domingo, 23 de enero de 2011

Rescate. Salvar las cajas, salvar al Gobierno. Por Emilio J. González

Si, al final, los contribuyentes vamos a tener que pagar las consecuencias de los excesos cometidos por los políticos en y con las cajas, quienes sean los responsables de su ruina tienen que pagar por ello en lugar de irse de rositas.

Al Gobierno le han entrado las prisas por evitar la quiebra del sistema financiero español. Después de más de tres años negando la mayor y de tomar medidas equivocadas para sostener artificialmente a las cajas de ahorros, pensando como pensaba ZP que la crisis era coyuntural, que pasaría por sí sola y que todo se arreglaría poco menos que por arte de birlibirloque, ahora Zapatero se encuentra en la encrucijada que trató de evitar a toda costa: dejar que quiebren las cajas o reconocer que, en contra de lo que había dicho y presumido, nuestro sector crediticio dista mucho de ser el más sano del mundo y precisa de fuertes dosis de recapitalización para sobrevivir. El Ejecutivo ha optado por lo segundo pensando que, al salvar a las cajas, también se salva él.

Esta es la cuestión que subyace en los planes de recapitalización que prepara el Gobierno. En los próximos días, las cajas tenían que refinanciar una importante cantidad de deuda: unos dicen que 40.000 millones, otros que 80.000 y hay quienes aventuran la cifra de 120.000 millones. Sea como fuere, lo cierto es que el mercado no parecía estar por la labor. Los inversores internacionales no hacían más que preguntar qué es eso de los SIP y que implica en términos de balance, cuenta de resultados y deuda de las cajas; si estas entidades se iban a despolitizar o no; si iban a seguir alimentando la bola de nieve en que se había convertido la refinanciación de las enormes deudas del sector inmobiliario, etc. y como la respuesta que encontraban a todas estas cuestiones no les gustaba habían optado por no arriesgar más su dinero, sin apenas efectuar distinciones entre entidades con nombres y apellidos concretos. Para ellos casi todas las cajas eran lo mismo y, por tanto, había que huir de ellas como de la peste, con lo que su quiebra estaba servida. El Ejecutivo sabe de sobra que la quiebra de las cajas devuelve a la economía española a una seria recesión que implicaría la insolvencia definitiva de nuestro país y, por tanto, su quiebra y ha optado por defender a las cajas para defenderse a sí mismo. Eso es lo que hay detrás de todo este asunto.


Como siempre, por supuesto, Zapatero vuelve a actuar a destiempo. Puestos a abordar un proceso de recapitalización de las cajas, hubiera sido mucho mejor haberlo hecho hace año y medio o dos años, cuando la financiación de la economía española era mucho más sencilla y barata y el ‘agujero’ de las cajas era más fácilmente manejable. Pero como por entonces estábamos por negar la mayor, a la espera de un milagro que no se ha producido, no se hizo nada y lo que antes nos hubiera salido caro, ahora nos va a costar un ojo de la cara y, encima, no está nada claro de dónde va a salir el dinero necesario para esta operación. En las últimas semanas, el Gobierno ha venido insistiendo en la necesidad de que las cajas capten recursos en los mercados. Sin embargo, éstos no están precisamente por la labor, sobre todo en relación con las cajas medianas y pequeñas. Esta vía, por tanto, no parece encontrarse del todo abierta. Y si se acude a la financiación pública, hay que recordar que las cosas no están precisamente bien para el Tesoro, que ha tenido que colocar la última emisión de deuda en una operación sindicada porque no tenía nada claro cuál hubiera sido el resultado de haber apelado directamente al mercado. La duda está ahí y, ya puestos a salvar a las cajas, conviene que se despeje completamente, y con todas las garantías, lo antes posible.

Ahora bien, puesto que el Ejecutivo se ha empeñado en salvar a las cajas a cualquier precio, esta operación tendría que venir acompañada de otras decisiones. En primer término, el Gobierno debería imponer a estas entidades la venta de sus activos inmobiliarios como parte de su proceso de saneamiento y, de paso, prohibirles todo tipo de actuaciones que impidan la caída de los precios de la vivienda, incluida la refinanciación a los promotores, con el fin de que el ajuste se produzca de una vez por todas y el sector de la construcción pueda volver a retomar su actividad, al tiempo que se acaba con esa tremenda injusticia social como es un precio de la vivienda por las nubes a causa, entre otras razones fundamentales, de la intervención pública en materia de urbanismo.

