jueves, 16 de junio de 2011

Resurreción. Por M. Martín Ferrand

Gallardón merece un desagravio de sus oponentes y un reconocimiento de sus próximos.

GUSTAV Mahler tenía tanto interés en escapar del Romanticismo como empeño demuestra Alberto Ruiz-Gallardón por instalarse en un futuro ecléctico y menos apasionado —sectario— que el presente político que vivimos. El talento no tiene retrovisor. Si Mahler, de quien conmemoramos este año el centenario de su muerte, no hubiera sido judío, y por ello proscrito por el III Reich, su reconocimiento se hubiera adelantado en dos o tres generaciones. Del mismo modo, si Gallardón no fuera de derechas, al margen del complejo faraónico que le incita constantemente a construir pirámides, sería reconocido por todos, incluso por sus conmilitones, como uno de los políticos más grandes y cabales de su generación. Recién inaugurado de cincuentón ya tiene una biografía verdaderamente respetable. Incluso quienes muchas veces hemos sido críticos con él, especialmente por su tendencia a atribuirse funciones que no son propias del Concejo y que rompen el equilibrio público en la promoción de la cultura, debemos reconocerle su grandeza e incluirle entre los mejores alcaldes de la Villa desde que lo fue Carlos III. Y que San Isidro le perdone la tarta de nata que mi paisano Antonio Palacios construyó como Palacio de Comunicaciones y él ha convertido en mayestática sede municipal con perjuicio de la Casa de la Villa que, durante cuatro siglos, sirvió de sede al Ayuntamiento.

A pesar de su tonante y reciente victoria electoral, Gallardón debe de estar bajo de moral. Es sintomático que un melómano de su categoría no estuviera en el Auditorio en la fastuosa ocasión en que la San Francisco Symphony y el Orfeón Donostiarra interpretaron la segunda sinfonía del citado Mahler, Resurrección.

Ahora, acosado por un grupito de energúmenos que, animados por quienes nunca debieron hacerlo, le asedian en su calle, que lleva el nombre, para que la paradoja sea total, de uno de los dos o tres mayores cronistas de sucesos de la historia del periodismo español, el renovado alcalde conoció la reiterada mala educación, vociferante y zafia, que nos define. ¿En nombre de qué, o de quién, pueden allanarse la intimidad y el descanso de un hombre público que ha consagrado su vida a nuestro servicio? Gallardón merece un desagravio de sus oponentes y un reconocimiento de sus próximos. Los demás, todos nosotros, ciudadanos y contribuyentes, merecemos una política de orden público distante de la que marcan los acontecimientos, coincidentes con la decadencia del poder socialista, que en Madrid, Barcelona y otros lugares de España acreditan la demoledora política del mal menor que inspira un aspirante a presidente del Gobierno.


ABC - Opinión

Indignados. ¡No es esto, no es esto!. Por Cristina Losada

Lean a Revel los que aún leen. La causa era buena, la teoría, fantástica, sólo ha fallado un poquito la praxis. Y así se acaba por endosar el muerto a esa minoría que no representa. Nunca ha sido nadie.

Cuatro semanas después de la aparición de un novedoso e interesante fenómeno, incluso su claque más entusiasta está a punto de exclamar aquello de Ortega: "¡No es esto, no es esto!" Vale. Pero antes de darles la bienvenida al club, digamos que era "esto" desde el minuto cero. Ni siquiera tienen el mérito de haberse quitado la venda de los ojos. Se la han quitado a hostias. Así cualquiera ve las estrellas. Los propios implicados, los fundadores, los padres que incubaron a la criatura, se desvinculan de los actos más agresivos y feos. Hablan de una perversión, de una desviación de los principios del principio. Ay, la salvación por los principios, tan vieja y achacosa ella, otra vez en danza. Lean a Revel los que aún leen. La causa era buena, la teoría, fantástica, sólo ha fallado un poquito la praxis. Y así se acaba por endosar el muerto a esa minoría que no representa. Nunca ha sido nadie.

¿Y qué esperaban? La calle tiene su propia ley. La calle, como la asamblea, es tierra abonada para el totalitario, razón por la que se ha de acudir allí con especial cuidado. En tales ecosistemas siempre ganan las especies más radicales. Ya el propio carácter de movilización permanente apuntaba. Mantener a la sociedad movilizada es la meta de los ismos políticos más nefastos. Identifican a la calle con el pueblo y al parlamento con los enemigos del pueblo. Y el pobre Gómez aún propone entrar en diálogo. Pero es que ha jugado la izquierda, en extraña compañía de alguna derecha, la astuta doble carta. Desde el sistema, pero qué bien nos vienen los antisistema. Y ahí está el soy-uno-más Cayo Lara, que da pena y no da crédito tras recibir el bautismo de sus ahijados coléricos. Pues sí, el que era un movimiento transversal ejerce una transversal violencia. Igualitario.

