viernes, 21 de enero de 2011

PP. ¿Va Rajoy a derogar lo que no quiso aprobar?. Por Guillermo Dupuy

Algunos podrán objetarme, con toda la lógica del mundo, que el compromiso del PP de acabar con semejante disparate ya va implícito en su crítica. Sin embargo, tratándose de Rajoy, las deducciones lógicas no dan siempre la suficiente garantía o seguridad.

No le falta razón a Mariano Rajoy cuando considera que espectáculos tan bochornosos como el del uso de traductores en el Senado "en un país normal no se producen". Sin embargo, ¿tenemos, por ello, la seguridad de que si el PP gana las elecciones con la mayoría suficiente va a derogar tan ofensivo esperpento? Lo digo porque, al día de hoy, desde el PP no se he hecho un compromiso explícito en ese sentido.

Algunos podrán objetarme, con toda la lógica del mundo, que el compromiso de acabar con semejante disparate ya va implícito en la propia critica del PP y de su líder. Tal vez, sea así. Pero tratándose de Rajoy, las deducciones lógicas no dan siempre la suficiente garantía o seguridad. Prueba de ello es que un diario nacional como La Gaceta vio hace escasos días oportuno llevar como principal titular de portada que El PP cambiará la ley del aborto. Y es que, puestos a inferir modificaciones o derogaciones legislativas partiendo de la oposición del PP a las leyes que el Gobierno de Zapatero ha aprobado, semejante titular de La Gaceta no supondría noticia alguna o lo sería con muchísimos meses de retraso.


Otro tanto se puede decir del llamado "matrimonio homosexual". Es pública y notoria la oposición que el PP hizo a esa ley que desnaturaliza jurídica, histórica y lingüísticamente la institución del matrimonio, y que el principal partido de la oposición recurrió, incluso, ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa oposición en modo alguno garantiza que el PP vaya a modificar esa ley si llega al Gobierno. Y es que cuando al líder del PP se le pregunta si hay o no ese compromiso activo por parte del PP, Rajoy se limita a decir que "esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional y escucharé a la gente".

Que quede claro que, en este último caso, la no sustitución de esta ley por una que equiparase en derechos a los matrimonios y a las uniones civiles del mismo sexo es algo que a mí, personalmente, no me quita el sueño. Pero de lo que se trata aquí es del derecho que deberíamos tener los ciudadanos a saber qué podemos esperar de quienes aspiran a ser nuestros gobernantes.

Otro ejemplo, en este sentido, lo constituiría la ley antifumadores aprobada recientemente. No se puede negar –sobre todo en los últimos tiempos– que desde el PP no se hayan hecho duras críticas a esta empobrecedora y liberticida normativa de ingeniería social. Sin embargo, ¿tenemos, por ello garantía, de que si el PP gana con mayoría suficiente la modificara para que pueda haber oferta hostelera dirigida a los fumadores? En absoluto. A la falta de compromiso activo en ese sentido, se une el hecho de que el PP –a pesar de su reciente oposición y crítica a la ley– la admitio favorablemente a trámite cuando, se diga ahora lo que se diga, ya tenia sus rasgos más radicales y liberticidas claramente perfilados.

¿Y que me dicen de la critica del PP –sobre todo desde que empezó a hacerla Felipe González– a la oposición de Zapatero a la energía nuclear? ¿Debemos deducir por ella que hay un claro compromiso por parte del PP de crear nuevas centrales nucleares o siquiera de prolongar la vida útil de las poquísimas que hay en España? Si lo hay, que me digan dónde. Y, desde luego, no me explico por qué no la publicitan ni la llevan a gala haciendo pedagogía de ella.

Tampoco se puede negar que el PP no se opusiera al estatuto soberanista catalán o su respaldo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, en línea con el Tribunal Constitucional, ha ordenado a la Generalitat que garantice que el castellano sea también "lengua vehicular" en la enseñanza. Sin embargo, ¿tenemos alguna garantía de que un Gobierno presidido por Rajoy obligará a la Generalitat a hacer efectiva esa sentencia, tal y como, al margen de inexistentes compromisos, es su obligación legal? Eso, por no hablar de otros puntos de ese estatuto que el Constitucional ha exigido su modificación.