Asimismo, el Gobierno debe proceder a una modificación radical de la ley de cajas de ahorros con el fin no sólo de despolitizarlas totalmente, que es algo fundamental para evitar que se vuelva a repetir una crisis como ésta, sino también para evitar que las comunidades autónomas sigan utilizándolas para colocarles una deuda autonómica que nadie quiere y que las coloca en una situación francamente difícil, en lugar de sanear los presupuestos regionales por la vía del gasto. Son precisamente los políticos quienes han arruinado a las cajas y es precisamente a los políticos a quienes hay que sacar rápidamente de ellas. Lo cual lleva a una tercera cuestión, que es la de la exigencia de responsabilidades. Si, al final, los contribuyentes vamos a tener que pagar las consecuencias de los excesos cometidos por los políticos en y con las cajas, quienes sean los responsables de su ruina tienen que pagar por ello en lugar de irse de rositas. ¿Se atreverá Zapatero a tanto? Lo dudo.


Libertad Digital - Opinión

Cajas y diamantes. Por M. Martín Ferrand

Da la impresión de que las Cajas están burlando la intención del Banco de España.

DEL mismo modo que existe un baremo para determinar la dureza de los minerales, la Escala de Mohs, sería útil una tabla para valorar la resistencia de las instituciones españolas a experimentar reformas y actualizar sus modos de funcionamiento y gobierno. Quizás el problema resida en que entre el talco y el diamante, el más blando y el más duro de los elementos de Mohs, caben otros ocho y, en lo que se refiere a la resistencia al cambio de lo establecido en la vida nacional solo hay un grado de firmeza inmovilista, el máximo. Nuestra pereza mental, grande, unida al temor colectivo a la innovación que es nota identitaria de lo español, grandísimo, hacen que aquí sea más deseable perpetuar un mal aceptado unánimemente como tal que pretender un bien que suponga cambios y alteración de las rutinas y, sobre todo, de los privilegios —¿derechos?— establecidos.

A la muerte de Francisco Franco, no fue posible un ejercicio de catarsis y ruptura que hubiera saneado los malos vicios acumulados desde la Restauración porque, mayoritariamente, preferimos una reforma que, «de la ley a la ley», hiciera una suave transición de la dictadura a la democracia. Ahora estamos pagando por ello un alto precio y, sin haber aprendido la lección, cuando se trata de salir de una tremenda crisis que no solo es económica y afecta a la propia estructura del Estado, insistimos en los cambios no traumáticos y sin disgusto para nadie. Algo que, aunque fuera posible, no resultaría conveniente porque un elemento importante para el éxito de cualquier transformación es la generalizada advertencia de lo transformado.

Para bajar de lo abstracto a lo concreto puede servirnos como ejemplo de la teoría arriba esbozada la necesaria reforma de las Cajas de Ahorro que apunta inquietantes maneras lampedusianas. Da la impresión de que las Cajas, cada una por su lado y todas en grupo, están burlando la intención del Banco de España y el mandato del Gobierno para perpetuar los intereses de sus directivos y no, como debieran, los de sus impositores y, más todavía, los de la Nación. Como han degenerado en herramientas políticas, y las hay de todos los colores de los muestrarios parlamentarios nacional y autonómicos, en los hechos consiguen la unanimidad: que el cambio no se produzca y, si se produjera, que no alcance los intereses partitocráticos y, si los alcanzara, que no le toquen un pelo a los instalados en el machito. Las Cajas son a la vida española lo que el diamante en la Escala de Mohs. En ellas tiene Alfredo Pérez Rubalcaba la gran ocasión para demostrar el inmenso talento que se le atribuye.