Ahora, a ver qué dice la sociedad que, al parecer, concedía un aura de legitimidad al espectáculo. Y puede que así fuera. No en vano España, que saltó de golpe de la tradición encorsetada a la desregularización manos libres, ha tenido dificultades de juicio durante décadas. No sabía si era lícito o ilícito que se cercaran sedes de partidos, se atizara a los contrarios a una huelga, se sabotearan actos de no nacionalistas. Aún hoy no saben algunos si es bueno o malo poner bombas y asesinar al adversario. ¿Dónde están los límites? Pocos se atreverán a pronunciarse. Así, sólo rige un criterio infalible: estar con lo que diga la mayoría.


Libertad Digital - Opinión

La pinza. Por Ignacio Camacho

La pasividad tolerante de Interior permite que la deriva radical del 15-M esté batasunizando la calle.

DESPUÉS de haber permitido que Batasuna se instale en el poder, el Gobierno ha empezado a tolerar la batasunización de la calle a cargo de las excrecencias radicales del movimiento 15-M. La pasividad policial ante las algaradas antidemocráticas de los extremistas sólo se explica si alguien está pensando en utilizarlos como fuerza de presión y de choque. En los primeros días, cuando la revuelta de «indignados» era un fenómeno multitudinario y heterogéneo, la aplicación de la doctrina del mal menor ante la ocupación callejera podía tener cierto sentido, pero frente a esta crecida deriva de acoso, matonismo y borrokano hay excusas para la no intervención. Alterar bajo presión el funcionamiento de las instituciones es delito, y no digamos hostigar a las autoridades en la puerta de su domicilio. El ministro del Interior está obligado a preservar el orden, y si se lo desaconseja (?) su condición de candidato socialista tiene que dejar el cargo en manos de quien esté dispuesto a ejercerlo con responsabilidad.

El desdoblamiento de Rubalcaba apunta indicios de una esquizofrenia gubernamental, un giro del Gabinete hacia una actitud contradictoria con sus obligaciones de Estado. Arrinconado Zapatero hacia una posición residual, el ministro-candidato ha tomado el poder con ánimo de convertirlo en oposición de la oposición. El discurso oficial está virando hacia un populismo izquierdista que se muestra complaciente con las asonadas callejeras a los parlamentarios y los alcaldes y arremete contra la banca, como Valeriano Gómez, acusándola de provocar la crisis con los créditos fáciles que nadie impidió, por cierto, durante el primer mandato zapaterista. El PSOE fragua un mensaje de radicalismo incompatible con su actual posición de Gobierno, y actúa como si ya hubiese perdido las elecciones. Está buscando la complicidad de los extremistas para acorralar al PP y crearle un clima de hostilidad social. No se puede interpretar como casualidad que las protestas estén dirigidas sólo contra instituciones controladas por los populares y CiU; ayer le tocó incluso a un perplejo Cayo Lara. Nadie se ha concentrado hasta ahora, siquiera por disimular, a la puerta de un Ministerio. Y el mismo presidente, interpelado de forma directa, se despreocupó del cariz coactivo de la revuelta. Luego tuvo que rectificar la respuesta que le surgió a bote pronto. Sus preocupaciones actuales deben de estar orientadas a revolver los huesos de Franco.

El asunto tendría menos importancia si obedeciese sólo al desconcierto propio de los mareos políticos que sobrevienen tras un descalabro electoral. Lo que sucede es que se atisba el comienzo de una estrategia, de una especie de pinza utilitarista y oportunista entre un partido con responsabilidad de poder y de un difuso colectivo de alborotadores antisistema. Si no lo es, lo parece. Y no hay más que un modo de que deje de parecerlo.


ABC - Opinión

El #15M y la sinrazón de la violencia. Por Federico Quevedo

Una de las grandes virtudes que, a mi entender, ha tenido el llamado Movimiento 15M, ha sido el de saber distanciarse ideológicamente de los modelos de confrontación ideológica izquierda-derecha con los que hasta ahora veníamos trabajando los analistas políticos. Es decir, se trataba -se trata porque creo que sigue vivo bajo esa premisa- de un movimiento transversal surgido de la necesidad que tienen los ciudadanos de volver a recuperar el protagonismo político que habían perdido a manos de las organizaciones partidarias. De alguna manera ese movimiento se situaba por encima del debate dogmático superando los viejos criterios de identificación de la izquierda y la derecha, y es que si algo nos ha enseñado esta crisis es que en el plano de los principios se ha visto superada esa división según la cual la izquierda representa el altruismo y la derecha el egoísmo porque, como explica Sartori “el egoísmo puede servir al interés colectivo y, al mismo tiempo, el altruismo puede provocar el daño generalizado”. Sin comentarios, porque basta remitirse a los hechos.