Aunque podríamos poner muchísimos ejemplos más, déjenme que acabe, en este caso, con un compromiso que Rajoy sí ha hecho, pero como modo de no entrar en profundidad en el debate abierto por Aznar sobre la inviabilidad del actual modelo autonómico. Me refiero a su vaga propuesta de fijar un tope de gasto y endeudamiento a todas las administraciones sean ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central. Al margen de la falta de concreción a la hora de fijar esos topes, ¿qué garantía podemos tener de que Rajoy lo establezca, no ya a administraciones gobernadas por nacionalistas o socialistas, sino a las de su propio partido cuando dos de las tres comunidades autónomas más endeudadas están gobernadas por el PP, tal y como ocurre con dos de los tres ayuntamientos más endeudados de nuestro país?

Total que "sí pero no, no pero sí, tal vez, aunque todo lo contrario, tal y como siempre he defendido". ¿Cosas de ser gallego? ¡Qué va! Ni siquiera cosas de Arriola. Simplemente, exceso de complejos y falta de liderazgo.


Libertad Digital - Opinión

Del fiscal, los jueces y un payaso. Por Hermann Tertsch

Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo.

NUESTRO Gobierno de España y su partido socialista obrero experimental no se sienten ni mucho menos derrotados, por mucho sondeo amargo que se desayunen. Ni están paralizados pese al caos, los miedos y los nervios que se perciben entre quienes en municipios y autonomías se ven ya víctimas de la creciente fobia hacia el eterno adolescente. Ahí están los planes legislativos para liquidar en los próximos meses las engorrosas limitaciones que pone el Estado de Derecho a los gobernantes por si caen en la tentación de utilizar el poder del estado para aplastar a las voces críticas y rivales políticos. Se mueven. Las noticias judiciales de los últimos días son muchas. Continúa el goteo de sentencias y decisiones amables para organizaciones etarras y sus miembros. Va poniendo en la calle, con beneficios impensables para presos comunes, a terroristas con condenas graves, delitos de sangre incluidos. Ayer, la Audiencia Nacional absolvió a los veinte imputados en el caso Udalbiltza, acusados de actividad terrorista. Al parecer estos acusados sólo se reunían por sus inquietudes municipales. Nada que ver con terrorismo, dicen. Raro, raro. Una vez más, cuando algunos socialistas tienen prisa por encontrar abertzales buenos que premiar, se desmorona la jurisprudencia del Supremo que dicta que Batasuna es ETA. Coge fuerza el mensaje gubernamental de los buenos y malos. Vuelve a estar de discreta actualidad aquel llamamiento del Fiscal General, Conde Pumpido, a los jueces, pidiéndoles no tuvieran escrúpulos en mancharse las togas por el bien de las bellas intenciones del gobierno. Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo. Ataca de nuevo. Ahora para salvar al juez Baltasar Garzón. Ya saben, el juez estrella que lidera la ofensiva para convertir la guerra civil en permanente causa política actual. Y que está acusado de prevaricar en tres casos muy distintos. Alguno más relacionado con el dinero de los vivos que los huesos de los muertos. En una decisión sin precedentes en nuestro Estado de Derecho, la fiscalía apoya la recusación del supuesto juez prevaricador contra cinco magistrados del Tribunal Supremo que deben juzgarle. Esto un día después de que ya echara una buena mano a Garzón, al pedir y lograr el archivo de una causa contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, el ínclito Jiménez Villarejo. Este fiscal, que comenzó su carrera jurando fidelidad al franquismo, se ha erigido en gran héroe antifranquista, una vez comprobado —gracias a Garzón— que Franco había muerto. Acusa a los jueces que imputan a Garzón de ser instrumentos del fascismo español y de estar «en manos de los corruptos». La fiscalía considera que eso no veja a nadie. El juez Ruz le ha dado la razón. No sabemos si esta operación «salvar al juez Garzón» se debe al temor a que, de ser condenado, se vengase de sus antiguos socios como ya hizo con González, Barrionuevo y sus GAL. Porque del caso Faisán sabe un montón. Puede también que la fiscalía esté en campaña electoral y que quiere ayudar a Garzón a generar la «tensión necesaria» —que le diría Zapatero a Gabilondo—. Nada mejor que dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos. El líder de la nueva campaña en favor del juez Garzón —y de acoso a los jueves del Supremo— no es oficialmente Conde Pumpido, sino el payaso italiano Leo Bassi. Dirige una campaña que se llama «Franconohamuerto.com». Título poco afortunado diría yo. Porque si fuera cierto, Bassi haría el payaso en Italia, los demás estarían callados como putas y Jimenez-Villarejo seguiría asistiendo firme con su camisa azul y su casaca blanca, a las recepciones del 18 de julio.

