jueves, 2 de junio de 2011

Rubalcaba y el agua corre. Por Ignacio Ruiz Quintano

Dueño del ejército, de la policía y de la televisión: con ustedes, el social-nacionalismo.

PRIMERO fue el árbitro Stark con la tarjeta roja de Pepe. Luego, la alarma de Frau Merkel con un bicho en el pepino español… Yo creo que todo forma parte del rodaje alemán de «Toy Spain», la historia en que Rubalcaba, probablemente el ministro del Interior más inútil de la democracia, aspira al papel de Lotso, el oso fresón, dejando para Rajoy el de astronauta reseteado, o sea, Buzz Lightyear.

—A Rajoy la cámara no lo quiere —dicen que va diciendo este Lotso a sus amigotes.

Señalado por el dedo del Destino (aquel «dedo moreno» de Franco que tanto impresionara a Pemán) y dueño del ejército (controladores aéreos), de la policía (Marta Domínguez) y de la TV («lo que diga don Alfredo»), el plan de Rubalcaba consistiría en privarle de la mayoría absoluta a Rajoy para colocarse él con los nacionalistas.

Con ustedes, el social-nacionalismo.

¿Cuándo el fracaso refutó al socialismo? Cinco millones de parados sólo indican que acaso se hayan producido errores, corregibles con un par de cabezas de turco a manos de Rubalcaba, ese cirujano de hierro al que la cámara ama con la misma pasión que amó al tuerto Solbes en el debate con Pizarro.


—Los socialistas tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al oírlos, que vuelven honrada a la corrupción cuando se entregan a ella —se lee en «El conocimiento inútil».

El socialismo hispánico, que en su versión más risueña evoca la filmografía de Roger Corman, ha designado titular de la «idea» de Estado a Rubalcaba, sin la oposición siquiera del Movimiento de Sol, cuya revolución aporta el cambio completo de nuestro «Dasein» (el «estar ahí» de Heidegger) español.

El «Dasein» heideggeriano designa la «realidad humana», y la «democracia real» es el ideal del Movimiento de Sol, donde no ha lugar a las alusiones a Zapatero.

—No busquéis las reglas de vuestro ser en dogmas y en ideas —dice Heidegger en su «Llamada a los estudiantes»—; es el mismo Fürher, y sólo él, quien es la realidad (¡la democracia real!) de hoy y de mañana.

Ni que decir tiene que detrás del Movimiento de Sol no está Heidegger, sino Punset y su «No pares, no pares no/ No pares nunca de soñar/ No pares, no pares no/ No pares nunca de soñar/ No tengas miedo a volar/ Vive tu vida…»

—La ruta de la seda era como vosotros —arenga Punset a los revolucionarios—. No paréis.

Pero Castells, otro del pensamiento tiqui-taca (versión filosófica del fútbol para Desdémonas de Verdi que propaga Guardiola), corrige: «No, no sois como la ruta de la seda. Sois… sois… sois como el agua que corre…»

Agua que corre y la cámara que no quiere a Rajoy.

O sea, que Lotso se va a poner las botas.

No quiero ni pensar sobre quién van a caer los pepinos que Frau Merkel nos ha averiado.


ABC - Opinión

¿Quién decía que Rajoy no tenía programa frente a la crisis?. Por Federico Quevedo

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, dio ayer una rueda de prensa. El hecho en sí ya es bastante novedoso, porque hay que reconocer que quien con toda probabilidad será presidente del Gobierno, se hace bastante de rogar a la hora de comparecer ante los medios de comunicación, pero el caso es que ayer dio bastante juego y en un día en el que ya había mermado bastante la expectación en torno a Rubalcaba y solo alterada la tranquilidad por la llamada ‘crisis del pepino’, la aparición casi por sorpresa de Mariano Rajoy fue toda una novedad bendecida por las portadas de la prensa, de otro modo famélicas esta mañana. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy? Pues todo lo contrario de lo que hasta este momento ha venido haciendo su adversario político, es decir, el Partido Socialista. Dicho de otro modo, mientras el PSOE se ha pasado diez días de disputas internas y continuo navajeo, lamiéndose las heridas del 22-M y buscando una alternativa que le permita salvar los muebles en las generales -alternativa que se llama Rubalcaba- el PP parece haberse dedicado a trabajar en un completo programa de medidas para, desde su condición de partido más votado y llamado a gobernar en un importante número de ayuntamientos y comunidades autónomas, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a superar la crisis económica en la que nos encontramos sumidos gracias, entre otras muchas cosas, a la incompetencia del Gobierno de Rodríguez-Rubalcaba.