Durante un tiempo, una parte de la izquierda condujo su propia deriva producto de la caída del Muro hacia el activismo radical y el populismo, mientras la derecha se instalaba en la única verdad del mercado. Pero precisamente la virtud del Movimiento 15M se encontraba en el distanciamiento del modelo demagógico y efectista que se apoyaba sobre la promoción de eso que Sartori llama la “democracia de la protesta” y la minimización de la “democracia de la razón”, dándole la vuelta. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que nos ha enseñado el Movimiento 15M es que los seres humanos, las personas, los ciudadanos, pueden volver a pensar libremente en la medida que han superado el conflicto ideológico, y necesitamos pensar, pensar mucho para cambiar las cosas y aplicar políticas nuevas que sustituyan a las malas políticas que nos han conducido hasta donde estamos y que tienen que ver con la exaltación de esos dos modelos que he relatado unas líneas más arriba.


Pero si creíamos que era posible que el Movimiento 15M mantuviera inédita su virtud sin que nadie intentara manipularlo, estábamos equivocados. La izquierda más radical, y permítanme que la distancie de esa izquierda ilustrada, moderna y sensata que en su mayor parte se encontraba cómoda con el 15M, intentó, no sé si desde los primeros pero si desde los segundos compases de la movilización, hacerse con ella y lo ocurrido ayer en Barcelona pone de manifiesto que lo ha conseguido, o al menos ha conseguido secuestrar la parte de ese movimiento que se estaba visualizando en la calle y en las plazas. Ya desde hace varios días el paisaje de los acampados en las principales plazas de España, entre ellas la Puerta del Sol de Madrid, había cambiado radicalmente y poco o nada tenía que ver con lo que allí se había dado cita en un principio y que tanta ilusión había despertado en buena parte de la sociedad.
«La virtud del Movimiento 15M se encontraba en el distanciamiento del modelo demagógico y efectista que se apoyaba sobre la promoción de eso que Sartori llama la “democracia de la protesta” y la minimización de la “democracia de la razón”.»
Por eso ayer el Movimiento 15M, que ha vuelto a ocupar el espacio desde el que había iniciado la invasión de las calles, es decir, Internet, hizo lo imposible por distanciarse de lo ocurrido en la Ciudad Condal. Pero si el movimiento quiere seguir manteniendo la pureza ideológica de la que hizo gala en sus orígenes, no basta con el distanciamiento, sino que debe quedar rotunda y abiertamente clara su condena y rechazo hacia cualquier manifestación de violencia, por una parte, y hacia cualquier intento de transgresión de la ley y de vulneración de las reglas del juego democrático. Bastaba con darse una vuelta por las redes sociales para comprobar cómo los últimos actos de violencia han empezado a causar desánimo, cuando no rechazo, entre mucha de la gente que buenamente ha respaldado el Movimiento 15M y que sigue creyendo en la virtud de sus objetivos de cambio y regeneración de la vida pública.

Vuelvo a traer a Sartori: “Desde que tengo memoria, he vivido entre el pensamiento de izquierdas y el pensamiento de derechas. Desde que tengo memoria he visto al intelectual de éxito siempre situado en el punto justo del eje derecha-izquierda”. Esta ha sido la tónica durante décadas, pero por fin parece que podemos dar pasos para superar ese conflicto ideológico, si nos dejan aquellos incapaces de sobrevivir sin el permanente enfrentamiento y que son los mismos que cuestionan todo hasta el extremo de violentar los métodos de reivindicación porque, en el fondo, han perdido la razón y ya no son capaces de imponer la tiranía de la ideología sobre el pensamiento libre. Es verdad que hasta ahora nos seguía acompañando eso que hemos llamado verdad de derechas y verdad de izquierdas, y que aquellos que han querido expresar su rechazo a la imposición de uno u otro lado han visto cómo se les marginaba y se les castigaba con el silencio y el ostracismo, pero el Movimiento 15M es el triunfo del pensamiento libre, de la rebelión de las masas contra la corrección política, contra la verdad del relativismo, contra la imposición de las ideologías…