ABC - Opinión

Cascos, llamado a perderse en la polvareda. Por Antonio Casado

En la Convención Nacional del PP, que hoy comienza en Sevilla, con la asistencia de 3.000 dirigentes y cargos institucionales del partido a escala nacional, autonómica y local, también se dedicará un turno a mirar hacia atrás sin ira y con orgullo. Precisamente el video inaugural, que ayer fue presentado por la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, recoge imágenes alusivas a las realizaciones del aznarato.

En algunas de esas imágenes aparece Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento y vicepresidente del Gobierno. De eso iba por aquel entonces. Ahora se trata de un competidor político que acaba de encontrar la carcasa de su incipiente aventura asturianista (Foro Asturias).

«En esas condiciones, era muy lógico que Rajoy no quisiera apadrinar a un líder asturiano que venía a sembrar la discordia, puesto que de antemano rechazaba el entendimiento con la actual dirección asturiana y ni siquiera se molestaba en ocultarlo.»
No será la última vez que circulen imágenes del Cascos de entonces. Lógico. Ocurrirá cada vez que Mariano Rajoy quiera ilustrar su discurso comparativo entre aquellos Gobiernos (1996-2004) y los de Zapatero ¿Una contrariedad en el diseño de la campaña electoral del PP para las autonómicas y municipales de mayo? En absoluto. Si alguien puede salir perjudicado con esas imágenes no es el PP sino el propio ex vicepresidente y ex número dos del partido, porque será como ponerle delante las pruebas de una clamorosa deslealtad.

Sin embargo, él sigue presentándose como la víctima del aparato de Génova (sede central del PP) por la única razón de que Rajoy y Dolores de Cospedal, en nombre de las normas internas creadas en su día por el propio Cascos, se negaron a aceptar sus condiciones. Básicamente una, la de legitimarse en un congreso extraordinario (así se lo pidió personalmente a Rajoy en el mes de agosto) y, acto seguido, usar la guadaña en la depuración del PP asturiano, hasta dejarlo a su medida.

De nada sirvieron las indicaciones del líder nacional para que se entendiera con Ovidio Sánchez, presidente del PP de Asturias, y Gabino de Lorenzo, alcalde y líder local de Oviedo, como paso previo a su designación como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. No hubo forma. Él quería ganarse en un congreso extraordinario el derecho a cortar cabezas. Y en esas condiciones, era muy lógico que Rajoy no quisiera apadrinar a un líder asturiano que venía a sembrar la discordia, puesto que de antemano rechazaba el entendimiento con la actual dirección asturiana y ni siquiera se molestaba en ocultarlo.

Ahora ya está haciendo la guerra por su cuenta. Con muchas posibilidades de perderse en la polvareda -la Iglesia siempre se acaba imponiendo sobre la secta-, mientras la magia de las encuestas ha borrado del todo a los ruidosos seguidores del “yo no me resigno”, aquella bandera alzada en la primavera de 2008, después de la segunda derrota de Rajoy en elecciones generales, por Esperanza Aguirre y otros. Ya han decidido querer a don Mariano, al que están viendo venir con la cesta llena.


El Confidencial - Opinión

Un progresista en el TC. Por M. Martín Ferrand

Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero.

HASTA ahora, los presidentes del Tribunal Constitucional que se han sucedido en el cargo fueron siempre juristas notorios y, en su mayoría, expertos constitucionalistas. La elección de Pascual Sala marca un cambio cualitativo en la institución. Es el primer juez de carrera, un magistrado de largo recorrido, quien ocupa la presidencia de una de nuestras instituciones más polémicas e innecesarias. El TC entra en la obsesión de los «nuevos demócratas» que, al igual que los «nuevos ricos», no quisieron, al hilo de la Transición, que al Estado le faltara de nada y buscaron en todos los supermercados institucionales todo lo disponible en los muestrarios. Con una sala especializada en el Tribunal Supremo hubiera bastado para arbitrar el buen uso del texto constitucional y con ello, además de una notable partida del Presupuesto, nos hubiéramos ahorrado muchas e indeseables confrontaciones entre el propio Supremo y el Constitucional. Tampoco hubiéramos tenido que sonrojarnos con algunas peripecias que, desde Manuel García Pelayo a María Emilia Casas, no han hecho brillar tan singular órgano de nuestra organización estatal.