El programa de medidas lo pueden ver ustedes aquí y sería muy extenso copiarlo entero, pero básicamente tienen tres frentes: austeridad, transparencia y empleo. Lo importante, más allá de lo inmediato que supondrá la puesta en práctica de medidas de ajuste económico, racionalización del gasto, actualización y control de las cuentas públicas –lo que algunos han llamado auditorías de infarto allá donde hasta ahora ha gobernado el PSOE-, compromiso de no subir impuestos y facilitar la creación de empresas, y una apuesta decidida por la formación entre otras muchas medidas, lo importante, digo, no es que esto se vaya a poner en práctica de modo inmediato –que también-, sino que supone todo un compromiso de intenciones para cuando el Partido Popular llegue al poder y Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.
«Lo importante no es que esto se vaya a poner en práctica de modo inmediato –que también-, sino que supone todo un compromiso de intenciones para cuando el Partido Popular llegue al poder y Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.»
Es un programa, un programa realista que habla de volver a introducir el sentido común en la gestión de las cuentas públicas a todos los niveles, y que supone una alternativa creíble al modelo de improvisación permanente del Gobierno de Rodríguez-Rubalcaba. De hecho, la pelota está ahora en el tejado del candidedazo, que estos días va diciendo en público que él tiene las claves para salir de la crisis: pues que las diga y, sobre todo, que nos diga por qué no las han puesto en práctica hasta ahora y habernos evitado esta penosa travesía por el desierto del desempleo.

Esta va a ser la clave de lo que ocurra en los próximos meses hasta las elecciones generales, sean en otoño o sean cuando toca: la economía. Las urnas del 22 de mayo hablaron con una contundencia pocas veces tan evidente, y dijeron que frente a quienes exigían al líder de la oposición un discurso duro contra el PSOE, Mariano Rajoy acertó huyendo de las trampas que le pusieron los socialistas y centrando toda su atención en lo que hoy por hoy es el principal problema que afecta a los ciudadanos: la situación económica. Y como eso no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo, haría mal Rajoy variando su estrategia, y no parece que lo vaya a hacer.

Es más, si algo ha quedado claro en la rueda de prensa de ayer, es que Rajoy no está dispuesto al cuerpo a cuerpo con un Rubalcaba que va a buscar la bronca frente al discurso de los problemas del líder del PP. En lo único que se equivoca Rajoy es en no dar un paso más y hacer suyas algunas de la reivindicaciones que estos días pueblan las plazas de media España: un compromiso por la regeneración democrática le convertiría, además de en un candidato, en un líder. Él sabrá si quiere o no serlo, pero dejar esa bandera para que sean otros los que la empuñen puede acabar pasándole una no muy agradable factura al PP. Y si no, al tiempo.


El Confidencial - Opinión

Sinde. Un nido de fachas en la Academia. Por Cristina Losada

No sé si la coacción que se ha ejercido sobre ellos se diferencia de la que aplicaría un régimen autoritario. Dos ministros, los de Educación y Cultura, qué ironía, exigen rectificación, ergo censura.

El tiempo pasa y la ignorancia permanece. Crece, en realidad, exponencialmente. En su día, cualquier persona de cierta cultura, máxime en la izquierda, conocía la caracterización que el politólogo Juan Linz había hecho del régimen de Franco. Por abreviar, el profesor sostuvo que el franquismo se encuadraba en los sistemas políticos autoritarios y no en los totalitarios, y el rigor de su análisis, expuesto en varias obras, había garantizado su supervivencia. Hasta ahora. Hasta que salieron de las guarderías los ninis y llegaron arriba, alegremente liberados de cualquier lastre intelectual y libresco. Hoy, por la misma definición que formulara Linz, quieren fusilar a la Real Academia de la Historia. La conjura de los necios, incansable látigo de los enemigos del pueblo, ha encontrado allí un nido de fachas peligrosos.

