Otro parche, ahora fiscal

El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.

Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.

El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.

Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.

La Razón - Editorial

Camino del acuerdo

Gobierno y PP buscan una fórmula que permita reformar la Constitución con el mayor consenso.

El Gobierno y el Partido Popular seguían discutiendo al cierre de esta edición los términos concretos de la propuesta que presentarán hoy en el Congreso para introducir en la Constitución un límite al déficit público. Una de las fórmulas manejadas indicaba la voluntad de establecer en la Carta Magna un compromiso genérico de estabilidad presupuestaria que se desarrollaría, tras las elecciones del 20 de noviembre, en una ley orgánica que incluiría los detalles y las cifras concretas. Elegir este camino, con sus flecos cerrados, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas, manifestaron graves reservas, que iban desde la oposición cerrada a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los posibles efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones. En este caso, Zapatero ha vuelto a cometer un error: lanzar medidas de gran calado sin forjar un consenso previo con el resto de los dirigentes de su partido ni con el grupo parlamentario. El acuerdo que se negociaba ayer es un primer paso para recuperar esos imprescindibles acuerdos.

Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación que continuaba ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica.

Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate. La urgencia de la medida tampoco está exenta de polémica. El Gobierno debe explicar cuál es la causa por la que, con la legislatura prácticamente agotada, era necesario adoptar una medida de tanta trascendencia jurídica pero de escasos efectos económicos inmediatos.

El País - Editorial

Rubalcaba desactiva la reforma constitucional

Si la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

Tras el anuncio de Zapatero de reformar la Constitución para limitar el déficit público, no era difícil encontrarle bastantes puntos oscuros a la medida: todavía no conocíamos en qué consistiría, a qué administraciones públicas afectaría o las sanciones que llevaría aparejadas en caso de incumplimiento. Con todo, el gran problema de fondo de esta buena idea era que todo apuntaba a que se trataba de un nuevo gesto de cara a la galería que los socialistas no tenían ninguna intención de cumplir. A la postre, el PSOE ha acreditado a lo largo de su historia un nulo respeto hacia nuestra Carta Magna en todos los campos imaginables; no había motivos para pensar que fuera a ser distinto en el área económica.

Mas si ya cabían pocas esperanzas de que los socialistas se fueran a someter a una rígida limitación del déficit el pasado martes, ninguna cabrá en caso de que prospere la idea de Rubalcaba de no especificar en la Constitución la cifra a la que debe quedar restringido ese déficit. Precisamente, las constituciones sirven para crear normas muy estables que no sean disponibles por mayorías políticas transitorias; si, como propone el candidato socialista y parece aceptar el Partido Popular, la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

A la postre, no otra cosa hizo Zapatero nada más llegar al poder: enterrar la ley de equilibrio presupuestario que con tanto sentido común sacó adelante el Gobierno de José María Aznar. ¿Hay motivos para pensar que el futuro será distinto del pasado? Por desgracia no. En cuanto superemos la crisis, nuestros gobernantes olvidarán las valiosas lecciones que deberían haber aprendido y volverán a endeudarse sin control y sin ninguna limitación constitucional. No sabemos si con este simulacro de reforma lograrán engañar a algún votante, pero desde luego a los mercados, no. El buen estado de nuestras cuentas públicas seguirá dependiendo, como hasta el momento, de la diligencia del gobernante de turno. La reforma constitucional no evitará que los Zapateros del futuro nos sigan arruinando.

Libertad Digital - Editorial

Desbandada socialista y toque de corneta constitucional. Por Federico Quevedo

El presidente del Congreso, José Bono, la ministra de Economía, Elena Salgado, la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Manuel Chaves, el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra... Son algunos de los nombres de destacados socialista que piensan decir adiós a la política porque no quieren ir en las listas de las próximas elecciones generales. Hace unos días un follower un tanto insolente respondía con un "¿desbandada socialista? Viniendo de usted, señor Quevedo, será todo mentira", a un post mío en ese sentido en Twitter... Pues bien, la lista de nombres empieza a ser un síntoma, y la impresión es que va a continuar, es decir, que hay otros muchos dirigentes y diputados del PSOE que no tienen muy claro si van a continuar en la próxima legislatura. Es normal. Las desbandadas se producen cuando los ejércitos pierden las batallas, y en política ocurre tres cuartos de lo mismo y ante una más que segura derrota electoral se anticipan las deserciones.

En el fondo, esto también es una factura que el Partido Socialista debería endosarle a José Luis Rodríguez Zapatero, gracias al cual va a sufrir uno de los mayores repliegues de su poder político que haya tenido nunca un partido político en España -bien es verdad que solo ha habido dos que hayan gobernado en prácticamente todo el territorio-, con las consecuencias que eso tiene, no sólo en términos específicos de poder, sino también en los de 'agencia de colocación' que es en lo que a veces parece que se han convertido los partidos en nuestro país.

«Siempre he creído que para acabar con la mediocridad en la política española, mediocridad que se da en todos los partidos, habría que limitar por mandato constitucional a ocho años el ejercicio de cualquier cargo público, desde el último concejal hasta el presidente del Gobierno.»

De hecho, no deja de ser sorprendente esa desbandada en unas filas en las que la profesionalización política es un denominador común: véase el ejemplo de Elena Valenciano, de la nada a número dos en la lista de Rubalcaba, sin curriculum y con el único elemento a su favor de ser una buena lectora de argumentarios. Habrá quien me ponga a parir por decir esto, pero me limito a constatar la realidad. Siempre he creído que para acabar con la mediocridad en la política española, mediocridad que se da en todos los partidos, habría que limitar por mandato constitucional a ocho años el ejercicio de cualquier cargo público, desde el último concejal hasta el presidente del Gobierno, pasando por diputados, senadores, diputados autonómicos, consejeros, ministros, etcétera.

¿Se puede hacer? Si, se puede hacer, solo hacen falta dos cosas: una sociedad convencida de que de esa manera se evitarían muchos de los desmanes a los que nos tienen acostumbrados los políticos, y unos políticos que, obligados por esa misma sociedad, lo propusieran en el Congreso para reformar la Constitución. Una Constitución que va a ser reformada ahora por trámite legal y legítimo para poder limitar el déficit de las administraciones públicas. De nuevo, como en todo, habría que exigirle a Zapatero alguna factura por esto: si hubiese hecho caso a esa propuesta del PP cuando la hizo, habría sido posible ampliar esa reforma a cuestiones como la aquí planteada, y aprobarla en referéndum antes de las elecciones generales, para poder cumplir los trámites que marca la propia Constitución. Pero ocurre lo de siempre: Zapatero lo hace todo tarde y mal, y además obligado por las circunstancias o, en este caso, por una carta amenazante de Angela Merkel.

Estos son los hechos, y solo cabe concluir que es el momento de que la sociedad española le pase una factura contundente a este Gobierno, a este partido que nos ha conducido a una situación insostenible y que después de habernos vendido las burras de la regeneración y el reformismo ha resultado ser el más oficialista y el más inmovilista de todos los gobiernos habidos en nuestro país.

El Confidencial - Editorial

Policía. No es país para polis. Por Eva Miquel Subías

Pocas voces defensoras de los funcionarios policiales he podido escuchar o leer en las últimas horas.

Agosto es uno de aquellos meses que te permite ver casi en la misma página de un periódico a una Elena Anaya luciendo el esplendor de su pequeño cuerpo en las siempre apetecibles aguas menorquinas con una imagen de alguno de los que se hacen llamar indignados lanzando con verdadero arte un escupitajo a un agente del cuerpo superior de policía –mostrándonos así su lado más caballeroso– o una selección de las ya cansinas ginebras Premium con sus tónicas ideales y el kit de de acompañamiento.

El otro día, sin ir más lejos, mi marido se pasó media noche escupiendo granos de pimienta roja sobre un acantilado a la luz de la luna porque el camarero insistió en su propósito. Y así, mientras charlábamos con un par de amigos, hacíamos breves pausas para lanzar los molestos granitos que flotaban en nuestros gin tonic.

Lástima que no tuviéramos a un anti-papa a mano. Seguro que nos habría venido de perlas una lección práctica. Son unos fenómenos escupiendo. Casi tanto como Cristiano Ronaldo, que te deja el campo a rebosar de esputos diversos, pero expulsados con auténtico talento.

Intentaré centrarme en el asunto policial ya que me temo que este es el formato ideal para estos menesteres. Veamos.