No es la primera vez que el PSOE impulsa la carrera y promueve un nombramiento de Pascual Sala, desde la presidencia del Tribunal de Cuentas a la del Supremo y el CGPJ. Si es la última lo será en función de la edad del personaje, no por los méritos que han acreditado su «progresismo». ¿No les resulta a ustedes obscena esa permanente clasificación en el ámbito de la Justicia entre jueces «progresistas» y «conservadores»? La Justicia y la Educación son los dos territorios en los que más flaquea la fortaleza del Estado. La primera no es independiente y el sistema de elección de sus cargos más trascendentes, una de las más negativas aportaciones políticas del felipismo, pone bajo sospecha a la cumbre de un poder fundamental del Estado que, paradójicamente, se subordina a los otros dos. La segunda puede valorarse por sus frutos.

El aspirante a la presidencia del TC que ha salido derrotado, Manuel Aragón, es un intelectual fino, constitucionalista notable y claro defensor de la unidad de la Nación y, en consecuencia, opuesto a la «nación de naciones» que, como coleccionista de grandes disparates, tanto le complace a José Luis Rodríguez Zapatero. Hubiera perpetuado el perfil académico que ha definido, desde su fundación, el Tribunal y, en parte, nos hubiera evitado la ofensiva y desagradable clasificación dual entre las razas de juristas que optan a los cargos. Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero.


ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. Servicios prestados. Por Emilio Campmany

Los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz.

Los romanos ofrecían al pueblo asediado que se rindiera la conservación de los propios jefes e instituciones a cambio de un razonable tributo a Roma y amenazaban con la destrucción total a quienes se les opusieran. Cumplían a rajatabla lo prometido. Cuando en su avance llegaban al pueblo siguiente, sus habitantes sabían perfectamente a qué atenerse y la mayoría de las veces escogían rendirse. Esta política les permitió conquistar un imperio inmenso teniendo que pelear a muerte en muy pocas ocasiones.

El PSOE o, mejor dicho, el PSOE de Rubalcaba, porque el de Zapatero no se atiene siempre a estas reglas, hace lo mismo. Castiga cruelmente a los desleales y cubre de honores, cuando no de oro, a los leales. Hoy hemos tenido ocasión de ver la aplicación de las dos caras de esta política en la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Que saldría uno de la cuerda del PSOE, lo sabían hasta las madres, dado que eran siete a cuatro. La cuestión estaba en quién sería elegido, si Pascual Sala o Manuel Aragón.


El cordobés de apellido maño tenía la ventaja de poder reunir cierto consenso entre los conservadores, de forma que cabía que fuera elegido por unanimidad o casi, si los izquierdistas le respaldaban. Pero tenía un defecto muy grave, haberse empeñado en ver en el estatuto de Cataluña parido por Zapatero y Artur Mas groseras tachas de inconstitucionalidad. De facto, esto supuso que quien fuera designado por el Gobierno de Zapatero votara con el bloque conservador en lo del estatuto. Así fue como María Emilia Casas se vio obligada a hacer encaje de bolillos durante tres años, evitando someter a votación el bodrio hasta lograr un cierto consenso en salvar lo salvable.

Pascual Sala, en cambio, luchó con denuedo defendiendo lo indefendible hasta decir que era preciso declarar la constitucionalidad para evitar que Cataluña se separara de España. O sea, dio un argumento político él, que es quien no debiera considerar más argumentos que los jurídicos.

Pero, probablemente, el mayor mérito de Pascual Sala a los ojos de los socialistas no haya sido su adhesión inquebrantable a la constitucionalidad de lo inconstitucional, sino los servicios prestados durante la época en que fue presidente del Tribunal Supremo, entre 1990 y 1996, los años en que el PSOE tuvo que dar cuentas por el terrorismo de estado. Es cierto que fracasó al intentar impedir que el ministro del Interior socialista fuera a la cárcel por crímenes de la organización terrorista GAL, pero en su disculpa puede alegarse que las pruebas contra Barrionuevo eran abrumadoras. En cambio, tuvo un éxito fulgurante al impedir que Felipe González, obvio superior jerárquico del ministro, se viera salpicado por el asunto con la exótica doctrina de la estigmatización, entre otras triquiñuelas. Recibió su premio yendo al Constitucional y ahora se lo redondean con la presidencia.

