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Tampoco resulta al parecer significativo para el discurso oficial que 200.000 catalanes se manifiesten en Barcelona con gritos de independencia como protesta por los incidentes en la construcción del AVE, convocados por una Plataforma por la Autodeterminación (por el "dret a decidir"), con los ex presidentes Pujol y Maragall al frente o en sus filas, y no contra el Gobierno y su testaruda ministra de Fomento, sino contra el Estado español.
Ante tal acumulación de síntomas, no hace falta incurrir en predicciones apocalípticas, pero sí tomar conciencia de que en los últimos años ha subido en flecha la cotización del independentismo en Euskadi, y con especial intensidad, en Cataluña. El "desapego", por usar la palabreja del presidente Montilla, es hoy una realidad en tierras catalanas. Al comienzo de la década no lo era. En cuanto a Euskadi, el fracaso de Ibarretxe en las autonómicas de 2005 y la sensación de debilidad de ETA después de la tregua no han servido para que ninguna de las dos ramas del nacionalismo apunte un regreso a la lealtad constitucional.
Al dimitir Imaz, el espejismo de las dos almas se desvanece y Urkullu nos recuerda, en plan de seguidor fiel de Sabino, que el objetivo del PNV es la soberanía vasca, alcanzada mediante el pragmatismo. De las cautelas de Imaz sobre una eventual consulta, nada, y de apoyo a Ibarretxe, todo. Piensa que el PSOE estará dispuesto a ceder después de las elecciones de marzo si necesita sus votos para la investidura, igual que aprobó unos presupuestos con viajes pagados para visitar a etarras con tal de salvar a la ministra de la recusación. Entretanto, curiosa oposición a ETA que Urkullu cree compatible con el rechazo de la ilegalización de ANV, en espera de que PNV y Batasuna, sin violencia, conquisten "todo un mundo". Con la bendición de Setién.
No ha de extrañar así la brutal reacción nacionalista a la sentencia del macrojuicio, al alinearse con quienes ignoran lo que Ibarretxe y Urkullu saben perfectamente, esto es, que las organizaciones condenadas forman parte de ETA. ¿Cómo hay que llamar a quien defiende al criminal, le protege, difama a la justicia e ignora a las víctimas? Porque no otra cosa son hoy los dirigentes jeltzales. Todo sea por presentar una vez más a España opresora de los vascos.
Claro que si en Euskadi la rueda del soberanismo vuelve a girar sobre sí misma, en Cataluña se mueve dando bandazos, pero con un claro sentido de avance, desde que Pasqual Maragall decidiera jugar la baza del catalanismo radical para presidir la Generalitat. Con el tripartito, no se tratará ya de profundizar la construcción nacional catalana, sino de redefinir las relaciones con el Estado en un marco de bilateralidad. Tras una sucesión de idas y venidas, resultó aprobado un Estatuto de dudosa constitucionalidad que no satisfizo a nadie, ni siquiera a quienes lo aceptaron como un mal menor, incluidos el Gobierno de Madrid y el PSC. Todos iban a sentirse cómodos (Maragall); al final la incomodidad fue general.
La situación catalana es preocupante, en la medida que se funden en ella: a) una dura competencia política, que lleva a los partidos catalanes a entrar en una subasta anticentralista de afirmación de catalanidad radical; b) la frustración por la viscosa elaboración del Estatut y, c) como consecuencia de ambas, un espacio abierto para el ejercicio de la xenofobia contra todo lo que huela a español. Los documentos aportados por Albert Boadella en su Adiós, Cataluña, aun prescindiendo de su testimonio personal, nos informan acerca de una atmósfera de totalitarismo capilar, grosero y agresivo en los grupos de acción radicales y en pequeños goebbels de la pluma, bajo la comprensión afectuosa de quienes presumen de demócratas, al modo en que los liberales italianos favorecieron el ascenso del fascismo. Paralelamente, autodeterminación e independencia comienzan a ser aspiraciones que ya no están limitadas a una pequeña minoría, y sobre todo, fruto de la inseguridad y de los debates sobre las esencias nacionales en la gestación del Estatut. La irritación de un sector de la opinión pública catalana que en fecha reciente sufriera la catastrófica gestión de la llegada del AVE a Barcelona, las ha hecho crecer de forma exponencial.
Fue la aventura política de Maragall, al creer en la promesa de Zapatero y en el autocontrol de sus socios, lo que ha generado un conflicto que dista de encontrar solución, ya que si el Tribunal Constitucional rechaza artículos importantes del Estatut sobre la bilateralidad, la financiación o la preeminencia forzada del idioma "propio", lo que la va a plantear la mayoría del arco parlamentario catalán, con CiU a la cabeza, es un ejercicio de autodeterminación puntual, mediante una consulta popular al modo de Ibarretxe. Lectura simbólica: Cataluña frente a España.
Entretanto, ¿qué pensaba Zapatero?, ¿qué pensaba Rajoy? El segundo y sus corifeos han sido bien claros. Tal y como sucediera en el reciente tema de la ilegalización de ANV, no les preocupa la eficacia en la eliminación de los radicales o consolidar un Estatut constitucional, objetivos por los que claman, sino desgastar al Gobierno. De ahí que en vez de reflexionar sobre la reestructuración del Estado de las autonomías, hayan preferido recuperar las formas añejas de nacionalismo español, dando así carnaza a sus adversarios. Al Gobierno esto acaba favoreciéndole, en la medida que le permite desviar todo hacia la aburrida pelea de carneros. Por su parte, a la vista de lo sucedido en la gestación del Estatut y de las fracasadas negociaciones de la tregua con ETA, Zapatero debe opinar que carece de importancia, no sólo lo que suceda a largo plazo, sino cuanto pueda pasar más allá de la formación de un nuevo Gobierno bajo su presidencia.
Por un lado y por otro, en el Gobierno y en el PP, impera la máxima de que lejos de nosotros la funesta manía de pensar algo tan complicado. Campo libre entonces para que progresen las identidades maniqueas, una asesina, otra ensimismada, la tercera vuelta al pasado. Todo ello en una Europa entregada a favorecer los movimientos de separación. Ahí está la UE proponiendo un Kosovo independiente. Conviene recordar que desde el estallido del Imperio Austro-húngaro hasta la partición de Checoslovaquia y la trágica fragmentación de Yugoslavia, la ceguera voluntaria de algunos gobernantes ha sido factor esencial en la destrucción de Estados y en el retroceso de la idea de Europa.
El País - Opinión - 26/12/2007
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