Los desayunos de estas últimas mañanas han venido repletos de imágenes de unos policías cargando desmesuradamente contra algunos manifestantes durante la visita de Benedicto XVI. Comentarios de todo tipo, tweets y páginas en Facebook clamando justicia y calificativos de toda índole a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Pocas voces defensoras de los funcionarios policiales he podido escuchar o leer en las últimas horas. Bien que hubo un abuso de fuerza puntual, de acuerdo que ha habido algún exceso. Aunque cierto es que los mismos responsables policiales fueron los que inmediatamente abrieron una investigación para depurar responsabilidades.

Y francamente. Cuando llevas días y días aguantando insultos de todo tipo, escupitajos de toda forma y condición, orines de los exquisitos acampados, miradas de odio fijas en tus ojos por la única razón de vestir un uniforme policial –obviando que están ahí para nuestra protección y seguridad– mientras las órdenes que vas recibiendo de tus cargos superiores son de calma, contención, tranquilidad. Y los anti tot una mica anotando tú número de identificación por si te cae una denuncia falsa mientras siguen las instrucciones: quietos, aguantad, vamos a despejar primero la zona B; se puede entender entonces que más de uno salga al campo de batalla con las narices bien repasadas, por ser sutil.

Libertad Digital - Opinión

¡Intervenidos!. Por César Lumbreras

En otros tiempos los políticos se peleaban por ir en las listas electorales a las Cortes. Sin embargo, ahora en el PSOE sucede todo lo contrario, porque ni Alfonso Guerra, ni Pepe Bono, ni Carmen Calvo, ni Elena Salgado, cada uno parece que por distintas razones, quieren presentarse como candidatos. Son todos políticos experimentados y con un gran olfato, sobre todo en el caso de Bono y Guerra, dos «enemigos irreconciliables». Por eso hay que preguntarse si estaremos ante una señal clara de que se avecinan tiempos muy malos para los socialistas. Si esto sigue así, Rubalcaba va a tener que cazar a lazo a los candidatos, no ya para los puestos de relleno, sino para aquellos con garantía de salir. En caso de que el problema no se arregle, puede pedir incluso la «intervención» de la canciller Merkel, del «petit Napoleón Sarkozy» y de los responsables del Banco Central Europeo (BCE), que han cogido el gusto a «intervenir» en la política española. Hace unos meses alguien podía tener alguna duda sobre si estabamos «intervenidos» de hecho. Me parece que ahora ya no hay ninguna. Según mis fuentes, existe una carta de Trichet, el jefe del BCE a nuestro todavía presidente Zapatero diciéndole que si quiere su apoyo, hay que fijar un límite para el gasto público y que es necesario introducir ya reformas en el mercado laboral. A la primera demanda se ha respondido con el acuerdo del Gobierno y el PP para modificar por la vía rápida la Constitución. A la segunda es probable que se dé satisfacción en la próxima reunión del Consejo de Ministros. Todo esto puede parecer una calentura de verano, pero no lo es. De hecho, estamos «intervenidos», se quiera ver o no.

La Razón - Opinión

Déficit. Despejando incógnitas. Por Jaime de Piniés

Lo que me queda meridionalmente claro es que en las últimas semanas hemos visto el embrión de un nuevo mecanismo de disciplina en la vieja Europa que ha nacido de la necesidad y que empieza a ejercer profundos cambios en nuestro entorno y en España.

Comentaba hace una semana que no era creíble que a Berlusconi se le exigiera tanto para comprar bonos italianos y tan poco a Rodriguez Zapatero para los españoles. Y a pesar de que nuestro presidente se negó a contestar a los diputados de las Cortes que le preguntaron por la existencia de una carta del BCE que imponía condiciones para dicha compra, creo que ha quedado demostrado que estamos a las ordenes de la Sra. Merkel y del BCE. Esto es lo que supone aceptar una enmienda a la constitución para obtener un déficit público cero dentro de unos años.

Queda por ver si esta medida será buena o no para la economía española, es decir si permite un cierto grado de flexibilidad a través del ciclo (regla de oro), si condicionará o no los déficits de las comunidades autónomas y si efectivamente vaya a ser eficaz. Pero lo que queda claro es que ha sido una entrega de soberanía nacional por dictat del BCE y de la Sra. Merkel. En los próximos días sabremos si hay otras condiciones en la famosa carta del BCE a Rodriguez Zapatero.

La entrega de soberanía nacional no tiene porque verse como una cosa mala. Si se cede soberanía a cambio de un proyecto querido por los ciudadanos, es positivo. Es el caso de la Unión Europea y del euro de la Unión Europea Monetaria. También podría ser la participación de España en los eurobonos propuestos por la Comisión Europea: sería favorable para nuestros intereses pues nos traería tasas de interés más bajas con que financiar toda la economía nacional. Ahora bien, en mi columna del otro día, también indicaba que esto no puede salir gratis y que Bruselas ligaría los eurobonos a la pérdida de soberanía de los países participantes. En efecto, si se superan ciertos niveles de déficit o de deuda pública, Bruselas, y no los gobiernos locales, tendría la voz cantante y la capacidad de aplicar medidas para su corrección.

Evidentemente Ignacio Moncada, columnista de Libertad Digital, no cree que dicha entrega de soberanía nacional pueda llegar a culminarse y que los políticos locales siempre encontrarán vías para sortear los controles y eventualmente destruir el proyecto común europeo. De momento la primera orden-condición que se ha dado es "cambien la constitución". Ahí es nada.

A mí lo que me queda meridionalmente claro es que en las últimas semanas hemos visto el embrión de un nuevo mecanismo de disciplina en la vieja Europa que ha nacido de la necesidad y que empieza a ejercer profundos cambios en nuestro entorno y en España. Veamos pues qué acontece.

Libertad Digital - Opinión

El escaño a dedo. Por Iñaki Ezkerra

Rubalcaba ha propuesto estos días una iniciativa que, pensando bien de ella, hay que calificar de ocurrencia: la creación del escaño 351 en el Congreso de Diputados para los «indignados». Y es que, sin pensar bien ni mal, la idea es simplemente inquietante. Porque, para llevarla a cabo, no sólo habría que reformar la Constitución, sino ir contra ella y contra su espíritu, ya que a los escaños de la Cámara Baja se llega única y exclusivamente mediante el riguroso ejercicio del sufragio universal de los ciudadanos, esto es, por el voto electoral. Para que los ciudadanos puedan intervenir en un pleno de ese órgano en defensa de iniciativas legislativas de carácter popular hay otros mecanismos. Se puede proponer agilizar, facilitar, mejorar éstos, pero no crear un escaño que se rija por ningún otro criterio –ni bueno ni malo– que no sea el del voto en las elecciones y que pretenda sustituir a éste, pues un escaño, por propia definición, no es un banco de paso que se use para una intervención meramente oral y puntual, sino que tiene delante unos botones con los que se puede aprobar o rechazar una ley que nos concierne a todos los españoles. ¿Por qué va a usar ese botón un señor que no ha sido elegido en unos comicios democráticos? ¿En función del célebre lema indignado de «mis sueños no caben en tus urnas»?

En realidad lo que Rubalcaba anda proponiendo es el «escaño a dedo», no sé si animado por el éxito que ha tenido ese método en las famosas primarias de su partido que no fueron tales. En realidad lo que propone Rubalcaba ya está inventado. Lo inventó Franco y son los antiguos procuradores en Cortes. Uno, que tiene memoria histórica, cuando se ha enterado de esta propuesta para representar a no sé qué sectores de la sociedad que no se conformarían sólo con usar las urnas, ha recordado aquella voz que se escuchaba en ese mismo hemiciclo en los tiempos de su infancia y de la «democracia orgánica»: «Fulanito de tal y tal, procurador en Cortes por el Tercio Familiar».
La verdad es que el escaño a dedo resulta coherente con un «Movimiento» que sueña no ya con puestos de trabajo, sino con aquellas «colocaciones» fijas, seguras, eternas de una España como las de los años sesenta, en la que no había la movilidad laboral, empresarial, comercial y económica que vendría después y que hoy constituye un imperativo para superar la crisis. Añoran, en fin, los «indignados» el mercado de trabajo paternalista y aquella época en la que las madres presumían del «hijo colocado en la caja de ahorros». Porque la gente no trabajaba sino que «se colocaba» en aquel tiempo que ya no volverá ni para mal ni para bien.

La Razón - Opinión

La jeringuilla con dosis letal de Rubalcaba. Por Magdalena del Amo

Le faltó tiempo a Rubalcaba para anunciar que, si ganaba, la primera ley que pondría en marcha sería la de muerte digna, uno de los jalones del proyecto socialista para transformar la sociedad. ¡Eso sí que es meterle el dedo en el ojo al cardenal Rouco! Lo de Mourinho a Tito Vilanova se queda en nada. ¡Qué inoportunidad y qué falta de diplomacia! ¿Fue en respuesta a la discreción conciliadora y propositiva del Papa?