El Movimiento 15M es una expresión de libertad que, sin embargo, corre el riesgo de caer en manos de aquellos que solo entienden el mecanismo revolucionario de la violencia como fórmula, no para mejorar el sistema, sino para cambiarlo radicalmente e imponer un modelo más próximo al totalitarismo que a otra cosa. La violencia genera violencia, y la única consecuencia de esa espiral es la represión, como bien sabemos en este país en el que hemos vivido bajo la represión durante 40 años. Nuestro sistema político nos ha permitido superar esas fases intolerantes de nuestra historia, nos ha servido hasta el momento, pero ha empezado a quedarse obsoleto, a pecar de vicios que lo alejan del modelo de democracia de ciudadanos que fue su origen y necesita que lo repensemos. Hacerlo desde la violencia es un inmenso error porque conduce a la incomprensión y no se puede llenar el vacío ideológico que ha llevado a la fragilidad del sistema con actos violentos. No señor, somos seres inteligentes, capaces de pensar y de crear y, por lo tanto, de gestionar un sistema para mejorarlo y hacerlo bueno.

La democracia confía en nosotros, en nuestra capacidad de fortalecerla mediante las reformas necesarias para ello y si el Movimiento 15M quiere seguir siendo el despertador de esa conciencia colectiva, no tiene más que asumir ese reto y la responsabilidad que conlleva y que pasa por, como he dicho, la condena firme y contundente de todo acto de violencia y vulneración de la legalidad. Lo contrario, significará su desaparición y ahondará aún más en el desencanto colectivo.


El Confidencial - Opinión

Indignados. Sembrar vientos. Por José García Domínguez

En cada presidencia de consejo comarcal mora un Che Guevara dado a echarse al monte trabuco en ristre. Nada más omnipresente que su olímpico desprecio hacia el Estado de Derecho. Cada día, una lección magistral.

Por razones de economía de espacio, considere el lector enunciada la obvia repulsa moral que a todo ser sumariamente civilizado ha de merecerle lo acontecido en Barcelona. Dicho eso, permítaseme que glose una forma de barbarie que, con el tiempo, ha ido ganando la solera propia de las tradiciones locales. Recuérdese al respecto el asedio padecido por la diputada Rosa Díez en el interior de una dependencia pública, la Universidad Autónoma de Barcelona por más señas. O los precedentes parejos sufridos por Fernando Savater, Jon Juaristi, Francisco Caja, Aleix Vidal Quadras o José María Aznar, entre muchos otros. En ningún caso inopinadas excepciones sino, bien al contrario, rutinaria confirmación de una norma consuetudinaria en la plaza. Ésa que prescribe acallar, de grado o por la fuerza, a quien no asienta sumiso a la vulgata identitaria.

Muy patriótica violencia cerril ante la que las cotorras oficiosas de TV3, esas desoladas plañideras que ahora tanto se desgañitan en su pesar, siempre saben guardar cómplice silencio. Connivencia que igual les empuja a jalear los alardes insurreccionales del mismo establishment que hoy huye del Parlamento oculto en helicópteros y furgones blindados. Ora presumiendo de pasarse por el forro de su soberana voluntad las sentencias firmes de la Justicia, tal como el insumiso Mas frente al mandato de reinstaurar el bilingüismo. Ora recreándose en el gamberrismo institucional, al modo de la ínclita Montserrat Tura cuando, aún consejera de Justicia, alardeaba de vetar la lengua común en becas y expedientes.

Ora propalando el abierto repudio a la Ley, así el pobre Montilla ante el dictamen del Constitucional sobre el Estatut. Et caetera. Por no mentar la cómica ristra de alcaldes de pueblo que se dicen "desvinculados" de la Carta Magna. Y es que, de un cuarto de siglo a esta parte, no hay rincón de la Generalidad donde falte un Cromwell presto a proclamarse lord protector de Cataluña para pisotear las normas todas del Reino. Al tiempo, en cada presidencia de consejo comarcal mora un Che Guevara dado a echarse al monte trabuco en ristre. Nada más omnipresente que su olímpico desprecio hacia el Estado de Derecho. Cada día, una lección magistral. La más eficaz pedagogía del vandalismo antisistema que quepa imaginar. Sembraron vientos. Ahí tienen la cosecha.


Libertad Digital - Opinión

Estado de malestar. Por José María Carrascal

«El contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse, sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban».

LA mayor paradoja de esta crisis es que, habiendo sido gestada por el capitalismo, está acabando con la socialdemocracia, ese último refugio de la izquierda tras el desplome del comunismo y el vaciado del socialismo. Podría pensarse que los inmensos daños causados a amplias zonas de la población por la orgía capitalista de las últimas décadas provocarían una desbandada general hacia la izquierda, pero lo que está ocurriendo es justo lo contrario: surgen gobiernos y fórmulas de derecha por todas partes. Aunque, si nos ponemos a pensar, tampoco es tan extraño. El capitalismo acepta las crisis como algo consustancial al desarrollo humano, y por tanto está vacunado contra ellas. Mientras, el socialismo busca la sociedad perfecta, y como la sociedad perfecta no existe, tiene enormes problemas en tiempos de crisis. Por otra parte, la ciudadanía es hoy mucho más sofisticada, ha visto en qué acaban los «paraísos» y prefiere la derecha.