ABC - Opinión

¡Qué putada lo de Sáenz! Por Jesús Cacho

“Joder, qué putada”. La frase corrió como la pólvora por la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte. Era lunes 17 de enero, y a la niebla que esa mañana oscurecía los perfiles metálicos de las modernas instalaciones del banco en el oeste madrileño, vino a sumarse la noticia de que el Tribunal Supremo (TS) había decidido condenar a Alfredo Sáenz Abad, 68, número dos y hombre de confianza del patrón, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, marqués consorte de O'Shea, a ocho meses de cárcel, con inhabilitación para ejercer el oficio de banquero. El TS corregía y aumentaba una sentencia previa de la Audiencia de Barcelona que en diciembre de 2009 le había condenado ya por haber intentado cobrar a unos paisanos, por las bravas, un crédito de 640 millones de pesetas que a Banesto adeudaba una sociedad en suspensión de pagos de la que aquellos eran accionistas minoritarios. Sin que los aludidos hubieran firmado aval u otorgado garantía prendaria de ninguna clase, Sáenz pretendió afanar aquella pasta echándoles al cuello al famoso juez Estevill, experto en enviar gente a la cárcel a tanto la pieza. El fallo judicial dice que Sáenz quiso meter la mano en la cartera de unos honrados ciudadanos, y que además lo hizo inventándose una denuncia falsa, lo que en Derecho se llama estafa procesal. Demasiado para el banquero mejor pagado de España e islas adyacentes.

A primera hora de ese lunes, la cúpula celebró en la Ciudad Financiera reunión de su Ejecutiva. Ante el gesto contrito del propio Sáenz, Botín tomó el mando: “Cómo no hay nada definitivo todavía, de aquí no sale una palabra sobre este asunto. Prohibido. Punto y final”. Y la consigna se siguió al pie de la letra de puertas afuera. Quienes, expectantes, sospechaban que el episodio podía suponer un varapalo para el banco en Bolsa, se llevaron ese día un buen chasco. La acción prácticamente no se movió, lo cual permite extraer algunas interesantes conclusiones al margen del escándalo que desde el punto de vista jurídico y moral atañe al caso. La más importante, para la marcha del negocio y la estabilidad del banco, es que el abandono del cargo por parte de Sáenz resultaría irrelevante. “La potencia del grupo es tan grande, su estructura tan fuerte, el portaaviones tan poderoso, que el negocio seguiría su rumbo sin inmutarse, sin desviarse un grado a babor o estribor”, asegura un gran conocedor de las tripas de la casa.

“Quien ha hecho grande al Santander ha sido Emilio Botín. Suyas han sido las dos o tres grandes decisiones estratégicas, caso de las compras en Reino Unido y Brasil a las que se opuso por igual un Sáenz que pensaba que eran dos operaciones tan costosas como arriesgadas”, cuentan en la Ciudad Financiara. La impronta del consejero delegado ha quedado en la capacidad para ganar dinero en el día a día a través de una maquinaria, una red, muy engrasada e igualmente exigida. “Eso sí es de Alfredo, un hombre que, a base de tecnología, ha mecanizado la gestión con un grado de eficiencia tan alto que su continuidad o no al frente de ese aparato es ya una anécdota, porque todo seguiría funcionando igual de bien con otro al frente, simplemente siguiendo las pautas ya establecidas”.
«El episodio del TS ha venido a poner de manifiesto la estrechez de la cúpula del Santander, la cortedad de banquillo de un grupo extendido ya por los cinco continentes.»
¿Cuál es el problema, entonces? Para Emilio Botín esta sentencia llega en un mal momento, de ahí que necesite estirar los plazos, recurrir ante el Constitucional, mover Roma con Santiago y ablandar voluntades para retrasar en lo que pueda la retirada de su segundo. A cuenta de las tensiones financieras que sacuden los mercados y que tienen a la deuda española en el punto de mira, el cántabro está viviendo los meses más tensos de su vida. “Mi hermano está que no vive”, aseguraba la pasada Navidad Jaime Botín, también llamado el navegante, de visita en Madrid. “La situación es tan delicada que España podría llevarse por delante un bancarrón como el de mi hermano”.

Ana Patricia dará directamente el salto a la presidencia

Las alternativas a Sáenz no son muchas. El episodio del TS ha venido a poner de manifiesto la estrechez de la cúpula del Santander, la cortedad de banquillo de un grupo extendido ya por los cinco continentes. También algunas lagunas en lo que a la “inteligencia corporativa” se refiere. O los servicios de información de la casa –eficaces en grado sumo, como ha quedado demostrado por el silencio de la mayoría de los medios de comunicación españoles- se han dormido en los laureles o confiaban demasiado en la pastueña Justicia española, porque de otra forma no se entiende la marcha de Ana Patricia Botín al Reino Unido para hacerse cargo del negocio británico, un movimiento que casi con seguridad “no se hubiera producido de haber existido el temor de que esto podía pasar”. El caso es que ahora se antoja complicado deshacer ese cambio y hacerle regresar a España, entre otras cosas porque ello vendría a ratificar la cortedad de ese banquillo, poniendo en evidencia que, tras la marcha del portugués Antonio Horta al Lloyds, el Santander no tiene más remedio que echar mano de la hija del dueño para sustituir al consejero delegado.