La gran preocupación del Gobierno con la visita del Papa no era el gasto o el colapso de la ciudad durante cinco días, argumentos principales de los anticatólicos. Al Ejecutivo le preocupaba sobremanera el discurso de Benedicto XVI, sobre todo, desde el comunicado del cardenal Rouco de remitir la excomunión latae sententiae a las mujeres que abortaron, y a cuantos intervinieron en esta práctica. El Gobierno quiso ponerle a Su Santidad una mordaza prohibiéndole hablar de aborto y eutanasia, o aludir al laicismo salvaje, comparable al de otros tiempos que no queremos recordar, como lo hizo en su anterior visita a España. ¿Por qué les duele tanto la verdad? Si están tan orgullosos de la República, la República fue eso, quema de iglesias, asesinatos de curas… Pero no quiero abrir este archivo ahora. Y si los socialistas consideran el aborto como un derecho y un logro de la sociedad del bienestar, ¿por qué temen que el Papa hable de él?

Lo cierto es que Benedicto XVI, sin nombrar las palabras aborto y eutanasia, dejó bien claro cuál es la doctrina de la Iglesia en esta materia, cuando criticó “a los que se creen dioses y deciden quién vive y quién no”; o cuando habló de una ciencia sin límites. No hace falta hacer demasiada exégesis para ver que se defiende el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y se condena la clonación y la investigación con embriones para cualquier fin: genotipado para evitar taras genéticas, elección de sexo, bebés medicamento, vientres de alquiler u otras prácticas que coadyuven a la cosificación del ser humano.

No es la primera vez que un gobierno anticatólico le impone censura al representante de Pedro. Cuando el Papa visita algún país totalitario donde la vida no tiene ningún valor, y la tortura, la lapidación de mujeres o la muerte de homosexuales es práctica común, se entiende que su discurso se salpique con notas de funambulismo alegórico, para evitar despertar a los monstruos. Aunque, en ocasiones, no son las palabras las que ofenden, sino ciertas actitudes. Cuando en 1967 Pablo VI visitó Turquía, se puso de rodillas y oró en la iglesia de Santa Sofía, esa bella joya bizantina que mandó construir Justiniano, convertida en mezquita por los árabes en el siglo XV, y que hoy está dedicada a museo por iniciativa de Ataturk. El gesto del Papa causó malestar político y tuvieron que esmerarse a fondo los diplomáticos. Con este precedente, cuando Juan Pablo II –hoy beato—repitió el viaje, se le aconsejó por parte musulmana tener en cuenta que iba a Estambul y no a Constantinopla. El Papa interiorizó la advertencia, pero al llegar al lugar donde se había hincado su antecesor, él se detuvo a orar durante dos minutos, lo que causó cierto nerviosismo en el ministro turco que lo acompañaba.

Que en España se pretenda supervisar los discursos del Sumo Pontífice, como en los regímenes totalitarios, nos parece preocupante. En la breve reunión entre el Papa y Mariano Rajoy hablaron de economía, pero también de principios y valores. El líder de la oposición estaba pletórico con el ambiente que se respiró en Madrid durante las jornadas de la JMJ y le dijo al Papa que trabajaba para crear una sociedad con valores. Eso esperamos, pero tendrá que afanarse, porque los últimos años vivimos un invierno nuclear que nos impide ver la luz del sol. Uno de los mensajes de despedida de Benedicto XVI, ya con un pie en el avión, fue que España puede progresar manteniendo vivo el espíritu católico. Esperemos que muy pronto las aguas vuelvan al cauce de la libertad.

Periodista Digital - Opinión

En un plis, plas. Por Javier González Ferrari

Ya se sabe que uno es prisionero de sus palabras y dueño de sus silencios, y el candidato socialista a la debacle del 20 de noviembre tuvo una gran oportunidad para estar calladito cuando hace más de un año, el 25 de junio del 2010, Mariano Rajoy propuso en el Parlamento llevar a la Constitución el principio de estabilidad fiscal. El entonces vicepresidente y hoy, como diría Rosa Díez, Vice-responsable primero de todo, compareció en rueda de prensa para ironizar sobre las propuestas del líder de la oposición asegurando que Rajoy quería acabar con la crisis en un plis, plas. Imagino que el martes don Alfredo tuvo que tragarse un sapo como una catedral tras escuchar al todavía presidente y secretario general de su partido decir en el Congreso, como gran novedad, lo mismo que don Mariano hace la friolera de 14 meses. Y es que en un plis plas los españoles hemos descubierto que Rubalcaba es el de siempre, y no sólo cuando se trata de economía. Es alucinante ver cómo el hasta hace apenas tres meses ministro del Interior pide que se investigue la actuación de la policía contra esa minoría de marginados que intentaron reventar la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud sin conseguirlo. Por si había alguna duda la actitud de los rubalcaba boys ha dejado bien claro que son ellos los impulsores de los movimientos antisistema con los que intentan recuperar un voto de izquierda radical que pueda paliar la derrota que no sólo anuncian las encuestas sino también el sentido común. En un momento en el que los españoles demandan esperanza y unas gotas de ilusión, al candidato del PSOE lo mejor que se le ocurre para encabezar sus propuestas electorales es una ley de eutanasia. ¡Manda huevos! Que hubiera dicho Federico Trillo. Quieren ustedes un mensaje de futuro, pues apúntense a una muerte digna. Ésa es la oferta del nuevo-viejo socialismo que representa don Alfredo a quien, como el desodorante a algunos, parece haberle abandonado el ingenio del que casi nadie dudaba durante años. Van a ser tres meses horribilis para terminar en lo inevitable. El defensor de la eutanasia va a prolongar artificialmente la vida política de un gobierno, y un partido que le sustenta, que apestan. Elena Valenciano va a ser en estos meses la portavoz del «equipo médico habitual» que terminará, en la noche del 20 de noviembre, certificando el fallecimiento oficial de un gobierno que huele a cadaverina desde hace muchísimos meses. Al gran prestidigitador que en marzo del 2004 no le tembló la mano para cargarse las reglas del juego, se le ven ya tanto los trucos que ni siquiera los más fieles creen ya en él. Claro que ante la desesperación de una derrota en toda regla podemos esperarnos cualquier cosa. La historia nos demuestra que el PSOE tiene un muy mal perder, sólo comparable al de Mourinho. Y Rubalcaba es un madridista recalcitrante dispuesto a meterle el dedo en el ojo a todo aquel que no este dispuesto a darle la razón.

La Razón - Opinión

Déficit. Traspaso de poderes. Por Maite Nolla

La cara de Rubalcaba sólo era comparable a la de Duran i Lleida. Aunque veremos en qué se concreta la reforma de la Constitución, los nacionalistas han entendido perfectamente de qué va esto.

Podemos discutir sobre la necesidad de la reforma sorpresa de la Constitución, sobre su justificación, su eficacia o sobre si es mejor y más conveniente que sean los diputados que salgan elegidos el día 20 de noviembre los que lleven a cabo el cumplimiento de la obligación impuesta desde fuera. Pero al margen de todo ello, lo que se vivió el martes en el Congreso fue un auténtico traspaso de poderes, pactado, ordenado y sorprendentemente civilizado. El Gobierno por salir entrega el poder al Gobierno por entrar. Zapatero, obligado –eso sin duda–, señala públicamente a Rajoy y lo reconoce ya como el próximo presidente del Gobierno que debe llevar a cabo ésta y otras muchas reformas. En el último momento deja a un lado su proceder habitual de hacer y deshacer no sólo sin el PP, sino contra la mitad de España que el PP representa, y convierte en un mero trámite las elecciones de noviembre. Por eso Rubalcaba estaba que no daba pie con bola. Se acabó para él, si es que alguna vez tuvo alguna opción. El pacto no es entre el Gobierno, el PP y el PSOE: es entre el Gobierno actual y el que vendrá; que no es lo mismo. Y Rubalcaba no puede ni quejarse.