D La magnitud de la presente crisis, sin embargo, parece superar la capacidad del capitalismo de autocorregirse y estamos viendo cómo la recuperación se retrasa incluso en los países punteros. No estamos ante la clásica curva de expansión-recesión-recuperación, sino que la recesión se prolonga más allá de lo esperado e incluso hay países en caída libre. ¿Qué ha pasado? Posiblemente, que estamos en un cambio de ciclo. El modelo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, basado en la democracia como fórmula política, el mercado como fórmula económica y una legislación social que ha conducido al Estado del bienestar, ya no da más de sí en sus parámetros actuales. Dicho de otra manera: el contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse, sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban. Un simple ejemplo lo demuestra: el cálculo de las pensiones se hizo para una población que se jubilaba a los 70 años, con una expectativa media de vida de 74. Últimamente, la edad de jubilación había bajado a los 65 años, mientras las expectativas de vida rozan los 80. Las cuentas no salen. Como no salen las de la sanidad, con personas cada vez mayores y tratamientos cada vez más caros. Para resumir: se necesita un nuevo contrato social si queremos mantener las prestaciones sociales. Un nuevo contrato que tenga en cuenta las nuevas realidades y no se limite, como hasta ahora, a seguir ampliando las prestaciones, por la sencilla razón de que si pretendemos prolongar el contrato anterior lo único que conseguiremos es hundirlo, con el consiguiente enfrentamiento de viejos y jóvenes, empresarios y trabajadores, ricos y pobres, empleados y parados, que empieza ya a notarse, con el Estado del bienestar deviniendo paulatina pero inexorablemente en Estado del malestar. Los «viejos buenos tiempos» no volverán, al menos por ahora. Si seguimos pretendiendo ganar cada vez más, trabajar menos, jubilarnos antes, cobrar pensiones más altas, crear empleo sin aumentar la productividad y ampliar indefinidamente nuestra deuda pública y privada, estaremos cavando, política, económica y socialmente, nuestra propia sepultura.


¿Es posible detener este proceso? Pues sí. Otros lo están haciendo, con buenos frutos. La fórmula se parece bastante a las curas de adelgazamiento tras una temporada de indulgencias con la comida y la bebida. De entrada, hay que recuperar el equilibrio financiero, algo para lo que hay dos caminos: o se recortan los gastos o se aumentan los impuestos. La derecha aboga por lo primero, la izquierda por lo segundo, sin ponerse de acuerdo. ¿Por qué no ambas cosas, lo que evitaría los extremos, siempre peligrosos? Es decir, recortar todos los gastos que no sean imprescindibles —los suntuarios, las gratificaciones, los premios y cuanto hay de «grasa» en el gasto público, que es muchísimo— al tiempo que se eleva el gravamen sobre lo improductivo y superfluo. La combinación de ambas medidas podría cortar en buena parte la hemorragia que vienen sufriendo las arcas públicas.

Pero lo más importante es corregir la actitud tanto de las administraciones como de la ciudadanía, su norma y su comportamiento. Una de las cosas que se han perdido y convendría recuperar es el espíritu de ahorro que tenían nuestros mayores, sustituido por la pasión de endeudarnos, avivada por las facilidades que nos daban para ello. Causa de que la deuda pública y privada alcance proporciones astronómicas. Y de que tengamos montones de cosas que no sirven para nada, desde aeropuertos sin tráfico a un vestuario que no cabe en los armarios. Ya sé que eso promueve la producción, pero también sé que las deudas hay que pagarlas y que el viejo ahorro podría financiar la producción mucho más razonablemente.

Al mismo tiempo, hay que devolver su prestigio al esfuerzo, al afán, a la diligencia, con su justa recompensa, después de haber puesto en un altar el ocio, la diversión y el almuerzo gratis. Cuando no hay almuerzos gratis, alguien tiene que pagarlos; si no somos nosotros, serán las generaciones que nos siguen o los que se van al paro.