Así que los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz. Podría decirse que el PSOE aplica sistemáticamente el axioma que, en versión edulcorada, viene a decir "al amigo, todo; al enemigo, nada, y al indiferente, la legislación vigente". Así son y no van a cambiar.


Libertad Digital - Opinión

Pinganillos y deuda histórica. Por José María Carrascal

Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va.

SON mucho, por no decir la inmensa mayoría, los que opinan que la traducción simultánea en el Senado es completamente superflua. Yo diría que lo superfluo es el Senado, los senados mejor dicho, pues hay que contar los autonómicos, todos ellos con sus presidentes, senadores, secretarias, chóferes, pensionistas y, ahora, intérpretes, son cámaras redundantes, pues la función legislativa la llevan los parlamentos, quedando ellos como mero adorno. «Es que son la expresión de la España plural y de las deudas históricas» se nos dice. No; son la expresión de la España de los partidos, los mayores creadores de puestos de trabajo —es un decir— redundantes en nuestro país. Mientras lo de las deudas históricas es el mayor timo. ¿Qué deuda histórica tiene España con Andalucía? ¿La de haberla librado de ser hoy una nación musulmana? Yo diría que la deuda es a la inversa, pero sobre gustos no hay nada escrito. ¿Y con Cataluña, que deuda tenemos el resto de los Españoles? ¿El haber sido el mercado de los productos de su revolución industrial? ¿El cederles los Juegos Olímpicos del 92, que expandieron Barcelona más allá del Tibidabo y la dieron una dimensión universal? Otro tanto puede decirse del resto de las «deudas históricas». Vamos a dejarnos de cuentos y a poner los pies en la realidad. De lo ocurrido en España somos responsables los españoles, y ni Cataluña puede pedir un trato fiscal preferente por aportar más, es decir, por ser más rica, ni Andalucía puede pedirlo por ser más pobre, ya que esas condiciones se las han creado ellas.

«El país de los antepasados», nos llamaba Kant. Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va. Pocas cosas hay más anacrónicas que unos senadores escuchándose por pinganillo, más, cuando lo que tienen que oír tanto da que se oiga o no. Esos miles de millones de déficit que Mas ha encontrado en las cuentas catalanas ¿son también deuda histórica? ¿Se los tendremos que aportar el resto de los españoles, como a Andalucía, seguir financiándole el PER? ¿Es qué va a parar esto? ¿Dónde está la responsabilidad individual y colectiva? ¿Dónde esta el sentido común?

Porque responsabilidad y sentido común, son los fundamentos de la democracia, que viene a ser algo así como la edad adulta de las naciones y de los Estados. Pero por lo que estamos viendo, España no ha alcanzado todavía su madurez democrática, sigue todavía en la infancia o en la adolescencia, años en que se cometen toda suerte de ingenuidades y locuras. O, dicho de otro modo: que nuestra democracia es más bien un simulacro de ella. Quien quiera comprobarlo que pierda una tarde yendo al Senado. O que oiga a nuestro presidente.


ABC - Opinión

Makinavaja en la Fiscalía. Por Cristina Losada

Uno no espera que un fiscal jefe adopte como guía valorativa el lenguaje de Makinavaja, el último choriso, o el florido verbo del concursante habitual de Gran Hermano.

La huelga del Metro de Madrid reveló la existencia de una banda de macarras que actuaba bajo las siglas del sindicato de conductores. Ahora, una decisión del fiscal jefe a propósito de los insultos vertidos entonces, muestra que la obscenidad y la grosería son valores con alta protección jurídica. Según información de El Mundo, el fiscal Eduardo Esteban ha pedido que se archive una denuncia de la Comunidad de Madrid contra los sindicalistas que habían descollado tanto en lo soez como en lo amenazante. No hay motivo, dice el hombre. La expresión "Esperanzita como me quites el 5 por el culo te la hinco" que ornaba un cartel de los huelguistas, no es –sostiene– ofensiva, ni lesiona la dignidad ni menoscaba la fama de la presidenta de Madrid. No es injuria, por tanto. ¿Qué será? Una prueba de cariño.