La cara de Rubalcaba sólo era comparable a la de Duran i Lleida. Aunque veremos en qué se concreta la reforma de la Constitución, los nacionalistas han entendido perfectamente de qué va esto. Casi al mismo tiempo en el que Duran saltaba al ruedo para dar una de sus habituales lecciones de equilibrismo tramposo, el portavoz de la Generalitat daba la auténtica opinión del nacionalismo: el nacionalismo es lo primero, así que no cuenten con nosotros para autolimitar nuestro autogobierno. Vaya, el nacionalismo catalán que siempre ha pretendido entroncar con la Unión Europea sin pasar por la España profunda, se comporta de manera, digamos, gamberra. Y es que ni que sea de forma moderada y de momento sin concretar, la crisis y la Unión Europea han producido un leve efecto loapizante que es de agradecer. Tanto tiempo avisando de la llegada del lobo centralista, es más, algunos viven sólo de eso, y resulta que el orden y la armonización se imponen desde la misma Europa que les debía dar cobijo. Vamos, que si quieren quejarse, que vayan a Merkel y a Sarkozy con ese rollo. Al fin y al cabo, el promotor de la reforma, ni que sea su autor mediato, que se dice, es el mismo tipo que en su momento se puso a su servicio, pensando que el pacto con el nacionalismo era una de las vías de exclusión de la derecha. Y es que Zapatero ha preferido en estos siete años a cualquiera antes que al PP. Ha confraternizado con ERC, con el PNV, con los nacionalistas canarios, con Mas y con Duran, por no hablar de sus relaciones extraparlamentarias. Pero, lo que es la vida y la política, el poder se lo entrega a Rajoy con los taquígrafos dándole a la tecla.

Libertad Digital - Opinión

Rubalcaba se la juega

El acuerdo del Gobierno y el PP de reformar la Constitución para incluir en ella el tope de déficit de las cuentas públicas ha desatado una fuerte contestación que va más allá de los partidos minoritarios de izquierdas y de los nacionalistas. La oposición frontal de los comunistas, radicales de izquierda y de los sindicatos CC OO y UGT se daba por descontado, pues la reforma va en contra de su modelo de Estado basado en el intervencionismo, el gasto público elevado y los fuertes impuestos. Dado que no tienen posibilidad alguna de frenarla, exigen un referéndum para ratificarla. También estaban previstas las suspicacias de CiU y PNV, que temen perder capacidad de presión sobre el Gobierno central. Pero lo que no figuraba en el guión es la revuelta, más o menos soterrada, que se ha declarado en las propias filas socialistas. Además de las críticas a Zapatero procedentes del sector Izquierda Socialista, han tenido especial impacto las del veterano Josep Borrell y del diputado Antonio Gutiérrez. El primero no se recató en declarar que si fuera diputado no votaría la reforma; y el segundo no ha dudado en llamar a la rebelión de las filas socialistas. Lo cierto es que tras la primera sorpresa, el desconcierto parece haberse adueñado de los dirigentes del PSOE, que han pasado de rechazar rotundamente el cambio constitucional a aceptarlo sin mediar debate o reflexión. Si ya se percibían síntomas inquietantes de desafección con la fuga electoral de destacados nombres, este episodio saca a la luz la descomposición interna del partido y la fragilidad del nuevo liderazgo que encarna Rubalcaba. El candidato socialista se enfrenta a un importante desafío doméstico, pues se ha puesto a prueba su autoridad y credibilidad. Del mismo modo que Zapatero le convenció en poco tiempo para que cambiara de opinión y apoyara la reforma de la Carta Magna, ahora le toca a él desplegar sus dotes de persuasión entre sus compañeros para sacarla adelante e impedir la rebelión. Ayer trató de calmar los ánimos diciendo que la clave estará en la «letra pequeña». No nos parece una buena táctica echar mano de triquiñuelas como ésa para diluir el alcance de la reforma. De lo que se trata es de ganar la confianza de Europa y de los inversores, y eso no se consigue con trucos. Después de casi ocho años gobernando, los dirigentes socialistas están obligados a actuar con responsabilidad para deshacer los entuertos que ellos mismos han causado, bien por acciones equivocadas, bien por omisiones clamorosas. Primero, erraron al eliminar el techo de gasto establecido por Aznar, del que se burlaban por defender el déficit cero. Después volvieron a extraviarse al rechazar, con chanzas y más burlas, la propuesta de Rajoy de incluir el déficit en la Constitución. De haberle hecho caso, España habría ganado credibilidad y se habría ahorrado muchos millones de euros a la hora de colocar su deuda soberana. A España no le queda más remedio que ofrecer a sus socios garantías adicionales de que es un país serio, que cumple sus compromisos, que no falsea sus cuentas y que no evade su responsabilidad con la «letra pequeña». Eso o la intervención abierta.

La Razón - Editorial

Solidaridad y riqueza

Francia sube los impuestos a las rentas más altas, algo que reclamaban muchos multimillonarios.

Podría parecer que tiran piedras sobre su propio tejado, pero no hacen sino mostrar una suerte de egoísmo ilustrado, inteligencia y visión a largo plazo. A las repetidas reclamaciones de algunos multimillonarios estadounidenses -liderados por el inversor y filántropo Warren Buffet, una de las principales fortunas del mundo, de subir los impuestos a las rentas más elevadas de su país- ahora se han añadido 16 de las mayores de Francia. Lo han hecho un día antes de que el Gobierno francés difundiera nuevas iniciativas de ajuste fiscal para ahorrar unos 1.000 millones de euros este año y 11.000 millones de euros en 2012, con el fin de calmar a los mercados de bonos.

Los ricos franceses defienden la creación de una contribución especial ante la necesidad de que el deterioro de las finanzas públicas europeas no acabe con el modelo que les ha posibilitado acumular riqueza en el pasado y, desde luego, no termine con la propia Unión Europea.

Unos y otros convienen en que los costes de la crisis no los están soportando los "megarricos", en los términos de Buffet, algunos de ellos verdaderos causantes del desastre. En los sistemas impositivos de la mayoría de las economías avanzadas, las cargas fiscales que soportan las mayores fortunas son, proporcionalmente a su renta y riqueza, mucho más bajas que las del resto de los contribuyentes. Esos privilegiados suelen disponer, además, de apoyos técnicos suficientes no solo para minimizar las cargas impositivas sino, llegado el caso, para sortear más eficazmente la propia inspección tributaria.

Una de las consecuencias de esta crisis ha sido el deterioro de las cuentas públicas en la mayoría de las economías avanzadas. La corrección de esos desequilibrios no puede llevarse a cabo exclusivamente mediante la reducción de gasto público, cuyas consecuencias las pagan en mayor medida las personas con rentas medias y bajas. El incremento de la presión fiscal, como la decidida por el Gobierno francés para las rentas superiores a 500.000 euros, es una opción válida, como también lo es el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras o los activos bancarios. Es deseable que esas decisiones impositivas dispongan de cierto grado de armonización en la UE, al menos en la eurozona.

Al margen de esas modificaciones tributarias, las autoridades deben perseguir de forma activa el fraude. Desde luego, en España. La desafección de los ciudadanos, el distanciamiento de las instituciones, del propio sistema económico y político están siendo en la gestión de esta crisis más explícitos que nunca. España debe dejar de ser un país donde uno pueda pasearse, o aspirar a ser una referencia social, habiendo incurrido en delitos fiscales. Esto es especialmente grave en una economía en la que más de la quinta parte de su población activa está desempleada. Aunque no haya iniciativas como la estadounidense o la francesa, el ajuste fiscal español no debería excluir un esfuerzo por garantizar que todos cumplen con sus obligaciones tributarias.

El País - Editorial

Instalados en la improvisación permanente

Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos.

En medio de la descomposición interna del PSOE, los responsables de Economía de este Gobierno cesante sólo son capaces de perseverar en ese rasgo que tanto los ha caracterizado durante estas dos legislaturas: su improvisación permanente. Después de llegar al poder negando la existencia de la crisis, sólo han sabido mantenerse en él ocultando la imperiosa necesidad de ejecutar profundas liberalizaciones y enérgicos planes de austeridad. Por eso, toda su política económica ha consistido en una chapuza tras otra: hemos perdido cuatro preciosos años para acometer un reajuste integral de nuestro sistema productivo por culpa de la obstinación socialista por bloquear la reforma laboral y el ajuste presupuestario.

En lo que claramente son los últimos coletazos de un equipo económico cuya cabeza, la vicepresidenta Salgado, ni siquiera piensa concurrir en las listas socialistas para las generales, ayer el Gobierno se sacó dos nuevos conejos de la chistera. El primero, y aprovechando las misivas que varios multimillonarios han remitido a sus respectivos Ejecutivos en EEUU y en Francia a favor de que se les suban los impuestos, ha sido el de anunciar que este viernes se aprobará un incremento de la tributación sobre los más ricos. Una medida meramente populista que en nada contribuirá a reducir el déficit –pues la práctica totalidad de la tributación de este y de cualquier otro país recae sobre la sufrida clase media– y que como mucho estimulará la fuga de capitales, agravando todavía más la crisis.

