmediatamente.

Para mí, y lamento mucho pensarlo y atreviéndome a escribirlo, que libertad y Korán son incompatibles. Libertad y medievo, no son adaptables. Libertad y miseria no pueden sostenerse. En las naciones árabes y musulmanas, más de la mitad de sus ingresos se reparten entre unos pocos, un cuarto entre unos poquitos más, y el resto entre centenares de millones de personas.
Eso lo sabemos los europeos y los americanos, y siempre nos ha parecido aceptable por la lejanía, aunque en Marruecos tengamos los españoles una cercanía peligrosa. La derrota del Gadafi, el gran criminal histriónico, no significa la victoria de la libertad. Se trata de otro triunfo. El del petróleo asegurado y a buen precio. Lo de Juppé es una vaina. Con Siria no hemos sido tan escrupulosos, y el dictador sirio es tan asesino como Gadafi. La valoración de la importancia de los conflictos y las intervenciones la establece la seguridad del abastecimiento del crudo. Si mañana, en los territorios gobernados por los palestinos y los terroristas de Hamas se hallara una buena bolsa de petróleo, Israel, a pesar de su poder y de ser la única democracia en Oriente Medio, haría bien en temblar. Diría Juppé: «Para Francia y Alemania la meta es devolver la libertad a los palestinos de Hamas». Lo de siempre. Europa, esa gran puta. Caerá el conejo.

La Razón – Opinión

PP y PSOE. Que devuelvan el dinero. Por Pablo Molina

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos.

En un gesto inédito del que las dos protagonistas seguramente se sienten muy orgullosas, las responsables de las campañas electorales del PP y PSOE han decidido que no van a ensuciar las ciudades y pueblos de España hasta que no comience la campaña electoral. Ejemplo de austeridad en medio de la recesión económica, le llaman a esto. Modelo de desvergüenza en tiempos de recesión moral, sería una definición más precisa.

Los partidos políticos deberían financiar sus actividades de proselitismo con los fondos de sus afiliados y donantes voluntarios, pero como en España ninguna organización vive de las aportaciones de sus miembros no iban a ser precisamente los inventores del latrocinio los que dieran ejemplo, ni siquiera en medio de la devastación económica actual de la que ellos precisamente son los primeros responsables.

Ana y Elena, Mato y Valenciano, han asegurado que sus partidos van a gastar algo menos en la campaña de las próximas elecciones generales y seguramente no se explican aún cómo las colas de ciudadanos agradecidos por el gesto no dan varias vueltas a la manzana.

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos. Porque si es cierto que quieren dar un ejemplo de austeridad, lo oportuno sería reintegrar a las arcas públicas el dinero que no van a derrochar en esa pre-campaña, pero, de nuevo, aquí nadie devuelve un euro al estado y mucho menos los partidos políticos, organizadores del saqueo ciudadano del que vive tanto parásito.

Ni Ana ni Elena, ni Mato ni Valenciano, tienen pensado devolvernos la parte que no van a gastar en propaganda electoral, sencillamente porque ya tienen pensado de qué otra forma se la van a pulir, pero eso sí, a nuestra salud (democrática). No habrá carteles antes del 4 de noviembre, pero a partir de esa fecha habrá el doble para compensar, con lo que los partidos se pulirán todo el dinero que reciben del presupuesto además del que reciban a través de unos préstamos bancarios que, ocioso es decirlo, no tienen pensado devolver.

Es como si te atracan por la calle y el delincuente, perdón "la víctima de la sociedad", te dice que por razones de austeridad ha decidido que no todo se lo va a gastar en vicios. Aunque bien mirado, lo de Ana Mato y Elena Valenciano es aún peor. Ellas encima quieren que les demos las gracias.

Libertad Digital –Opinión

Pacto por la confianza

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar la reforma constitucional que garantiza la disciplina presupuestaria por una amplísima mayoría de 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, y con un gesto inédito de protesta en la Cámara por parte de los diez parlamentarios de CiU, que se negaron a participar en la votación. El pacto entre socialistas y populares funcionó a la perfección y los portavoces de ambos grupos desgranaron un argumentario convincente y contundente sobre las razones y la urgencia de una medida de ese calado. El socialista José Antonio Alonso, en un tono frío, eso sí, hizo hincapié en que era la mejor manera de «despejar incertidumbres» en un contexto internacional tan adverso.