Vengan los carcamales con sutilezas, que no cuelan. Al pan, pan, al vino, vino, a la dictadura, dictadura y al asesino, asesino. Un buen panfleto es lo que se pide a los académicos y no rebuscadas fórmulas de la ciencia política. Ante todo, porque no las entienden los nenes. De otro modo, ¿cómo explicar que estos sagaces denunciantes crean que un régimen autoritario no es una dictadura? Habrá que volver a la pizarra para explicar conceptos elementales, y con ejemplos. Digamos, pues, que esta desviación respecto de la línea del Partido, no ocurriría en un sistema totalitario consolidado, aunque tampoco puede estar nadie seguro de que no es un agente del fascio. Bien lo avisó Beria: "Entréguenme a quien les plazca y en veinticuatro horas le obligaré a confesar que es un espía británico". Quiere decirse, en nuestro caso, que Carlos Seco no compensa su calumnia a Negrín ni con el hecho de que su padre fuera fusilado por oponerse a Franco.

Descartado, por el qué dirán, el destino que el totalitarismo reservaría a los académicos criptofranquistas, amén de machistas, centralistas y viejos, me queda una duda. No sé si la coacción que se ha ejercido sobre ellos se diferencia de la que aplicaría un régimen autoritario. Dos ministros, los de Educación y Cultura, qué ironía, exigen rectificación, ergo censura. Y Sinde no excluye la retirada de la obra, cuestión que ha aplazado hasta analizar su contenido. Pero esta nueva sublevación contra el diccionario –ya hubo una similar contra el de la Lengua– muestra un rasgo propio de la mentalidad totalitaria, que no reconoce la existencia de ningún ámbito ajeno a la política. No se salvan ni los diccionarios.


Libertad Digital - Opinión

Pepinos expiatorios. Por Ignacio Camacho

La «fatwa» agraria alemana, de tintes xenófobos, ha pillado a contrapié a un Gobierno desorientado e inoperante.

EN la fatwa alemana contra los pepinos españoles hay algo, bastante más que la atolondrada ligereza de una novata ministra hamburguesa agobiada por una emergencia sanitaria. El asunto tiene la pinta clásica de una guerra comercial, con ribetes de xenofobia, declarada al amparo del prejuicio antropológico de los europeos del norte contra los vecinos del sur: esos PIGS haraganes y derrochones que dilapidan las ayudas, malversan el euro y encima envenenan a los laboriosos ciudadanos calvinistas con sus hortalizas regadas vaya usted a saber cómo. Ese discurso despectivo y populista, tan fácil de inflamar cuando se necesitan inmediatos culpables expiatorios, se ha llevado por delante el meritorio prestigio de nuestra agricultura de primor, uno de los pocos sectores de la economía nacional en que funciona de veras el deseado modelo de I+D.

La responsabilidad esencial del desastre corresponde, desde luego, a la alocada fuga hacia delante de las autoridades germanas, pero el incendio hamburgués ha prendido en las hojas secas de un Gobierno español negligente y desorientado al que le han faltado reflejos y capacidad de lobby para apagar a tiempo la hoguera. Resulta tentadora la idea de un Rubalcaba enfrascado en su precampaña y desatento de la gobernanza, pero como explicación es simple o incompleta. Más bien lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo no ha sabido valorar desde el principio el problema en sus justos términos y que, además, carece de capacidad de coordinación porque hace tiempo que se trata de un equipo en desguace, esclerótico e inoperante en los términos necesarios para actuar con resolución y solvencia. Durante los primeros días de la crisis agraria, el medio Ministerio de Agricultura, el de Sanidad, el de Exteriores y las consejerías autonómicas afectadas se han movido cada cual a su aire en medio de un notable desconcierto en el que ha faltado un hilo conductor y una mano experta en situaciones de urgencia. En ese pasivo tiempo crucial sin respuestas organizadas se ha escapado la oportunidad de frenar el desparrame.

A ello hay que añadir la ausencia endémica de mecanismos de presión y de voces autorizadas capaces de hacer ruido en el ámbito europeo. Si un consejero autonómico catalán o andaluz hubiese prohibido por su cuenta la venta de coches alemanes alegando un falso defecto de serie en los frenos, Alemania había caído sobre nosotros con todo su poderío político y económico, exigiendo rectificaciones inmediatas e indemnizaciones compensatorias. España ni siquiera ha podido reaccionar con un contraanálisis de los dichosos pepinos en un plazo razonable. Nos han pillado a contrapié, y la avería es grave en el único sector, el de las exportaciones, que está tirando de la economía española. La dolosa sobreactuación alemana viene bien para aliviar responsabilidades pero no resuelve las dudas sobre la competencia de un Gobierno que no está donde ni cuando se le necesita.