El segundo no es más que el enésimo parche a una legislación laboral tremendamente rígida que nos ha terminado convirtiendo en la economía europea con una mayor tasa de paro. En lugar de liberalizar a fondo las relaciones laborales, el Gobierno optó por un simulacro de reforma del contrato de trabajo y otro simulacro de reforma de la negociación colectiva. Ahora, vistos los pobres resultados alcanzados, propone suspender durante dos años la limitación para encadenar contratos temporales e implantar un nuevo contrato de formación y aprendizaje. En vez de optar por la liberalización, se elige la precarización.

Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos respaldados por el Estado central con el propósito de rescatar a las comunidades autónomas. Nueva improvisación, pues, pero ésta proveniente de los nacionalistas catalanes: en lugar de empezar con la reforma del insostenible modelo autonómico que nos ha abocado a la crítica situación actual, Mas-Colell reclama que el Estado central se endeude para tapar los agujeros regionales.

Con estos gobernantes tan irresponsables y cortoplacistas, lo extraño sería que estuviésemos en la senda de la recuperación.

Libertad Digital - Editorial

Déficit. Como con el Pacto de Estabilidad. Por Juan Ramón Rallo

Ya saben, la zorra y las uvas de Samaniego: que no, que "los mercados" no están maduros; no es que no nos quieran prestar, es que no queremos pedirles prestado.

Se queja la izquierda de que establecer un límite constitucional al déficit y a la deuda supone un corsé para la economía. Para la economía. Perdonen, pero querrán decir que supone un corsé para el endeudamiento del Estado, para esa insana costumbre de gastar, so ruinoso pretexto keynesiano, más de lo que se ingresa en tiempos de crisis. Pero que no se apuren nuestros estatólatras, pues incluso en una sociedad donde los políticos acostumbraran a cumplir las leyes (sus leyes), el tamaño del sector público podría seguir expandiéndose subiendo los impuestos, y esta vez bajo imperativo constitucional. Si todavía quedara alguien mínimamente liberal en las Cortes, tal vez llegara a la conclusión de que como mínimo habría que exigir un límite no sólo para el endeudamiento, sino también para el gasto público.

Claro que en España la claca indignada no tiene de qué preocuparse. No ya por la falta de liberales en la Carrera de San Jerónimo, sino porque en nuestro país, como Estado de Derecho fallido que es, nuestros mandatarios cumplirán con la norma cuando lo reputen conveniente y la pisotearán cuando mejor les parezca. Al cabo, el cesante que ha tenido a bien proponer la enmienda constitucional al déficit fue el mismo que la rechazó un año antes y el mismo que barrió con una ley, la de equilibrio presupuestario, que contenía idéntica provisión.

No iremos a estas alturas a sorprendernos de que aquí ni el Congreso, ni el Senado, ni el Supremo, ni el Constitucional, ni la Fiscalía, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Intervención General del Estado fiscalizan, mucho menos sancionan, a un Gobierno que disponga del suficiente alpiste como para comprar voluntades y pagar favores en aras de la aritmética parlamentaria. En España nadie vigila a quienes vigilan, en esencia, porque todos son los mismos o dependen de los mismos.

Acaso la limitación constitucional quedará como uno de esos rimbombantes y nada vinculantes principios de orientación política y económica que, como mucho, supondrá el reconocimiento implícito de que las recetas keynesianas han fracasado en nuestro país (en realidad, en el nuestro y en todos). Fuimos una de las sociedades cuyo sector público más se endeudó en 2009 y 2010 y somos también una de las que más cerca se encuentra de la suspensión de pagos. Que sí, que siempre podrán encontrarse razones para alabar o para explicar el escaso éxito del keynesianismo; por ejemplo, que gracias a él la tasa de paro no ha llegado al 75% de la población activa, o que sin duda habría tenido mejores resultados de haber podido mantener esos altísimos e insostenibles déficits públicos durante más tiempo. Ah, qué antipatriotas esos especuladores que se niegan a seguir prestándonos dinero cuando adivinan que no vamos a poder devolvérselo; ah, qué cortedad de miras la de un Banco Central Europeo que no monetiza con suficiente decisión nuestra deuda o la de una Angela Merkel que se niega a pagar nuestras muy expansivas –a la vista está– políticas económicas a través del eurobono.

Pero en fin, no vayamos a poner el grito en el cielo por el hecho de que unos políticos que nos han llevado al borde de la bancarrota y a quienes se les niega el acceso a los mercados de crédito saquen ahora pecho diciendo que se comprometen a no endeudarse. Ya saben, la zorra y las uvas de Samaniego: que no, que "los mercados" no están maduros; no es que no nos quieran prestar, es que no queremos pedirles prestado. Muy bien, ahora sólo falta que nos expliquen si es que van a dejar de gastar 80.000 millones al año, si van a sacarlos esquilmando todavía más a un recesivo sector privado o si, como parece, la disposición es papel mojado antes incluso de haberla aprobado. Veremos si los votantes alemanes, auténticos destinatarios del conejo parlamentario, se creen la súbita conversión a la ortodoxia de nuestra clase política y consienten que Merkel y Trichet nos sigan prestando respiración asistida. Con todo, cinco palabras deberían bastarles para caerse del guindo: Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cómo nos gusta aprobar nuevas normas para tapar el flagrante incumplimiento de otras.

Libertad Digital - Opinión

Déficit. Zombie's Party. Por Pablo Molina

Y mientras sus señorías hacen propaganda electoral en el hemiciclo, las cifras de paro siguen aumentando, las empresas tienen cada vez menos probabilidades de sobrevivir y el futuro de los jóvenes continúa superando todas las escalas del negro.

Los espectáculos parlamentarios en las postrimerías del zapaterismo son una sucesión de episodios destinados a mostrar a los españoles el nivel de nuestra clase política. Inasequibles al desprestigio, los futuros cesantes se empeñan en acreditar su insolvencia en aquello que más preocupa a los españoles, la brutal crisis económica, debatiendo sobre unas supuestas medidas que tienen más de argucia electoral que de un sincero interés por mejorar nuestra triste condición.

Zapatero está asfixiado por las demandas de una Europa que ya no aguanta más su incompetencia y, en un intento de llegar al 20 de noviembre sin suspender pagos, va a apropiarse de los ingresos tributarios por el impuesto de sociedades correspondientes al próximo ejercicio y a aligerar la bolsa bancaria de viviendas embargadas con una rebaja temporal del IVA que, para acallar a los que lo acusan de improvisar y de no legislar a medio y largo plazo, el presidente del Gobierno ha fijado en nada menos que cuatro meses. Al tiempo, Zapatero ha sido capaz de proponer hasta una reforma constitucional exprés, siguiendo obedientemente las órdenes de la bicefalia europea, que hipotecará todavía más el margen de maniobra del próximo Gobierno, porque la prohibición de superar un límite de déficit y de deuda pública los socialistas se lo saltarán a la torera en su momento simplemente manipulando las cifras y las previsiones macroeconómicas, pero los populares, los primeros que van a tener que sujetarse a ese mandato, probablemente lo cumplirán por el respeto al orden constitucional del que han hecho gala siempre.

Y si el PSOE legisla a pescozones y el PP muestra su nervio político recurriendo insistentemente a la abstención, el resto de la izquierda parlamentaria y el nacionalismo en todas sus gradaciones siguen apelando a la demagogia para intentar que el resultado final de la legislatura esté a la altura de ambos. Como los "no muertos" de las películas de Serie Z, que sólo obedecen a un instinto enfermizo, los primeros acusan a Zapatero de traidor al socialismo por no aplicar el recetario destructivo de los parásitos sociales y los segundos, como martillos pilones sea cual sea el motivo del debate, exigen más cuotas de poder para seguir mangoneando en sus cortijos a despecho de la solidaridad nacional.

Y mientras sus señorías hacen propaganda electoral en el hemiciclo, las cifras de paro siguen aumentando, las empresas tienen cada vez menos probabilidades de sobrevivir y el futuro de los jóvenes continúa superando todas las escalas del negro. No es que hayan huido de la realidad, es que nunca han estado en ella.

Libertad Digital - Opinión

Hay que parar los crímenes de Siria y otros países contra la humanidad. Por Miguel Cancio

El régimen socialista sirio de Bachar Al Assad, del Clan Al Assad, que gobierna de forma terrorista, autoritaria, represiva y corrupta desde el año 2000, continua aplicando el terrorismo de Estado; continua aplicando, por medio de fuerzas militares, policiales, parapoliciales, de matones, mercenarios, infiltrados, provocadores e incontrolados, de la manipulación, contaminación y control de los medios de comunicación y otros emisores, de las instancias de socialización; continua aplicando violaciones, apaleamientos, torturas, mutilaciones, ensañamiento con los cadáveres (incluso de menores), secuestros, desapariciones, linchamientos, ametrallamientos, utilización de francotiradores, tanques, armamento pesado y bombardeos contra jóvenes manifestantes, poblaciones y ciudades sirias (Hama, Homs, Deir ez Zor, Dera, Houlé, Lakatia, etc.).

