El escenario de la izquierda proetarra se complica con este auto del Supremo, porque el Estado de Derecho les está anulando los márgenes de actuación y ya no cuentan con el protectorado del PNV desde las instituciones, ni con la repercusión de sus ilegalizaciones en la opinión pública. Su marginación en la democracia es consecuencia de su servidumbre a ETA y, además, se está normalizando. Ya no es un acontecimiento excepcional, porque lo normal es que aquellos que apoyan la violencia queden excluidos del tablero democrático. La aplicación de la ley, cuando se produce sin vacilación, tiene un efecto arrollador y de éste pretende huir el entramado batasuno, centrado ahora en organizar una nueva izquierda abertzale, apoyada en una nueva agitación social, como la huelga general anunciada para el próximo día 21 contra el gobierno de Patxi López, y en una táctica de «acumulación de fuerzas» en torno a un planteamiento soberanista que atraiga a formaciones como Aralar y Eusko Alkartasuna, e incluso acabe pugnando con el PNV por el liderazgo del frente nacionalista.
En buena medida el éxito de esta táctica de reagrupación urgente de los abertzales dependerá de las esperanzas que, por acción o por omisión, le dé el PSOE o el Gobierno central, porque sus muñidores, Arnaldo Otegi y el sindicalista Rafael Díez Usabiaga, confían tanto en que ETA facilite una nueva tregua como en que los socialistas acepten, en tal caso, otra vez una negociación política. La respuesta que frustre estas esperanzas de los proetarras no debe ser pura retórica, sino la perseverancia en hechos y comportamientos claros que de nuevo están llevando a ETA y a sus sicarios más cerca de la derrota, como las operaciones policiales que se están ejecutando, la impugnación judicial de listas «contaminadas» por los terroristas y, sobre todo, la consolidación de una alternativa estatutaria y constitucional entre populares y socialistas vascos al frente del Gobierno autonómico.
ABC - Editorial
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