De haber resuelto el fiscal que ese cartel y varios dichos del mismo tono, aunque insultantes, se encuentran amparadas por la libertad de expresión sagrada, se podría discrepar, pero no ofendería a la inteligencia. Sólo sería una prueba más de que, en España, tal libertad es amplísima en unos casos y estrechísima en otros. Selectiva, desde luego. No depende de qué, sino de quién. Pero Esteban opta por desafiar al raciocinio. No es injuriosa, dice. Y hasta pretende que el cartel apareció en la mesa de los cabecillas sin que ellos se dieran cuenta. Una mano invisible lo hizo, otra mano invisible lo puso y nadie –y menos los de la mesa– se enteró. Puestos a imaginar, si esa tierna amenaza de hincarla se refiriera al fiscal, a un familiar suyo o al presidente del Constitucional, no deberían sentirse ofendidos. ¿Por qué, si "no tiene capacidad para producir realmente un descrédito"?

Para descrédito ya tenemos el argumentario de Esteban, cuya escala de valores suscita interrogantes. ¿Es posible que, en su casa, sean de uso corriente groserías como la mentada? Quién sabe, pero lo cierto es que, entre personas medianamente educadas, no tienen pase. Hay ambientes en los que es costumbre proferir salvajadas. Basta poner la tele para situarlos. No obstante, uno no espera que un fiscal jefe adopte como guía valorativa el lenguaje de Makinavaja, el último choriso, o el florido verbo del concursante habitual de Gran Hermano. Siendo ese el rasero, qué bajo cae el ministerio público cuando la injuriada se llama Esperanza Aguirre.


Libertad Digital - Opinión

La timba. Por Ignacio Camacho

La negociación de las pensiones ha derivado en una timba en la que el Gobierno envida con lo que tiene a mano.

EL Gobierno ha convertido la mesa de negociación sobre las pensiones en una timba en la que envida con lo primero que tiene a mano. En ese quid pro quo desquiciado un día pone sobre el tapete la reforma del mercado laboral y otro la política de energía nuclear, convirtiendo incluso sus decisiones más recientes en sorprendente moneda de cambio. Por ahora sólo está mano a mano con la patronal y los sindicatos; cuando se incorporen a la partida los grupos parlamentarios el tira y afloja puede acabar como el reparto de los presupuestos, un mercadillo en el que las compraventas acaban plasmadas en cláusulas adicionales de las leyes más insospechadas. El zapaterismo ha desarrollado un estilo chapucero de gobernar que consiste en calzar cualquier medida en cualquier ley como si fuese un estrambote. Pero la jubilación es un tema demasiado serio para tratarlo con técnicas de garito.

Esta manera de negociar estira hasta el paroxismo una característica letal del mandato zapaterista, que es la sujeción absoluta e imperativa a los objetivos de plazo inmediato por contradictorios que resulten entre sí. Quizá se refiera a eso Joaquín Leguina cuando dice que el marxismo del presidente es de Groucho, aunque en realidad sería más bien de Harpo, el mudo que transformaba cualquier situación normal en un delirio cómico. En la primera legislatura esta impronta quedó plasmada en la célebre exigencia de lograr un acuerdo «como sea», epítome tan pragmático como desesperado de la elástica coherencia presidencial. En ausencia de principios y convicciones todo vale para todo; la medida de ayer puede ser revocada mañana y la de pasado mañana tal vez anule la de antier. Pero como incluso el caos puede adquirir mediante la costumbre propiedades de sistema es preciso envolverlo en una confusión perpetua de desmentidos y refutaciones que le otorguen textura de descalzaperros completo, y para eso está el tropel habitual de ministros dedicados a desdecirse los unos a los otros, cuando no directamente a sí mismos. Un concepto muy particular de ese valor de Estado que se llama seguridad jurídica.