Hafez Al Assad, padre de Bachar Al Assad, gobernó Siria dirigiendo el partido único Baaz, de forma terrorista, dictatorial, represiva y corrupta, desde 1970 hasta el 2000. El Baaz, Partido del Renacimiento Arabe Socialista, se hizo con el poder por las armas en Siria en 1963 e impuso un régimen dictatorial.

El partido Baaz ha formado parte de la Internacional Socialista y su lema es: Unidad, Libertad, Socialismo. Como se ve, la ideología proclamada puede con todo, pues, el partido Baaz, en la practica real y en la defensa de su privilegios, se ha caracterizado por aplastar la libertad, por lo peor de lo peor. Se creó en 1947 en varios países árabes pero su gran fuerza la consiguió en Siria e Irak. En un primer tiempo, se definió como nacionalista y laico y, después, constituido por comunistas, socialistas, izquierdistas, populistas, carreristas y oportunistas sin el menor escrúpulo, se hizo, de acuerdo con las circunstancias, socialista, populista y lo que fuese menester, y consiguió importante poder y presencia, entre otras instancias de poder y socialización, en el ejercito, las fuerzas de orden, los servicios secretos y las guardias-servicios especiales. Con actitudes y comportamientos populistas, nacionalsocialistas, fascistas pero también izquierdistas, bajo el control de dictadores implacables y sus clanes, el partido Baaz impuso en Siria e Irak implacables dictaduras, el terrorismo de Estado y promovió y apoyo el terrorismo internacional.

Es absolutamente condenable que el partido Baaz haya formado parte de la Internacional Socialista. Lo que también ha sucedido hasta el año 2010 con los partidos de los dictadores Ben Alí y su clan en Túnez, y del dictador Mubarak y su clan en Egipto.

Sin embargo, los regímenes dictatoriales de los tiranos Gadafi de Libia, de Hafez Al Assad, su hijo Bachar Al Assad y su clan familiar de Siria (41 años en el poder) y de Sadam Hussein de Irak (24 años en el poder); estos regímenes, siempre con el partido Baaz en el poder en Siria e Irak y con la revolución verde socialista tribal del clan Gadafi en Libia, fueron mucho mas represores y sanguinarios que los regímenes dictatoriales de Ben Alí en Túnez y de Mubarak en Egipto (que se vincularon con grandes potencias occidentales), y promovieron (Siria junto a Irán; Libia, Irak) activamente el terrorismo internacional.

El tirano Gadafi ha controlado dictatorialmente el poder junto a su clan familiar, durante 42 años. Durante estos largos años ha venido contando con importantes apoyos en el exterior. Lo que también sucedió con los dictadores de los clanes Al Assad en Siria, Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto y Sadam Hussein en Irak.

El régimen socialista terrorista sirio lleva asesinadas a mas de 2500 personas. A finales de julio y agosto 2011 lleva asesinados a mas de 100 sirios. Un loco paranoico terrorista noruego aislado ha asesinado en Noruega a 77 noruegos. Por ello, el presidente Zapatero llamó a una reunión internacional para hacer frente al odio terrorista de la extremaderecha. Sin embargo, no ha llamado a una reunión internacional para hacer frente: al odio terrorista fundamentalista islámico y antioccidental; al odio socialista terrorista, proterrorista sirio, iraní, libio, de las bandas ilegales comunistas terroristas y narcoterroristas ETA-Batasuna y sus brazos, las FARC y los suyos, Hamas, Hezbolla etc. etc. que muy organizados vienen asesinando a miles y miles y miles de personas; al odio socialista, comunista, neocomunista y antioccidental birmano, cubano, chino, coreano, venezolano, zimbawano, etc. que vienen violando diaria y gravisimamente los derechos humanos y desde hace años.

El presidente Zapatero, en Túnez y junto al dictador Ben Ali, llamo a los países occidentales de forma politiquera y partidista a retirar sus tropas de Irak donde combatían el terrorismo internacional junto a Estados Unidos e Inglaterra.

Los indignados deberían acampar, movilizarse frente a Siria, Libia, Yemen, Irán, Birmania-Myanmar, Cuba, Corea, Vietnam, China comunistas, Zimbawe, Venezuela neocomunista, frente a las bandas ilegales terroristas y narcoterroristas ETA-Batasuna y sus brazos, Las FARC y los suyos, Hamas, Hezbolla etc. que fomentan ideologías de odio y violencia, y violan diaria y muy gravemente los derechos humanos, democráticos y ciudadanos.

El problema para los tiranos, dictadores, fundamentalistas, represores, manipuladores, contaminadores, oportunistas y corruptos es que, cuando la mayor parte del pueblo reivindica responsablemente dignidad, libertad, trabajo, democracia con seguridad, garantías y principios, y pierde el miedo ante el control y el terror impuestos por dichos tiranos, dictadores, fundamentalistas, represores, corruptos y los que les hacen el juego, estos están completamente perdidos.

Periodista Digital - Opinión

G+I. Por Martín Prieto

Alberto Ruíz-Gallardón me enseñó un método de seguimiento de Felipe González: le escuchabas en la tribuna y te arrebataba de entusiasmo, pero luego leías lo que había dicho y caías en la cuenta de que no había propuesto nada. El caso es que Felipe tenía el don del comunicador y podía vender guantes a los mancos. No le llamó Dios a Zapatero por el camino de la interrelación con el público..

Como orador no capta a sus oyentes y sus discursos leídos huelen a refrito de varios ministerios. El presidente ausente mejora en las dúplicas, en las réplicas, cuando improvisa. Ayer apareció en el Congreso como ectoplasma de sí mismo y planteó dos cosas tarde y mal, tal como acostumbra: constitucionalizar el techo de gasto, como Alemania, y lograr un equilibrio fiscal que no retrase la creación de empleo. Mariano Rajoy ponía cara de Santo Job quejándose blandamente que por proponer hace un año lo primero le puso Zapatero como no digan dueñas, de catastrofista y milagrero constitucional. Hay asuntos que Zapatero no entiende hasta que no se los explica a gritos Angela Merkel. La fiscalidad y la creación de empleo no la entendió ni la socialdemocracia sueca de Olof Palme cuando el dramaturgo y cineasta Igmar Bergman, que era un solidario, se exilió en Dinamarca por no pagar la exenciones fiscales de su país. La fórmula socialista es G+I: gasto más ideologización. Como siguen siendo keynesianos creen que el Estado crea empleo, como el disparatado «Plan E» y la ideología es el cemento de los desequilibrios fiscales. Te congelo la pensión pero te doy aborto a los 16. El fantasma nirectifica ni se excusa.

La Razón - Opinión

Déficit. Maquillaje y realidad. Por Agapito Maestre

Las negativas de IU y EC están fuera de toda realidad, o peor, son ridículas, porque estas fuerzas políticas aún funcionan, por decir algo, como si aún existiera un sistema comunista alternativa de capitalismo.

La casta política ha vuelto a retratarse en la discusión sobre un decreto que de puro obvio da vergüenza discutirlo: hay que limitar el déficit del Presupuesto si no queremos que la economía española se hunda en la miseria. Naturalmente, al final, este tipo de medidas anticrisis acaba tocando la espina dorsal del sistema político, en el caso español el Estado de las Autonomías y, por supuesto, del resto de instituciones inservibles, porque sus competencias podrían ser fácilmente asumibles por la Administración central. En estos momentos, si algo ha puesto en evidencia la crisis económica y financiera, es la inviabilidad del sistema autonómico. Ni que decir tiene que la casta política no se hará cargo de este problema hasta que no llegue una hambruna o algo parecido.

En cualquier caso, resulta cada vez más difícil mantener una estructura política y administrativa tan demencial como la española. Y este decreto, como las propuestas de Merkel para Alemania y el resto de países de la UE, se dirigen sobre todo a controlar el gasto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, independientemente de que sea o no efectivo el decreto convalidado ayer en el Congreso, parece que la medida era necesaria. Sin embargo, algunos analistas políticos creen, más movidos por sus vísceras "peperas" que por la razón, que el decreto antidéficit aprobado ayer en el Parlamento es un mero maquillaje para tapar la ruina en que el Gobierno de Zapatero ha dejado a España. No comparto esa opinión; este decreto era imprescindible, como otras medidas aprobadas en los últimos meses, para detener la ruina de España. Además contribuye, y eso lo ha reconocido Rajoy en su intervención en el debate del Congreso, a aumentar el patrimonio de "gestos exquisitos de Zapatero a la hora de abandonar el poder". Al final, sí, el peor gobernante de España del último siglo se ha visto obligado a intentar dejar limpio y aseado el patio económico.