Lo ocurrido con Sáenz, en todo caso, acelerará el proceso de relevo en la cúpula que la propia edad de Don Emilio, camino ya de los 77 años, empieza a reclamar de forma natural. “Ocurre que Emilio tiene cada vez más difícil elegir sucesor, porque el paso del tiempo va restringiendo de forma paulatina su margen de maniobra. Él no sabe hacer otra cosa más que trabajar y, como todo tipo importante, de alguna forma se siente inmortal”. Botín es, en efecto, un tipo que vive por y para el banco, y reclama de sus subordinados a todos los niveles el mismo grado de entrega, de disponibilidad total, a cualquier hora del día, en cualquier día del año. “Emilio te roba tu vida, pero te paga su precio en oro, y además vives sentado en una poltrona de gastos, de parafernalia, de aviones privados, de hoteles de lujo… A partir de cierto nivel no hay vida privada, porque todo tu tiempo pertenece al jefe, y llega un momento en que ya no sabes salir de esa maraña. La reflexión, dolorosa, llega con la edad, cuando, con cincuenta y tantos tacos te das cuenta de que nunca cruzarás la meta en primer lugar, nunca llegarás a la cima porque el placer de contemplar el mundo desde cúspide está reservado para una sola persona, la hija del jefe”.

Desde hace tiempo es moneda de curso legal en el BS que si algo le ocurriera al jefe de forma repentina, el sucesor sería Alfredo Sáenz. Sin dudarlo. Pero si el relevo se produce con Don Emilio en plenas facultades, la sucesora en la presidencia, la sangre manda, será Ana Patricia, quien, tras su estancia en Gran Bretaña, dará directamente el salto a la presidencia. “Emilio desconfía de un nombramiento de la hija como consejera delegada en plan rodaje. Difícil vender ante los mercados la posición de Ana Patricia, 51, como número dos, con su padre como número uno. Demasiado obvia la imagen de banca dinástica. Demasiado riesgo, además, porque si bajo su mando al banco le ocurriera algún percance importante, eso le inhabilitaría para la presidencia. Nadie puede impedir ese nombramiento. Ni mercados, ni Gobierno, ni Banco de España. “será una decisión del Consejo de Administración y punto”.

Es la hora de Francisco Luzón

¿Vale para el cargo? “Para Botín, como para tantos padres, su hija es la mujer más inteligente del mundo. A lo largo de su vida, Emilio ha visto desfilar por el Santander a mucha gente importante, consejeros, ejecutivos y gente variopinta. Y piensa que todos han desaparecido, y que solo su fortuna sigue inalterable por encima de crisis y enganchones varios, de modo que esa misma estrella seguirá orientando la labor de su hija a la hora de proteger la fortuna familiar”. ¿Ha llegado la hora de Francisco Luzón? El ex de Argentaria, 63, en la actualidad responsable de América Latina, es un tipo muy bien considerado por Botín, y el segundo que más gana en el organigrama del banco, en cuyo contrato figura expresamente su derecho a despachar directamente con Don Emilio sin pasar por Sáenz. “Su verdadero valor ha consistido en estar en la reserva como potencial sustituto de Sáenz. Siempre se dijo que si a éste le pasaba algo o le daba la ventolera un día, el sucesor inmediato sería Paco Luzón que, como el propio Sáenz, es un gestor de primer nivel. Ese momento puede haber llegado”.
«Lo ocurrido con Sáenz, en todo caso, acelerará el proceso de relevo en la cúpula que la propia edad de Don Emilio, camino ya de los 77 años, empieza a reclamar de forma natural.»
Una ventaja añadida como sucesor sería que, llegado el momento, Luzón abandonaría el banco al tiempo que el propio Botín, algo que el cántabro tenía pactado o casi con Sáenz: irse de la mano, para dejar el camino expedito a Ana Patricia. Una alternativa cómoda sería la de Matías Rodríguez Inciarte, estrecho colaborador que fue del ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y en la actualidad vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva, un hombre muy “político”, especie de embajador-para-todo en aquellos compromisos que el jefe no quiere asumir porque le aburren.