Especialmente acertada fue la intervención de la popular Soraya Sáenz de Santamaría en defensa del equilibrio financiero y de una reforma que permite que «a partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no sea una opción; sea una obligación». Ésta es una clave fundamental para comprender y asumir de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en la gestión de lo público. Pero además la portavoz popular incidió en otro propósito prioritario de esta modificación como es el de «restituir la confianza» en la economía española, imprescindible para asomarse al menos a un escenario de recuperación.

En ese aspecto, es importante destacar que la Comisión Europea reiteró ayer que limitar el déficit en la Constitución tendrá efectos inmediatos para reforzar la credibilidad española. Más aún si se tiene en cuenta que este gran acuerdo nacional está avalado por el Banco Central Europeo, que lo estableció como condición para comprar bonos españoles y tranquilizar a los mercados, lo que fue negado en su momento por el Gobierno, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Aunque el respaldo a limitar el déficit en la Carta Magna concita a una inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, es bueno que socialistas y populares hayan manifestado su voluntad de ampliar ese consenso abrumador. En este punto, llamó la atención la actitud de los nacionalistas alineados con la izquierda en una directriz central de política económica, y con argumentos tan sonoros como que PP y PSOE habían hecho «añicos» el consenso constitucional. Sólo cabe encuadrar esa sobreactuación en una estrategia electoral. En cuanto a la previsible intención del PNV de forzar un debate sobre el derecho a decidir, es un despropósito por parte de un partido que parece competir en radicalidad con Bildu.

Para España, el consenso entre los dos principales partidos en política económica es un valor añadido. Rajoy, con sentido de Estado y responsabilidad, está dispuesto a acuerdos con el Gobierno en estos tres meses hasta las elecciones. Sería óptimo para la confianza y la imagen del país, lastradas por los parches, las improvisaciones y las ocurrencias del Ejecutivo. Veremos si el candidato socialista piensa en el interés general o en el suyo propio.

La Razón – Editorial

Equilibrar la balanza

Elevar la carga fiscal a los que más tienen es una manera de distribuir el coste de la crisis.

La crisis económica está resultando ser el revulsivo más eficaz para movilizar la vocación reformista de algunos Gobiernos. Desde luego, de su afán por revisar aspectos fundamentales en las finanzas públicas. Es el escrutinio, no siempre racional y eficiente, de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos políticos, gobiernen o no.

En apenas una semana el Gobierno español y el principal partido de la oposición han superado el tradicional desencuentro para convenir una reforma de la Constitución sin precedentes en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones. Es probable que el Ejecutivo acabe importando igualmente otras iniciativas tendentes a elevar la carga fiscal que soportan las personas con mayor renta y riqueza. Si así lo hiciera, este histórico verano también dejaría como legado una alteración significativa de la estructura impositiva, aportado por el mismo Gobierno que no hace tanto reducía la presión fiscal sobre las rentas y eliminaba el impuesto sobre el patrimonio con la explicación, correcta, de que se centraba sobre todo en las clases medias.

En la valoración de iniciativas tendentes a elevar la presión fiscal de los más ricos no es fácil sustraerse a esa suerte de precipitación que está orientando decisiones fundamentales de política económica. Esta, en todo caso, sería oportuna. La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más tienen no debería ampararse en esa inusual, aunque inteligente, propuesta de algunas grandes fortunas estadounidenses, francesas o alemanas. En España no se ha producido, a pesar de la sugerencia que les hacía a los ricos españoles el popular González Pons. Sin embargo, existen fundamentos para llevar a cabo esa imposición adicional en un país donde la distribución de la renta y de la riqueza es mucho más desigual que en el promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea. Una razón adicional no menos relevante es que la economía española dispone de un grado de desarrollo, de modernización y de capital público muy inferior a aquellas otras en las que todavía el sistema tributario es más progresivo que el nuestro. También encuentra justificación esa contribución de las rentas más elevadas en el hecho de que la distribución de costes de esta crisis y, en todo caso, las posibilidades de superación de sus efectos, son muy desiguales en España. La excepcional tasa de paro alcanzada, y las muy serias dificultades para reducirla en el corto plazo, habla por sí sola.