En la cuestión de las pensiones —las que jamás se iban a retocar, recuerden— el Gobierno parecía haberse fijado un propósito innegociable en la edad de retiro a los 67 años, y a esa meta remitía cualquier posibilidad de acuerdo. Ahora ya nada es seguro en el propio núcleo del asunto, mientras alrededor flota ingrávido el resto de la política gubernamental reciente, incluidas las medidas que hace bien poco fueron definidas como perentorias. En esta atmósfera gaseosa no hay modo de saber qué grado de estabilidad tiene cualquier propuesta; lo precario es en este Gobierno una modalidad de solidez. En una de esas vueltas de la baraja igual aparece un comodín que solucione la partida. La única forma de que Zapatero acierte es por una mezcla de azar y oportunismo.


MEDIO - Opinión

Desequilibrio constitucional

El Tribunal Constitucional cerró una etapa convulsa con el relevo de María Emilia Casas, marcada por el debate del Estatut, la polémica prórroga de la presidencia de la propia Casas y el bloqueo del PSOE en las negociaciones para renovar a los magistrados, que provocó que una mayoría de ellos continuara en su puesto con el mandato caducado y, por tanto, propició una situación de interinidad en el Tribunal que, si bien no mermó su legitimidad, no era el estatus más conveniente. Esa situación se prolongó a costa del prestigio de la institución.

Con la elección de Pascual Sala como nuevo presidente y de Eugenio Gay como vicepresidente, el Tribunal Constitucional no envió ayer el mensaje adecuado si pretende enmendar los errores del pasado. La realidad fue distinta. El sector progresista aprovechó una mayoría holgada coyuntural para romper el equilibrio imperante tradicionalmente en el órgano e imponer a dos candidatos muy señalados en puestos clave. Aunque no cuestionemos la formación ni la capacidad de Sala y Gay, e incluso celebremos que al fin sea un magistrado de carrera, el presidente del TC, sus perfiles son los de juristas progresistas, de gran sintonía con el PSOE, sobre todo Sala, y que defendieron, por ejemplo, un Estatuto de Cataluña sin recortes.


Tras la reciente entrada de los cuatro magistrados designados por el Senado, el nuevo reparto de fuerzas ha deparado que la minoría conservadora cuente con cuatro de los once magistrados que componen el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto García-Calvo sigue sin cubrirse. Con esta anormal y desajustada formación, parece lógico que se hable del carácter interino de los nombramientos, dado que el propio Gay tiene su mandato vencido, al igual que los otros tres magistrados que esperan ser renovados por el Congreso. Se quiera o no, esta situación cuestiona en su origen a cargos tan relevantes y aconseja repetir su elección cuando el Constitucional tenga su composición definitiva.

Para el Tribunal cualquier actuación que le sitúe fuera de la normalidad democrática no es positiva, y esa condición eventual que desprende lo hace. Los precedentes, sin embargo, sugieren que ni el Gobierno ni el PSOE actuarán con la responsabilidad necesaria, ahora que se han asegurado un TC dominado por los magistrados propuestos a instancias del Grupo Socialista. La izquierda tiene la pésima costumbre de instrumentalizar las instituciones en su propio beneficio siempre que puede o se lo permiten.

Quebrado el equilibrio, facilitado por una composición de fuerzas más ajustada que propiciaba, por ejemplo, un presidente y un vicepresidente de cada sector, las esperadas sentencias sobre iniciativas de tanta controversia social como las del aborto, matrimonio homosexual, la carrera militar o la prohibición de las corridas de toros parecen cantadas a favor de las tesis del Gobierno. Que el máximo intérprete de la Carta Magna actúe bajo estos condicionantes no sólo debilita al Tribunal, sino que afecta también al Estado de Derecho. Urge que el TC deje de ser objeto de manejos políticos al servicio de estrategias cortoplacistas del partido en el Gobierno. Un Constitucional sin la autoridad que le concede el prestigio no cumple con su función.


La Razón - Editorial

La injusticia como norma suprema

Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles.

No son pocos los pensadores que consideran que es mucho más importante para la libertad la existencia de un Estado de Derecho que de la democracia, aunque no sea frecuente encontrarse el primero sin la segunda. Al fin y al cabo, bajo un Estado de Derecho dotado de garantías para la vida y la propiedad, la arbitrariedad del poder político está limitada por las leyes y los tribunales; en cambio, en una democracia en la que la mayoría carece de límites nuestras libertades pueden ser violadas por cualquier decisión política.