Llamadas de auxilio a Zapatero y Rajoy

Banquillo estrecho, pues, si bien el banco dispone de un segundo nivel de gente tan preparada como valiosa, “aunque jóvenes aún para asumir tan alta responsabilidad”, caso de Juan Guitart, descrito como “una mente prodigiosa, más en la órbita de Ana Patricia que en la de Sáenz, responsable de Auditoria, que es asunto muy importante en el Santander”, y caso también de José Antonio Álvarez, actual director financiero, “sin duda la mejor cabeza con que cuenta el banco, hasta el punto de que si Sáenz hubiera llegado a presidente él habría sido su consejero delegado”, y ello a pesar de no contar con perfil botiniano, “porque, conforme se va haciendo mayor, Emilio prefiere rodearse de quienes le han sido siempre fieles, gente como Tejón, Benjumea, los Inciarte, o Javier Marín, su niño mimado y ocasional compañero de golf, a pesar de todos sus desastres”.

Ahora el relevo generacional está cada vez más cerca. Con esa sensación de superioridad que produce el Poder con mayúscula, la maquinaria del banco ha empezado a trabajar a tope para torpedear la sentencia del Supremo, y ello a pesar de que la salida de Sáenz resultaría, como se ha dicho, irrelevante para la buena marcha del grupo. El intercambio de llamadas con el presidente Zapatero, del que Botín ha sido animador en la sombra e incansable asesor de reformas, ha sido una constante estos días. También se han cruzado mensajes con un Rajoy a quien el banquero invitó por primera vez a almorzar en el palacete familiar de Santander el martes 26 de octubre pasado (jornadas del Instituto de Empresa Familiar). Se trata de que el Constitucional que ahora preside el bizcochable Pascual Sala admita cuanto antes el amparo, paralizando la ejecución de la sentencia del TS, de modo que Sáenz –un hombre que en los USA estaría “a la sombra” haciendo compañía a Madoff, a cuenta de la tropelía cometida con Pedro Olabarría- y el propio Emilio puedan abandonar el Santander tranquilamente de la mano antes de que el alto tribunal, ad calendas greacas, alumbre una sentencia que, para entonces, poco o nada interesará a nadie. Cosas de la patria mía.


El Confidencial - Opinión

Piratas del Índico. Por José María Carrascal

También la pirateríaes cosa del pasado, y sin embargo florece con salud envidiable.

FUERZAS de asalto surcoreanas han rescatado en el Océano Índico un mercante, tras una persecución, enfrentamiento y abordaje digno de una novela de Salgari. El carguero Sambo Jewelry fue apresado por piratas somalíes el pasado día 15 en el mar Arábigo, pasando a ser inmediatamente vigilado por unidades navales y aéreas surcoreanas, que realizaron disparos ante la proa para detener su marcha. Al no conseguirlo y ver que seguía su rumbo hacia aguas de Somalia, se procedió al asalto, realizado desde lanchas y helicópteros, defendiéndose los piratas con ametralladoras pesadas y lanzagranadas, lo que no impidió que las comandos asaltantes consiguieran apoderarse del buque, matando a ocho de los piratas y apresando a otros cinco. La tripulación no sufrió daños, excepto el capitán, herido de bala en el estómago. Durante la persecución, el destructor impidió también que otros piratas se apoderaran de un buque mongol.

«Yo mismo di la orden de la operación, que ha resultado perfecta dadas las difíciles circunstancias», ha dicho el presidente surcoreano, Lee Myung-bak
Pienso que, en adelante, los piratas somalíes que pululan por aquellas aguas se lo pensarán mucho antes de asaltar un barco de Corea del Sur. No debe ser un mayor problema para ellos, pues tienen abundantes naves a las que atacar sin grandes riesgos. Las españolas, por ejemplo, defendidas, en el mejor de los casos, por guardias privados sin el armamento pesado que ellos manejan, y sin temor a que los navíos de nuestra Armada de patrulla pasen a mayores.