Sería muy razonable que la misma diligencia con que se acuerdan restricciones presupuestarias, que seguirán afectando a los gastos sociales y de inversión pública, se aplicara a la elevación de la fiscalidad a las fortunas y a las transacciones financieras. Una revisión de la distribución de las cargas impositivas no debe impedir en todo caso la mejora de la eficacia en la persecución de las distintas formas de fraude y ocultación, en la que España también ocupa una posición destacada.

El País – Editorial

Los nacionalistas no son imprescindibles

Es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución no es ni mucho menos imprescindible.

Por desgracia para las libertades de todos los españoles, nuestra Constitución hace mucho tiempo que dejó de ser respetada por la mayoría de nuestros partidos políticos. Un texto que pretendía colocar límites a la expansión del Estado se convirtió en papel mojado que en nada la frenaba.

Los principales responsables de esta labor de demolición controlada del Estado de Derecho han sido fundamentalmente el PSOE y los partidos nacionalistas. El primero por socavar la separación de poderes, acabar con la independencia de aquellas instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento y sometimiento a la Carta Magna, y por ceder a las pretensiones centrífugas de los nacionalistas. Y los segundos, por atacar continuamente la idea de la unidad nacional, base indispensable de todo el edificio constitucional: sin unidad nacional no existe pueblo soberano y sin pueblo soberano no puede haber Constitución.

Pero, pese a su continuad deslealtad hacia España y hacia su Estado de Derechos, los socialistas han tenido que rendirse a Bruselas e incorporar en el articulado de nuestra Carta Magna una limitación constitucional al déficit. Ya hemos tenido ocasión de criticarla por su laxitud a la hora de lograr su presunto objetivo: controlar el desequilibrio presupuestario. Pero también hemos constatado la inconsistencia de las críticas que se le lanzan desde la extrema izquierda.

No menos absurdas son, por su parte, las críticas procedentes desde la bancada nacionalista. Ya de entrada es contradictorio que quienes incumplen sistemáticamente partes muchísimo más relevantes de la Constitución y quienes ni siquiera reconocen su legitimidad pretendan ser parte indispensable a la hora de reformarla. Pero, además, sus ataques al nuevo artículo 135 –referentes a que limitará la discrecionalidad de los gobiernos autonómicos– son improcedentes: primero, porque la Constitución ya dispone, sin necesidad de ningún cambio, de suficientes preceptos como para justificar la intervención de la Administración central en los presupuestos autonómicos; y segundo, porque aun cuando no los contuviera, sería esencial que lo hiciera: un Estado no puede mantenerse solvente si algunas de sus partes tienen barra libre para el despilfarro.

Al final, es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que, por tanto, no es ni mucho menos imprescindible la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución. Esperemos que a éste le sigan otros cambios fundamentales: empezando por la delimitación del Estado de las Autonomías y la devolución al Gobierno central de numerosas competencias.

Libertad Digital – Editorial

Reforma. ¿Por qué el socialismo no quiere límites al déficit? Por Ignacio Moncada

Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

En estos minutos de la basura del zapaterismo, el aún presidente del Gobierno está corriendo en dirección contraria a la que ha venido corriendo durante los pasados ocho años. Lo más curioso es que, cuando le preguntan, responde que lo hace por responsabilidad. Que lo hace por España. Sus asesores le habrán aconsejado que repita esa coletilla creyendo que le da dimensión de hombre de Estado. Sin embargo, no contaron con una duda que asalta a quien escucha el comentario: si ahora hace esto por el bien de España, ¿por qué antes hacía lo contrario?

La reforma constitucional para incluir un límite al déficit público en la más alta instancia legislativa ha sido un duro golpe para las aspiraciones socialistas en las próximas generales. Es como si Zapatero, inconscientemente, hubiera plantado explosivos en los pilares del PSOE. Ahora se ha desatado la carrera por desactivarlos antes de que el partido sea demolido. Es por eso que, como cuenta El País, una vez que Rajoy y Zapatero habían pactado incluir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, Rubalcaba bloqueó la negociación diciendo: "No quiero ni una cifra en la Constitución". Y sólo ha decidido apoyar la reforma una vez que el límite constitucional al déficit no incluye dicho límite. Es decir, cuando esa reforma ha dejado de tener sentido.