El nuevo contrato social debe incluir también unas nuevas relaciones de la ciudadanía con la clase política. Se supone que el papel de los políticos es estudiar los problemas internos y externos que le vayan surgiendo al país y dirigirlo por el camino más conveniente. Últimamente, sin embargo, los papeles se han invertido: ya no son los políticos los que dirigen a los ciudadanos, sino los ciudadanos los que dirigen a los políticos. Y esto, que parece tan democrático, puede no serlo en absoluto, como ha ocurrido con esas manifestaciones callejeras, que se arrogaron incluso el derecho de violar la ley en plena jornada electoral, cuando lo único correcto era expresar la voluntad individual a través del voto. Por este camino, solo conseguiremos falsificar la democracia, entregar el mando al que más grita, no al que tenga más razón, o, simplemente, a una masa anónima, generalmente extremista. Pero lo que hemos conseguido es que los políticos se preocupen más de satisfacer las demandas inmediatas de «la calle» que las necesidades generales y a largo plazo del país. Algo muy peligroso, si olvidamos que entre los cometidos más importantes de los gobiernos está el proteger a la ciudadanía de sus propios excesos y de la demagogia que situaciones extremas suelen generar.

Volviendo al comienzo, no hay fórmulas mágicas para solucionar esta crisis, por no tratarse de una crisis como las demás. Estamos más bien ante un cambio de ciclo, ante un nuevo escenario tanto nacional como internacional, con nuevos desafíos y nuevos protagonistas. De ahí que se requieran nuevas soluciones. No se supera con fórmulas simples de izquierda o derecha, sino con un nuevo contrato social que tenga en cuenta los intereses de todos los ciudadanos —hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empresarios y trabajadores, empleados y parados—, así como los intereses generales del país y las circunstancias que reinan en el mundo. Algo difícil, como es siempre encontrar el equilibrio entre intereses contrapuestos. De ahí que lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno es exponer a los españoles la situación en que se encuentran, sin tapujos. Y los complejos, imaginativos y duros remedios que requiere. Aparte, mejor dicho, antes que nada, de dar ejemplo de austeridad, sinceridad y ética. ¿Es mucho pedir?


ABC - Opinión

Democracia zarandeada

El movimiento de los denominados «indignados» germinó y se desarrolló por el complaciente aliento de la izquierda y la pasividad del Gobierno frente a una movilización contraria a la Ley que violentó los derechos de miles de ciudadanos y comerciantes. Se instrumentalizó política y electoralmente un fenómeno de naturaleza antisistema, con la convicción de que rendiría sus réditos en las urnas y que mermaría las opciones del PP. No fue así. Hemos insistido en estas semanas en que aquellos polvos tolerantes con una alteración del orden público generarían lodos indeseables para la democracia en su conjunto. Lo cierto es que las autoridades competentes, empezando por el ministro del Interior, permitieron la ocupación de espacios públicos. Las delegaciones del Gobierno no movieron un dedo en estos días ante episodios reaccionarios en la constitución de los ayuntamientos, y se toleró que los representantes del pueblo fueran increpados y coaccionados sin la respuesta policial correspondiente. El acoso al alcalde Ruiz-Gallardón en la puerta de su domicilio precedió a los sucesos de ayer en Barcelona. Los «indignados» cercaron el Parlamento catalán para boicotear el Pleno. El presidente Artur Mas, algunos de sus consejeros y otros líderes accedieron a las dependencias en helicóptero y buena parte de los parlamentarios se abrieron paso a duras penas con un cordón policial insuficiente entre agresiones e insultos. Con seguridad, los responsables de la Generalitat quisieron evitar las escenas del último desalojo de la Plaza de Cataluña y las cargas de los Mossos, pero lo hicieron a costa de incumplir con el deber de garantizar el orden y proteger a los ciudadanos, en este caso representantes políticos de los catalanes. Se prestó un mal servicio a la democracia como antes se había hecho en otros puntos del país, especialmente en la Puerta del Sol. El Estado de Derecho no puede renunciar a utilizar los medios que le otorga la Ley para castigar las conductas penales . Es su deber actuar cuando está en peligro la libertad de las personas, o cuando se atropellan derechos individuales. La democracia ha sido amenazada y está obligada a defenderse sin complejos. Las reglas de juego que todos nos hemos dado no pueden ser alteradas ni cercenadas por una ínfima minoría que utiliza la debilidad o el oportunismo de algunos para socavar el sistema. Existen las suficientes herramientas legales y operativas y los ciudadanos están en su derecho de exigir que se utilicen para preservar el funcionamiento de las instituciones y la seguridad. Lo cierto es que los «indignados» han derivado en un movimiento violento y «borroko» gracias a la permisividad del ministro Rubalcaba, primero, y a la indecisión, después, del responsable de los Mossos, el consejero catalán Felip Puig. Por eso mismo, le corresponde al PP exigir responsabilidades políticas a un Gobierno que se ha desentendido de su deber y ha renunciado a hacer cumplir la Ley. Si Rubalcaba entiende que, como candidato socialista a las próximas elecciones generales, no le conviene aplicar la Ley a los «indignados», debería dimitir ya como ministro del Interior, pues los intereses generales deben prevalecer sobre los particulares.