Por supuesto, nada de eso impide que se siga criticando que Zapatero se enteró muy tarde de la crisis y, por supuesto, no reaccionó a su debido tiempo; pero, frente a mucho discurso electoralista y oportunista, es menester resaltar que la crisis española, que tiene por supuesto su propia singularidad, forma parte de la crisis europea y mundial. Mientras esto no se reconozca seriamente, y no de boquilla, diré que los argumentos de la oposición no sirven para nada. Por eso, precisamente, no acabo de entender las razones últimas de la abstención del PP a este decreto antidéficit; menos aún entiendo esa actitud, si tenemos en cuenta que hace un año fue el propio Rajoy quien propuso medidas similares. Tampoco comprendo la abstención de CIU, excepto por mero oportunismo electoralista, cuando las medidas adoptadas por Zapatero tienen su origen en las recomendaciones de la señora Merkel, que es la jefa de la Internacional a la que esa coalición política pertenece. Por supuesto, las negativas de IU y EC están fuera de toda realidad, o peor, son ridículas, porque estas fuerzas políticas aún funcionan, por decir algo, como si aún existiera un sistema comunista alternativa de capitalismo.

En fin, creo que la comparecencia de Zapatero en el Congreso a petición propia, además de mostrar las contradicciones de su partido que se opuso por boca de Rubalcaba hace un año a esa medida, ha conseguido sacarle los colores al resto de grupos políticos. Ni se han explicado bien ni han justificado con decencia intelectual la abstención. Y, lo que es peor, no han discutido, en serio, si esta limitación del déficit, ahora por la vía del decreto y en el futuro por la reforma de la Constitución, será una medida efectiva para salir de la crisis de la deuda soberana o, por el contrario, será un corsé muy peligroso, según algunos analistas, que hundirá a la zona euro durante una década con bajo crecimiento.

Libertad Digital - Opinión

Simple. Por Alfonso Ussía

El cineasta Vicente Aranda ha descubierto, al fin, la causa que ha llevado a la ruina al cine español. El hallazgo es consecuencia de su sutileza y experta capacidad para el análisis. «La derecha se niega a ver cine español». Así de sencillo y así de simple. Para Aranda el «tema histórico» –muy intelectual– más importante de España es la guerra civil, y es un «tema» que no se puede tocar porque la derecha piensa que una cinta sobre dicho asunto –¿una guerra civil es un asunto?–, siempre es de izquierdas. Vaya por Dios, pero ahí acierta Aranda. Se han producido centenares de películas con la guerra civil como escenario, y todas sesgadas hacia la izquierda. Pero eso no significa que la derecha no acuda a ver cine español por tan sabido, manido y nada original motivo. La derecha y la izquierda, unidas en defensa de la libertad del ser humano a no aburrirse, no van a ver cine español por una causa harto diferente. Es un coñazo. Un coñazo que nace, precisamente, de lo coñazos y repetitivos que son la mayoría de sus directores. Un coñazo que se extiende hacia la falsa trascendencia de las historias, argumentos y guiones. Y un coñazo que se culmina con la sobreactuación y el tostón melodramático de un grupo de actores privilegiados –casi siempre los mismos–, que sólo saben interpretarse a sí mismos. Algunos de ellos, involuntariamente cómicos y divertidos. Cuando la tristeza me abruma o la depresión me avisa, acostumbro a ver algunas escenas de «Martín Hache» y río a mandíbula batiente con Luppi y Diego Botto en tan singular estupidez filmada, que ellos se toman tan en serio.

La derecha va al cine, como la izquierda. Pero desde su libertad –¿quién es la derecha y quien la izquierda para Aranda?–, pretende pasarlo bien, aprender, divertirse, entretenerse y volver a casa satisfecha. Además, que el hecho de pasar por taquilla para ver cine español resulta especialmente gravoso para los contribuyentes, que previamente, han pagado con sus impuestos las memeces producidas. Creo que tanto la derecha como la izquierda tendrían que acceder gratuitamente a las salas donde se proyectan películas subvencionadas mediante el simple trámite de mostrar a la entrada la copia de la declaración de la renta.

El problema, según Aranda, es que en la derecha no hay intelectuales. Y aquí me atrevería a preguntarle al intelectual Aranda quién le ha dado autorización, permiso o poder para conceder la cualidad y calidad de intelectual a su capricho y libre albedrío. Se me ocurren, de golpe, entre académicos, juristas, filósofos, escritores, artistas y hasta cineastas, más de dos centenares de intelectuales que se mueven por los ámbitos del liberalismo y el conservadurismo, y no alcanzo a sumar tantos en los despistados y autohinchados paisajes de la izquierda, que también los hay, pero menos de lo que algunos creen. Porque si los intelectuales de la izquierda se sustentan en su número en los pesebristas cejeros y subvencionados, vamos dados.

Dice Aranda que sin subvenciones no hay cine, porque España no tiene el número suficiente de habitantes para cubrir libremente el presupuesto de la cinta. Pregúntele a Segura y a Garci. Lo que no hay habitantes en España es para ver el malísimo cine que se hace con nuestro dinero, incluído el cine del señor Aranda, al que deseo toda suerte de venturas y presidencias de jurados siempre que sus felicidades y producciones corran a cuenta de su bolsillo. Aquí, Aranda, no hay derecha o izquierda que vaya o no vaya al cine. Hay cine bueno y hay cine malo. Hay originalidad o hay tedio. Y ustedes representan las segundas opciones. Simplón.

La Razón - Opinión

Déficit. Agua de borrajas. Por Emilio J. González

¿Qué credibilidad puede tener semejante limitación constitucional cuando en este país llevamos ocho años dando patadas y más patadas a la Carta Magna, a conveniencia del Gobierno y con el respaldo de un más que politizado Tribunal Constitucional?

Zapatero acaba de realizar un nuevo ejercicio de cinismo al proponer un límite constitucional al déficit público. Yo no es que esté en contra de dicha medida, todo lo contrario. Soy de los que piensan que el déficit no resuelve ningún problema y crea muchos y muy importantes. Pero el hecho de que comparta el espíritu de semejante propuesta –que procede, conviene recordarlo, del tándem Merkel-Sarkozy y no de ninguna ilustre cabeza pensante de Moncloa– no quiere decir que comparta los motivos que han llevado al presidente del Gobierno a presentarla este martes en el Congreso ni que, en la España de hoy, no me muestre escéptico en cuanto a la eficacia de dicho corsé, por muy constitucional que sea éste. Me explico.

En primer lugar, no deja de resultar irónico que el presidente que hizo del gasto público su bandera para luchar contra la crisis, lo que dio lugar en buena medida a los problemas presupuestarios y de deuda que padecemos hoy, quiera presentarse ahora como el adalid del saneamiento de las finanzas públicas con una propuesta de enmienda constitucional que él no va a llegar a votar porque, de acuerdo con los tiempos parlamentarios y electorales, dicha enmienda tendrá que aprobarse, necesariamente, en la próxima legislatura, en la cual Zapatero ya estará fuera de la política. Para él, por tanto, no tiene coste alguno y con eso, a su entender, queda bien con Alemania y Francia y da la impresión de que hace todo lo posible por combatir la crisis fiscal que asola nuestro país. Pues si tanto le preocupan estas cuestiones, ¿por qué no aprueba un nuevo recorte del gasto público para lo que queda de año? ¿Por qué no lo ha hecho antes, en lugar de jugar a subir los impuestos y de presentar un cuadro macroeconómico imposible para 2011 que le permitía, al menos sobre el papel, porque el papel todo lo aguanta, no llevar a cabo la poda drástica en el gasto público que exigen las presentes circunstancias? Eso es lo que tenía que hacer, y no proponer enmiendas constitucionales que nadie le pide y trasladan a otros los problemas que ha creado él.

Además, ¿qué credibilidad puede tener semejante limitación constitucional cuando en este país llevamos ocho años dando patadas y más patadas a la Carta Magna, a conveniencia del Gobierno y con el respaldo de un más que politizado Tribunal Constitucional, hasta el punto de que hoy está en la UVI? Para que dicha enmienda, si se aprueba, pueda ser efectiva, lo primero que tendría que hacerse es reformar el Constitucional, con el fin de que nadie se la pueda saltar a la torera y, de paso, que tampoco se pase por el arco del triunfo el resto de preceptos constitucionales.