Dicen que no hay mayor arma de destrucción política que la división interna. Esta sombra sobrevuela actualmente el PSOE. A las lamentables perspectivas electorales y al cambio de discurso dado por el Gobierno al comprobar que estábamos al borde de la suspensión de pagos, se le suma ésta última iniciativa. Sobre el papel, a los ojos de cualquier ciudadano de a pie, la propuesta es razonable: tras ver que una mala gestión de las cuentas públicas ha provocado una gigantesca crisis sobre la economía española, tiene sentido enmendar el error y tratar asegurar legalmente que nadie pueda volver a incurrir en un despilfarro tan dañino. Entonces, ¿por qué el socialismo, incluidos partidos, sindicatos y candidato a la presidencia, se ha revuelto con tanta virulencia ante la reforma? ¿Por qué Rubalcaba dijo que "es una barbaridad"?

Sencillamente porque piensan que lo han hecho bien. Creen que durante una crisis económica, en la que lo que hay que hacer es reducir la deuda contraída durante la expansión crediticia y reestructurar los factores productivos, lo que debe hacer el Estado es gastar cuanto más dinero mejor. Que da igual en qué. Lo importante es que los políticos sigan teniendo el inmenso poder de gastar el dinero de los demás en lo que quieran y sin límite, llevando a un país hasta la suspensión de pagos si hace falta. Y que es así como se sale de la crisis. Da igual que tengamos que ser rescatados, pues entonces dirán que no se ha gastado suficiente. Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

Libertad Digital – Opinión

Salarios. No al pacto de rentas. Por Emilio J. González

El problema no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como no podía ser menos teniendo en cuenta su militancia en la UGT, acaba de sumarse a las tesis de los sindicatos acerca de un gran pacto de rentas, que suponga también la moderación de los beneficios empresariales y la reducción de los márgenes de distribución. Defender semejante propuesta es no entender nada de la naturaleza de esta crisis ni saber una palabra de economía.

Tal y como están las cosas en estos momentos, las empresas no tienen más remedio que bajar precios si quieren vender algo porque todavía continúa el desplome de la demanda interna. Es la crisis, en sí misma, la que está moderando los beneficios sin necesidad de pacto alguno, cuando no llevando a pérdidas a muchas empresas. Si a ello se añade que la economía española necesita ganar competitividad, reduciendo los precios en torno a un 30%, las presiones a la baja sobre los beneficios son más que evidentes. ¿Qué ocurre? Pues que, en este contexto deflacionista, para que muchas empresas puedan sobrevivir necesitan reducir sus costes drásticamente. Si tenemos en cuenta que el Gobierno, con su absurda política energética, ha disparado el coste de la energía, no queda más remedio que la gran carga del ajuste venga del lado de los costes laborales, bien mediante despidos, bien, si se quiere evitar dejar a más gente sin trabajo, mediante la moderación salarial o, incluso, mediante bajadas de salarios. Además, si los precios bajan, los trabajadores no tendrán por qué perder poder adquisitivo. Ahora, hay que permitir que los precios se puedan ajustar a la crisis, empezando por la moderación salarial y siguiendo por el precio de la vivienda, que sigue sin ajustarse porque los políticos lo mantienen artificialmente alto.

El problema, en contra de lo que dicen los sindicatos, no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina. El problema es, también, pensar que parte de los beneficios se tienen que destinar a inversión cuando en estos momentos sobra capacidad productiva ante la falta de demanda tanto nacional como internacional. Pedir que parte de ellos se destine a crear empleo es sobrecargar a las empresas con más costes cuando lo que tienen que hacer es recuperar competitividad. Y en cuanto a los márgenes de distribución, lo que hay que hacer es introducir más competencia en todos los estadios del sector para que dichos márgenes se moderen.

Todo esto significa permitir que funcionen los mecanismos de ajuste de una economía de mercado. El resto es crear más problemas que los que se pretende resolver.