En España, el ataque a un orden más o menos liberal ha venido por dos vías: una Constitución que no tuvo como principal objetivo separar y limitar el poder de forma efectiva y una clase política que ha logrado, pasito a pasito, eliminar la independencia judicial, especialmente la del Tribunal Constitucional. Para ello han contado con la colaboración de un buen número de juristas que, bajo el manto del llamado "uso alternativo del derecho" –doctrina que en Estados Unidos recibe el nombre de "activismo judicial"– promueve la violación del Derecho en nombre de otros fines políticos.


Para los practicantes de esta alternativa a la aplicación de la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de los derechos ciudadanos que la Constitución protege. En definitiva, según el perfecto resumen que Bermejo hiciera en su día, son de izquierdas y como tales actúan. No como jueces ni como fiscales.

Así, por indicar algunos ejemplos recientes, el Tribunal Constitucional ha decidido que la ley que decreta una pena distinta por los mismos hechos penales dependiendo de si el infractor es hombre o mujer no viola el artículo de nuestra Carta Magna que proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que nadie puede ser discriminado por razón de su sexo. Del mismo modo, ha decretado que el Estatut es constitucional en algunos artículos que contradicen abiertamente la Constitución, pero indicando que deben interpretarse de forma totalmente contraria a como están redactados.

Dos de los magistrados que dieron su beneplácito a estos despropósitos serán a partir de este jueves presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, debido a que los integrantes de este tribunal son elegidos por los políticos y los socialistas tienen la mayoría. Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles ante la ley cuando se apruebe la totalitaria ley de igualdad de trato.

Desgraciadamente, parece que cada vez será más frecuente que la libertad de expresión sea menor para unos que para otros dependiendo de su ideología política, o que los derechos que se violan al procesar a un juez que cometió el pecado de tratar a Polanco como a cualquier otro ciudadano se respetarán cuando del juez estrella se trata. La politización de la justicia, es decir, la instauración de la injusticia como norma suprema del ordenamiento jurídico, es cada vez mayor. Y más difícil de revertir.


Libertad Digital - Editorial

Rodillo socilista en el TC

El PSOE mantiene su veto al candidato del PP, Enrique López, y ha bloqueado la cobertura de la vacante del fallecido Roberto García-Calvo.

CON los nombramientos de Pascual Sala como presidente y de Eugeni Gay como vicepresidente del Tribunal Constitucional, el Gobierno y el PSOE demuestran que la teoría del equilibrio representativo en las instituciones solo les sirve cuando les favorece. En diciembre de 2004 lo demostraron con la reforma del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, para frenar a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial elegida por el Parlamento. La Fiscalía no ha sido ajena a este movimiento de absorción, ejecutado con la excusa de otro equilibrio, el «ideológico», defendido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

A poco más de un año de las elecciones generales, con el PSOE cayendo en barrena en las encuestas, el TC se renueva con una mayoría, por el momento, de siete magistrados del sector «progresista», frente a cuatro del sector «conservador». Y, además, esta renovación culmina con la designación de un jurista de la más estricta confianza del PSOE, como es Pascual Sala, a quien los socialistas ya hicieron presidente del Tribunal de Cuentas, del TS y del CGPJ. La vicepresidencia recae en un magistrado que satisfará las expectativas de los nacionalistas vascos y catalanes, porque Gay representa ese tópico de la «sensibilidad autonómica», que es un eufemismo de la adscripción a las tesis del nacionalismo, como dejó expuestas en su voto particular a la muy moderada sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña. Lo sorprendente es que Gay ocupa una plaza que debería ser renovada a corto plazo por el Congreso de los Diputados, lo que quiere decir que su nombramiento es una concesión efímera a los nacionalistas o que los socialistas descartan llegar a un acuerdo con el PP en la Cámara Baja.

Entre tanto, los socialistas mantienen su veto al candidato del PP, Enrique López, y han bloqueado la cobertura de la vacante causada por el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, quien fuera propuesto por los populares. Y nadie parece recordar que están pendientes recursos tan importantes como el de la ley del aborto, paralizado mientras su aplicación favorece a diario la muerte de seres humanos; o la del matrimonio homosexual. El saldo de la renovación del TC favorece claramente al PSOE, pero, sin duda, impide hacer un punto y aparte en la crisis de esta institución, porque las bases de su nueva etapa están asentadas en un periodo de descrédito y de manipulación partidista.


ABC - Editorial