La Razón - Editorial

Cerco violento

Los grupos radicales del 15-M ejercen una coacción inadmisible sobre el Parlamento catalán.

Los sectores más radicales del movimiento que nació el pasado 15 de mayo en toda España cruzaron el Rubicón democrático ayer en Barcelona. Después de poner cerco en la tarde y noche del martes al parque de la Ciutadella, donde se halla el Parlamento de Cataluña, grupos de manifestantes trataron de impedir ayer el acceso de los parlamentarios al hemiciclo para debatir los Presupuestos de la Generalitat para 2011, la ley de más calado que anualmente presenta un Gobierno. La Cámara legislativa catalana vivió su momento más tenso desde la restauración de la democracia. Nunca un pleno había transcurrido en estas circunstancias.

Con su actitud, los concentrados trataron de coaccionar a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña y quisieron obstaculizar el cumplimiento de su labor parlamentaria. La triste guinda del pastel fue la llegada en helicóptero al Parlamento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos de los consejeros de su Gobierno.


Parte de los concentrados, los más radicales, no dudaron en recurrir al insulto o a la agresión pura y dura. Algunos diputados fueron zarandeados, muchos insultados y a unos pocos se les roció con pintura. La forma en que algunos parlamentarios tuvieron que romper el asedio fue bochornosa. Ayer se cruzó la frontera entre la legítima desobediencia civil y las reprobables actitudes violentas. La mayor parte de los concentrados se apercibieron de ello, pues en la asamblea celebrada por la tarde en Barcelona se criticó abiertamente y de forma mayoritaria a quienes participaron en agresiones y se reivindicó el carácter no violento del Movimiento del 15-M. Lo mismo sucedió en Madrid.

Entre los indignados hay de todo. También entre los políticos: los hay imputados, corruptos y, en una gran mayoría, gente que cumple con su deber con honestidad. Pero los movilizados deben tomar nota de ello y no reincidir en actitudes como la de ayer, que socavan su credibilidad y marcan una deriva abiertamente antidemocrática. Es cierto que con el paso de los días los grupos antisistema han acabado imponiendo su dinámica en el movimiento. Así, aunque la mayoría decidió en asamblea levantar la acampada en la plaza de Catalunya, los irreductibles prosiguen con su ocupación. La democracia representativa puede ser mejorable y algunas de las reivindicaciones de los indignados, de aplicarse, contribuirían a ello. Pero impedir el funcionamiento de sus instituciones, las únicas que representan legítimamente a la mayoría, es entrar en una peligrosa vía incivil.

Capítulo aparte merece la gestión de la seguridad por parte del consejero de Interior, Felip Puig. Desmesurado el pasado 27 de mayo con una carga desproporcionada en la plaza de Catalunya, tampoco supo dar ayer con la fórmula que requería dejar expedita la entrada al Parlamento catalán. Hizo lo que no debía el primer día y, en cambio, no hizo ayer lo que debía para asegurar el funcionamiento del Parlamento sin coacciones de ningún tipo.


El País - Editorial

Asalto callejero al Estado de Derecho

La democracia debe defenderse de quienes intentan aniquilarla tanto desde dentro como desde fuera. Por eso, es hora de poner fin a la impunidad con la que los indignados han venido actuando hasta la fecha.

Quien siembra vientos recoge tempestades. Y quien fue condescendiente con aquellos polvos no se puede quejar de estos lodos. El componente radical y violento de los llamados "indignados" ya era patente desde el mismo 15 de mayo, fecha en la que ya protagonizaron una batalla campal que causó 24 detenidos y cinco policías heridos, y en la que iniciaron su ocupación ilegal de espacios públicos. Recordarán, sin embargo, las palabras con las que el ministro del Interior justificó días antes de las elecciones municipales y autonómicas su cómplice pasividad: "La policía está para resolver problemas, no para crearlos". Los indignados pudieron así continuar saltándose la legalidad vigente, no sólo con sus acampadas ilegales, sino también violando la jornada de reflexión. Desde entonces esta violencia no ha hecho más que aumentar: agresiones e insultos a periodistas, acoso a los políticos, cercos a los ayuntamientos y al parlamento, asaltos a centros comerciales y a emisoras de radio...