Libertad Digital – Opinión

Los líos del PSOE. Por Carmen Gurruchaga

El PSOE sigue sin cerrar el debate interno surgido por la discrepancia de algunos de sus dirigentes con el acuerdo pactado entre los dos grandes partidos para reformar la Constitución y limitar el déficit. Zapatero y Rubalcaba lo defendieron ante la Comisión Ejecutiva Federal y como gran argumento, el presidente echó mano de una perogrullada: es imprescindible para España tener sus cuentas públicas saneadas y estabilizadas. Parece que convenció a todos los presentes y ahora quedan por atraer a esa tesis diputados y senadores. Seguro que al final la votan favorablemente, aunque lo hagan a regañadientes. Pero éste no es el único lío que tiene este partido. De hecho, el candidato está teniendo algunos problemas con la confección de las listas, pues hay nombres conocidos que han renunciado a ir en las mismas: la ministra Elena Salgado, el ministro Sebastián y Carmen Calvo, entre otros. Y falta la tradicional bronca entre las distintas sensibilidades de la federación madrileña. De momento, ya ha cuestionado a Elena Valenciano, designada por Rubalcaba como «número dos» por Madrid. Mientras tanto, los «populares» llevan una existencia más tranquila, dedicados a preparar la campaña electoral. Ayer, Ana Mato dirigió la reunión del comité de estrategia en el que se abordaron los mensajes de campaña y la agenda del PP. Esta formación política lleva en su ADN la defensa del principio de disciplina presupuestaria y control del gasto. Es más, se trata de una propuesta de Rajoy realizada en el Parlamento hace poco más de un año y que fue ridiculizada por el PSOE. Pero el último que ríe es el que mejor.

La Razón – Opinión

El balance. La gran farsa constitucional. Por Manuel Llamas

Lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal.

Al fin PSOE y PP han alcanzado un gran pacto de Estado para limitar el déficit por vía constitucional. Muchos se han alegrado de tal hazaña e insisten en que éste es el camino correcto para sacar al país del atolladero. Pues lo siento, pero ni una cosa ni otra. El consenso político tan sólo es positivo si sirve para poner en marcha las reformas económicas precisas para potenciar el crecimiento y reinstaurar la cordura en las cuentas públicas. Y el problema aquí, sin embargo, es que ambas formaciones han pactado un cambio constitucional para que todo siga igual.

En este sentido, populares y socialistas han desempeñado una vergonzosa y lamentable función teatral, consistente en alabar las bondades de una reforma inexistente. Se trata, por tanto, de un fraude político, un patético engaño electoral coordinado entre Génova y Ferraz derivado de la profunda hipocresía que ambos profesan. Y si no observen las siguientes declaraciones:

Mariano Rajoy, líder del PP: el objetivo del pacto es que las administraciones públicas "no gasten lo que no tienen".

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo Popular: "Queremos lograr que todos los responsables públicos estén sujetos a la austeridad; que no se traslade a las generaciones futuras los excesos y la mala gestión de las cuentas publicas; ahora la austeridad y la responsabilidad se convierte [...] en una obligación".

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: el pacto establece "unos límites razonables" de deuda, "unas finanzas estables" y una "deuda pagable".

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE: "La Constitución recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro; esta ley va a garantizar, en todo caso, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos".

La mayoría de la gente sigue pensando que los dos grandes partidos políticos han acordado una especie de techo presupuestario, por el cual el déficit público en ningún caso superará el 0,4% a partir de 2020 y la deuda no sobrepasará el 60% del PIB. Nada más lejos de la realidad. El único tope que se impone es sobre el "déficit estructural", es decir, el descuadre fiscal que registraría España en situación de pleno empleo. Dicho de otro modo, el pacto PSOE-PP tan sólo se refiere a una parte del déficit, ya que deja al margen los denominados "estabilizadores automáticos" –la natural caída de ingresos y aumento de gastos que se produce como consecuencia de una crisis–.

Si a ello añadimos que, según el texto acordado, "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia [en donde cabe casi todo]", el resultado es que España volvería a registrar un déficit superior al 10% del PIB en caso de que la citada reforma hubiera entrado en vigor en 2007.

De este modo, lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal. Y es que los políticos seguirán gozando de manga ancha para disparar el déficit, tal y como ha acontecido estos últimos años, convirtiendo así la tan cacareada reforma en una gran farsa constitucional.