Por último, esa enmienda no servirá de nada si en su contenido no se obliga a todos los niveles de la Administración a cumplirla ni se dota al Estado de los medios para forzar a las autonomías y los ayuntamientos a hacerlo, les guste o no, lo cual requiere, en última instancia, un nuevo modelo de Estado que implica más y más cambios constitucionales. Sin ellos, esa enmienda no será más que agua de borrajas.

Libertad Digital - Opinión

Una reforma necesaria

La propuesta de reformar la Constitución para fijar el límite de déficit y el techo de deuda de las cuentas públicas centró ayer el Pleno extraordinario del Congreso y dejó en un segundo plano el debate sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para recaudar 5.000 millones de euros adicionales. Casi al mismo tiempo que Zapatero anunciaba su propósito y que Rajoy lo secundara, se abrió una cierta polémica sobre la necesidad de que esa reforma sea sometida a referéndum. Que la Constitución nos inspire un gran respeto no significa que sea intocable o que no se pueda modificar de manera ágil de acuerdo a los procedimientos previstos en su propio texto. No es la primera vez que, precisamente para incorporar mandatos de tratados internacionales, se reforma, ni será la última. La construcción europea exige la renuncia progresiva a cuotas de soberanía que debe reflejarse en el texto constitucional. Éste es el caso que ayer planteó el presidente: una reforma que se hará mediante procedimiento ordinario y exige el apoyo de los 3/5 de las Cortes; salvo que 35 diputados y 25 senadores lo soliciten, no será necesario someterla a referéndum. No conviene, por tanto, dramatizar unos cambios que vienen exigidos por los socios europeos, pero que además son positivos para España. De hecho, el Gobierno debió aceptar la propuesta que en este mismo sentido le hizo Mariano Rajoy hace un año, en vez de despreciarla con tanta displicencia como ignorancia. Nuestras cuentas públicas, empezando por las autonómicas y las municipales, no gozan de demasiado crédito en la UE desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto fijados por Aznar. España necesita un plus de credibilidad y esta reforma constitucional lo proporcionará, sobre todo porque permitirá una política fiscal a salvo de las excepciones que los gobernantes nacionalistas exigen cada dos por tres al Gobierno central. Queda pendiente cómo se articulará de manera práctica la fijación del déficit y de la deuda en cuanto a vigencia temporal, porcentaje y excepciones (Alemania ha optado por un modelo, pero no es el único). La cuestión no es menor porque de su acierto depende que la acción de gobierno no quede demasiado encorsetada para reaccionar con agilidad a los ciclos económicos. Por lo demás, el debate de ayer sobre las nuevas medidas económicas puso de relieve la soledad con la que el Gobierno afronta sus últimos días, sin apoyos, sin credibilidad y sin fuelle. Que incluso el PNV le negara su voto es de gran elocuencia. Se diría que los grupos parlamentarios ponen ya más interés en las propuestas de Rajoy que en las de Zapatero, de ahí que llamara la atención el anuncio del primero de que si gana las elecciones del 20-N prolongará un año la rebaja del IVA a la compra de la vivienda nueva. Y tampoco pasó desapercibida su sugerencia al presidente socialista de que si piensa seguir adoptando medidas que condicionen al futuro Gobierno, debería consultarlas con los dos candidatos en liza electoral, lo cual es muy razonable; si Rubalcaba no se ha sumado a la petición es porque seguramente ya recibe puntual información y porque su opinión es tenida en cuenta.

La Razón - Editorial

Mensaje a los mercados

La discutible reforma de la Constitución para limitar el déficit intenta evitar nuevas turbulencias.

El presidente del Gobierno logró ayer que el Congreso convalidara el decreto ley aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros, que incluye diversas medidas para reducir el déficit. Lo que se preveía como un debate sin sorpresas resultó todo lo contrario. Las mayorías para aprobar el decreto fueron diferentes de las previstas y, sobre todo, Zapatero, en respuesta a las exigencias de la reciente cumbre franco-alemana, propuso reformar la Constitución para incluir en su texto "una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo" que vincule a todas las Administraciones públicas. Fue una propuesta inesperada, fruto de una decisión tomada en las últimas horas, que contradice la posición de su partido y del candidato Rubalcaba, y que Rajoy aceptó de inmediato, ya que hace un año hizo una propuesta similar.

El apoyo mayoritario que ayer obtuvo la reforma no resuelve las dudas acerca de la conveniencia de fijar un límite de déficit en la Carta Magna. En España existen mecanismos igualmente eficaces que, además, refuerzan la estabilidad del texto constitucional. Incluir al máximo nivel legal disposiciones que pertenecen al ámbito de las decisiones de Gobierno y que en ocasiones no pueden cumplirse por imposibilidad material de hacerlo, erosiona el concepto de constitucionalidad. Hasta el pleno de ayer, esta era la posición del Gobierno, al menos en palabras de la vicepresidenta Salgado.

La rapidez con la que se ha verificado el paso a la posición contraria, desairando el criterio defendido por el candidato Rubalcaba, evidencia más bien la necesidad del Gobierno de trasladar un nuevo mensaje contundente a los mercados, ante el riesgo de graves convulsiones financieras en los próximos meses. El Ejecutivo teme que las turbulencias de agosto continúen y que la prima de riesgo española vuelva a sufrir en un contexto de estancamiento de la economía. Se trataría, por tanto, de una medida dolorosa para Zapatero, un nuevo sacrificio en el altar de los mercados. El Gobierno necesita dotar de sentido político los dos meses que faltan para el inicio de la campaña electoral. Pero proponer desde una situación de debilidad una medida de tanto calado puede ser discutible.

Hasta el inicio de la campaña para el 20-N, España se encuentra en una situación política singular. La decisión de anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación sobre la fecha en la que se hará efectiva coloca a las instituciones en un extraño compás de espera. Mientras dure, la única preocupación de los grupos será no cometer errores, evitando aparecer demasiado próximos al Gobierno, pero también demasiado alejados, para que no se les reproche falta de colaboración para combatir la crisis. Así se explica que el grupo socialista convalidara ayer el decreto del pasado viernes apoyándose más en las abstenciones que en los votos a favor.

El País - Editorial

Merkel y Sarkozy ponen firme a Zapatero

Al haber arruinado a España, al PSOE no le queda más remedio que transigir en algunas normas que atacan directamente sus prejuicios ideológicos más asentados.

Que Zapatero haya tenido finalmente que claudicar y proponer la aprobación de un límite constitucional al déficit es la prueba más palpable de que nuestra economía depende cada vez más del eje franco-alemán y menos de ella misma. Al final, en las postrimerías de la legislatura, va a ser cierto que Zapatero nos ha llevado al corazón de Europa, pero para transferirle nuestra soberanía.

Es cierto que, pese a todas las cautelas necesarias –la norma abre la puerta a subidas de impuestos, se desconocen los mecanismos para controlar su implementación, todavía no se ha específicado qué nivel de déficit será aceptable...–, la medida de restringir desde la Carta Magna el endeudamiento en el que puede incurrir la administración sería, de aplicarse, positiva y necesaria para apuntalar la credibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero es igual de positiva y necesaria ahora como lo era hace siete años, cuando Zapatero aguó la ley de equilibrio presupuestario de Aznar, o como lo era hace un año, cuando Rubalcaba se burlaba de una propuesta similar presentada por Rajoy.

En realidad, no cabe pensar en una repentina conversión del PSOE a la austeridad presupuestaria, sino más bien, como decíamos, en nuestra creciente dependencia económica de la refinanciación que nos proporciona el Banco Central Europeo o de la que nos puede llegar a ofrecer Bruselas.

Al cabo, al socialismo patrio no sólo le faltan credenciales que demuestren su actitud contraria a la acumulación de déficits, sino que otras reformas constitucionales pendientes, como la de sucesión a la Corona, llevan atascadas desde hace años. Pero para sacar adelante esta reforma ha bastado con que Merkel y Sarkozy se reunieran y lo ordenaran en una comparecencia conjunta: Zapatero apenas ha tardado unos días para tramitar su urgente inclusión en nuestra Ley de Leyes.

Está visto que si no nace de nosotros la predisposición a hacer los deberes, nos vendrá impuesta desde fuera. Pero ello sólo demuestra, una vez más, la nula diligencia de nuestra clase política, especialmente de nuestra clase política socialista: como hemos tenido ocasión de comprobar durante estos ocho años, su principio de actuación sólo es el del oportunismo; cambiar de opinión según sople el viento. En este caso, al haber arruinado a España, al PSOE no le queda más remedio que transigir en algunas normas que atacan directamente sus prejuicios ideológicos más asentados. Bien por el fondo pero desastroso por las formas; sobre todo por las formas que dejan entrever una menor soberanía de la Nación.

Libertad Digital - Editorial