El caso Faisán es una factura perdida del «proceso de paz» que la justicia ha dejado en el vestíbulo del poder.
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EL cartero de la política siempre llama dos veces a la misma puerta. Hay momentos en los que da la impresión de pasar de largo con las facturas del ejercicio del poder pero luego acaba llamando de nuevo para entregarlas a su destinatario. El sumario del bar Faisán es un envío postal perdido que la justicia ha depositado en el vestíbulo de La Moncloa con acuse de recibo; en su interior va la minuta del proceso de negociación con ETA que Zapatero y Rubalcaba habían dejado sin pagar en la primera legislatura.
El diálogo con los terroristas vascos fue el proyecto clave del anterior mandato zapaterista. El presidente salió indemne del fracaso de su apuesta porque la sociedad entendió que estaba decidido a rectificar y le otorgó una amnistía política. Sin embargo, en esos años ocurrieron cosas infames de las que ningún Gobierno se puede ir de rositas, y el chivatazo del Faisán representa el epítome de esos episodios de indignidad. Su explosión judicial puede reventar en plena cuenta atrás de la sucesión de Zapatero y será difícil que el principal candidato al relevo logre escapar de la onda expansiva. Aunque tal vez la cadena de mandos policiales sirva de cortafuegos en la delimitación penal de un delito execrable, unos hechos de esa índole ignominiosa exigen la depuración de responsabilidades en el plano moral y político. El asunto es muy desagradable, profundamente antipático, pero un Estado de Derecho no puede consentir que los representantes del orden público favorezcan por ninguna razón ni por ningún motivo la impunidad de los miembros de una banda armada.
El diálogo con los terroristas vascos fue el proyecto clave del anterior mandato zapaterista. El presidente salió indemne del fracaso de su apuesta porque la sociedad entendió que estaba decidido a rectificar y le otorgó una amnistía política. Sin embargo, en esos años ocurrieron cosas infames de las que ningún Gobierno se puede ir de rositas, y el chivatazo del Faisán representa el epítome de esos episodios de indignidad. Su explosión judicial puede reventar en plena cuenta atrás de la sucesión de Zapatero y será difícil que el principal candidato al relevo logre escapar de la onda expansiva. Aunque tal vez la cadena de mandos policiales sirva de cortafuegos en la delimitación penal de un delito execrable, unos hechos de esa índole ignominiosa exigen la depuración de responsabilidades en el plano moral y político. El asunto es muy desagradable, profundamente antipático, pero un Estado de Derecho no puede consentir que los representantes del orden público favorezcan por ninguna razón ni por ningún motivo la impunidad de los miembros de una banda armada.
Más allá del soplo a los extorsionadores de empresarios, los detalles conocidos de la negociación con ETA retratan a un Gobierno entregado, dispuesto a cualquier cosa para salvar su errático plan aventurerista. Es cierto que después rectificó pero lo hecho, hecho está, y además la rectificación no fue fruto de la convicción de un error sino del delirio de unos terroristas a los que se les antojaba escasa la humillación que les ofrecía un Estado democrático. Fueron ellos los que echaron por tierra el famoso proceso, en el que Zapatero llegó mucho más lejos de lo que aconsejaba la razón y dictaba la decencia: incluso a seguir hablando con la banda después del atentado de Barajas. Los preocupantes avatares de la crisis económica dejaron esa desgraciada peripecia en estado de aparente prescripción política, pero los posibles delitos que investiga la causa no han prescrito y además tienen la peligrosa propiedad de rescatar la memoria asociada de otras responsabilidades y compromisos.
Eso es lo que está ocurriendo con el caso Faisán, que vuelve del pasado como un fantasma con cuentas pendientes, y no sólo en el ámbito penal. En uno de los momentos más delicados de esta legislatura, Zapatero y su valido se enfrentan a un viscoso debate retroactivo con los más comprometedores demonios de su pretérito imperfecto.
Eso es lo que está ocurriendo con el caso Faisán, que vuelve del pasado como un fantasma con cuentas pendientes, y no sólo en el ámbito penal. En uno de los momentos más delicados de esta legislatura, Zapatero y su valido se enfrentan a un viscoso debate retroactivo con los más comprometedores demonios de su pretérito imperfecto.
ABC - Opinión
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