jueves, 1 de septiembre de 2011

Esa apresurada reforma constitucional de la vuelta al cole. Por Antonio Casado

El debate es confuso, viscoso y, como diría Felipe González con su habitual lucidez, cacofónico. Lo menos indicado para la vuelta al cole -el debate, no González- después de cuatro semanas de absoluta desconexión. Un difuso pleito derivado del mobbing al que nos someten los mercados de la deuda y los grandes gendarmes del capital (a los del trabajo, en formato sindical, solo les queda el pataleo), ahora con una apresurada reforma constitucional en prueba de sumisión. Apenas quince días para garantizar sus exigencias, después de habernos puesto estrechos a la hora de tocar la Constitución si las exigencias se orientaban a garantizar un derecho fundamental, la línea sucesoria de la Corona o el incumplido mandato de convertir al Senado en Cámara territorial.

Poderoso caballero don Mercado en funciones de tercera cámara legislativa nacional. No sólo. Capaz incluso de poner de acuerdo a los dos grandes partidos, los dos pilares políticos del sistema, el izquierdo y el derecho, de modo que su reyerta palabrera se pierda en asuntos de menor cuantía. Reformar la Constitución (art. 135) para incluir un mandato de equilibrio fiscal con excepciones. La votación de mañana en el Congreso dejará la reforma prácticamente cerrada.
«Acaba de dispararse el precio del eventual apoyo que los nacionalistas catalanes y/o vascos podrían exigir si uno de los dos grandes partidos nacionales necesita sus escaños para completar una mayoría parlamentaria tras las elecciones del 20-N.»
En el debate del martes pasado, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, despejó las dudas al ratificarse en que no había otra opción para calmar a los mercados tras un mes de agosto que veía cómo el balón volvía a pasar rozando el larguero. Calmar a los mercados como condición necesaria para conservar el Estado del Bienestar es la tesis oficial de los socialistas, extraoficialmente contestada aunque no hasta el punto de los “añicos” detectados por mi colega y amigo Zarzalejos.

Justamente contestada. Aunque solo sea por el carácter redundante, y por tanto innecesario, de la cuestión de fondo (limitar déficit y deuda públicos). Sobre todo después de la flexibilización del mandato, que incluyó las excepciones. Catástrofes naturales y recesión económica, básicamente. Retoques inspirados por el candidato Pérez Rubalcaba, que viene a dejar las cosas más o menos como estaban cuando se disparó el déficit público hasta el 11 % (principios de 2010) después de haberlo utilizado contra la recesión de 2009. Habida cuenta de que, como es lógico, a las excepciones no se les pone límite cuantitativo, teóricamente el déficit público y la deuda para financiarlo podrían volver a dispararse en las mismas condiciones que se dieron cuando Zapatero anunció su durísimo plan de ajuste en mayo de 2010. Con mandato constitucional o sin él.

En política de cercanías me limito a registrar el cabreo de los nacionalistas por el corsé presupuestario impuesto a los escalones territoriales de la Administración y, sobre todo, por su ninguneo en el pacto PSOE-PP. No tienen razón democrática. Ni en lo uno ni en lo otro. Pero me temo que esta se la cobran. Acaba de dispararse el precio del eventual apoyo que los nacionalistas catalanes y/o vascos podrían exigir si uno de los dos grandes partidos nacionales necesita sus escaños para completar una mayoría parlamentaria tras las elecciones del 20-N.


El Confidencial – Opinión

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