Libertad Digital – Opinión

Moción de autocensura. Por José Antonio Álvarez Gundín

Hay algo aún más aburrido que ver en diferido un partido de fútbol con empate a cero y es un debate parlamentario en el que PP y PSOE están de acuerdo en todo. Sin embargo, el riesgo que corre hoy el Congreso no es hastiar a los tendidos con una sesión versallesca, sino defraudar a los perplejos y darles munición a quienes gritan por las esquinas eso de «no nos representan». Es probable que tengan razón los dos grandes partidos cuando desestiman el referéndum para revalidar una reforma de la Constitución que no toca directamente derechos fundamentales, sino que alude genéricamente al control del déficit. Pero tienen que explicarlo con claridad y, si entra en el sueldo, ser sinceros con sus errores, que son muchos y muy graves. Porque esta reforma es, antes que nada, el reconocimiento paladino de un gran fracaso de la clase política: el de no haber manejado con responsabilidad, honradez y previsión los dineros públicos. Lo mismo desde el Gobierno de la nación que desde los gabinetes autonómicos y las alcaldías. Todos ellos dispararon con pólvora del rey, gastaron como cigarras e hipotecaron las tres próximas generaciones con pasmosa frivolidad. Espoleados por el «principio» económico «El dinero público no es de nadie», acuñado por la mente maravillosa de Carmen Calvo, a la sazón ministra de Cultura, se lanzaron sobre el botín con hambre atrasada y se carcajearon de Aznar, que como castellano viejo presumía de déficit cero y de techo de gasto. Una de las pancartas más inteligentes que este domingo pasearon los «indignados» de Barcelona decía así: «¿Cómo le explicarás a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres luchando?» No se puede expresar mejor la incompetencia de unos gobernantes que en estos ocho años han despilfarrado una década de bonanza como no se recordaba en España. Si nuestros socios europeos han obligado a reformar la Constitución no es porque quieran recortarnos el Estado de Bienestar: es que no se fían de nuestros dirigentes como gestores de las arcas públicas. Por eso, sería signo de decencia y dignidad que Sus Señorías entonaran hoy en el Congreso el «mea culpa» y admitieran que el retoque constitucional es la primera moción de autocensura en la historia de nuestra democracia. De ahí que los del 15-M sigan en la inopia cuando exigen un referéndum como coartada para rechazar la reforma, pues deberían apoyarla por tratarse de un acto de legítima defensa de los ciudadanos frente a gobernantes irresponsables y vanos que estiraron más la mano que la manga.

La Razón – Opinión

Indignados. ¡Viva la dictadura de los mercados! Por Juan Ramón Rallo

Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados, mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit y deje de depender de esos mercados.

Clamaban hace apenas unas semanas los sindicatos, los indignados y demás grupos de extrema izquierda que resultaba del todo punto inadmisible que España sucumbiera a la dictadura de los mercados. ¿Qué era eso de que los ahorradores le exigieran al Estado unos tipos de interés crecientes para prestarle unos fondos que deseaba despilfarrar y que le iban resultando cada vez más complicados de devolver? Es lo que tenía gastar más de lo que uno ingresa: que ha de pedir prestada la diferencia. Y si uno pide prestado, pues depende del que le tiene que prestar.

Pero hete aquí que quienes bramaban contra nuestra inaceptable sumisión a los mercados protestan ahora también contra la limitación constitucional del déficit público. Y no porque haya sido un fraude consensuado por nuestra partitocracia que en nada restringirá la imprudencia financiera de nuestros mandatarios, sino porque la hinchada indignada dice estar convencida de que la norma se cumplirá a pies juntillas y nuestros políticos abandonarán su insana costumbre de cargar sus desproporcionados gastos sobre las espaldas de las generaciones venideras.

Vamos, que los indignados se manifiestan ahora en contra de que nuestros políticos busquen reducir la excesiva dependencia de la Administración Pública de los mercados. Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados (y, dependa, por consiguiente de esos mercados), mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit (y, por tanto, deje de depender de los mercados).

No hay quien les entienda. Bueno, en realidad sí: se les entiende todo demasiado bien. La izquierda, como corriente ideológica, busca incrementar todo lo posible el peso del Estado sobre nuestras vidas, esto es, que la cantidad de recursos que controle y maneje el Gobierno sea cada vez mayor. A su vez, estos lobbys de izquierda aspiran a que ese Estado hipertrofiado les otorgue una importante asignación monetaria que les permita vivir de la sopa boba, esto es, sin prestar ningún servicio que los consumidores valoren y por el que estén dispuestos a pagar voluntariamente. Todo cabe dentro de esa elástica categoría de "derechos sociales", que no es más que una excusa para arrebatarles la riqueza a los individuos y empresas que la producen para transferírsela a quienes ni lo hacen ni tienen la más mínima intención de hacerlo.