ABC - Opinión

Cataluña. El sabotaje permanente. Por José García Domínguez

Tanto la letra como la música del presupuesto-bomba que acaba de desvelar constituyen un homenaje a la más célebre máxima de Eugeni d´Ors: "Todo lo que no es tradición, es plagio".

Ya de antiguo es sabido. Igual el cumplimiento de las leyes que el acatamiento a las sentencias, constituyen asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas; una opción, como dicen los pijiprogres. Así, con cansina indiferencia se desechan los autos del Tribunal Supremo que ordenan el uso docente del español. Y con idéntico mohín de hastío son ignorados cuantos mandatos de las Cortes Generales no se avengan al capricho, por lo común gramático, del establishment local. ¿A qué extrañarse entonces ante el último alarde de deslealtad institucional con matasellos y remite de la Plaza de San Jaime?

Ocurre al respecto que la Generalidad entiende empeño ajeno el compromiso de contención presupuestaria del Reino de España frente a Bruselas y los mercados mundiales de deuda. La cosa –dicen– no va con ellos. Tampoco. En soberana consecuencia, el consejero Mas-Colell viene de anunciar que Cataluña incurrirá en el déficit que se le antoje. Por más señas, justo el doble de lo establecido para las demás comunidades autónomas. O sea, el 2,6% frente al 1,3% de las restantes dieciséis. Nada nuevo, por cierto. Al contrario, tanto la letra como la música del presupuesto-bomba que acaba de desvelar constituyen un homenaje a la más célebre máxima de Eugeni d´Ors: "Todo lo que no es tradición, es plagio".

Al cabo, CiU no ha hecho cosa distinta que emular los usos y costumbres asentados por el Tripartito en materia de cuentas y cuartos. Esto es, al modo de los virreyes de Indias, si bien corregido y aumentado, ni acatar ni cumplir lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una rutina, ésa de los catalanistas con mando en plaza y su devoción por las finanzas asilvestradas, frente a la que la Ley prevé un correctivo en verdad demoledor. Repárese, a ser posible conteniendo la respiración, en la sanción prevista para tales supuestos. "Se le formulará [a la Administración autonómica que rehúya lo establecido] una advertencia", reza con lacónica comicidad su artículo noveno. Que se vayan preparando, pues. ¡Se están arriesgando a que les riñan! "Una advertencia", ahí empieza y acaba la munición legal de que dispone el Estado español ahora mismo para hacer obedecer un mandato imperativo del Parlamento al ínclito Mas-Colell. Dura lex.


Libertad Digital - Opinión

El loro opone resistencia. Por M. Martín Ferrand

Lejos de depurar los excesos del pasado, los vamos acumulando y adaptando a las nuevas situaciones.

En la vida política española, demasiado pancista y escasamente atenta a la demanda social, son frecuentes los arranques briosos y decididos, como de jaca jerezana, seguidos de parones bruscos y tercos, tal que de mula zamorana. Es el caso, al menos en Madrid, de Rosa Díez y su flamante partido socialdemócrata. Ayer, en esta misma columna, subrayaba la decisión de los concejales de UPyD que, en ejercicio de sensatez y respeto a los ciudadanos, habían anunciado su renuncia al coche oficial que les corresponde como ediles del gastoso Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, el más endeudado de España y, posiblemente, de toda Europa. Han bastado unas horas para que David Ortega, el portavoz del grupúsculo, matice la renuncia y aclare que su partido necesitará «uno o dos» coches para su actividad diaria que, se supone, no es compatible con el metro, el autobús, los trenes de cercanías o el cochecito de cada uno de ellos.

No es éste un asunto de naturaleza cuantitativa. Un par de automóviles no son, en el orden de los principios éticos y estéticos, menos que cinco. Lo cualitativo, que es lo que debiera orientar el gasto público en general y el de nuestros supuestos representantes en particular, reside en el respeto a cada céntimo de euro de los aportados al común por los muchos y variados impuestos, tasas y gravámenes con que nos sangran, no sin saña, las Administraciones públicas.