¡Qué diferencia entre la actitud de las fragatas españolas y el destructor surcoreano! Estoy seguro de que no por el deseo de los oficiales que las mandan, cuyo código de honor les impulsa a atacar a los piratas, sino por las órdenes que reciben de un ministerio experto en retiradas, de limitarse a disparos ante la proa, megafonía y algún sobrevuelo de helicóptero. Pero Dios les libre de tirar a dar. Esas son cosas del pasado. Mejor ponerse en contacto con algún mediador y lograr la liberación del buque y su tripulación pagando, claro, un buen rescate, con el que los piratas podrán celebrarlo en tierra y comprar armas más potentes para el próximo asalto.

También la piratería es cosa del pasado y sin embargo florece con salud envidiable. Lo que no florece son las ideas de unos políticos a quienes el «progresismo» ha practicado una especie de lobotomía para que vean en todo delincuente una víctima de la injusticia social, por lo que hay que tener con ellos toda clase de consideraciones.

Los surcoreanos no parecen tener tal clase de escrúpulos. Nada de extraño que el siglo XXI se anuncie como el de los asiáticos.


ABC - Opinión

República en TVE. Por Alfonso Ussía

Televisión Española, siempre tan original y futurista desde que aterrizó Oliart en su poltrona cimera, nos anuncia una serie sobre la Segunda República. Podrían haber elegido también la Primera, porque tanto la una como la otra forman parte de nuestra basura histórica. Les regalo una idea. Hagan otra serie con los maquis como protagonistas. Dan mucho de sí. Los campos verdes, las altas montañas, los guardias civiles con bigotes y expresiones de malvados, y los pobres y heroicos maquis entregados a su ideal y luchando contra todos los elementos. Se pueden entremezclar bellísimas historias de amor. Por ejemplo, la hija del perverso alcalde franquista de una localidad en Liébana, se enamora profundamente del bondadoso e idealista maqui y huye con él al monte. El alcalde monta en cólera, avisa a la Guardia Civil, y un centenar de tricornios persigue a los enamorados, a los que da muerte en una brutal emboscada. En ese punto, se permite incluso a los de izquierdas, emocionarse y humedecer sus ojos como si fueran de derechas de toda la vida. Porque la emoción sensiblera no es «progresista».

La Segunda República constituyó un régimen en un principio decepcionante y en un final vindicativo y sangriento. La España intelectual y pensante que contribuyó a su implantación, detestó a la República apenas un año después de su establecimiento. En 1934, perdió toda su legitimidad. Las izquierdas no reconocieron el triunfo de las derechas en las urnas. La Segunda República convirtió a España en una colonia aterrorizada de la Unión Soviética, y prueba de ello es que el grito patriótico de los republicanos del Frente Popular no era otro que «¡Viva Rusia!». Fueron quemados conventos e iglesias, y la seguridad de los ciudadanos insatisfechos con el régimen dejó de ser una obligación de los gobernantes. Largo Caballero y Casares Quiroga fueron cómplices de los crímenes y las checas. Azaña, un inútil y fracasado desastre que terminó pidiendo paz y perdón al tiempo que huía a Francia. La Primera República mantuvo la Bandera, en tanto que la Segunda se inventó la oriflama efímera y tricolor que también sumó rencores al enfrentamiento social. La Guerra Civil fue consecuencia directa de la perversidad de una República abandonada por la inteligencia y el patriotismo y sometida a la brutalidad. El Frente Popular no dudó en pasar por las armas a decenas de miles de españoles, y entre ellos, a ilustres republicanos. España estaba despedazada en 1934.

Asturias, Cataluña… El levantamiento militar en 1936 contó con el apoyo de la mitad de España. Y el Ejército no se alzó contra una República próspera, justa y democrática, sino contra un régimen putrefacto y sangriento que había perdido toda su legitimidad dos años antes.

Pero la obsesión se mantiene. Una de las mayores bobadas de los empecinados defensores de aquel período trágico es la de intentar convencernos de que los malvados militares de derechas se alzaron contra un idílico régimen que era depositario de la libertad y la cultura. No existió la libertad a partir de 1934 y la cultura se quemó en miles de hogueras distribuidas por toda España. Los gobernantes republicanos terminaron como títeres enfrentados. Y no existe justificación a la represión brutal de los vencedores de la Guerra Civil desde 1939. Fue el fruto podrido de otra brutalidad anterior. La República perdió, y las izquierdas estalinistas cayeron derrotadas. Ni TVE puede cambiar la historia. Dejen de manipular pasados oscuros y dedíquense a las series venezolanas.


