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El canon digital, cuya implantación por el Gobierno estaba prevista para mediados de enero, acumula un mes de retraso, circunstancia que los colectivos contrarios a la tasa achacan a la cercanía de las elecciones generales y el efecto negativo que su puesta en marcha podría tener sobre las aspiraciones del PSOE. Los socialistas se ha quedado solos con Izquierda Unida en la defensa del canon, después de que partidos tan diversos como PP, ERC, ICV, Ciudadanos o la UPD de Rosa Díez se hayan manifestado en contra de este impuesto, que prevé gravar todo tipo de soportes y dispositivos que almacenen, copien o reproduzcan información, como CD-R, teléfonos móviles o MP3.
Fuentes del ministerio de Industria afirmaron a El Confidencial que la orden ministerial para la puesta en marcha efectiva del canon estaba lista, a la espera de la firmas del ministro Joan Clos y del titular de Cultura, César Antonio Molina, y su posterior publicación en el BOE. Industria y Cultura informaron de su acuerdo sobre las tarifas del nuevo canon el pasado 18 de diciembre, y apuntaron que podría comenzar a aplicarse a mediados de enero. No obstante, desde Industria se explica que la orden ministerial se encuentra postergada sin fecha, pese a no existir ninguna traba legal para ello.
El rechazo al canon, que suma dos millones de firmas en la plataforma ‘Todos Contra el Canon’, es uno de los ejes de la campaña electoral de Mariano Rajoy y un motivo de tensión en las filas socialistas. Si se empezara a cobrar antes del 9 de marzo, podría provocar una nueva agitación social contra el Gobierno en plena campaña electoral. Precisamente, el PP utilizó este impuesto para desacreditar a los artistas que conforman la Plataforma de Apoyo a Zapatero, identificándolos como los beneficiarios del canon.
Mientras el Gobierno retrasa la aplicación de la tasa, las voces contrarias a este modelo de compensación a los artistas por el derecho a copia privada se multiplican. La compañía holandesa Philips confirmó a este diario que, en noviembre, elevó a la Comisión Europea una queja contra el canon digital español, al considerar que no se trata de una normativa justa y que perjudica la armonización del mercado interior de la Unión Europea. Los fabricantes y comerciantes de productos informáticos han advertido frecuentemente del peligro de la invasión de dispositivos importados, sobre todo de Asia, que se venderían burlando el canon y que hundirían la industria local. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, celebró que las empresas hayan comenzado a levantar la voz contra el canon, ya que, aseguró, "les han dejado a las asociaciones de usuarios todo el trabajo duro de oposición".
Críticas de Bruselas
Además, el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Charlie McCreevy, se manifestó la semana pasada a favor de "una nueva mirada" sobre los sistemas de compensación a los artistas. "Lo que intentamos hacer es introducir realismo en este debate y que el nivel del canon esté relacionado con el montante de la pérdida por la copia privada. Y esto no es muy obvio en algunos de los productos a los que se aplica este canon", indicó McCreevy. Domingo subrayó que las declaraciones del comisario europeo desmienten los argumentos del PSOE, que, para defender el canon, suele argumentar que se trata de una imposición de Bruselas para defender la propiedad intelectual. "Todos estamos de acuerdo en que hay que compensar a los artistas por la copia privada, pero en España el Gobierno ha dispuesto 115 millones de euros para las entidades de gestión", criticó Domingo.
Los países europeos ofrecen diversas soluciones al canon. Mientras que en el Reino Unido no existe, porque no hay derecho a la copia privada, en Alemania es el Estado el que aporta la compensación sin que afecte a los consumidores. En Francia existe el canon, por lo que se ha prohibido la comercialización de productos con sistemas anti-copia, a diferencia de España, donde, pese a que se reconoce la copia privada, se venden discos que no permiten esta acción, violando así el derecho de los usuarios. El canon digital cuenta también con el informe en contra del Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano asesor del Gobierno, que considera que se trata de un sistema poco justo y equitativo, y que repercute en el precio final que pagan los consumidores la obligación de fabricantes, importadores y distribuidores de aplicar la tasa.
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