Decíamos ayer que es necesario y urgente acabar con ese loro devorador de chocolate que, tacita a tacita, se come una parte importante y prescindible del Presupuesto. Por lo que se ve, el loro opone resistencia. El significativo recular del partido de Rosa Díez en el Ayuntamiento madrileño toma razón de la advertencia del futuro jefe de la oposición en la Asamblea, el socialista Tomás Gómez, que justifica el derroche motorizado por razones de «seguridad», ya que «hace años» ETA amenazó a la Corporación. Pamplinas, si el riesgo de los ediles, muchos ignotos, es real habría que declarar el estado de sitio. No es que no se justifiquen más de media docena de coches representativos, meramente protocolarios, para la totalidad de los servicios municipales, es que tan siquiera cabe, en un estricto planteamiento democrático que priorice el servicio a los ciudadanos, la existencia de plazas reservadas para el aparcamiento de los munícipes y otros servidores y cargos públicos. Aquí, lejos de depurar los excesos del pasado, los vamos acumulando y adaptando a las nuevas situaciones y olvidamos algo fundamental: el privilegio, cualquiera que fuere, de un representante popular niega la dignidad de su representación.


ABC - Opinión

Guerra a la marca España

Defendíamos ayer que Alemania se había equivocado gratuitamente en la crisis del pepino y que debía un desagravio a España y una compensación económica a los productores por un perjuicio sin precedentes, que mantenía paralizado, por ejemplo, más del 70% del transporte frigorífico español. Pero Berlín sorprendió ayer con una actitud desafiante y casi provocadora. Lejos de reconocer el error cometido, el Gobierno alemán, por medio de la ministra de Agricultura, defendió la gestión de la epidemia causada por la agresiva bacteria E.coli y elogió las decisiones de las autoridades sanitarias de Hamburgo y, en concreto, de su responsable, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que acusó sin una sola prueba a las hortalizas españolas y desató una alerta a la que se sumaron varios países del continente. No sólo avaló el despropósito de un atropello injustificado –que está causando pérdidas millonarias a un sector clave de nuestras exportaciones–, sino que la ministra Ilse Aigner se permitió dar lecciones a las autoridades españolas e instó a que se investiguen los protocolos de seguridad de la cadena hortofrutícola en nuestro país. Alemania pretende cargar muertos sobre hombros ajenos e inocentes para distraer la atención de su incuestionable responsabilidad en una crisis sanitaria que ha provocado ya 15 muertos, con un número de afectados que ayer aumentó en 365 y a la que no sabe o no puede dar respuesta. El Gobierno alemán no se ha comportado como un socio leal, se ha ganado nuestra desconfianza. Pero el papel de las autoridades comunitarias ha sido también censurable. El comisario europeo de salud, John Dalli, evitó criticar a la Administración germana en un deplorable ejercicio de equidistancia entre el agresor y el agredido. Europa ha mirado para otro lado y ha renunciado a imponer su autoridad en una crisis con responsables claros. Una prueba más de que la Unión Europea es un fenomenal mercado en el que el poder político y económico está por encima de la normativa comunitaria y de la Justicia. Es evidente que la campaña contra los intereses españoles habría sido imposible si el afectado hubiera sido Francia o Reino Unido. España ha perdido con los gobiernos socialistas la posición privilegiada y el respeto que se ganó con José María Aznar. La respuesta del Gobierno socialista a la guerra del pepino fue deplorable por inexistente en esos primeros días clave y, con la crisis en su punto álgido, parece aturdido e indeciso, a la espera de que el desenlace llegue por sí solo o de que otros hagan el trabajo. Ahora las prioridades pasan por una presión diplomática al máximo nivel para acelerar la reapertura de mercados y restablecer la confianza en la producción española y por las acciones legales correspondientes para solicitar indemnizaciones por los perjuicios generados en el sector hortofrutícola. El levantamiento de la alerta sobre los pepinos a última hora de ayer era una decisión obligada que no cierra el asunto. El Ejecutivo debe tomar la iniciativa. La marca España es hoy vulnerable, y estamos obligados a revertir esta situación y responder a quienes, como los agricultores franceses, persiguen desgastarla en beneficio propio. De lo que estamos seguros es de que Europa no saldrá de la vergonzante neutralidad.

La Razón - Editorial

Rajoy y el compromiso de la austeridad

Rajoy debe concretar en hechos estas medidas, no sólo en las administraciones que van a ser gobernadas por el PP, sino también en las que ya lo están.

Aunque haya tardado meses en comparecer ante la prensa, y todavía se resista absurdamente a comentar la "digital" designación de Rubalcaba, Rajoy ha estado acertado al anunciar la puesta en marcha de un amplio paquete de medidas articulado en torno a los principios de austeridad, transparencia y empleo que han formado parte del "compromiso electoral con España" con el que el PP se presentó a las elecciones de 22 de mayo.