Por supuesto, en teoría la limitación del déficit no impide que el Estado siga creciendo y que estos grupos sigan mamando de la teta pública, pues el presupuesto puede cuadrarse incrementando los impuestos. Pero, en la práctica, toda la izquierda es consciente de que, en Occidente, la tributación ya se encuentra en unos niveles prácticamente confiscatorios, por lo que queda poco margen para trasquilar la oveja sin arrancarle la piel. Es mucho más sencillo endeudarse, gastar con cargo a los ingresos tributarios futuros... y el que venga detrás que arree.

Pero bueno, que no se preocupe nuestra izquierda. Si el Estado deja de endeudarse no será por el nuevo artículo 135 de la Constitución, sino porque esos despóticos mercados de los que no quieren depender nos habrán cerrado definitivamente el grifo. Y entonces sí, los déficits desparecerán por necesidad y los privilegios de la casta política y de los grupos de presión adyacentes (sindicatos e indignados) sólo podrán mantenerse sangrando todavía más a la muy sufrida clase media española. Ya no dependeremos de los mercados y la nomenclatura y sus apparatchiks podrán vivir a cuerpo de rey parasitando a la empobrecida sociedad española. Solidaridad, lo llaman.

Libertad Digital – Opinión

A tres meses del Gobierno

El Partido Popular arrancó ayer un curso político que acabará en las elecciones generales del 20-N con grandes probabilidades de que los españoles le otorguen la responsabilidad de formar Gobierno. El comité de dirección del PP, presidido por Mariano Rajoy, definió ayer las líneas fundamentales de su política en estos tres meses que restan para la cita con las urnas. Fue un encuentro con propuestas en positivo y propio de una formación que sabe que en un plazo breve asumirá una importante responsabilidad al frente de un país que atraviesa una situación difícil.

Rajoy estableció que la prioridad del PP será la economía. No perderse en debates estériles y tangenciales que no responden al interés general nos parece una actitud acertada. La opinión pública espera que el PP se mantenga en esa primera línea con soluciones económicas, como ha sido su trayectoria en esta legislatura, y con la voluntad de sumar esfuerzos. En este sentido, resulta especialmente encomiable la voluntad de la dirección del PP de colaborar con el Gobierno en estos tres meses en la línea de la reforma de la Constitución que impone el límite de déficit y una disciplina presupuestaria. Los populares incidieron, y con razón, en la trascendencia política del compromiso que ha generado una importante corriente de apoyo tanto dentro como fuera de nuestro país. En este punto, conviene reiterar que esa modificación constitucional fue propuesta hace un año por Rajoy y que fue rechazada por el Gobierno. Pero más allá de pasados desencuentros, que el PP y el PSOE sean capaces de articular iniciativas conjuntas limita las incertidumbres y genera confianza.

En esa trayectoria de rigor y seriedad, los populares han insistido en defender la idea de un plan global para la economía que incluya una reforma fiscal general. Ésta ha sido su respuesta al demagógico discurso del candidato socialista sobre la creación de un impuesto para ricos y la intención del Gobierno de recuperar el Impuesto de Patrimonio, que él mismo derogó en 2008, entre otras ocurrencias e improvisaciones.

El PP dejó ayer en evidencia las contradicciones del PSOE en materia fiscal al insistir en que sus políticas han gravado, sobre todo, a las clases medias. Las subidas de impuestos, como la que defienden los socialistas, responden a una estrategia equivocada y más todavía en un país en crisis. El PP apuesta por la bajada de la presión fiscal como una forma de estimular la actividad económica y de aumentar así la recaudación. Es una fórmula avalada por los gobiernos de Aznar. El otro gran objetivo de una política que persiga el equilibrio debe ser reducir el déficit estructural. Los socialistas han practicado lo contrario: gasto público, déficit y subida de impuestos para paliar los números rojos. El resultado ha sido el escenario actual, con asfixia de las arcas públicas y colapso de la demanda interna y, por tanto, de la actividad.

Por tanto, Rajoy arranca el curso como la alternativa sólida y fiable para una gran mayoría de españoles, y con la convicción general de que sabrá responder al gran desafío que le espera.

La Razón – Editorial

Una iniciativa peligrosa

Un referéndum sería un factor adicional de incertidumbre que penalizaría los mercados.