La Razón - Opinión

Zapatero contra el PSOE. Por Germán Yanke

Algunos dirigentes autonómicos del PSOE desean que Zapatero anuncie su futuro para que no se conviertan en un plebiscito.

Algunos dirigentes autonómicos del PSOE, que deben enfrentarse a sus contrincantes del PP el próximo mayo, desean que Zapatero anuncie la decisión sobre su futuro antes de las elecciones regionales para que no se conviertan los comicios en «un plebiscito Zapatero sí o Zapatero no». Esa sería, según este planteamiento, la intención de la derecha, formulada en el discurso de Aznar en la inauguración de la Convención de Sevilla: los resultados de mayo deben reflejar «un país que reclama ya el cambio político que necesita». La alternativa, según estos candidatos, sería que en la próxima convocatoria electoral se discutiesen, despejada la gran incógnita, los asuntos autonómicos y locales.

Nada de esto oculta la angustia y el pesimismo, el fracaso anunciado de los socialistas. Como ha apuntado Felipe González, la única decisión que respecto a su futuro correspondería exclusivamente a Zapatero es la de no presentarse ya que la otra, la de repetir, atañe también al partido. Quienes quieren el anuncio del presidente en estos meses que faltan hasta las autonómicas desean, aunque no lo digan abiertamente, que Zapatero revele que se retira. Y que lo haga después de una decisión sobre la reforma de las pensiones para que, soltado el lastre con el que identifican al presidente, se lo lleve todo consigo.

La estrategia de estos líderes regionales del PSOE es tan aciaga como contraria a sus intereses. Si piensan así los barones del partido, qué pensarán los votantes que observan al presidente y su política desde fuera y la padecen de modo más indefenso. Si el desastre es ya considerable, no hacen sino incrementarlo. Y, además, la retirada de Zapatero sólo supondría una ventaja si los candidatos socialistas se convirtieran en algo ajeno al PSOE y a la responsabilidad de haber alimentado una política y al presidente que la ha impulsado. El fracaso es el de un proyecto que ellos, los sostenidos por el líder, pusieron en manos del actual presidente. Pueden lamentarse, pero no quejarse.


ABC - Opinión

La discriminación según el Gobierno del sectarismo

De aprobarse esta ley, la agenda más radical de la izquierda pasará de ser una opción política como cualquier otra, a convertirse en un mandato transversal en contra de la libertad individual utilizando la amenaza de las más duras sanciones.

La ofensiva radical de Zapatero para llevar a cabo su soñada revolución social se intensifica a medida que se acerca el más que probable fin de su penoso mandato, tal vez espoleado por la necesidad acuciante de tener alguna iniciativa que presentar sus hooligans de cara a las próximas citas electorales.

Es en esta clave de urgencia preelectoral en la que hay que situar la elaboración del anteproyecto de ley para la igualdad y no discriminación, cuyo objetivo indisimulado es aherrojar aún más a la sociedad civil para obligarla a homogeneizar su funcionamiento de acuerdo con el paradigma socialista. Ni siquiera la apelación a la existencia de unas directivas europeas que el Gobierno español debe trasponer sirve como atenuante para un texto que consagra, de forma tal vez definitiva, la facultad del Estado para sancionar aquellas conductas que considere contrarias a la agenda social de la izquierda más radical, que de aprobarse esta ley pasará de ser una opción política como cualquier otra a convertirse en un mandato transversal en contra de la libertad individual utilizando la amenaza de las más duras sanciones.


El texto del anteproyecto, además, es un despropósito jurídico, acorde por otra parte con el fondo de la materia que pretende regular. Baste para percibir la magnitud del desaguisado la somera lectura de su exposición de motivos, en que el redactor sugiere, por ejemplo, que los esfuerzos en materia de igualdad son tan importantes para España como "la lucha contra las enfermedades o el aumento de la esperanza de vida" (sic). Nos abstendremos piadosamente de comentar lo farragoso de su redacción y lo inconexo de los preceptos incluidos en su articulado, por respeto a nuestros lectores y porque, además, la incuria jurídica es la divisa administrativa de los equipos formados por Zapatero desde que llegó al poder.