Este miércoles en Barcelona estos radicales de izquierda han llegado al extremo de cercar el parlamento catalán, obligando al presidente de la Generalitat y a varios consejeros y diputados a ir en helicóptero, mientras otros lo hacían en furgones de la policía autonómica. Otros políticos han sido insultados y agredidos, incluido un diputado ciego al que también han querido robarle su perro guía. Lejos de ejercer un legítimo y democrático derecho de manifestación, lo que están haciendo los miembros del 15-M desde el primer día es socavar nuestro Estado de Derecho y acosar las instituciones democráticas. Pero, en lugar de denunciarlo, buena parte de nuestra clase política ha tratado de apaciguarlos o de ganárselos electoralmente. Ahora que también ellos son víctimas de ese monstruo que ellos mismos han alimentado, dicen que los indignados "han cruzado la raya roja".


Los indignados cruzaron la "raya roja" desde el primer día y con la condescendencia y complicidad de no pocos políticos que ahora se quejan. Es más: no pocos de estos políticos han sido ejemplo y precursores de ese desprecio al Estado de Derecho que ahora parecen echar en falta. ¿Qué hizo Rubalcaba más que socavar el Estado de Derecho al violar la jornada de reflexión el 13-M de 2004 o durante el "proceso de paz" con ETA? ¿Qué hizo Mas salvo socavar el Estado de Derecho al pactar su investidura con el PSC sobre la base de hacer caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo que defendía la educación en castellano? ¿Qué han hecho Mas y Montilla al negarse a respetar los tímidos recortes impuestos por el Tribunal Constitucional a su estatuto soberanista? ¿Qué han hecho, más que ignorar la ley de partidos, los propios magistrados "progresistas" del Constitucional que han abierto las puertas a los proetarras de Bildu?

La indignación que los del 15-M dicen sentir contra nuestros políticos no debería engañar a nadie, ni menos aun despertar ninguna simpatía. No vienen más que a destruir desde la calle lo que no pocos políticos ya han socavado desde las instituciones. La democracia debe defenderse de quienes intentan aniquilarla tanto desde dentro como desde fuera. Por eso, es hora de poner fin a la impunidad con la que los indignados han venido actuando hasta la fecha. Los medios policiales están para emplearlos en defensa de nuestras libertades, y que muchos de nuestros políticos hayan sido los primeros en poner en solfa nuestro Estado de Derecho no debería significar que se le deba dar carta blanca a la extrema izquierda para que asalta nuestras calles y nuestros parlamentos.


Libertad Digital - Editorial

Solo los violentos, no indignados

Quienes se presentan como regeneracionistas de una política estancada practican una auténtica «kale borroka» contra las instituciones que representan a los españoles.

EL movimiento que surgió el 15 de mayo ha degenerado de tal manera que llamar «indignados» a los violentos que amenazaron y agredieron ayer a los parlamentarios catalanes es un eufemismo que no merecen. Lo que sucedió ayer a las puertas del Parlamento de Cataluña es un delito, por supuesto, pero, al margen de su calificación jurídica, es la revelación auténtica de que si en España hay que preocuparse por algún extremismo, este será el de la izquierda. Quienes se presentan como regeneracionistas de una política estancada llevan varios días comportándose como bandas violentas, practicando una auténtica «kale borroka» contra las instituciones que, con todas las imperfecciones que se quieran, pero también con toda la legitimidad que otorga el sufragio universal, representan a los españoles. Por ahora, los violentos «indignados» no han demostrado que representen a nadie más que a sí mismos, rompiendo cualquier vínculo con las respetables motivaciones que en un primer momento impulsaron las protestas espontáneas del 15-M. Nada hay de respetable en coaccionar a los representantes democráticos de Cataluña, o a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos acosados en la jornada de constitución de los nuevos gobiernos municipales.

Es hora de aplicar la ley y de hacer respetar los derechos y las libertades. Mirar con simpatía o simplemente dejar hacer las andanzas de jóvenes violentos es la fórmula más eficaz para que haya más violencia. Ayer se cometieron varios delitos ante el Parlamento catalán. Hoy tienen que empezar a funcionar el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Estado democrático está indefenso sin el Estado de Derecho. La actual versión violenta del 15-M ya se ha revelado como lo que es, y no hay que esperar a más decisiones de autogestión por parte de sus integrantes para saber si se disuelven o si les apetece trasladar su campaña de acoso e intimidación a otras instituciones.

Claro está que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contesta con un lacónico «no» a la pregunta de si le preocupa la deriva de los acontecimientos, mientras había parlamentarios catalanes refugiados en una comisaría y otros eran rociados con espray, la explicación de la situación general de España es evidente. Tan evidente como el naufragio político del presidente del Gobierno, incapaz de una reacción responsable y coherente con su cargo ante un atentado en toda regla contra el sistema democrático.


ABC - Editorial