Medidas tales como fijar un techo de gasto en línea con el de los Presupuestos Generales del Estado; impulsar una reforma del sector público reduciendo entes y organismos públicos; limitar el número de consejerías; disminuir el número de altos cargos o minorar el parque de coches oficiales, van todas ellas en la buena dirección. La limitación del gasto público es esencial para salir cuanto antes de la actual crisis y con ella se deben comprometer todas las administraciones, incluidas las locales y, muy especialmente, las autonómicas. De hecho, el anuncio de Rajoy ha venido prácticamente a coincidir con la noticia de que el déficit de las autonomías ya duplica el generado por la administración central.


Asimismo, acierta el líder de la oposición al anunciar una auditoría general que deje muy claro cuál es el estado real de las cuentas de los ayuntamientos y comunidades autónomas que van a pasar a ser gobernados por el PP, ante las fundadas sospechas de que los agujeros puedan ser mayores que los oficialmente contabilizados.

Rajoy puede usar como aval y garantía de ese compromiso con la austeridad el hecho de que muchas de las medidas anunciadas ya han sido llevadas a cabo en las autonomías en las que ha gobernado el PP, tal como ilustra claramente el Gobierno de Esperanza Aguirre. Sin embargo, Rajoy también debe ser consciente de que muchos ayuntamientos y ejecutivos regionales gobernados por su partido no han sido, precisamente, ejemplos de austeridad, tal como ilustra el hecho de que dos de las tres comunidades y ayuntamientos más endeudados de nuestro país están gobernados por el PP.

Ahora, Rajoy debe concretar en hechos estas medidas, no sólo en las administraciones que van a ser gobernadas por el PP, sino también en las que ya lo están. La austeridad debe ser una seña de identidad de los populares allá donde gobierne, sin que haya margen para que nadie se permita ser un "verso suelto".


Libertad Digital - Editorial

Rajoy propone austeridad

Las auditorías anunciadas por Rajoy se enmarcan en una estrategia de austeridad que busca evitar los recortes en políticas sociales.

EL control del déficit público sigue encontrando en las comunidades autónomas —algunas, como Cataluña, rozando la insumisión— un obstáculo que amenaza con arruinar el ajuste fiscal que requiere la salida de la crisis. En los tres primeros meses de 2011, las administraciones autonómicas habían alcanzado casi la mitad del déficit previsto para todo el año. Nueve de las diecisiete autonomías tienen la culpa de este incremento de los números rojos del Estado. Bien es cierto que las Comunidades tienen transferidas la mayoría de las competencias relacionadas con las políticas sociales —educación, sanidad—, que son las que más recursos consumen y las menos predispuestas a un plan de recortes. Aun así, la contención de las cuentas autonómicas también puede abordarse con la restricción de gastos corrientes, cargos de confianza y compromisos no esenciales. Es un tiempo de crisis en el que las administraciones públicas deben reducir sus prestaciones a lo más esencial. Sin embargo, aunque la responsabilidad de determinados gobiernos autonómicos en los déficit de sus cuentas es indiscutible, también hay que tener presente la política de barra libre que propició el Gobierno de Zapatero al eliminar los techos de gasto de las comunidades autónomas. La época de bonanza llevó a estas temeridades, que ahora se pagan, y si no son suficientes los llamamientos del Ejecutivo socialista a la autorrestricción y al pacto con los gobiernos autonómicos, será necesario imponer límites por ley, incluso plantearse seriamente una legislación armonizadora, por interés general y ante la situación de extrema gravedad de la economía. La organización autonómica no es una coartada para no enfrentarse con decisión a los problemas.

Y esto último es lo que deberá hacer el PP en cuanto acceda a los gobiernos autonómicos que ganó el 22-M. Ayer, Mariano Rajoy retomó claramente la iniciativa política al anunciar la realización de auditorías en las comunidades que controlan, en el marco de una estrategia de austeridad tendente a evitar los recortes en políticas sociales. Es una propuesta coherente con la oposición de Rajoy, por ejemplo, a la congelación de las pensiones, decidida por el Gobierno hace un año, y con motivo de la cual propuso a Zapatero como alternativa otros recursos en los Presupuestos. El planteamiento de Rajoy es una oportunidad para el PP. Puede demostrar con hechos que sus críticas al mal gobierno de Zapatero tienen reflejo en la gestión de sus gobiernos autonómicos y municipales.


ABC - Editorial