El Congreso de los Diputados decide hoy sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, que se vota el viernes. Entre el anuncio por parte de Zapatero de la propuesta, previamente consensuada con Rajoy, y la sesión de hoy se han producido dos hechos que añaden ruido innecesario a la medida: el surgimiento de voces que reclaman aprovechar la reforma para introducir otras modificaciones en la Carta Magna; y la petición de que, en todo caso, la decisión sea sometida a referéndum.

Ambos planteamientos van en sentido contrario al objetivo más inmediato de la reforma: constitucionalizar el compromiso de equilibrio presupuestario como garantía reforzada ante los inversores internacionales. La vicepresidenta del Gobierno catalán plantea que, "puestos a fijar topes, se acote la solidaridad de Cataluña con el resto de España"; el principal partido del País Vasco, el PNV, anuncia que aprovechará el viaje para introducir el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas canarios para que se reconozca su singularidad insular. Lo que transmiten esas salidas en tromba es falta de seriedad de los responsables políticos. Sobre todo porque banalizan la reforma misma y el objetivo que persigue.

Agravan también la tacha de improvisación con que ciertamente nació la iniciativa. Especialmente si se añade la incertidumbre asociada a la demanda de referéndum, que la reforma no requiere pero es posible celebrar si consigue el aval de al menos el 10% de las Cámaras. Ese porcentaje se alcanzaría en el Congreso si recibe el apoyo de 35 diputados. PSOE y PP suman 323, por lo que el resto, 27 diputados, no alcanza el mínimo. A no ser que haya fuga de votos en alguno de los dos partidos, lo que no es del todo imposible en el PSOE.

Las voces críticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero también lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especialísimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores difícilmente soslayables. Lo que no tendría sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el referéndum. Si llegase a celebrarse -con el despliegue y el gasto correspondiente- la participación sería probablemente muy escasa, lo que añadiría incertidumbre al desenlace. Pero ¿cómo evitar que la mera posibilidad de su celebración sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor añadido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

El sistema acordado, que remite a una ley orgánica el desarrollo de los principios plasmados en la reforma, permitirá afinar los aspectos más polémicos de la misma, como la distribución de los límites de déficit y deuda entre las diferentes Administraciones, los supuestos excepcionales en que podrán superarse esos límites y las sanciones en caso de incumplimiento: una ley orgánica, lo que posibilitará la deliberación sosegada y las matizaciones que un referéndum no permite.

El País – Editorial

Movilizaciones a favor del despilfarro

Si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero.

Pese a que Rubalcaba se haya salido con la suya y haya conseguido aguar lo que podría haber sido una gran reforma constitucional, la movilización de la extrema izquierda, tanto sindicatos como indignados, no resulta ni mucho menos de recibo en estos momentos de crisis económica. La izquierda no sólo yerra en el fondo de la cuestión, sino también en las formas.

Se equivoca en el fondo porque insiste en reclamar dos objetivos incompatibles: que no dependamos de los mercados (y por tanto que no tengamos que colocar nuestra en el mercado) y que no dejemos de endeudarnos (y por tanto que sigamos dependiendo de los mercados a la hora de colocar nuestros bonos). Lo ideal, por supuesto, sería que nuestros políticos no gastaran más de lo que ingresan, pero amplios sectores de la izquierda prefieren la prodigalidad a la austeridad, sobre todo cuando el despilfarro lo pueden cargar, mediante la deuda, a la cuenta corriente de nuestros hijos y nietos.

Pero sindicatos e indignados yerran también en las formas. En unos momentos en los que los inversores extranjeros observan con extrema desconfianza no sólo nuestra capacidad para devolverles el dinero sino también nuestra determinación para hacerlo, estas manifestaciones que promueve la izquierda para el próximo día 6 de septiembre sólo conseguirán acercar a nuestro país, dentro del imaginario de los ahorradores internacionales, a las algaradas callejeras que se han vivido en Grecia durante los últimos meses.

No, si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero. De salir a la calle, deberíamos hacerlo para exigir que nuestros políticos sean lo suficientemente diligentes como para honrar hasta el último céntimo de sus deudas y para reforzar nuestra credibilidad como país. La alternativa izquierdista de acabar de hundirla no puede ser más ruinosa.

Libertad Digital – Editorial