sábado, 3 de septiembre de 2011

Juicio político

España se ha acostumbrado con sorprendente naturalidad a aceptar como verdades tangibles las conclusiones de los juicios paralelos montados sobre el arranque de procedimientos judiciales e incluso sin ellos. La izquierda se ha convertido en una instigadora profesional de los procesos inquisitoriales con finalidad política en los que las salvaguardas y las garantías inherentes a un Estado de Derecho saltan hechas añicos. El cerco al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y al diputado popular Jesús Merino por el sumario Gürtel ha sido un paradigma de esa contaminación política de la Justicia. El PSOE montó y explotó un juicio político, con la colaboración de sus terminales mediáticas, para presentar al PP ante la opinión pública como un partido corrupto. Falsedades, manipulaciones y montajes sirvieron para levantar una tramoya que el tiempo y el Estado de Derecho han desarbolado en buena medida.

El archivo de la causa contra Bárcenas y Merino, decidido por el juez del «caso Gürtel», ha puesto en evidencia las maquinaciones socialistas que, lejos de esperar y atender al desarrollo de la instrucción judicial, sentenciaron y condenaron a Bárcenas y Merino y, por elevación, al PP. Hoy, tras largas e intensas investigaciones y un enrevesado deambular por distintos tribunales, la Justicia ha determinado que no existen pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que se le imputaban al ex tesorero ni de fraude fiscal y cohecho que se le atribuían al ex diputado.


La respuesta del PSOE a la exculpación, mediante un comunicado oficial, ha sido todavía peor que su negativo papel instigador en este asunto. Para el partido del Gobierno y para su candidato a las elecciones generales, el auto de sobreseimiento del instructor ha sido irrelevante. Lejos de hacer autocrítica, asumir errores y mostrar su respeto a la decisión del juez, la dirección socialista no se ha dado por enterada y ha exigido explicacionesy dimisiones al Partido Popular por Gürtel.

El PP ha denunciado que la causa abierta contra sus antiguos cargos fue un «montaje político» cuyo «principal director» fue Alfredo Pérez Rubalcaba. La génesis, el desarrollo y el epílogo del caso refuerzan una hipótesis veraz a la vista del papel protagonista de policías de la confianza del ex ministro del Interior y ex vicepresidente y de la contribución decisiva de la Fiscalía General del Estado, siempre en línea y conforme con la estrategia del Gobierno y del PSOE.

Los juicios políticos son una disfunción en democracia que socava las garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Estas confabulaciones partidistas contra el adversario, en las que se da por hecho que los imputados deben probar su inocencia y no la Justicia demostrar la culpabilidad, perjudican la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en la clase política. El PSOE, con su candidato al frente, debe replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar para debilitar al adversario y si compensa el desprestigio que suponen estas malas prácticas.


La Razón – Editorial

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