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Tras el último encuentro tuvieron que repasar los ficheros policiales para averiguar la identidad de alguno de sus interlocutores Interpretaron que el mero hecho de que se hubiera celebrado la reunión de diciembre implicaba que ETA estaba dispuesta a mantener su «alto el fuego permanente»
ETA cambió a sus interlocutores habituales, al menos, en la última reunión que mantuvo con los intermediarios del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Según las fuentes consultadas, al último encuentro celebrado en diciembre no acudió Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera. Y además, otro de los negociadores presentados por la banda terrorista no fue reconocido por los enviados gubernamentales.
Aun así, los representantes del Ejecutivo consideraron que el encuentro encerraba todas las garantías requeridas y decidieron su continuación. Posteriormente, tuvieron que cotejar fotos y alias con las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder concretar la identidad de los interlocutores.
Ésa fue la reunión de la que los intermediarios gubernamentales -probablemente los socialistas Jesús Eguiguren y Francisco Egea, según una identificación policial, así como el ex fiscal general del Estado, Javier Moscoso- extrajeron la conclusión de que la banda había decidido no romper la tregua, al menos, a corto plazo.
De hecho, el Gobierno, aunque no trabajaba con un horizonte en el que fuera creíble la existencia de atentados, abordaba la situación a corto plazo y únicamente se atrevía a dar garantías por un mes.
Este espacio de tiempo era, efectivamente y, de por sí, excesivamente corto, pero, según las fuentes consultadas, suficiente para intentar convencer a Batasuna de la conveniencia de llegar a un preacuerdo sobre los contenidos y los plazos de la mesa oficial de partidos políticos, y para cerrar con ETA una reunión, ya no preparatoria ni con intermediarios, sino con los representantes oficialmente designados por el Ejecutivo.
El encuentro que, probablemente, se celebró de nuevo en una capital nórdica -el Gobierno ha negado que tuviera lugar en Turquía- se produjo después de que la banda terrorista y la izquierda abertzale advirtiesen de la existencia de una crisis en el proceso iniciado para acabar con el terrorismo. Durante meses, la banda vino avisando de lo que consideraba «incumplimientos» del Ejecutivo.
Como ya había señalado de manera reiterada y prácticamente desde sus comunicados del mes de junio, su prioridad era la creación de una mesa de partidos políticos en la que, como dejó bien claro, no podía llegarse a un acuerdo que conllevase una reedición del Estatuto de Gernika.
Desde el primer momento aclaró que el marco jurídico español debía verse superado y añadió a sus exigencias la ausencia de detenciones, la paralización de los procedimientos judiciales contra la izquierda abertzale y la legalización de Batasuna, tres puntos en los que el Gobierno se había mostrado más que receptivo en las negociaciones previas al alto el fuego.
Esta situación de reproches y exigencias cuajó a mediados del mes de agosto cuando ETA, en un comunicado oficial, avisó de la gravedad de la crisis abierta.
La izquierda abertzale aparentó que quería encontrar una solución y propuso la firma de un pacto previo para la convocatoria oficial de la mesa de partidos, un preacuerdo para cuya negociación, secreta y extraparlamentaria, fue incorporado el PNV.
Ni los compromisos ni la idea del atisbo de acuerdo fueron suficientes para la banda terrorista porque en el Zutabe posterior -el boletín dirigido al pueblo vasco, tal como se ocupó de especificar ETA- incluyó determinadas advertencias a la izquierda radical y, después de cambiar varios plazos, puso como época definitiva para cumplir con sus condiciones la de finales de otoño.
A pesar de las amenazas, el Ejecutivo creyó contar con datos que indicaban que ese ultimátum de ETA estaba más dirigido a presionar y a escenificar una situación de dureza ante sus bases, que a indicar la fecha aproximada de un atentado con víctimas mortales. Aun así, se consideró oportuna la concertación de un encuentro para asegurar la continuación del proceso de paz.
En aquella reunión, los etarras no garantizaron expresamente a los enviados del Gobierno que no fueran a romper la tregua, pero aseguraron que mantenían los canales abiertos y dieron a entender con ello que, por el momento, no tenían de qué preocuparse.
Esta confirmación de que las vías de comunicación permanecían abiertas fue suficiente para que el Gobierno se diera por satisfecho. La impresión optimista se vio reforzada por el hecho de que la banda terrorista siempre ha adelantado a sus interlocutores mediante un comunicado y, previamente, de manera privada, su intención de romper las treguas que ha iniciado.
En la citada reunión, al parecer, no hubo asomo de advertencia en este sentido y el Ejecutivo extrajo la conclusión de que el plazo de finales de otoño estaba superado.
Sin embargo, poco después quedaría claro que ETA, saltándose sus propias normas, había decidido inaugurar el sistema de las treguas para negociar compatibles con atentados y que, desde este punto de vista, tampoco tenía por qué advertir a sus interlocutores.
Eguiguren, en cualquier caso, no supo en aquellos momentos con quién había estado negociando. Respecto al alcance de la ausencia de Josu Ternera, hay varias lecturas.
Las Fuerzas de Seguridad venían advirtiendo incluso desde antes del verano que este terrorista en el que el Gobierno basaba la fiabilidad del proceso, había recibido la advertencia de los más radicales sobre la necesidad de verificar la intención del Gobierno de dar pasos en el proceso.
Después se constató que había quedado mermada su autoridad. Sin embargo, los expertos sostienen que Ternera asumió la decisión de atentar por consenso como el resto y que, probablemente, no acudió a la cita por dos razones intimamente conectadas entre sí: la primera, porque quería preservar su eventual papel futuro de negociador y la segunda, porque ya sabía lo que se estaba preparando en diciembre, en Madrid, a pocos días del encuentro.
Ángeles Ecrivá
El Mundo, 29-01-2007
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