Salvo que su procelosa tramitación parlamentaria consiga mutilarlo severamente o un cambio de gobierno decrete su total eliminación, nos encontramos ante el borrador de una ley que permitirá al Gobierno cerrar empresas y pequeños negocios, convertirá en inviables económicamente a los centros de enseñanza que no transijan con las exigencias ministeriales y, como colofón, dejará sin efecto una de las salvaguardas más importantes del Estado de Derecho, al obligar al acusado a demostrar que no cometió el delito del que le acuse la "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" o el lobby socialista de turno.

Mientras tanto, la desvergüenza del Gobierno alcanza cotas impensables al garantizar expresamente en este anteproyecto de ley, supuestamente contra la discriminación, su inacción ante la discriminación que los castellanohablantes padecen en gran parte de España, ésta sí muy real, como pueden acreditar los padres que en vano pretenden ejercer en nombre de sus hijos el derecho universal a educarse en su lengua materna.

Sólo un Gobierno sin escrúpulos puede atreverse a imponer una autoridad central para vigilar a la sociedad en su comportamiento privado –la abracadabrante "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" (sic)–, sólo una mente abducida por el sectarismo ideológico más irredento puede pretender que los individuos modifiquen su curso de acción a su capricho, sólo un gobernante desleal con el mandato que juró hacer cumplir puede perpetuar la discriminación lingüística en una norma que supuestamente pretende erradicar cualquier segregación de la sociedad, sólo un totalitario vocacional puede concebir un brutal régimen de multas y sanciones para aquellos que no acepten de buen grado sus dictados ideológicos y, finalmente, sólo un presidente desnortado, en plena huida hacia el abismo de la catástrofe económica más absoluta, puede elaborar una norma para castigar a las empresas que vacilen a la hora de llevar a cabo en sus plantillas las medidas de ingeniería social diseñadas por personajes como Leire Pajín. En otras palabras, estamos ante un anteproyecto de ley sólo al alcance de José Luis Rodríguez Zapatero.


Libertad Digital - Editorial

Un acuerdo que no llega

El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante Bruselas para que los elogios no se conviertan en críticas despiadadas.

TODO apunta —salvo que estemos ante una nueva maniobra de distracción a dos bandas— a un nuevo fracaso en el maratón negociador entre Gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Las posturas siguen alejadas en cuanto a la edad básica de jubilación, a pesar de la flexibilidad sobre posibles excepciones, y sobre la cuestión decisiva del número de años de cotización. En rigor, el problema no es social o económico, sino estrictamente político. El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante las exigencias de Bruselas para que los elogios con la boca pequeña sobre el «buen camino» emprendido por Rodríguez Zapatero no se conviertan en críticas despiadadas. A su vez, UGT y CC.OO. tienen que aparentar esa firmeza en defensa de los trabajadores que se echó en falta durante largos años de mansedumbre mientras se consumaba el recorte de derechos sociales. Para unos y para otros es ahora más fácil jugar al desencuentro, por mucho que una nueva huelga más o menos general sea un pésimo horizonte para la maltrecha economía española. Las declaraciones de Pérez Rubalcaba y los líderes sindicales sobre el alejamiento de sus respectivas posiciones están destinadas a reflejar ese planteamiento que ahora les conviene después de tanto consenso oportunista.

Lo cierto es que el tiempo pasa y el acuerdo no llega. El presidente de Gobierno se ha comprometido a aprobar el correspondiente proyecto de ley en el Consejo de Ministros del próximo día 28 y no tiene otro remedio que hacerlo ante las presiones de nuestros socios comunitarios. Mientras tanto, la realidad sigue su camino, de manera que ocho millones y medio de pensionistas tendrán que recibir la paga extra comprometida por la subida del IPC en 2010. En este contexto, el eventual cambio de cromos entre pensiones y centrales nucleares introduce un factor absurdo que produce perplejidad en la opinión pública. La imagen de dos sindicalistas en huelga de hambre en la sede de la CGT tampoco contribuye a la racionalidad del debate. Las cosas mal hechas traen siempre malas consecuencias, y el tiempo perdido pasa ahora factura tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales ante la lógica indignación de muchos ciudadanos.

ABC - Editorial